PRODUCCION FRUTAL Y FORESTAL 10-01-11
El trabajo precarizado, sin aportes para la obra social o para las jubilaciones, con un régimen no contemplado en las normas, y con pagos cada tres meses, es habitual en algunos rubros de la economía entrerriana. Una investigación dio cuenta que en una empresa encontraron a otros dos menores aunque de (16 y 17 años) de Paso de los Libres Corrientes. Ambos declaran que los hacían trabajar con identidades cambiadas, Juan Manuel García y Miguel Angel Ruiz Diaz respectivamente.
Las denuncias contra empresarios inescrupulosos que sostienen un régimen de empleo a menores y en negro en la zona de Concordia no logran, todavía, una respuesta adecuada de las autoridades.
Diario Junio ya había adelantado notas sobre la reducción de obreros al grado de servidumbre, y es sabido que casos de ese tipo saltan de tanto en tanto en Paraná y otras ciudades, particularmente con el destrato a obreros bolivianos. Existen, y se hacen visibles cuando el periodismo los pone en vidriera.
Pero una vez pasado el espasmo, todo vuelve a lo común, y los únicos que pierden son los propios obreros. Es cierto que en quintas pequeñas suele hacerse difícil el cumplimiento de algunas exigencias propias de un sistema basado en la hipocresía, que no atiende las particularidades de las pymes y los microemprendimientos (ni qué hablar de los obreros), y en donde las empresas pequeñas que más trabajo generan suelen ser las más perseguidas.
Pero estas denuncias apuntan a otro tipo de casos, en los que puede constatarse la presencia de centenares de obreros en situación ilegal, ante la vista gorda y el oído sordo de los tres poderes del estado.
El periódico concordiense dirigido por el periodista Claudio Gastaldi, publicó hace un par de meses que una delegación de la policía de Concordia junto al delegado de Derechos Humanos inspeccionaron la quinta “Mc Berry” en la localidad de Calabacilla donde localizaron más de 200 trabajadores empleados por una tercerizada SAFyC S.A. que no aparece en el listado de 52 empresas de servicio inscriptas en la delegación de trabajo.
“En ese establecimiento con grandes galpones se observaron más de 200 camas cuchetas y varios trabajadores denunciaron hechos más propios del siglo pasado (entendemos que el periodista quiso decir, del siglo XIX). Así por ejemplo, hay almacenes que les venden jugos Tang (caja de 14 sobres) a $50, contra los $15 que se consiguen en la ciudad; jabón blanco a $6, y en la ciudad cuesta $3. O el rollo de papel higiénico que lo venden a $6 contra los $ 4 de aquí (en pack de 4)”.
“Trabajan desde las 6,30 horas hasta las 12 y de 13 a 17,30 horas por un jornal de $60 (les habían prometido entre $80 y $90) y deben pagar $12 por día de comida”.
Los “favores” patronales
Ya el investigador Gastón Gori denunciaba en La Forestal este tipo de contratos, en donde los obreros terminan atados a la patronal que les paga cuando quiere, les vende los productos que consumen al precio que quiere, y les mezquina todas y cada una de las conquistas laborales del último siglo.
Ese mismo sistema rigió muchos años en los obrajes entrerrianos, y hoy continúa, con variantes, en algunos emprendimientos frutales y forestales. Presentan incluso testimonios. “Uno de esos trabajadores de San Carlos, Corrientes, de nombre Silvio, denunció que el encargado del galpón, Marcelo Leonardi (dueño de los almacenes) les dijo que recién le pagarán al final de la cosecha ‘para que no nos gastemos la plata en vino’. Otro chico de 18 años, Armando, de Misiones hace días que está enfermo y sin atención médica.
Otros 3 jóvenes de 18 años de Apóstoles aseguraron que se quieren ir pero no pueden porque no les pagarán hasta el final de la zafra. Un dato que vale destacar es que, entre las ‘tercerizadas’ (contra las que el gobierno nacional asegura luchar), aparecen nombres conocidos por ser dueños o prestanombres de empresas citrícolas que podrían contratar personal en forma directa. Se trata de sociedades anónimas con domicilio en Buenos Aires como el caso de Blueberries o los casos de Rousseau y Sacoman a los que este diario ya ha mencionado como integrantes de la sociedad propietaria de COCICO SA., que, el juez de Salto (ROU) vincula con el narcotraficante colombiano detenido en (Salto) Uruguay con un importante cargamento de cocaína. Llamativamente también las que aparecen con mayor cantidad de trabajadores son SRL. En fin, nada que no haga sospechar un intento por disfrazar la situación laboral”.
Documentos falsos
En una nueva embestida contra el trabajo en condiciones de servidumbre, Claudio Gastaldi comparó la justicia de Buenos Aires con la de Entre Ríos, en virtud de las denuncias por casos similares publicadas estos días en medios porteños.
http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=72324
miércoles, 12 de enero de 2011
Ar-Reg Cuyo- El infierno en nuestra propia casa. TI-San Rafael- Prv Mendoza
miércoles 12 de enero de 2011
Max Belaeff (MDZOL)
El Gobierno de Mendoza multó a empresarios que utilizaban niños para desarrollar las labores de la actividad ladrillera. “se haría venir a las familias completas desde Bolivia para luego brindarle una ganancia ínfima además de tenerlos en condiciones laborales deplorables”, manifiesta un funcionario provincial.
En los últimos días se notificaron las multas impuestas a los empresarios del ladrillo que utilizaban niños para desarrollar las labores de la actividad ladrillera. Las sanciones impuestas son consecuencia de que se detectó en el mes de noviembre del año pasado, a siete menores trabajando en distintas localidades de San Rafael, por lo cual se impuso a los empresarios que utilizaban mano de obra infantil multas de $ 5.000 por cada niño afectado al trabajo.
“Respecto a los niños relevados en los operativos efectuados en el mes de noviembre del año pasado, los mismos fueron asistidos desde lo sanitario por el área departamental del salud, a quién le denuncié la problemática y desde esa entidad se los vacunó y atendió a fin de verificar su correcto estado de salud”, señala el Dr. Raúl Alberto Oyola, Coordinador Regional Sur de la Subsecretaría de Trabajo.
Ante la requisitoria de Mediamza.com, el funcionario manifestó que formuló una denuncia ante el SUPID (Servicio Único de Protección Integral de Derechos) que se encuentra dentro de la DINAF, a fin que las asistentes sociales del área brindaran el asesoramiento y asistencia pertinente a las familias de los menores que fueron encontrados trabajando.
Independientemente de las multas impuestas, en nuevos operativos efectuados en el sur provincial, se detectaron cinco nuevos casos de trabajo infantil en los distritos de Las Malvinas, Villa Atuel y en la zona de Calle Larga, en el distrito Cañada Seca. En los citados operativos se infraccionó a las personas que explotan los hornos relevados y utilizan mano de obra infantil, además de ordenarles que cesaran inmediatamente con la utilización de niños para realizar las labores.
“En el transcurso de la semana se formulará una nueva denuncia ante el SUPID, comunicando los datos de los menores relevados a fin que se tomen las medidas correspondientes, y se organizarán conjuntamente entre la Coordinación Regional Zona Sur de la Subsecretaría de Trabajo y la Municipalidad de San Rafael, reuniones con los miembros de la comunidad boliviana del departamento de San Rafael a fin de informales e instruirles a cerca de las prohibiciones respecto de la utilización de niños en la actividad laboral, como así también los trámites que deben realizar a fin de autorizar a los adolescentes para que trabajen”, señaló.
Oyola destaca que “otro tema que surgió en medio de los operativos, es el de la posible explotación de familias bolivianas por parte de 4 o 5 personas que serían los dueños de los casi 400 hornos que hay en el sur provincial. Según manifestaban algunas de las personas inspeccionadas, se les haría suscribir contratos de locación a familias bolivianas a cambio de que trabaje el grupo familiar completo y al finalizar la temporada le entregan a la familia solo el 20 o 30% de la producción total del horno que explotan, y el empresario que no figura en ningún lado se lleva el resto. El tema grave es que se haría venir a las familias completas desde Bolivia, como si fuesen un ‘combo’ de trabajadores, para luego brindarle una ganancia ínfima además de tenerlos en condiciones laborales deplorables”.
Fuente fotos: MDZOL
Max Belaeff (MDZOL)
El Gobierno de Mendoza multó a empresarios que utilizaban niños para desarrollar las labores de la actividad ladrillera. “se haría venir a las familias completas desde Bolivia para luego brindarle una ganancia ínfima además de tenerlos en condiciones laborales deplorables”, manifiesta un funcionario provincial.
En los últimos días se notificaron las multas impuestas a los empresarios del ladrillo que utilizaban niños para desarrollar las labores de la actividad ladrillera. Las sanciones impuestas son consecuencia de que se detectó en el mes de noviembre del año pasado, a siete menores trabajando en distintas localidades de San Rafael, por lo cual se impuso a los empresarios que utilizaban mano de obra infantil multas de $ 5.000 por cada niño afectado al trabajo.
“Respecto a los niños relevados en los operativos efectuados en el mes de noviembre del año pasado, los mismos fueron asistidos desde lo sanitario por el área departamental del salud, a quién le denuncié la problemática y desde esa entidad se los vacunó y atendió a fin de verificar su correcto estado de salud”, señala el Dr. Raúl Alberto Oyola, Coordinador Regional Sur de la Subsecretaría de Trabajo.
Ante la requisitoria de Mediamza.com, el funcionario manifestó que formuló una denuncia ante el SUPID (Servicio Único de Protección Integral de Derechos) que se encuentra dentro de la DINAF, a fin que las asistentes sociales del área brindaran el asesoramiento y asistencia pertinente a las familias de los menores que fueron encontrados trabajando.
Independientemente de las multas impuestas, en nuevos operativos efectuados en el sur provincial, se detectaron cinco nuevos casos de trabajo infantil en los distritos de Las Malvinas, Villa Atuel y en la zona de Calle Larga, en el distrito Cañada Seca. En los citados operativos se infraccionó a las personas que explotan los hornos relevados y utilizan mano de obra infantil, además de ordenarles que cesaran inmediatamente con la utilización de niños para realizar las labores.
“En el transcurso de la semana se formulará una nueva denuncia ante el SUPID, comunicando los datos de los menores relevados a fin que se tomen las medidas correspondientes, y se organizarán conjuntamente entre la Coordinación Regional Zona Sur de la Subsecretaría de Trabajo y la Municipalidad de San Rafael, reuniones con los miembros de la comunidad boliviana del departamento de San Rafael a fin de informales e instruirles a cerca de las prohibiciones respecto de la utilización de niños en la actividad laboral, como así también los trámites que deben realizar a fin de autorizar a los adolescentes para que trabajen”, señaló.
Oyola destaca que “otro tema que surgió en medio de los operativos, es el de la posible explotación de familias bolivianas por parte de 4 o 5 personas que serían los dueños de los casi 400 hornos que hay en el sur provincial. Según manifestaban algunas de las personas inspeccionadas, se les haría suscribir contratos de locación a familias bolivianas a cambio de que trabaje el grupo familiar completo y al finalizar la temporada le entregan a la familia solo el 20 o 30% de la producción total del horno que explotan, y el empresario que no figura en ningún lado se lleva el resto. El tema grave es que se haría venir a las familias completas desde Bolivia, como si fuesen un ‘combo’ de trabajadores, para luego brindarle una ganancia ínfima además de tenerlos en condiciones laborales deplorables”.
Fuente fotos: MDZOL
CHILE: Buscan erradicar TI en la Región del Bío-Bío
11/01/2011 Diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales trabajan para erradicar y crear conciencia sobre los efectos del trabajo infantil en niños y adolescentes de la región.
Para bajar la alta tasa de niñas, niños y adolescentes que trabajan, en un plazo de 4 años, y tratar de erradicar esta práctica el 2020, diversas instituciones buscan un criterio común junto a la Seremi del ramo que los ayude a cumplir esta meta.
Para Carla Osorio, encargada de la ONG “Opción”, los menores que ejercen diversas formas de trabajo infantil sufren consecuencias físicas, sicológicas y sociales no viven de acuerdo a su edad.
Osorio agregó que la sociedad cumple un rol fundamental como ente fiscalizador, ya que cada persona que esté en conocimiento de la vulneración en los derechos de los niños, puede y debe denunciar el hecho, no sólo ante Carabineros, sino que tambien a otras instancias como las oficinas de proteccion de los derechos (OPD) existentes en cada comuna
La convencion de los derechos del niño consagra erl derecho a estar protegido contra diversos tipos de abusos, junto a los convenios firmados internacionalmente señalan además que reclacar que las peores formas del trabajo infantil no deberían existir.
http://www.radiobiobio.cl
Para bajar la alta tasa de niñas, niños y adolescentes que trabajan, en un plazo de 4 años, y tratar de erradicar esta práctica el 2020, diversas instituciones buscan un criterio común junto a la Seremi del ramo que los ayude a cumplir esta meta.
Para Carla Osorio, encargada de la ONG “Opción”, los menores que ejercen diversas formas de trabajo infantil sufren consecuencias físicas, sicológicas y sociales no viven de acuerdo a su edad.
Osorio agregó que la sociedad cumple un rol fundamental como ente fiscalizador, ya que cada persona que esté en conocimiento de la vulneración en los derechos de los niños, puede y debe denunciar el hecho, no sólo ante Carabineros, sino que tambien a otras instancias como las oficinas de proteccion de los derechos (OPD) existentes en cada comuna
La convencion de los derechos del niño consagra erl derecho a estar protegido contra diversos tipos de abusos, junto a los convenios firmados internacionalmente señalan además que reclacar que las peores formas del trabajo infantil no deberían existir.
http://www.radiobiobio.cl
lunes, 10 de enero de 2011
Mexico: Tráfico sexual de niños representa 24 mil mdd
México ocupa el primer lugar en América Latina en producción de pornografía infantil y tercero en consumo de este tipo de materiales. 10/01/2011
En México la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ocupa el segundo lugar de generación de recursos ilícitos, con un total aproximado de 24 mil millones de dólares anuales, denunció el senador perredista Silvano Aureoles.
El legislador por Michoacán expuso que por lo regular 90 por ciento de los menores sexualmente explotados no concluye la primaria y 22 por ciento son analfabetas.
Además, remarcó que 88 por ciento de estas niñas se convierten en madres, mientras que en las últimas dos décadas la edad de iniciación de las mujeres en la prostitución bajó de 15 a 11 años.
Por lo anterior, en comisiones del Senado se analiza una iniciativa de Silvano Aureoles para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que incrementaría las penas a quienes participen en este delito, sin importar que sean familiares o tengan alguna relación con la víctima.
En su exposición de motivos, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado comentó que en 1999 se decía que en México sólo 21 entidades federativas presentaban este problema y para 2004 ya se había generalizado a todo el territorio nacional.
Resaltó que México ocupa el primer lugar en América Latina en producir pornografía infantil, es tercero en consumir este tipo de materiales y quinto es someter a personas en situación de trata (Argentina ocupa el primer lugar en esta actividad, seguido por Brasil).
El senador añadió que debido al creciente número de casos de trata, especialistas en derechos humanos no dudan en determinar que México podría subir de nivel en esta actividad ilícita, dado que sólo en las zonas fronterizas y en el Pacífico hay más de un millón 200 mil víctimas de redes vinculadas a este delito.
Además, de acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales, sólo en la ciudad de México existen 250 mil personas sujetas a trata, de las cuales 50 mil son menores y son obligadas a ejercer la prostitución.
Por ello, el legislador señaló que es indispensable reformar la ley en la materia para que todos aquellos que por lazos de consanguinidad, o bien por ser tutores o gozar de la guarda y custodia de los menores, pierdan en cualquier caso la patria potestad sobre los mismos.
Apuntó que es inaceptable que una persona que venda a sus hijos o bien los prostituya siga gozando del privilegio de la patria potestad.
Otro estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que al menos 100 niños mexicanos caen mensualmente en poder de las redes de explotación sexual, con el agravante de que la edad de los menores utilizados en la producción de material pornográfico se ha reducido hasta un rango de cero a cuatro años.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas abrió en el primer semestre de 2010 solamente 226 averiguaciones previas por los delitos de explotación sexual y laboral, y sólo consignó 12 casos ante un juez.
Los estados de Chiapas y Oaxaca, así como el Distrito Federal, son las entidades con mayor incidencia de trata de personas, seguidas por Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.
http://www.milenio.com/node/617271
En México la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ocupa el segundo lugar de generación de recursos ilícitos, con un total aproximado de 24 mil millones de dólares anuales, denunció el senador perredista Silvano Aureoles.
El legislador por Michoacán expuso que por lo regular 90 por ciento de los menores sexualmente explotados no concluye la primaria y 22 por ciento son analfabetas.
Además, remarcó que 88 por ciento de estas niñas se convierten en madres, mientras que en las últimas dos décadas la edad de iniciación de las mujeres en la prostitución bajó de 15 a 11 años.
Por lo anterior, en comisiones del Senado se analiza una iniciativa de Silvano Aureoles para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que incrementaría las penas a quienes participen en este delito, sin importar que sean familiares o tengan alguna relación con la víctima.
En su exposición de motivos, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado comentó que en 1999 se decía que en México sólo 21 entidades federativas presentaban este problema y para 2004 ya se había generalizado a todo el territorio nacional.
Resaltó que México ocupa el primer lugar en América Latina en producir pornografía infantil, es tercero en consumir este tipo de materiales y quinto es someter a personas en situación de trata (Argentina ocupa el primer lugar en esta actividad, seguido por Brasil).
El senador añadió que debido al creciente número de casos de trata, especialistas en derechos humanos no dudan en determinar que México podría subir de nivel en esta actividad ilícita, dado que sólo en las zonas fronterizas y en el Pacífico hay más de un millón 200 mil víctimas de redes vinculadas a este delito.
Además, de acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales, sólo en la ciudad de México existen 250 mil personas sujetas a trata, de las cuales 50 mil son menores y son obligadas a ejercer la prostitución.
Por ello, el legislador señaló que es indispensable reformar la ley en la materia para que todos aquellos que por lazos de consanguinidad, o bien por ser tutores o gozar de la guarda y custodia de los menores, pierdan en cualquier caso la patria potestad sobre los mismos.
Apuntó que es inaceptable que una persona que venda a sus hijos o bien los prostituya siga gozando del privilegio de la patria potestad.
Otro estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que al menos 100 niños mexicanos caen mensualmente en poder de las redes de explotación sexual, con el agravante de que la edad de los menores utilizados en la producción de material pornográfico se ha reducido hasta un rango de cero a cuatro años.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas abrió en el primer semestre de 2010 solamente 226 averiguaciones previas por los delitos de explotación sexual y laboral, y sólo consignó 12 casos ante un juez.
Los estados de Chiapas y Oaxaca, así como el Distrito Federal, son las entidades con mayor incidencia de trata de personas, seguidas por Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.
http://www.milenio.com/node/617271
Suscribirse a:
Entradas (Atom)