lunes, 21 de mayo de 2018

ALatina- El ciclo dependiente cuarenta años después

19-5-18 Pagina de Claudio Katz

El ciclo dependiente cuarenta años después

La teoría de la dependencia afronta otro escenario en América Latina. Los ciclos y crisis impactan sobre una industria debilitada y un consumo fragmentado. La primacía de la exportación agro-minera potencia los desequilibrios en todos los modelos.
La explotación de la fuerza de trabajo ha sido más determinante que la apertura comercial en el contraste con Corea del Sur. La relación con China recrea subordinaciones y no existe el manejo estatal de la renta que se observa en otros países.
La acción geopolítica tiene efectos contradictorios sobre el desarrollo. Clases dominantes, burocracias y gobiernos actúan bajo severos condicionamientos. Una reconsideración general indica cómo renovar y ampliar el dependentismo marxista.

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Arg- O ellos o nosotros - Katz

 20-5-18 Viento Sur
O ellos o nosotros
| Claudio Katz 14/05/2018

Siempre se supo que Macri gobernaba para los ricos y que su modelo económico desembocaría en una gran crisis. La primera afirmación quedó corroborada por la redistribución regresiva del ingreso perpetrada en los últimos dos años. La segunda comenzó a verificarse con la corrida cambiaria de la última semana.
Está temblando un modelo neoliberal asentado en enormes desequilibrios externos y fiscales solventados en el endeudamiento externo. Todos imaginaban que la financiación iba a durar hasta el 2019, pero el fin de la película se adelantó en forma imprevista.
Wall Street anunció en marzo que no aceptaría más bonos. El gobierno maquilló esa negativa con un engañoso anuncio de mayor financiación local, pero los capitales golondrinas captaron de inmediato el significado de la sequía. Emitieron la orden de retirada y comenzó la incontenible trepada del dólar.
La financiación se ha cortado por la desconfianza de los acreedores. Intuyen la futura insolvencia del deudor argentino. Por eso las calificadoras bajaron el pulgar, el riesgo país aumenta y la prensa especializada describe escenarios dramáticos.

Una consecuencia del modelo
La fragilidad del sector externo es el punto más crítico del esquema actual. Los bancos retiraron los créditos, al notar la ausencia futura de los dólares requeridos para sostener el endeudamiento. Observan la magnitud el déficit externo, que el año pasado superó los 30.000 millones de dólares (5% del PBI).
El bache central se localiza en la esfera comercial. El desbalance de 8.000 millones del 2017 marcó un récord histórico. Ha sido generado por las fantasías librecambistas del oficialismo, que abrió el mercado a todo tipo de importaciones.
Mientras que en el mundo impera una dura negociación de aranceles, Argentina se ha transformado en un depósito de cualquier excedente. Para colmo, las exportaciones se frenaron, como resultado de la apreciación cambiaria que genera el ingreso de capitales especulativos.
El desbalance en el plano financiero es igualmente dramático. La salida de divisas acompaña a Macri, desde el mismo día que imaginó la incumplida la lluvia de dólares. La remisión de utilidades ha sido tan sostenida como la fuga de capital. Ese drenaje es congruente con la eliminación de todas las regulaciones a la actividad financiera. Los controles en el circuito bancario fueron desarmados, con la misma velocidad que se anuló la obligación de liquidar los dólares de la exportación.
En la misma desprotección se asienta la bicicleta financiera de los fondos que lucran con la altísima rentabilidad de los bonos argentinos. Las delirantes tasas de interés que aseguran ese negocio, destruyen cualquier posibilidad de inversión productiva. El malgasto de las divisas ha incluido también el despilfarro en el turismo. Esa hemorragia fue incluso celebrada por varios ministros como un maravilloso ejemplo del “retorno al mundo”.
El agujero fiscal es también impresionante. Bordea el típico porcentual del PBI (6-7%), que tradicionalmente precipitó los grandes terremotos de la economía. El gobierno resalta la envergadura de ese déficit y lo presenta como un mal ajeno que debe administrar. Con gestos de compasión, afirma que debió mantenerlo para financiar el gradualismo y evitar mayores sacrificios de la población. Pero oculta que todos los desequilibrios derivan del modelo en curso y no del ritmo de su implementación. Si hubiera apretado el acelerador del mismo combo neoliberal, el desastre sería infinitamente superior.
Cuando los funcionarios despotrican contra la costumbre de gastar más de lo que ingresa, ubican todas las desgracias en el primer componente. Olvidan que la recaudación quedó seriamente afectada por la reducción de los impuestos a los exportadores. Tampoco señalan que el blanqueo no revirtió la evasión. Argentina figura en el quinto puesto mundial de ese flagelo y la moda oficial de proteger patrimonios en empresas “off shore”, ilustra quiénes son promotores de la estafa al fisco.
El oficialismo también olvida registrar cómo el pago de intereses deteriora las cuentas públicas. Sólo en el primer trimestre del año esas erogaciones aumentaron 107% en comparación al 2017.
El modelo neoliberal genera descalabros que el gobierno no puede encarrilar. El desastre en curso no fue desencadenado por la nueva alícuota del impuesto a las ganancias sobre los títulos, sino por la aterrorizada reacción del Banco Central. En pocos días incineró varios manuales de política monetaria. Recurrió a todos los instrumentos conocidos para frenar una corrida y no acertó con ninguno. Incluso apeló infructuosamente al judicializado mercado del dólar futuro.
La crisis internacional no ha sido hasta ahora determinante del temblor argentino. Persiste la liquidez financiera global y no se observa una repetición del efecto tequila sobre las economías latinoamericanas. Ciertamente el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos altera todas las inversiones en el mundo. Pero ese reacomodamiento tiene por el momento efectos acotados.
Si Argentina padece ese resfrío como una grave neumonía es por el pánico que suscita su alocado endeudamiento. El país encabezó en los últimos dos años el tablero mundial de colocación de títulos y es penalizado por ese descontrol. Pero el grueso de la población no es responsable de ese desmanejo. El culpable es Macri y los CEOs de su gabinete, que engrosaron los caudales de la clase capitalista. Para ocultar ese delito los comunicadores del oficialismo achacan a todos los argentinos, un desfalco consumado por esa minoría de privilegiados.

Retorno al mismo fondo
Las cifras de mayo retratan la gravedad de la crisis: devaluación del 20%, tasas de interés del 40%, pérdidas de 8.000 millones de dólares de las reservas. El temor por un dramático desenlace se acrecienta, con algunos síntomas de traslado de esa tensión a los bancos.
El gobierno se burla de la población emitiendo mensajes de tranquilidad. Pretende crear la ilusión de una simple corrección de la flotación cambiaria, sin consecuencia alguna. Todavía repite que el nivel de endeudamiento es bajo en comparación al PBI, como si esos genéricos porcentuales (y no la capacidad efectiva de pago del deudor) determinaran la actitud de los acreedores.
Mientras el discurso oficial minimiza la crisis, los financistas del exterior no cuidan las formas, en sus convocatorias “a escapar de la Argentina” (Forbes). La tranquilidad del gobierno es una burda estrategia, para evitar el despertar colectivo frente a la grave situación.
La decisión de volver al FMI confirma el dramatismo de la coyuntura. Es una medida desesperada que sorprendió a los propios popes del Fondo. Ilustra el pánico de un gobierno que busca blindajes a cualquier precio para frenar la corrida. La decisión fue tan imprevista, que anunciaron el retorno sin programa, ni cambio de ministro.
Los funcionarios peregrinan por Washington desconociendo las condiciones de los préstamos que mendigan. En el contexto de bajas tasas internacionales y cierta recuperación de la crisis del 2008, muy pocos países recurren al FMI. Los que eligen esa salida no tienen otro refugio.
Es totalmente ridículo imaginar la existencia de otro FMI. Esa institución es manejada por los mismos expertos en demoler conquistas populares. Los países atados a su tiranía atraviesan por el peor de los mundos. Es el caso de Grecia que no pudo desembarazarse de la auditoría del Fondo.
Los helenos ya padecieron cuarto rescates de sus bancos y tres agudas recesiones que retrotrajeron un 25% la renta nacional. La tasa de desempleo bordea ese mismo porcentaje, la deuda pública ha trepado al 180% de PBI y las pensiones sufrieron 14 recortes.
Argentina afronta las mismas perspectivas. El FMI será durísimo con el país. De las tres variantes crediticias que tiene disponibles sólo ofreció la versión más intragable. Descartó la línea flexible (que recibieron Colombia y México) y la modalidad de precaución (utilizada por Macedonia y Marruecos). A la Argentina sólo le otorgarán el conocido stand by por un monto aún desconocido.
Los 30.000 millones dólares que pide el gobierno superan todo lo asignado a los 13 países con planes de estabilización. La suma final llegará igualmente a cuenta gotas, para evitar su rápida conversión en divisas fugadas al exterior.
Cada porción utilizada de ese crédito será rigurosamente auditada por los enviados del Fondo. Esa revisión simboliza el brutal retorno a los años 90. Los expertos del FMI volverán a desembarcar trimestralmente para constatar su insatisfacción y exigir mayores ajustes.
No hay ningún misterio en los reclamos inmediatos de esa delegación. En diciembre pasado elaboraron un detallado ultimátum de reducción del gasto social, con mayor flexibilidad laboral, reforma previsional y despidos de empleados públicos. La paulatina privatización del ANSES (Administración nacional de Seguridad Social) y el drástico recorte de los presupuestos provinciales figuran al tope de esa agenda. En las conversaciones actuales habrían añadido un nuevo blanqueo y sobre todo una mega-devaluación con recesión que permita efectivizar la mejora real del tipo de cambio.
El ritmo y la aplicación de ese paquete dependerán de la intensidad de la crisis, que será testeada el próximo martes. Ese día el Banco Central afronta un enorme vencimiento de títulos (LEBACS). El volumen total de esos bonos equivale al monto de las reservas y al total del circulante. Si una parte de sus tenedores resuelve liquidarlos para refugiarse en el dólar, la corrida puede alcanzar otro pico de tensión.
Si por el contrario esa emergencia queda superada con la aterradora tentación de cobrar un 40% de interés, las mismas disyuntivas reaparecerán en los próximos meses. Como la cotización de todos los bonos argentinos se encuentra en franca picada, ya es evidente la gran desvalorización de activos que sufrirán las instituciones oficiales (empezando por el ANSES), que atesoran esos títulos.
En cualquier escenario el pacto firmado con el diablo del FMI empuja a la economía argentina al precipicio. Ya se avizora el círculo vicioso de ajustes que contraen la actividad productiva, deterioran la recaudación, potencian el déficit fiscal y desembocan en nuevos ajustes. El espejo de Grecia está a la vista, con eventuales elementos de estanflación.
Los anticipos de ese cuadro despuntan en el nuevo piso de inflación anual del 30%. Si la tasa de interés no baja rápidamente la recesión será inevitable. El gobierno cortó 30.000 millones de pesos de la obra pública, pero el FMI exigirá una paralización total. En los próximos meses nadie recordará la ficción estadística de menor pobreza que difundió el gobierno. Basta observar la pavorosa expansión de la mendicidad en las calles, para observar cuál es el panorama social que afronta el país.

Reaccionar a tiempo
El manejo de la bomba que ha plantado el gobierno dependerá de la memoria y capacidad de reacción popular. El rechazo total al acuerdo con el FMI fue anticipado por las encuestas previas a la negociación. Entre el 75% de los consultados que rechaza el convenio figura la gran mayoría de los votantes del Cambiemos.
El retorno al FMI tiene un significado emotivo enorme. Recrea todo lo sucedido en el 2001. Por eso ya se difunden tantas analogías con el blindaje De la Rúa. Es imprescindible trasformar ese bagaje en rechazo activo, movilización y propuestas alternativas.
El punto de partida es ganar la calle para generar una drástica reversión del curso actual. El clima de tácita aceptación de las desregulaciones -que propagan los grandes medios de comunicación- desguarnece a la economía. Para evitar el agravamiento de la crisis hay que reintroducir todas las regulaciones eliminadas por oficialismo. Son medidas básicas frente a la emergencia.
El control de cambios es tan urgente como la prohibición al libre ingreso y salida de los capitales. Los depósitos de los pequeños ahorristas deben ser protegidos, mientras los grandes bancos y tenedores cargan con las pérdidas de los bonos desvalorizados. Hay que erradicar todos los mitos sobre la adversidad de un “cepo cambiario”. Los dólares no son un bien privado de libre disponibilidad. Sin controles a su atesoramiento y circulación no hay forma de lidiar con las corridas.
En lugar de volver al FMI corresponde investigar la deuda contraída en los últimos años y enjuiciar a los responsables de esa aventura. Caputo, Dujovne y Sturzzeneger deberían estar desfilando por los Tribunales. Mientras se revisa el estado real de las cuentas públicas hay que frenar la hemorragia de divisas que impone el pago de los intereses. La crisis actual empezó con el sometimiento a los fondos buitres y no puede resolverse sin ajustar cuentas con los depredadores del tesoro nacional. El manejo estatal del sistema financiero es una condición para emerger de la delicada situación actual.
Sólo por ese rumbo el costo de la crisis recaerá sobre sus causantes y no sobre la mayoría popular. Ese camino requiere una frontal batalla de ideas con todos los economistas de la derecha que han copado la televisión. Ensalzan el acuerdo con el FMI como una nueva justificación del mega-ajuste y lo presentarán como una necesidad para “cumplir con el mundo”. El mismo atropello que el oficialismo preparaba para después del 2019 será expuesto como un acto de responsabilidad hacia los acreedores.
Pero la factibilidad de esa maniobra se ha reducido drásticamente. El escenario político ha cambiado y las elecciones han quedado situadas muy lejos de la urgencia actual. Macri intentará golpear con el garrote y la zanahoria. Prepara el veto a la ley de restricción al tarifazo y buscará copiar el modelo brasileño de gobierno para-institucional.
Pero es consciente de su debilidad y recurrirá a los gobernadores y al PJ para lograr el mismo aval hacia el FMI, que obtuvieron para concertar el acuerdo con los fondos buitres. Sus socios ya le tendieron una mano en el Congreso al negarse a repudiar el retorno al FMI, aprobando una ley de liberalización del mercado de capitales en plena tormenta financiera.
La intensidad de la movilización definirá quién gana la partida. En pleno desconcierto popular frente al temblor financiero, esa reacción es por ahora limitada. Está pendiente la reaparición de gran fuerza lograda en calles durante diciembre. Esa potencia de la lucha podría recuperarse en las batallas contra el tarifazo y el techo a las paritarias. Pero el rechazo al FMI ocupa ahora el primer lugar de cualquier demanda.
Es urgente frenar la mayor agresión contra las conquistas populares de los últimos años. El tan anunciado mega-ajuste finalmente se avecina. Frente a la artillería que prepara el gobierno, el FMI y los capitalistas hay que erigir las defensas populares a toda velocidad. Como ya ocurrió en el pasado nuevamente son ellos o nosotros.

13-5-2018
Claudio Katz, es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

http://vientosur.info/spip.php?article13809

Arg- Grave situación de Abuso Sexual Infantil en la CABA

20-5-18 Politicas de Infancia

Grave situación de Abuso Sexual Infantil en la CABA*
José **Machain*

La CABA es el distrito con mayor cantidad de denuncias de *Abuso Sexual
Infantil*, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
que cuenta con un programa específico, creado en 2006, que brinda atención
a las víctimas de abuso o malos tratos.

De las víctimas atendidas (a febrero de 2018), *el 42% es de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires*, mientras que el 40% de los casos provienen de la
Provincia de Buenos Aires.


El años pasado decíamos *#LxsPibesTenianRazón*, ya que una de las demandas
de lxs estudiantes secundarixs que impulsaron las *#Tomas* era la plena
implementación de Educación Sexual Integral
<http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/educacionsexual>,
consagrada por la Ley 2110
<http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley2110.pdf> sancionada en
el año 2006 por la Legislatura CABA.

Pero *el GCABA del #PRO tanto con #Macri como ahora con #Larreta se niegan
a poner en marcha e implementarla en todas las escuelas públicas o privadas*.

En esa línea es que la respuesta de de la Ministra Acuña ante las tomas fue
solo prometerles “Talleres” excepcionales, que para nada dan cumplimiento a
sus obligaciones como máxima responsable de la Educación en CABA.

En la línea nacional 0800-222-1717 fueron atendidas 3.049 víctimas de abuso
sexual (incluyendo adultos y niños, niñas y adolescentes), hubo 2..842 casos
y se recibieron 5.706 llamadas.

Del total de denuncias recibidas para atención a todos los delitos contra
la integridad sexual, *el 69%* (más de 2.100 casos) *corresponde a niños,
niñas y adolescentes*. De ese total, *el 70%* de las víctimas menores de 18
años *son niñas*. El rango etario con más víctimas es el de 12 a 17 años.


Del relevamiento puede advertirse que la mayoría de las NNyA víctimas
atendidas sufrió “tocamiento sexual”, mientras que la segunda forma
pertenece a víctimas de “violaciones por cualquier vía”.

Además, *el 64% de los abusadores son personas vinculadas al ámbito
familiar de la víctima* (padre, padrastro, tío, abuelo, entre otros).
Toda esa información confirma la relevante importancia de la *EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL como forma preventiva* de este flagelo.

Es responsabilidad de la Ministra de Educación, *​​SOLEDAD ACUÑA,* y del Jefe de Gobierno
*​​HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA* que nuestrxs pibes dejen de seguir siendo
expuestos a tanto horror y ​que les ​violen sus #derechos.


*A LXS NIÑXS #NO HAY QUE AMARLOS, SINO QUE SE LES ​GARANTICEN SUS*
*DERECHOS.*
*José **Machain*
* * Miembro del Observatorio Derechos de Infancia EDUARDO BUSTELO *

<https://3.bp.blogspot.com/-n7HvNsk3cE8/Wt9Yu138jXI/AAAAAAAAYQ0/lBa0H4MZX8IX588I_xVBuiwgrnBGYhzqACLcBGAs/s1600/nina_muneca-300x200.jpg>

viernes, 18 de mayo de 2018

Mexico- Cada dia 4 niñxs desaparecen en Mexico

15-2-18 Contralinea.com.mx - Periodismo de Investigacion

Estado mexicano, incapaz de proteger la vida de niños y adolescentes

AUTOR: 

Diariamente, en el país se registran cuatro desapariciones y tres asesinatos de menores de edad, desde que fue declarada la “guerra” contra el narcotráfico. En 9 años se cometieron más de 11 mil homicidios contra la población infantil y adolescente. Rebasado e ineficiente, el sistema de protección gubernamental


La imagen de Nadia, una pequeña de 6 años, circula en el portal de la Alerta Amber. Suma 13 días en calidad de desaparecida. Estaba acompañada de su hermana María, apenas 4 años mayor que ella, de quien tampoco se tiene rastro. Ambas niñas dejaron de ser vistas desde el 30 de enero pasado. Se “considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, advierte el boletín de búsqueda AAMX952.

La violencia en México ha provocado que diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos; mientras, otros tres son asesinados, documenta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Es el México en el que el Estado ha abandonado a la infancia y adolescencia, pese a los compromisos internacionales asumidos y los pactos institucionales plasmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicen defensores de la infancia.

El año que recién concluyó, “México se enfrentó a la emergencia nacional”, indica la Redim, en su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México. Y es que de acuerdo con su análisis y documentación, 2017 fue el de “mayor vulnerabilidad” para los niños y adolescentes, en tanto que el Estado no dio avances significativos para erradicar la violencia en su contra.

“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona el documento.

“Tenemos una realidad muy compleja, somos un país muy grande con muchos Méxicos en perspectiva de la desigualdad y con un gran rezago institucional en el marco de la protección de derechos de niños y niñas”, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

Esta violencia se desató a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, desatada por el presidente panista Felipe Calderón. Las cifras de la Redim exponen que de 2007 a 2016, los homicidios contra la población infantil y adolescente suman 11 mil 749 casos. Tan sólo en 2016, 1 mil 126 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, a nivel nacional. Los principales estados donde mayor violencia se registra son: Estado de México, Guerrero y Chihuahua, documentó la organización con base en las Estadísticas de mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Un ejemplo de la violencia en contra de los niños se muestra con el caso de Lupita, a quien en redes sociales se le conoció como “la niña de las calcetitas rojas”. Las investigaciones de la periodista Frida Guerrea, quien se ha encargado de documentar el mapa de feminicidios en el país, reveló que la pequeña, de 5 años de edad, había sido asesinada por su padrastro, con la complicidad de su madre.


Lupita nació el 16 de enero de 2013 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Era la cuarta hija de “Monse”… “proveniente de una madre con problemas de drogadicción en un mundo donde la pobreza y la dejadez institucional se palpan a diario sin buscar realmente la manera de atender tan grave problema”, describe la periodista en su blog.

Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Ley, inhabilitada

El 4 de diciembre de 2014, se echó a andar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A la fecha, representantes de diversas organizaciones critican la falta de acciones para hacer efectiva la protección a este sector.

A partir de entonces, y con dicha ley, pareciera que hay un sistema de protección a los derechos de la niñez y los adolescentes; pero “el contexto indica que este sistema no está siendo efectivo aún, es muy nuevo, y sin duda está haciendo un trabajo importante, pero todavía hace falta fuerza y voluntad política importante para garantizar una protección integral como lo refiere la ley”, dice Nancy Ramírez Fernández, coordinadora de incidencia política en Save de Children México.

A través de ésta, se obliga a crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados”.

El primer derecho que marca la Ley en su artículo 13 es el del “Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”; en tanto que en su párrafo VIII se estipula el “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”. “el contexto que les estamos dando sin duda, no es un contexto de protección, es un contexto que responde a la violencia generalizada que se vive en el país”, dice la integrante de Save de Children.

La misma ley, establece la creación de una Procuraduría Federal de Protección, que va a estar dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y procuradurías locales de cada estado. El primer problema, dice Muñoz López, de la ODDI, ha sido que éstasEl artículo 123 de la Ley indica que para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán, entre otros procedimientos, “Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados” (párrafo III). Así como: “Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección” (párrafo IV); y “dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados” (párrafo VI).
Mecanismos tardíos

Uno de los casos exhibidos en medios de comunicación y redes sociales, en fechas recientes, fue la desaparición del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue “encontrado” 5 días después de que se había registrado en un video su detención por parte de policías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La presión social promovió la búsqueda del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E Schulz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero la Alerta Amber se emitió 5 días más tarde de su desaparición.

Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal y quien lleva el caso del joven practicante de taekwondo, dice en entrevista que el caso de Marco Antonio ha sido difícil de acompañar porque las autoridades han venido minimizando el tema, aunque “hay un contexto de desaparición forzada y criminalización de juventudes que no está siendo considerado”.

Agrega que culpabilizar a las víctimas se ha vuelto en una política gubernamental. La relevancia en este caso es que él apareció, dice, aunque sabemos que esto fue gracias a la presión social. Y esto pudo facilitar que fuera localizado con vida.

El abogado y su equipo, relatan, han tenido dos fases de tratamiento por parte de la Procuraduría. Mientras él estuvo desaparecido e, incluso, cuando el caso estaba en la Fiscalía Antisecuestros, la clasificación legal era de “persona extraviada”, aunque se sabía de la participación de agentes del Estado.

En el segundo momento, expone, una vez que ya fue localizado, “la lógica de seguir mediatizando el caso, de presentar elementos de la investigación de manera sesgada, nos parece también muy preocupante: se va a ir construyendo una narrativa para culpabilizar a Marco Antonio, exonerar toda posible participación de autoridades y relativizar que esto haya sido un caso de desaparición forzada”. entren en funcionamiento. Se tardaron un par de años para echarlas a andar. Y las que entraron, “no sé si es falta de capacitación o recursos pero no están haciendo el trabajo que deberían de hacer”, comenta.

Todo adolescente víctima de delito tiene una serie de derechos de protección a la honra, el nombre, a su propia imagen, “que no están siendo respetadas por la Procuraduría en esta reiterada mediatización o exposición pública de su imagen e incluso en contra de una resolución de un juez de amparo”.

“No tuvimos una actividad de la Procuraduría en Protección de la Infancia, que debería ser algo relevante a la luz de la promulgación de la Ley General sobre Desaparición Forzada, que establece obligaciones para distintas autoridades y una de ellas tiene que ver con la coordinación institucional, con los mecanismos de búsqueda y localización y con garantizar que estas denuncias y las subsecuentes búsquedas sean de manera inmediata sin ningún tipo de obstáculos, como sucedió en el caso de Marco Antonio”, explica Hernández León.

El abogado recuerda que parte de la dificultad de la familia radicó en que, incluso, teniendo datos de qué policías lo habían detenido, la agencia del Ministerio Público les comentó que tenían que esperar 48 horas para recibir una denuncia, lo cual supone una violación a la Ley General de Desaparición Forzada e incluso a las sentencias en las que México ha sido sentenciado en la Corte Interameriana.

Otro error de la Procuraduría, dice el abogado, fue señalar que emitir la Alerta Amber podía poner en riesgo a Marco Antonio, que fue la manifestación que le hicieron a la familia y por eso no se activó en lo inmediato sino ya que existía presión inmediata de localización.

“Nos parece que esto también es una de las deficiencias estructurales que da cuenta del tratamiento inadecuado en los casos de desaparición forzada, es decir que las autoridades siguen desconociendo sus obligaciones legales y constitucionales; segundo, teniendo un trato muy indolente hacia las víctimas e incluso revictimizante, que generan obstáculos innecesarios y configuran afectaciones para acceder a la justicia. Entonces, el tema de que no se haya activado la alerta con la debida diligencia supone que la búsqueda fue obstaculizada.”

El tema de criminalización es algo más sistémico en la práctica de las corporaciones policiacas hacia los jóvenes, acusa. “En los últimos 5 años, justamente, 7 mil menores de 18 años han desaparecido y nos parece que tiene esto tiene un vínculo directo con la política de seguridad y las consecuencias que ha tenido la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como la política de combate al narcotráfico, la estrategia desarrollada por el gobierno federal en los últimos 10 años, vinculada a otros factores que son parte de la violencia hacia este sector de la población”.
Inequidad social

Otro de los aspectos que destacan los especialistas, así como el Balance Anual de la Redim, es la inequidad social en que se desenvuelve este sector de la población mexicana. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en el país, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza, durante 2016. De acuerdo con las estratificaciones de pobreza que se han evaluado oficialmente, el 51.1 por ciento de la población de entre 0 y 17 años era pobre; el 42.1 por ciento en pobreza moderada y el 9 por ciento en pobreza extrema.


Las cifras de Conapo indican que entre 2014 y 2016, a nivel nacional se observa una disminución de 2.8 puntos porcentuales de la población infantil y adolescente en condición de pobreza. Sin embargo, el porcentaje de población de 0 a 17 años en condición de pobreza extrema o moderada se incrementó en seis entidades (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Ciudad de México) en el mismo lapso de tiempo.

Contralínea solicitó entrevista con Enrique Guerra García, titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Unidad de Comunicación Social del DIF. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/02/15/estado-mexicano-incapaz-proteger-la-vida-ninos-adolescentes/