“TRABAJO SUCIO”
La fuerte
devaluación
combinada con recortes de impuestos a los exportadores provocó la mayor
escalada inflacionaria desde la catástrofe del 2001. El gobierno ya
archivó su cálculo inicial del 25% y estima una carestía anual del 42%.
Los formadores de precios se enriquecieron de inmediato con el
empobrecimiento del grueso de la población.
En un rapto de
sinceridad el ministro Prat Gay reconoció que el gobierno comandó ese
“trabajo sucio”, eliminando todos los controles de precios. En los
primeros 90 días de gestión se verificaron los efectos de esa agresión
con la abrupta generación de 1,4 millones de nuevos pobres. Al concluir
el segundo trimestre hay estimaciones que duplican esa cifra.
Los
despidos comenzaron con la paralización de la obra pública, la purga de
contratados por el estado y el veto presidencial a una ley que limitaba
las cesantías. Se buscó generalizar el temor al desempleo para
precarizar el trabajo y forzar caídas del salario en las negociaciones
paritarias. Por eso se promocionó un convenio de “primer empleo”
suscripto con Mc Donalds que establece sueldos inferiores al salario
mínimo.
Posteriormente llegaron los tarifazos. Las facturas a los
hogares incluyen aumentos del 400%-1800%, en los pequeños comercios las
boletas se multiplicaron por cinco y en ciertas industrias por trece.
Las tarifas sociales se otorgan con cuentagotas y excluyen a la inmensa
mayoría de los afectados.
Los porcentuales del tarifazo son
arbitrarios y no siguen ninguna lógica de costos. Favorecen a las
empresas que transformaron a sus directivos en ministros, para obtener
ganancias impensables en otros países. La nafta sube en pleno
abaratamiento del precio internacional del petróleo y las compañías de
electricidad, agua o transporte fijan sus precios sin ningún compromiso
de inversión. Los tarifazos no corrigen anomalías de los subsidios
precedentes. El kirchnerismo subvencionaba a las empresas para mantener
precios reducidos de los servicios y el macrismo enriquece al mismo
sector autorizando los aumentos. Nadie revisa el manejo de ese dinero,
ni penaliza la ausencia de inversiones o la violación de los contratos.
La brutalidad de los ajustes en curso no es sinónimo de efectividad. Al
contrario, los desequilibrios creados por los Ceócratas del gabinete
desbordaron todo lo previsto. La
inflación
se disparó generando un desplome del consumo que acentúa la recesión y
los números del primer semestre son aterradores. El año cerraría con una
caída del 2% del PBI.
Cómo la única receta antiinflacionaria que improvisó el gobierno fue la contracción de la emisión y el aumento de las tasas de
interés,
la retracción del nivel de actividad se acentúa, junto a la
inconveniencia de cualquier inversión productiva. Ninguna operación
compite con la rentabilidad del casino financiero. Tampoco apareció la
prometida lluvia de dólares para morigerar el ajuste. Los ingresos de
divisas no compensan las salidas y las reservas del
Banco Central
se ubican en un nivel semejante al dejado por Cristina. Sólo arriban
capitales golondrina, para aprovechar la combinación del dólar planchado
con los altos rendimientos de los títulos públicos en pesos. Los
anuncios oficiales de inversión extranjera simplemente enmascaran
proyectos anteriores ya difundidos. Todo el establishment apoya a Macri
pero los capitalistas nunca invierten por simple afinidad con un
gobierno. Evalúan el futuro de sus negocios y por ahora sólo las
actividades primarias y financieras prometen altas ganancias.
RESISTENCIAS Y PRAGMATISMO
La
resistencia popular ha impuesto un serio límite al ajuste. Desde su
asunción Macri ha enfrentado paros y movilizaciones, que iniciaron los
estatales y continuaron otros sectores. En algunas regiones de la
Patagonia esa
acción alcanzó gran masividad.
Por
eso el mensaje inicial del gobierno contra los “ñoquis” y la militancia
ha perdido peso y se frenó la avalancha de despidos en el estado.
Bullrich continúa ensayando medidas represivas, pero no pudo aplicar el
protocolo anti-piquetes contra los manifestantes.
Los
talibanes del macrismo (Broda, Espert) exhiben su descontento con esa
impotencia. Cuestionan la decisión oficial de posponer el plan de guerra
contra los empleados públicos. Macri no se atreve a comenzar el despido
de un millón y medio de trabajadores estatales, ni su conversión en
perceptores de la asignación universal.
También hay retrocesos
del gobierno frente a las protestas contra el tarifazo. En varias
provincias y municipios rigen cautelares dispuestas por jueces que
perciben el malhumor social. Mientras despunta cierto caos en el sistema
de facturación, los funcionarios disimulan su fracaso alegando humildad
o aprendizaje.
El resultado final de la pulseada en curso se
observará en el cierre de las paritarias. Los salarios perderán frente a
la inflación, pero en porcentuales muy inferiores a lo ambicionado por
el macrismo. En este terreno, el fracaso del gobierno constituye una
excelente noticias para la población.
La estrategia
gubernamental-patronal para abaratar los salarios afronta serios
escollos. La presión por abajo impuso la realización del mayor acto
sindical conjunto de las últimas décadas, en un contexto de alto nivel
de afiliación y militancia en los gremios. Sólo la desmovilización que
impuso la burocracia de la CGT salvó a Macri de una explícita derrota en
las calles.
Además, las multitudinarias movilizaciones estudiantiles
y docentes reavivaron el fantasma del desplome sufrido por la Alianza,
cuando López Murphy intentó un recorte de la inversión educativa.
Frente
a este convulsivo escenario Macri ha optado por un afloje del ajuste.
La obsesión por reducir el déficit fiscal se diluye y los funcionarios
ya avalan un desbalance semejante a la gestión anterior. Acordaron con
las provincias liberar los fondos retenidos de la coparticipación,
reactivan las obras públicas congeladas y conceden cierta reducción de
impuestos a las PYMES.
Al gobierno no le queda otro camino para
revertir la recesión. Cómo el publicitado segundo semestre ya comenzó
sin ningún indicio de reactivación, Prat Gay ensancha la canilla del
endeudamiento para financiar el gasto corriente. Intenta apuntalar el
nivel de actividad con los artificios que anteriormente objetaba al
“populismo”.
Macri tiene en la mira las elecciones del 2017 y se
apresta a relanzar el consumo, con el mismo mecanismo de gasto público y
dólar acordonando que utilizaron sus antecesores. La única diferencia
con el kirchnerismo es la financiación de ese procedimiento: sustituyó
la emisión por el endeudamiento. Ahora apuesta a consolidar en los
comicios una fuerza política derechista, con el objetivo de intentar un
mayor ajuste dentro de dos años.
LEYES ESTRATÉGICAS
Macri
también se repliega en la coyuntura para apuntalar una estrategia
legislativa, que requiere el auxilio de los renovadores y el PJ. El
bloque de Massa disfraza con caras de enojo su sostén a los proyectos
claves de la clase dominante. La ley de pago a los buitres fue el
arranque de esa andanada. Se firmó todo lo que Singer exigió durante
años. Los fondos obtuvieron ganancias siderales cobrando 4 dólares por
títulos comprados a 25 centavos. Lograron la emisión del bono exigido
por cada tenedor en las distintas variedades jurídicas (fallos a favor,
sin sentencia, litigio en otras jurisdicciones).
El Parlamento repitió todos los precedentes de entrega del país a los financistas. Avaló la mayor colocación de
deuda
reciente de una economía intermedia, sin obtener a cambio ningún dólar
fresco para proyectos productivos. De los 16.500 millones de dólares
emitidos, 9300 millones fueron directamente transferidos a los buitres.
El resto se utilizará para financiar el gasto corriente.
La tasa
promedio de los títulos (7,2%) supera varias veces el promedio
internacional e impone una pesada carga de intereses. El aluvión de
dólares que desataría ese arreglo no aparece en ningún mercado y tampoco
se verifica un significativo abaratamiento del endeudamiento ulterior.
La deuda pública ha trepado del 17% al 23,5%. Cómo ese porcentual
continúa por debajo del promedio regional los bancos buscan ampliar la
hipoteca. Por eso vía mejoran sustancialmente sus balances. El Congreso
también aprobó el blanqueo de capitales que Macri disfrazó con promesas
de mejoras para los jubilados. Empaquetó en un paquete único varias
leyes inconexas. Senadores y diputados se sumaron a la maniobra
presidencial y hablaron durante semanas de los jubilados, para ocultar
el premio otorgado a los grandes evasores.
Sólo con el tiempo
se sabrá cuánto dinero obtendrá realmente el sector pasivo. Quiénes
cuentan con sentencias firmes de lo adeudado por el estado podrían
cobrar sus demandas. Pero el resto debería conformarse con una quita y
el pago en cuotas, a cambio de renunciar al juicio. El alcance de esa
poda dependerá, a su vez, de los índices de ajuste utilizados para
calcular el pasivo. Macri inaugura un nuevo capítulo de las incontables
trampas que han sufrido los jubilados.
El propósito oficial es
vaciar el Fondo de Garantía -que sostiene al sistema previsional- para
retomar su privatización. Si buscaran cumplir con las sentencias sin
demoler ese resguardo, deberían primero recapitalizar el sostén
financiero del sistema. Esa reconstitución podría efectivizarse
restaurando las contribuciones patronales eliminadas por Cavallo. Sin
esos aportes el ANSES perderá solvencia y en algún momento reaparecerá
la exigencia de sustituir el régimen colectivo de reparto por un sistema
individual de capitalización.
Es evidente que el blanqueo no
servirá para pagar las sentencias pendientes. En la hipótesis oficial
ese jolgorio aportaría al estado unos 2000 millones de dólares, que
cubrirían apenas la tercera parte del costo inicial del gasto
comprometido con el sector pasivo.
El quebranto adrede del
ANSES apunta a justificar también la venta de acciones privadas que
acumula ese organismo. Los capitalistas quieren recuperar esos papeles
para sacarse de encima el control estatal de sus balances. Más que una
reparación a los jubilados, el Parlamento aseguró otra retribución a los
grandes grupos empresarios.
El gobierno declara la “emergencia
previsional” con un propósito de mediano plazo. Busca quebrantar el
ahorro de los jubilados para reformar todo el sistema, segmentando los
haberes en nuevas categorías y aumentando la edad para acceder al cobro.
El
desinterés oficial por la solvencia del Fondo del Garantía se verifica,
además, en la flexibilidad del blanqueo. Los evasores pueden declarar
sus fortunas manteniendo el dinero en el exterior y quiénes decidan
ingresarlo recibirán penalidades irrisorias. Incluso podrán cancelar
esos compromisos adquiriendo títulos públicos.
El blanqueo es un
conocido fraude que por enésima vez se realiza proclamando la ausencia
de “otra oportunidad”. El mismo discurso fue enunciado en 1987, 1992,
2008 y 2013. El kirchnerismo incluso introdujo una variante extrema de
auto-prórroga indefinida de ese perdón. Los CEOs del gabinete promueven
la legalización de una parte del dinero oculto en los paraísos fiscales.
Esas divisas blanqueadas serán presentadas como la esperada lluvia de
dólares genuinos. Lo que inicialmente arribaría por simple confianza,
finalmente aterrizará a cambio del perdón fiscal.
El
Parlamento no sólo autorizó esa estafa. También abrió los grifos para
una reforma impositiva regresiva, mediante la reducción (y posterior
eliminación) del gravamen a los bienes personales. Mientras demora la
revisión del impuesto a las ganancias que tributan los asalariados,
reduce la cobranza entre los sectores más acomodados.
GANADORES Y ESCENARIOS
Macri
gobierna para los sectores capitalistas que reclamaron la devaluación,
pero su gestión ha roto el equilibrio entre las finanzas, el agro y la
industria. Los banqueros son los principales beneficiarios. Lucran con
el blanqueo, el endeudamiento externo y las ganancias obtenidas con los
contratos de dólar futuro concertados con la administración saliente del
Banco Central.
También embolsan fortunas colocando dinero en los
títulos que el BCRA emite a tasas exorbitantes (Lebacs). El agujero
fiscal que genera esa bicicleta es mucho mayor que los seguros de cambio
legados por el kirchnerismo. Hay por lo menos 27 financistas en altos
cargos del gobierno. La mayoría se adiestró en Wall Street y responde a
bancos internacionales que desplazaron a sus pares locales. Este
predominio se afianzará cuando el país reingrese a las auditorias del
FMI.
Sólo
las empresas mineras foráneas compiten con las ventajas otorgadas a los
banqueros. Esas compañías obtuvieron una disminución adicional de los
insignificantes impuestos que pagaron durante la década pasada y
preparan un despojo en gran escala del litio.
El
balance
del primer semestre para el agro-negocio es más contradictorio. Por un
lado logró una inédita combinación de devaluación con reducción de las
retenciones. Este
beneficio
explica la liquidación de granos retenidos y el incremento de la
superficie sembrada, en un marco de menor declive internacional del
precio de la soja. Pero un gran conflicto comienza a despuntar con la
apreciación del tipo de cambio que generó la inflación. Las ganancias
obtenidas con la devaluación tienden a licuarse por el encarecimiento de
costos que produce esa carestía.
Los agro-exportadores apuntalan
el giro internacional de Macri hacia la Alianza del Pacífico con la
intención de incursionar en nuevos mercados. Pero esos convenios de
libre comercio también contienen adversidades, como el pago de mayores
patentes a los grandes proveedores de semillas (Monsanto).
Además,
la extranjerización de tierras que impulsa el gobierno involucra otro
conflicto con el agro-negocio local. Ya hay voces cuestionando la
gravitación de los fondos off shore, que controlan 1 de cada 16
hectáreas de los campos argentinos.
Pero el principal frente
de tormenta del oficialismo se localiza en el área industrial. Este
sector acompaña todos los atropellos contra los trabajadores, pero ha
quedado muy afectado por la demolición del mercado interno.
Algunos
industriales esperaban compensar la caída de las ventas locales con
mayores exportaciones, pero la recesión de Brasil y la nueva apreciación
del tipo de cambio bloquea ese atenuante. El dólar planchado deteriora
seriamente la competitividad de los empresarios fabriles. Para colmo,
esos grupos afrontan un gran encarecimiento de costos por los tarifazos y
los aumentos de las tasas de interés. Ninguna inversión industrial
puede rivalizar actualmente con el negocio de inmovilizar dinero en los
bancos. Prat Gay no sólo recurrió al encarecimiento del crédito para
contener la inflación. También autorizó importaciones de bienes de
consumo que demuelen a los fabricantes locales. El coqueteo con la
Alianza del Pacifico (y la consiguiente eliminación de aranceles)
amenaza la supervivencia de ese sector.
Las tensiones del
gobierno con los industriales podrían atenuarse, si Macri reafirma su
viraje hacia un ciclo de consumo sostenido en endeudamiento. Pero esa
tregua no eliminará las enormes contradicciones del curso actual.
COMPARACIONES E INCÓGNITAS
El
primer semestre de Macri presenta grandes semejanzas con la
transferencia regresiva de ingresos que rigió durante el menemismo. Se
repite un modelo de cirugía neoliberal financiada con endeudamiento,
déficit fiscal y favoritismo hacia el capital financiero.
Mientras
comienza a recrearse la apertura importadora de los 90, el arreglo con
los buitres se parece al mega-canje de Cavallo. Las analogías se
extienden incluso a la forma de enmascarar las leyes anti-populares con
fantasías de mejoras para los empobrecidos.
Macri sanciona el
blanqueo con la misma utilización de los jubilados que ensayó Menen para
privatizar YPF. También repite la gestión aventurera de las cuentas
públicas, con anuncios de pagos que dependen de un dinero a recaudar. Si
esos fondos no llegan recurrirá al mismo endeudamiento que destruyó las
finanzas del estado.
Como su antecesor Macri debutó con un
gabinete de gerentes y su Ceocracia repite la cesión del ministerio de
economía a Bunge y Born. El justicialismo apoya las mismas leyes
reaccionarias que apuntaló bajo el menemismo y la burocracia sindical
otorga las mismas treguas a cambio de prebendas.
Las semejanzas se
extienden al plano discursivo. Prat Gay pide perdón a los estafadores
españoles de RESPOL o Aerolíneas, con la misma sumisión colonial que
enorgullecía a los funcionarios de Menen. Hasta la retórica corriente
del gobierno (“estamos saliendo del túnel”) se parece a las frases
célebres del riojano («estamos mal, pero vamos bien»). Macri copia la
estrategia de combinar el ajuste con la reactivación y el endeudamiento
para sortear los escollos electorales. Pero afronta más dificultades que
Menen para estabilizar un modelo neoliberal. No gobierna en la euforia
privatista de los 90. Navega en una oleada regional derechista sin
sustento propio para imponer políticas anti-obreras.
El líder
del PRO tampoco cuenta con los recuerdos del trauma hiperinflacionario
que facilitaron los atropellos del menemismo. No asumió en escenarios de
colapso y debe lidiar con la memoria opuesta de un largo ciclo de
consumo. Ni siquiera puede atribuir la ausencia de resultados a la
adversidad internacional. Macri socavó ese recurso al propagar anuncios
de grandes oportunidades mundiales para Argentina.
El relato
oficial achacando todas las desventuras del primer semestre a la
“herencia” kirchnerista pierde credibilidad. Salta a la vista que todos
los desequilibrios de la gestión anterior han sido acentuados por el
macrismo. El apoyo que recibe de los economistas de Scioli (Bein,
Blejer, Marangoni) sólo disfraza ese agravamiento, mientras confirma que
tenían en carpeta un programa muy semejante. El segundo semestre
develará las incógnitas de la coyuntura e indicará qué grado de
viabilidad tiene la restauración conservadora. Si la resistencia social
logra desbaratar esa agresión quedará nuevamente abierto un camino
favorable para la mayoría popular. Construir una política que frene los
atropellos de Macri sin volver al desengaño kirchnerista es la gran
apuesta del momento.
Las
cuentas de la economía en la Argentina no cierran, con caída de la
producción y el consumo; sin inversiones y un horizonte de devaluación
recreada en estos días con dólar en alza, lo que salva a especuladores y
grandes productores y exportadores, especialmente del agro. La mayoría
de la población afectada y sin horizonte de mejora en el corto plazo.
Ese
es el marco del ofrecimiento de Macri y su gobierno para atraer divisas
a la Argentina, Esta semana se tomó deuda externa, pese a la promesa de
no tomar nueva deuda, con el argumento de mejorar los plazos y términos
financieros del endeudamiento. Resulta preocupante el crecimiento de la
deuda de la Nación y las provincias, hipotecando a futuro los recursos
fiscales.
La oferta de la Argentina como
territorio para inversores internacionales se renovó en estas horas en
la Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Chile, donde Macri inauguró el
estatus de país “observador”, con toda la intención de integrarse a
corto plazo a ese club de la liberalización de los capitales, paso
intermedio para integrarse al Tratado Transpacífico (TPP). El TPP es un
acuerdo que empuja EEUU como forma de aislar a China, de crecientes
relaciones con los países de la región, y al mismo tiempo retomar la
agenda del ALCA que fuera abortada en 2005.
Muchos se
interrogan sobre los beneficios y perjuicios de la integración de
Argentina a la Alianza del Pacífico. En ese sentido vale decir que todo
proyecto de libre comercio tiene como beneficiarios a los capitales más
concentrados de la economía mundial, y son los principales Estados del
capitalismo mundial los que empujan esa estrategia favorable a la libre
circulación de los capitales internacionales. No es solo comercio, sino
principalmente inversiones y libre movimiento de ingreso y egreso de los
capitales. No puede pensarse en término de beneficios para el país,
sino para los capitales hegemónicos en el país, que son principalmente
extranjeros.
La política exterior del gobierno
Macri es favorable a la liberalización y por lo tanto promueve un
acercamiento a ese programa y por ello la participación en Chile como
país observador. El propósito es integrarse a la Alianza del Pacífico y
al TPP, como forma de retomar la agenda liberalizadora que hace 10 años
sustentaba el ALCA.
Se generan interrogantes sobre
la posibilidad de atraer inversiones desde los países de la Alianza del
Pacífico. Vale destacar que ese es el propósito y la imaginación de
Macri y su gobierno. Todas las señales de Macri, desde diciembre 2015 en
que asumió es abrir las puertas de la Argentina a los inversores
externos. Por eso estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, y
recientemente en Colombia, para un Foro Económico Mundial regional.
Promovió la presencia en el país de gobernantes de los principales
países capitalistas, entre ellos de Obama, Presidente de EEUU. En todos
los foros ofreció facilidades para receptar inversores y la verdad, con
escaso éxito hasta ahora.
La razón es
principalmente la crisis mundial del capitalismo, que incluye al BREXIT,
o sea, la salida británica de la Unión Europea, y el mazazo que ello
supone para la globalización capitalista. No es una cuestión de derecha o
de izquierda como algunos pregonan, ya que hubo apoyos para ambas
posiciones desde proyectos antagónicos de izquierda o derecha. Como
hemos sostenido, más allá de quien pueda acumular políticamente la
decisión mayoritaria en Gran Bretaña, la realidad del sentido del voto
supone un hartazgo a la subordinación a la institucionalidad gobernante
por la liberalización y sus políticas de austeridad y ajuste.
No
alcanza con ofrecer al país, sino que tiene que haber decisión de
inversores globales para privilegiar el destino de sus inversiones.
Además, Argentina está ofreciendo rentabilidad elevada en materia
financiera y sigue siendo, entonces, un destino más para la especulación
que para la inversión productiva.
Otra cuestión
es el Mercosur. Argentina no quiere ingresar sola a la Alianza del
Pacífico o al TPP, y hará todo lo posible por lograr que Brasil vaya en
ese sentido, especialmente bajo la gestión de Temer. Salvo Venezuela,
tanto Uruguay (desde la izquierda) como Paraguay (a la derecha) verían
con agrado la incorporación a mecanismos que favorezcan la inserción de
la región en esa agenda por el libre comercio. En definitiva es una
cuestión política, y hay que pensar que el propio Mercosur venía
negociando un TLC con Europa, ahora afectada por la salida británica,
con lo cual, no debe pensarse en el Mercosur como una institucionalidad
cerrada a la liberalización. De hecho surgió en 1991 para ese propósito
de máxima del gran capital transnacional. La Argentina intentará
ingresar a la lógica de los TLC y pretenderá incluir a toda la región en
esa estrategia.
En rigor, no solo importa lo que
haga el gobierno de Argentina y de los países del Mercosur, sino también
que dicen los pueblos. No nos olvidemos que hacia el 2001 todo parecía
que el ALCA estaría funcionando hacia el 2005 y la lucha de los pueblos
lo impidió. Ahora también puede reiterarse la historia. No alcanza con
la voluntad de los gobiernos, ya que también existe la organización y
lucha de los pueblos, tal como reza la campaña popular: "Argentina mejor
sin TLC".
