miércoles, 17 de octubre de 2018

América Latina- Antiprogresismo

Octubre 2018 Rev Nueva Sociedad


ANTIPROGRESISMO Un fantasma que recorre América Latina-
Pablo Stefanoni


Lejos de ser solo «un Trump», Jair Messias Bolsonaro es un candidato con tintes fascistas en un país con mucha menos solidez institucional que Estados Unidos y que ya vive altas dosis de violencia política. Los resultados de ayer expanden el ya existente bloque parlamentario BBB (buey, biblia, bala) hacia dimensiones hasta hoy desconocidas. Pero el antiprogresismo no se limita a Brasil. Se expande por toda la región y pone en riesgo los avances democráticos de las últimas décadas.

Sí, ayer en la primera vuelta ganó, como escribía un corresponsal, un político autoritario, racista, machista, homófobo; una persona que encarna los valores más retrógrados acaricia la Presidencia de Brasil. Obtuvo más votos de los que anticipaban las encuestas, arañó un triunfo en la primera vuelta y tiñó con sus colores casi todo el país, salvo el nordeste. Brasil y América Latina se enfrentan, así, a un nuevo escenario que ya no es solamente el fin del ciclo progresista y su eventual reemplazo por fuerzas de derecha o centroderecha en el marco de la democracia, sino un corrimiento de las fronteras hacia otro terreno: el potencial triunfo en segunda vuelta de un candidato que, mediante una campaña llena de biblias y balas, reivindica abiertamente la dictadura, hace alarde de la violencia y desprecia todos los valores que fundamentan el sistema democrático.
No es solo «un Trump», es un candidato con tintes fascistas en un país con mucha menos solidez institucional que Estados Unidos y que ya vive altas dosis de violencia política. Los resultados de ayer expanden el ya existente bloque parlamentario BBB (buey, biblia, bala, en referencia a terratenientes, pastores evangélicos y ex-integrantes de fuerzas de seguridad) hacia dimensiones hasta hoy desconocidas. Como dice un periodista de El País, la «B» de Bolsonaro los terminó articulando a todos ellos. Y los dejó a las puertas del poder.
La principal razón del crecimiento de Bolsonaro está ligada, para la historiadora Maud Chirio, «a la construcción de la hostilidad hacia el Partido de los Trabajadores (PT) y a la izquierda en general. Esta hostilidad recuerda el anticomunismo de la Guerra Fría: teoría del complot, demonización, asociación entre taras morales y proyecto político condenable. Bolsonaro se apropió de este simbolismo de rechazo, que se sumó a las implicaciones del PT en casos de corrupción. No se trata solo de un desplazamiento de los conservadores hacia la extrema derecha, sino de una adhesión rupturista». Como ya advirtiera el historiador Zeev Sternhell, el fascismo no solo era reacción, sino que era percibido como una forma de revolución, de voluntad de cambio frente a un statu quo en crisis.
No es posible, desde el progresismo, rehuir las responsabilidades por estos años de gobiernos «rosados». Que tanta gente esté dispuesta a votar a un Bolsonaro para evitar que vuelva el PT es en sí mismo un llamado a la reflexión, más aún cuando eso ocurre en las zonas más «modernas» de Brasil, donde nació un partido que enamoró a toda América Latina y hace años que viene perdiendo apoyos. Como expresión de este rechazo, Dilma Rousseff, contra todas las encuestas preelectorales, quedó fuera del Senado en Minas Gerais. Y el PT hizo mucho por debilitar su épica originaria, su integridad moral y su proyecto de futuro. Pero no solo a eso se debe el rechazo.
Como hemos señalado en otra oportunidad, la lucha de clases soft que durante su gobierno mejoró la situación de los de abajo sin quitarles a los de arriba terminó por ser considerada intolerable para las elites. El caso de Brasil confirma que las clases dominantes solo aceptan las reformas si existe una amenaza de «revolución», y la llegada al poder del PT estuvo lejos de la radicalización social; al mismo tiempo, impulsó políticas en favor de los «de abajo» en un país tradicionalmente desigual. En todo caso, la experiencia petista terminó exhibiendo relaciones demasiado estrechas entre el gobierno y una opaca «burguesía nacional (como frigoríficos o constructoras), que socavaron su proyecto de reforma ética de la política y terminaron por debilitar la moral de sus militantes.
Es decir, el actual rechazo a los partidos progresistas que gobernaron tiene una doble dimensión. En toda América Latina está emergiendo también una nueva derecha que articula un voto que se opone a los aciertos. El racismo como rechazo a una visión racializada de la pobreza, y el conservadurismo contra los avances del feminismo y las minorías sexuales. El crecimiento del evangelismo político y la popularidad de políticos y referentes de opinión que declararon la guerra a lo que llaman «ideología de género» son algunos de los vectores para la expresión política de un antiprogresismo crecientemente virulento.
«Estamos en guerra, estamos a la ofensiva. Ya no a la defensiva. La Iglesia por mucho tiempo ha estado metida en una cueva esperando ver qué hace el enemigo, pero hoy está a la ofensiva, entendiendo que es tiempo de conquistar el territorio, tiempo de tomar posición de los lugares del gobierno, de la educación y de la economía», exclamó en el Centro Mundial de Adoración el pastor evangélico Ronny Chaves Jr. durante la campaña presidencial de Costa Rica, en la que un candidato evangélico pasó a la segunda vuelta en abril de este año. Es cierto, también hay que decirlo, que Rousseff se alió con ellos, pero ahora muchas de estas iglesias, como la Universal, parecen «ir por todo» sin necesidad de pragmáticas alianzas con la izquierda.
Las nuevas extremas derechas atraen, además, parte del voto joven y construyen líderes de opinión con fuerte presencia en las redes sociales. Estos movimientos se presentan incluso como antielitistas, aun cuando –como ocurre con Bolsonaro– su propuesta económica sea ultraliberal y sea apoyada con entusiasmo, en la última fase, por los mercados. Como ha señalado Martín Bergel, ha venido siendo muy eficaz un relato que asocia a la izquierda con los «privilegios» de ciertos grupos, que pueden incluir hasta a los pobres que reciben planes sociales, frente al pueblo que «realmente trabaja y no recibe nada».
El progresismo continental se encuentra así frente a una crisis profunda –política, intelectual y moral–. La catastrófica situación venezolana –difícil de procesar– viene siendo de gran ayuda para las derechas continentales. Por no hablar de los silencios frente a la represión parapolicial en Nicaragua. En este contexto, el reciente llamado de Bernie Sanders a constituir una nueva Internacional progresista–que tenga como ejes el rechazo al creciente autoritarismo alrededor del mundo y la lucha contra la desigualdad– resulta tan oportuno como difícil de pensar en una América Latina donde gran parte de las izquierdas se entusiasma con figuras como Vladímir Putin, Bashar al-Asad o Xi Jinping como supuestos contrapesos al Imperio.
A diferencia de encuentros anteriores, cuando las izquierdas constituían fuerzas expansivas en la región, la última reunión del Foro de San Pablo en La Habana en julio pasado estuvo marcada por los discursos centrados en la «resistencia» y el atrincheramiento. El lugar elegido –La Habana– y la presencia de figuras históricas del ala más conservadora del gobierno cubano contribuyeron a un repliegue ideológico en un discurso antiimperialista cargado de nostalgia hacia la figura del fallecido comandante Fidel Castro y sin espacios para un análisis reflexivo de las experiencias –y retrocesos– de estos años. La defensa cerrada de Nicolás Maduro y Daniel Ortega fue la consecuencia lógica de esa deriva. Pero recuperar las capacidades expansivas requiere salir de las zonas de confort ideológicas y de la autovictimización.
Parafraseando una expresión francesa respecto a su propia extrema derecha, Bolsonaro logró «desdiabolizarse». Y de ganar el balotaje, no estará solo en el mundo. Al mismo tiempo, nadie en la región –en medio de los retrocesos integradores– será capaz de ponerle límites. Un triunfo del ex-capitán sería uno de los mayores retrocesos democráticos desde las dictaduras militares de los años 70, sin que hoy podamos anticipar las consecuencias. La imagen de un votante que se filmó apretando los botones de la urna electrónica con el cañón de un revólver –obviamente votando en favor de Bolsonaro– fue una de las postales de una jornada que no anticipa nada bueno para Brasil ni América Latina.

http://nuso.org/articulo/antiprogresismo/

lunes, 15 de octubre de 2018

Nigeria- Reclutamiento de Niños Soldados

14-10 18 TELESUR

Infantes desde los 13 años son reclutados y entrenados como máquinas de guerra

Seguramente muchos de ustedes vivieron una infancia feliz junto a sus padres, una vida normal para muchos, pero en #Nigeria🇳🇬 los niños se alistan para combatir al grupo terrorista #BokoHaram


VER VIDEO en https://www.facebook.com/teleSUR/videos/752834405057333/?t=66

Arg- La Historia de la Infancia en América Latina

15-10-18 Inst de geografia Hisatoria y Cs Sociales- IGEHCS


Nuevo libro: La historia de las infancias en América Latina de Lucía Lionetti, Isabella Cosse y María Carolina Zapiola (comps.)



Compilado por Lucía Lionetti, Isabella Cosse y María Carolina Zapiola se editó La historia de las infancias en América Latina. El libro, estructurado en tres partes, cuenta con el aporte de numerosas investigadoras de la temática en América Latina. En la primera parte: “Representaciones de la infancia: debates historiográficos y disputas en el campo social” , encontramos trabajos de Beatriz Alcubierre Moya, Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura, Lucía Lionetti, Carla Villalta y María Carolina Zapiola. La segunda parte “El público infantil y las nuevas estrategias de comunicación: el cine, la radio y las revistas” cuenta con aportes de Susana Sosenki, Elena Jakson Albarrán y Paula Bontempo. En la tercera y última de la partes “El lugar de la infancia en la regulación de los vínculos filiales y la convivencia familiar”, encontramos artículos de Isabella Cosse y Silvia María Fávero Arend.

Descarga gratuita en pdf
http://igehcs-conicet.gob.ar/nuevo-libro-la-historia-de-las-infancias-en-america-latina-de-lucia-lionetti-isabella-cosse-y-maria-carolina-zapiola-comps/

domingo, 14 de octubre de 2018

Arg- Historia de las Infancias en América Latina

14-10-18 CONICET- Inst de Geografia-historia y Cs Sociales- IGHCS

Nuevo libro: La historia de las infancias en América Latina de Lucía Lionetti, Isabella Cosse y María Carolina Zapiola (comps.) 5-10-18

Compilado por Lucía Lionetti, Isabella Cosse y María Carolina Zapiola se editó La historia de las infancias en América Latina. El libro, estructurado en tres partes, cuenta con el aporte de numerosas investigadoras de la temática en América Latina. En la primera parte: “Representaciones de la infancia: debates historiográficos y disputas en el campo social” , encontramos trabajos de Beatriz Alcubierre Moya, Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura, Lucía Lionetti, Carla Villalta y María Carolina Zapiola. La segunda parte “El público infantil y las nuevas estrategias de comunicación: el cine, la radio y las revistas” cuenta con aportes de Susana Sosenki, Elena Jakson Albarrán y Paula Bontempo. En la tercera y última de la partes “El lugar de la infancia en la regulación de los vínculos filiales y la convivencia familiar”, encontramos artículos de Isabella Cosse y Silvia María Fávero Arend.


descarga pdf en
http://igehcs-conicet.gob.ar/wp-content/uploads/La%20historia%20de%20las%20infancias%20R.pdf

miércoles, 4 de julio de 2018

Arg- INequidades en derechos de Niñxs 2010-2017 - EDSA UCA

3-7-18 EDSA Infancia- UCA

Informe "(In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Derechos humanos y sociales en el período 2010-2017"

descargar informe Completo en
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-BDSI-Documento%20Estad%C3%ADstico_Infancia.pdf


martes, 29 de mayo de 2018

Arg Trabajo, Salud y Ejercicio Ciudadano en la Argentina Urbana (2010-2017)

mayo 2018 ODSA UCA

“Trabajo, Salud y Ejercicio Ciudadano en la Argentina Urbana (2010-2017)"

El presente Documento Estadístico “Análisis del trabajo, la salud y el ejercicio ciudadano en la Argentina urbana (2010-2017)”, forma parte de esta nueva serie de estudios abordando en este caso aspectos cruciales a los procesos de integración social: el mundo del trabajo y la seguridad social, el modo en que se desarrolla y se cuida la salud psicofísica y el pleno ejercicio ciudadano en democracia.

bajar pdf en

http://wadmin.uca.edu.ar/public/20180528/1527503774_2018-Observatorio-Doc-Estadistico-Trabajo-Salud-Ciudadania.pdf

Arg- Características de los Trabajadores del Sector Micro-Informal y Efectos sobre el Desarrollo Humano. 2010-2017- ODSA UCA

Mayo 2018 ODSA UCA


Trabajo, Salud y Ejercicio Ciudadano en la Argentina Urbana


El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene el agrado de informar que se encuentran disponibles en soporte digital los siguientes informes basados en datos generados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-Bicentenario, 2010-2016 y EDSA-Agenda para la Equidad, 2017-2025) para el período 2010-2017.
"Características de los Trabajadores del Sector Micro-Informal y Efectos sobre el Desarrollo Humano. 2010-2017" (pdf)

Según los resultados referidos al tercer trimestre de 2017, sólo el 43,9% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Asimismo, el 18,5% de esta población de referencia se encuentra en una situación de subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación), el 27,8% cuenta con un empleo precario (desarrollan actividades con continuidad laboral, tienen niveles de ingresos superiores a los de subsistencia pero no participan en el Sistema de Seguridad Social) y el 9,8% se encuentra abiertamente desempleado.

bajar PDF en http://wadmin.uca.edu.ar/public/20180528/1527503766_2018-Observatorio-Doc-Investigacion-Trabajo-Sector-Informal.pdf

http://wadmin.uca.edu.ar/public/20180528/1527503774_2018-Observatorio-Doc-Estadistico-Trabajo-Salud-Ciudadania.pdf


Mundo- Renta Basica Renta Maxima

27/05/2018 Sin Permiso

Renta básica y renta máxima


Hay ricos y pobres. Una constatación trivial. Las causas aducidas para explicar o justificar la existencia de ricos y pobres son tan abundantes como las setas en otoño (o a finales de verano cuando la meteorología es propicia). Hay quien encuentra esta realidad tan natural como la atracción sexual o la ley de la gravedad. Y la justifica normativamente: por méritos, por capacidad de iniciativa e innovación, por motivación competitiva. Cristianos y religiosos en general, liberales doctrinarios, seguidores de la escuela austríaca, neoliberales, darwinistas sociales… han aportado distintas justificaciones filosóficas o pseudofilosóficas ante esta constante histórica de la existencia de ricos y pobres. Otros la critican a partir de criterios que pueden ir desde la “inmoralidad” de las grandes fortunas hasta la ineficiencia económica.

Para la concepción de la libertad republicana o “republicanismo” como se acostumbra a abreviar, los factores o elementos explicativos interesantes son, aunque puedan diferir en la formulación según los autores y las épocas, muy sencillos de explicar. Para la variante democrática del republicanismo, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía no son compatibles bajo relaciones de dominación. Y ¿qué es la dominación para el republicanismo? La dominación ­–el dominium en la literatura republicana histórica- es por supuesto proteica, pero la forma de regular la propiedad[1] ha sido la cuestión más relevante que ha prevalecido y ha conformado los distintos diseños institucionales que hemos conocido. La “distinción principal” dirá Aristóteles ya hace más de 2300 años, para entender cualquier sociedad, es la que se establece entre ricos y pobres. Y lo que separa a unos y otros en esta distinción fundamental es la propiedad, la cuestión relevante. Entiéndase bien: relevante no quiere dar a entender que me refiero a única. La dominación la ejercen los ricos propietarios sobre todas aquellas personas que no tienen la existencia material garantizada porque no disponen de propiedad. Lo que equivale a decir que en una relación de dominación como la que viven la mayor parte de las personas no ricas, estas no pueden ser libres.

Los grandes ricos, debido a una configuración política de los mercados pro domo sua que este dominio les posibilita, inciden directamente en el imperium, es decir, en la degeneración despótica de las instituciones que podían ser una contención del dominium. No es escasa precisamente la literatura proveniente de los más diversos campos académicos sobre la capacidad de los grandes ricos propietarios para poner a su servicio las instituciones públicas. Lo de las puertas giratorias sería solamente una manifestación de las más visibles, pero tan solo una más.

Informe tras informe constata las inmensas riquezas que de forma constante y creciente está acumulando una ultraminoría de nuestra especie. Por ejemplo el The Wealth Report 2018 que vale la pena consultar. También son conocidos los de Capgemini y los de Oxfam. La tendencia implacable: los ricos incrementan en los últimos años su riqueza, los demás la ven decrecer. Que la crisis ha ido mal a todo el mundo es una broma malintencionada. Solamente un dato entre muchos referido al Reino de España: en los años 2012 y 2013, calificados como los más duros de la crisis económica, la diferencia entre los que ganaban más y los que ganaban menos aumentó. Las grandes diferencias entre las fortunas y la total carencia de las mismas crea algo bien reconocido hasta por las mentes más proclives a justificarlo todo: desigualdad. Pero para el republicanismo democrático hay si cabe algo políticamente más importante: el peligro para la libertad de la mayoría no rica que estas grandes desigualdades suponen.

La propuesta de la renta básica, una asignación monetaria incondicional a toda la población, podría significar una gran medida para la mayor parte de la población no rica. Cierto. Porque esta gran mayoría dispondría de las bases mínimas para la existencia material, condición para ejercer la libertad. Y eso es mucho. Pero, quizás a diferencia de otras interpretaciones, lo que podría esperarse de la renta básica en un mundo como el actual tampoco sea demasiado. Hace unos trece años, antes por tanto de la gran crisis económica y las políticas económicas que atacaron aún más las condiciones de vida de la mayoría no rica, escribía con una amiga y un amigo que ya no está con nosotros:

“¿Qué puede esperarse, en un mundo así, de una propuesta modesta como es la de una renta básica? No mucho, si la renta básica es concebida solamente como un conjunto de medidas contra la pobreza. Menos aún, si es entendida como una dádiva para los desposeídos del primer mundo; o como un amortiguador de la crisis de los Estados de Bienestar europeos.”

Y poco después:

“Ahora bien; una buena renta básica aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los desposeídos más independientes. Más independientes, y por lo mismo, más prontos también a organizarse. Más capaces de resistir a los procesos de desposesión y de forjar autónomamente las bases materiales de su existencia social: (…) y más capaces, también materialmente, de fomentar el asociacionismo y el cooperativismo, de llevar a cabo iniciativas como las de la recuperación de fábricas y empresas abandonadas o echadas a perder por la incuria especulativa de sus propietarios[2]. Más capaces de luchar contra las políticas neoliberales, promotoras de la polarizada desigualdad entre los países ricos y los países pobres, y dentro de cada país, entre los ricos y los pobres.”

Que la renta básica es una propuesta que formaría parte de un conjunto de otras medidas de política económica y social, incluso de la política sin calificativos, se ha repetido muchas veces. Es algo elemental puesto que nadie en su sano juicio pretende que la renta básica puede hacer frente a todas las realidades que, al menos para las personas de izquierda, son muy importantes y decisivas en la configuración de nuestras vidas y existencia. Como ejemplos: el enorme poder de las grandes fortunas y de las transnacionales que atentan a las condiciones de existencia material de toda la población no rica, la acelerada degradación ambiental de nuestro planeta, la política monetaria para embridar al sistema financiero, las condiciones de trabajo asalariado cada vez más literalmente semejantes al “esclavismo a tiempo parcial” de Aristóteles y recuperado por Marx, las condiciones de muchas mujeres en el ámbito público y privado (es decir, no solamente en la vida familiar sino en la empresa privada que, según la perspectiva republicana, nunca ha sido un lugar público) y, para terminar en algún sitio, una realidad política en muchos lugares completamente apartada del laicismo y la existencia de monarquías aún legales.

Detengámonos solamente en una medida para hacer frente a una realidad que configura nuestras vidas. Así, algunos defensores republicanos de la renta básica, la propuesta debe ir acompañada de una renta máxima. Entiéndase bien: no se está diciendo que la renta básica o “va junto a” o no vale la pena, sino que si “va junto a” más interesantes beneficios según la concepción de la libertad histórica republicana democrática puede tener. Renta máxima: a partir de determinada cantidad no se puede ganar más, es decir, 100% de tasa impositiva. Liberales, simpatizantes de izquierda respetuosos del orden existente, técnicos de lo viejo conocido, peritos en legitimación… reaccionan contrariamente ante esta propuesta porque aducen problemas del tipo: la ingeniería fiscal permitirá eludir la medida, se producirá fuga de capitales, no incentivará la iniciativa… Republicanamente las grandes fortunas que por la lógica de las cosas a su dominium agregan el imperium a su conveniencia, son incompatibles con la libertad de la gran mayoría. De ahí precisamente que la neutralidad republicana, a diferencia de la liberal que se conforma con que el estado no tome partido por una concepción determinada de la buena vida en detrimento de las otras que puedan existir, exige acabar con los grandes poderes privados que tienen la capacidad (y la ejercen) de imponer su concepción privada de la buena vida y de disputarle al estado esta prerrogativa. Cierto que lo más frecuente no es que disputen al estado esta imposición del bien privado como público, sino que le dicten lo que debe hacer[3], una muestra de imperium que cualquiera con ojos de ver puede constatar.

Garantizar la existencia material de toda la población, condición para ejercer la libertad, impedir que los grandes poderes privados sean capaces de imponer a su arbitrio los destinos públicos, condición también para ejercer la libertad, y dos medidas para ello: la renta básica incondicional y la renta máxima. No son las únicas medidas para combatir el dominium y el imperium, pues algunas más deberían acompañarlas como, por ejemplo, determinadas propuestas realizadas con acierto provenientes del feminismo, la teoría económica y el ecologismo. Se convendrá, empero, que una renta básica y una renta máxima conformarían una sociedad que, para la inmensa mayoría de la población, sería más libre. Esta es la razón por la que muchas personas creen que vale la pena el esfuerzo de luchar por ello.

[1] La concepción de la propiedad que el liberalismo hizo posteriormente suya (hasta hoy) fue la de William Blackstone: “el dominio exclusivo y despótico que un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con exclusión total de cualquier otro individuo en el universo”. Por supuesto muy diferente a otras concepciones de la propiedad que ya contemplaba el derecho civil romano, por no decir la que tenían republicanos contemporáneos de Blackstone como Maximilien Robespierre.
[2] Este artículo fue escrito para Le Monde Diplomatique del cono sur en unos momentos en que algunas fábricas y empresas argentinas habían sido abandonadas por sus dueños y seguían funcionando por la actividad autogestionaria de sus trabajadores y trabajadoras.
[3] Rutherford Birchard Hayes, 19 presidente de EEUU, dejó dicho al respecto algo difícil de igualar en claridad: “este gobierno es de las empresas, por las empresas y para las empresas”. Actualmente podría decirse lo mismo de muchos gobiernos sin necesidad de forzar un ápice la realidad.

Daniel Raventós
es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018).Fuente:
www.sinpermiso.info, 27-5-18

http://www.sinpermiso.info/textos/renta-basica-y-renta-maxima

EEUU- Dónde están? Incertidumbre sobre el paradero de miles de niños migrantes

mayo 2018 Annur

Se desconoce el paradero de casi 1.500 niños migrantes que cruzaron solos la frontera hacia territorio estadounidense.

VER VIDEO en

https://youtu.be/a4jBNWzHeug

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/163a99e0415ccaae

Arg Democradura- J Natanson

Mayo 2018 - rev Nueva Sociedad

Democraduras

Venezuela y Brasil atraviesan una profunda crisis democrática, especialmente significativa dado que se trata de dos países que durante la etapa del giro a la izquierda funcionaron como ejemplos de transformación social, como el espejo en el que se miraban otras experiencias latinoameriacanas e incluso más allá de la región.
Por Jose Natnson


 Cuando en 1986 se publicó en español Transiciones desde un gobierno autoritario, sus autores, Guillermo O’ Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, señalaron que América Latina estaba dejando atrás el ciclo de las dictaduras para construir «alguna otra cosa incierta», a la que muy cautelosos, y no sin titubeos, se atrevían a llamar democracia. Tres décadas después de la aparición de esa investigación fundamental, cuando algunos problemas parecían resueltos y ciertos debates saldados, verificamos una regresión autoritaria –un angostamiento de los límites democráticos– en diferentes países de la región pero especialmente en dos, en el primer caso como consecuencia de la decadencia de la izquierda y en el segundo como resultado del giro anti-democrático de la derecha.
Veamos.
Caribe
Aunque las raíces del declive venezolano pueden rastrearse tan lejos como hasta el Caracazo de 1989, la última etapa, en particular desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, se caracteriza por el agravamiento del cuadro de recesión económica, carencias sociales, militarización del poder, autoritarismo y corrupción. Pese a ello, el chavismo venía garantizando elecciones razonablemente competitivas, en las que, aunque no se privaba de inclinar la cancha mediante la descarada utilización de todos los recursos estatales a su alcance, existía presencia real de la oposición, y cuyos resultados eran verificados –y avalados– por instituciones como el Centro Carter y las Naciones Unidas.
Si la democracia puede definirse como un tipo de régimen en el que no sólo hay elecciones sino que además no se sabe de antemano quién las va a ganar, si la democracia comporta en definitiva un cierto grado de incertidumbre, Venezuela era todavía una democracia; en el límite, pero democracia al fin. De hecho, al chavismo se lo podía acusar de muchas cosas salvo de no celebrar elecciones y de no reconocer sus derrotas en los pocos casos en los que ocurrían (cosa que por otra parte no hacía la oposición, acostumbrada a denunciar fraude cuando pierde pero no cuando gana, y siempre con el mismo sistema electoral, las mismas urnas electrónicas y el mismo tribunal).
¿Qué sucede hoy? ¿Siguen siendo aceptablemente democráticas las elecciones en Venezuela? La respuesta no puede ser más caribeña: depende. Lo fueron las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 (ganó la oposición) y las regionales de octubre de 2017 (ganó el chavismo), pero no las de la Asamblea Constituyente que se realizaron entre unas y otras, en julio de 2017, bajo un curioso esquema mixto de representación territorial-sectorial que sólo admitía la victoria del oficialismo. Previsiblemente, el resultado no fue la redacción de una nueva Constitución sino la instalación de una instancia suprapoder con facultades de neutralizar a los órganos dominados por la oposición (Asamblea Nacional, Fiscalía General, algunas gobernaciones).
La secuencia ayuda a entender las cosas: tras el sorpresivo triunfo opositor en las parlamentarias de 2015, el chavismo pospuso las siguientes elecciones hasta que encontró una salida con la Constituyente, un año y medio sin comicios durante el cual enfrentó –y derrotó– una amplia movilización popular, aunque al costo de desatar una represión inédita desde su llegada al poder y descender un escalón más en su camino de decadencia. Luego, con la situación relativamente controlada, convocó a las elecciones regionales que venía postergando desde hacía un año y que ganó limpiamente, y ahora adelanta las presidenciales, que tenían que realizarse en diciembre y se pasaron a mayo.
La fórmula podría resumirse así: el chavismo convoca a elecciones cuando cree que las puede ganar, y la oposición sólo las reconoce cuando gana.
Es en este contexto en el que se realizarán las presidenciales del 20 de mayo. Las principales figuras de la oposición, incluyendo sus últimos candidatos a presidente, se encuentran exiliadas (Manuel Rosales), inhabilitadas (Henrique Capriles, Corina Machado) o presas (Leopoldo López). La Mesa de Unidad Democrática, dividida por acoso del chavismo pero sobre todo por su propia incompetencia, la dificultad de sus dirigentes para conectar con las mayorías populares y su incapacidad para construir una salida política, decidió no presentarse, en un nuevo intento, seguramente frustrado, por vaciar de legitimidad los comicios. En disconformidad con la decisión, el ex gobernador Henri Falcón, apoyado por un pequeño grupo de partidos, anunció que enfrentará a Nicolás Maduro, que aparece como el favorito. El signo de la campaña es sin embargo la apatía social, una especie de oscura resignación, junto a una creciente demanda de normalización económica y política.
Trópico
Como se sabe, Dilma Rousseff fue desplazada de su cargo mediante un impeachmentque cumplió prolijamente todos los pasos previstos en la Constitución y fue avalado por la justicia en tres oportunidades, incluyendo el fallo de un Tribunal Supremo integrado en su mayoría por jueces designados por el PT, pero que ocultaba el pequeño detalle de que… no había delito. Asumió el vice, Michel Temer, que se apuró a desplegar un programa en buena medida opuesto al votado en la campaña. Y que hoy, aprovechando las debilidades de una sociedad históricamente poco proclive a expresarse en las calles, la desmovilización del PT y el apoyo cerrado del poder económico y mediático, lidera un gobierno de elite que se sostiene básicamente en su habilidad para manejar el Congreso (Temer es el verdadero Frank Underwood latinoamericano).
Mientras el presidente hacía el trabajo sucio, la justicia avanzaba en la causa del Lava Jato hasta lograr la detención de Lula, primero en todas las encuestas. Aunque es cierto que en el mismo megaproceso judicial han caído dirigentes de diferentes partidos, incluyendo a Eduardo Cunha, responsable del juicio político a Dilma, e importantes empresarios, como Marcelo Odebrecht, lo cierto es que la endeblez de las pruebas contra el ex presidente, sustentadas solo en indicios, sin un solo documento o papel de respaldo, la celeridad del proceso, que avanzó a una velocidad inusitada, y la impunidad de otros políticos, empezando por el mismo Temer, alimentan la idea de proscripción: no es difícil detectar detrás de esta especie de «mani pulite selectivo» los destellos guillotinezcos de la venganza de clase.
Como en Venezuela, parece difícil que los comicios presidenciales alcancen para devolverle a la democracia brasilera la normalidad perdida: el problema de las elecciones con proscripción no es sólo que le impiden a un sector de la población optar libremente, sino que lo empujan a impugnar al sistema como un todo, a menudo mediante estrategias extra-institucionales, vaciando de legitimidad a quien finalmente resulta elegido.
La cuestión militar, felizmente resuelta en otros países, potencia las dificultades. En Venezuela las fuerzas armadas forman parte constitutiva del dispositivo chavista y, convenientemente integradas a los negocios lícitos e ilícitos de la economía rentista, son quienes en buena medida garantizan la continuidad del gobierno. Brasil, en tanto, asiste asombrado a la súbita manía tuitera de sus generales: con la sutileza propia de un adoquín, el jefe del Ejército advirtió sobre los «riesgos de la impunidad» el día anterior al fallo del Tribunal Supremo que tenía que confirmar o rechazar la prisión de Lula.

Regresiones
Venezuela y Brasil atraviesan una profunda crisis democrática, tanto más significativa cuanto que se trata de los países que durante la etapa del giro a la izquierda funcionaron como ejemplos de transformación social, como el espejo en el que se miraban otras experiencias: radicalización con reforma constitucional en el caso del chavismo, conciliación con continuidad institucional en el del lulismo. Por supuesto, no son los únicos lugares donde la democracia se tensa: ¿cómo definir el impeachment impulsado por el fujimorismo contra el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo calificar la decisión de Evo Morales de presionar por un fallo del Tribunal Supremo que lo habilitara para un nuevo mandato… después de perder el plebiscito? ¿Cómo entender la arbitrariedad de la prisión preventiva contra ex funcionarios kirchneristas en Argentina?
Rebobinemos antes de concluir. La democracia puede definirse de mil maneras pero es en esencia un tipo de régimen, un conjunto de reglas y normas que regulan el acceso al poder y su ejercicio, lo que por supuesto implica un piso mínimo de derechos civiles y políticos garantizados (quizás también sociales). Frente a las visiones pavas o antiguas que conciben a la democracia como el sistema que despliega el contenido ideológico favorito de quien formula la definición, la perspectiva procedimental –la democracia como regla– permite incluir dentro de la misma categoría a gobiernos con orientaciones distintas, es decir aceptar la alternancia. Aunque entre la perfecta democracia sueca y «esa otra cosa incierta» descripta pioneramente por O’Donnell hay un mundo de grises, un debate informado exige consensuar una frontera, ponerse de acuerdo en la línea que, de cruzarse, convierte a un gobierno en una no-democracia. La degradación que experimentan Venezuela y Brasil nos lleva a preguntarnos si algunas democracias merecen seguir llamándose de ese modo o si no hemos entrado en una era de democraduras.

(Publicado originalmente en Le Monde Diplomatique- Cono Sur)
http://nuso.org/articulo/democraduras/

lunes, 21 de mayo de 2018

ALatina- El ciclo dependiente cuarenta años después

19-5-18 Pagina de Claudio Katz

El ciclo dependiente cuarenta años después

La teoría de la dependencia afronta otro escenario en América Latina. Los ciclos y crisis impactan sobre una industria debilitada y un consumo fragmentado. La primacía de la exportación agro-minera potencia los desequilibrios en todos los modelos.
La explotación de la fuerza de trabajo ha sido más determinante que la apertura comercial en el contraste con Corea del Sur. La relación con China recrea subordinaciones y no existe el manejo estatal de la renta que se observa en otros países.
La acción geopolítica tiene efectos contradictorios sobre el desarrollo. Clases dominantes, burocracias y gobiernos actúan bajo severos condicionamientos. Una reconsideración general indica cómo renovar y ampliar el dependentismo marxista.

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Arg- O ellos o nosotros - Katz

 20-5-18 Viento Sur
O ellos o nosotros
| Claudio Katz 14/05/2018

Siempre se supo que Macri gobernaba para los ricos y que su modelo económico desembocaría en una gran crisis. La primera afirmación quedó corroborada por la redistribución regresiva del ingreso perpetrada en los últimos dos años. La segunda comenzó a verificarse con la corrida cambiaria de la última semana.
Está temblando un modelo neoliberal asentado en enormes desequilibrios externos y fiscales solventados en el endeudamiento externo. Todos imaginaban que la financiación iba a durar hasta el 2019, pero el fin de la película se adelantó en forma imprevista.
Wall Street anunció en marzo que no aceptaría más bonos. El gobierno maquilló esa negativa con un engañoso anuncio de mayor financiación local, pero los capitales golondrinas captaron de inmediato el significado de la sequía. Emitieron la orden de retirada y comenzó la incontenible trepada del dólar.
La financiación se ha cortado por la desconfianza de los acreedores. Intuyen la futura insolvencia del deudor argentino. Por eso las calificadoras bajaron el pulgar, el riesgo país aumenta y la prensa especializada describe escenarios dramáticos.

Una consecuencia del modelo
La fragilidad del sector externo es el punto más crítico del esquema actual. Los bancos retiraron los créditos, al notar la ausencia futura de los dólares requeridos para sostener el endeudamiento. Observan la magnitud el déficit externo, que el año pasado superó los 30.000 millones de dólares (5% del PBI).
El bache central se localiza en la esfera comercial. El desbalance de 8.000 millones del 2017 marcó un récord histórico. Ha sido generado por las fantasías librecambistas del oficialismo, que abrió el mercado a todo tipo de importaciones.
Mientras que en el mundo impera una dura negociación de aranceles, Argentina se ha transformado en un depósito de cualquier excedente. Para colmo, las exportaciones se frenaron, como resultado de la apreciación cambiaria que genera el ingreso de capitales especulativos.
El desbalance en el plano financiero es igualmente dramático. La salida de divisas acompaña a Macri, desde el mismo día que imaginó la incumplida la lluvia de dólares. La remisión de utilidades ha sido tan sostenida como la fuga de capital. Ese drenaje es congruente con la eliminación de todas las regulaciones a la actividad financiera. Los controles en el circuito bancario fueron desarmados, con la misma velocidad que se anuló la obligación de liquidar los dólares de la exportación.
En la misma desprotección se asienta la bicicleta financiera de los fondos que lucran con la altísima rentabilidad de los bonos argentinos. Las delirantes tasas de interés que aseguran ese negocio, destruyen cualquier posibilidad de inversión productiva. El malgasto de las divisas ha incluido también el despilfarro en el turismo. Esa hemorragia fue incluso celebrada por varios ministros como un maravilloso ejemplo del “retorno al mundo”.
El agujero fiscal es también impresionante. Bordea el típico porcentual del PBI (6-7%), que tradicionalmente precipitó los grandes terremotos de la economía. El gobierno resalta la envergadura de ese déficit y lo presenta como un mal ajeno que debe administrar. Con gestos de compasión, afirma que debió mantenerlo para financiar el gradualismo y evitar mayores sacrificios de la población. Pero oculta que todos los desequilibrios derivan del modelo en curso y no del ritmo de su implementación. Si hubiera apretado el acelerador del mismo combo neoliberal, el desastre sería infinitamente superior.
Cuando los funcionarios despotrican contra la costumbre de gastar más de lo que ingresa, ubican todas las desgracias en el primer componente. Olvidan que la recaudación quedó seriamente afectada por la reducción de los impuestos a los exportadores. Tampoco señalan que el blanqueo no revirtió la evasión. Argentina figura en el quinto puesto mundial de ese flagelo y la moda oficial de proteger patrimonios en empresas “off shore”, ilustra quiénes son promotores de la estafa al fisco.
El oficialismo también olvida registrar cómo el pago de intereses deteriora las cuentas públicas. Sólo en el primer trimestre del año esas erogaciones aumentaron 107% en comparación al 2017.
El modelo neoliberal genera descalabros que el gobierno no puede encarrilar. El desastre en curso no fue desencadenado por la nueva alícuota del impuesto a las ganancias sobre los títulos, sino por la aterrorizada reacción del Banco Central. En pocos días incineró varios manuales de política monetaria. Recurrió a todos los instrumentos conocidos para frenar una corrida y no acertó con ninguno. Incluso apeló infructuosamente al judicializado mercado del dólar futuro.
La crisis internacional no ha sido hasta ahora determinante del temblor argentino. Persiste la liquidez financiera global y no se observa una repetición del efecto tequila sobre las economías latinoamericanas. Ciertamente el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos altera todas las inversiones en el mundo. Pero ese reacomodamiento tiene por el momento efectos acotados.
Si Argentina padece ese resfrío como una grave neumonía es por el pánico que suscita su alocado endeudamiento. El país encabezó en los últimos dos años el tablero mundial de colocación de títulos y es penalizado por ese descontrol. Pero el grueso de la población no es responsable de ese desmanejo. El culpable es Macri y los CEOs de su gabinete, que engrosaron los caudales de la clase capitalista. Para ocultar ese delito los comunicadores del oficialismo achacan a todos los argentinos, un desfalco consumado por esa minoría de privilegiados.

Retorno al mismo fondo
Las cifras de mayo retratan la gravedad de la crisis: devaluación del 20%, tasas de interés del 40%, pérdidas de 8.000 millones de dólares de las reservas. El temor por un dramático desenlace se acrecienta, con algunos síntomas de traslado de esa tensión a los bancos.
El gobierno se burla de la población emitiendo mensajes de tranquilidad. Pretende crear la ilusión de una simple corrección de la flotación cambiaria, sin consecuencia alguna. Todavía repite que el nivel de endeudamiento es bajo en comparación al PBI, como si esos genéricos porcentuales (y no la capacidad efectiva de pago del deudor) determinaran la actitud de los acreedores.
Mientras el discurso oficial minimiza la crisis, los financistas del exterior no cuidan las formas, en sus convocatorias “a escapar de la Argentina” (Forbes). La tranquilidad del gobierno es una burda estrategia, para evitar el despertar colectivo frente a la grave situación.
La decisión de volver al FMI confirma el dramatismo de la coyuntura. Es una medida desesperada que sorprendió a los propios popes del Fondo. Ilustra el pánico de un gobierno que busca blindajes a cualquier precio para frenar la corrida. La decisión fue tan imprevista, que anunciaron el retorno sin programa, ni cambio de ministro.
Los funcionarios peregrinan por Washington desconociendo las condiciones de los préstamos que mendigan. En el contexto de bajas tasas internacionales y cierta recuperación de la crisis del 2008, muy pocos países recurren al FMI. Los que eligen esa salida no tienen otro refugio.
Es totalmente ridículo imaginar la existencia de otro FMI. Esa institución es manejada por los mismos expertos en demoler conquistas populares. Los países atados a su tiranía atraviesan por el peor de los mundos. Es el caso de Grecia que no pudo desembarazarse de la auditoría del Fondo.
Los helenos ya padecieron cuarto rescates de sus bancos y tres agudas recesiones que retrotrajeron un 25% la renta nacional. La tasa de desempleo bordea ese mismo porcentaje, la deuda pública ha trepado al 180% de PBI y las pensiones sufrieron 14 recortes.
Argentina afronta las mismas perspectivas. El FMI será durísimo con el país. De las tres variantes crediticias que tiene disponibles sólo ofreció la versión más intragable. Descartó la línea flexible (que recibieron Colombia y México) y la modalidad de precaución (utilizada por Macedonia y Marruecos). A la Argentina sólo le otorgarán el conocido stand by por un monto aún desconocido.
Los 30.000 millones dólares que pide el gobierno superan todo lo asignado a los 13 países con planes de estabilización. La suma final llegará igualmente a cuenta gotas, para evitar su rápida conversión en divisas fugadas al exterior.
Cada porción utilizada de ese crédito será rigurosamente auditada por los enviados del Fondo. Esa revisión simboliza el brutal retorno a los años 90. Los expertos del FMI volverán a desembarcar trimestralmente para constatar su insatisfacción y exigir mayores ajustes.
No hay ningún misterio en los reclamos inmediatos de esa delegación. En diciembre pasado elaboraron un detallado ultimátum de reducción del gasto social, con mayor flexibilidad laboral, reforma previsional y despidos de empleados públicos. La paulatina privatización del ANSES (Administración nacional de Seguridad Social) y el drástico recorte de los presupuestos provinciales figuran al tope de esa agenda. En las conversaciones actuales habrían añadido un nuevo blanqueo y sobre todo una mega-devaluación con recesión que permita efectivizar la mejora real del tipo de cambio.
El ritmo y la aplicación de ese paquete dependerán de la intensidad de la crisis, que será testeada el próximo martes. Ese día el Banco Central afronta un enorme vencimiento de títulos (LEBACS). El volumen total de esos bonos equivale al monto de las reservas y al total del circulante. Si una parte de sus tenedores resuelve liquidarlos para refugiarse en el dólar, la corrida puede alcanzar otro pico de tensión.
Si por el contrario esa emergencia queda superada con la aterradora tentación de cobrar un 40% de interés, las mismas disyuntivas reaparecerán en los próximos meses. Como la cotización de todos los bonos argentinos se encuentra en franca picada, ya es evidente la gran desvalorización de activos que sufrirán las instituciones oficiales (empezando por el ANSES), que atesoran esos títulos.
En cualquier escenario el pacto firmado con el diablo del FMI empuja a la economía argentina al precipicio. Ya se avizora el círculo vicioso de ajustes que contraen la actividad productiva, deterioran la recaudación, potencian el déficit fiscal y desembocan en nuevos ajustes. El espejo de Grecia está a la vista, con eventuales elementos de estanflación.
Los anticipos de ese cuadro despuntan en el nuevo piso de inflación anual del 30%. Si la tasa de interés no baja rápidamente la recesión será inevitable. El gobierno cortó 30.000 millones de pesos de la obra pública, pero el FMI exigirá una paralización total. En los próximos meses nadie recordará la ficción estadística de menor pobreza que difundió el gobierno. Basta observar la pavorosa expansión de la mendicidad en las calles, para observar cuál es el panorama social que afronta el país.

Reaccionar a tiempo
El manejo de la bomba que ha plantado el gobierno dependerá de la memoria y capacidad de reacción popular. El rechazo total al acuerdo con el FMI fue anticipado por las encuestas previas a la negociación. Entre el 75% de los consultados que rechaza el convenio figura la gran mayoría de los votantes del Cambiemos.
El retorno al FMI tiene un significado emotivo enorme. Recrea todo lo sucedido en el 2001. Por eso ya se difunden tantas analogías con el blindaje De la Rúa. Es imprescindible trasformar ese bagaje en rechazo activo, movilización y propuestas alternativas.
El punto de partida es ganar la calle para generar una drástica reversión del curso actual. El clima de tácita aceptación de las desregulaciones -que propagan los grandes medios de comunicación- desguarnece a la economía. Para evitar el agravamiento de la crisis hay que reintroducir todas las regulaciones eliminadas por oficialismo. Son medidas básicas frente a la emergencia.
El control de cambios es tan urgente como la prohibición al libre ingreso y salida de los capitales. Los depósitos de los pequeños ahorristas deben ser protegidos, mientras los grandes bancos y tenedores cargan con las pérdidas de los bonos desvalorizados. Hay que erradicar todos los mitos sobre la adversidad de un “cepo cambiario”. Los dólares no son un bien privado de libre disponibilidad. Sin controles a su atesoramiento y circulación no hay forma de lidiar con las corridas.
En lugar de volver al FMI corresponde investigar la deuda contraída en los últimos años y enjuiciar a los responsables de esa aventura. Caputo, Dujovne y Sturzzeneger deberían estar desfilando por los Tribunales. Mientras se revisa el estado real de las cuentas públicas hay que frenar la hemorragia de divisas que impone el pago de los intereses. La crisis actual empezó con el sometimiento a los fondos buitres y no puede resolverse sin ajustar cuentas con los depredadores del tesoro nacional. El manejo estatal del sistema financiero es una condición para emerger de la delicada situación actual.
Sólo por ese rumbo el costo de la crisis recaerá sobre sus causantes y no sobre la mayoría popular. Ese camino requiere una frontal batalla de ideas con todos los economistas de la derecha que han copado la televisión. Ensalzan el acuerdo con el FMI como una nueva justificación del mega-ajuste y lo presentarán como una necesidad para “cumplir con el mundo”. El mismo atropello que el oficialismo preparaba para después del 2019 será expuesto como un acto de responsabilidad hacia los acreedores.
Pero la factibilidad de esa maniobra se ha reducido drásticamente. El escenario político ha cambiado y las elecciones han quedado situadas muy lejos de la urgencia actual. Macri intentará golpear con el garrote y la zanahoria. Prepara el veto a la ley de restricción al tarifazo y buscará copiar el modelo brasileño de gobierno para-institucional.
Pero es consciente de su debilidad y recurrirá a los gobernadores y al PJ para lograr el mismo aval hacia el FMI, que obtuvieron para concertar el acuerdo con los fondos buitres. Sus socios ya le tendieron una mano en el Congreso al negarse a repudiar el retorno al FMI, aprobando una ley de liberalización del mercado de capitales en plena tormenta financiera.
La intensidad de la movilización definirá quién gana la partida. En pleno desconcierto popular frente al temblor financiero, esa reacción es por ahora limitada. Está pendiente la reaparición de gran fuerza lograda en calles durante diciembre. Esa potencia de la lucha podría recuperarse en las batallas contra el tarifazo y el techo a las paritarias. Pero el rechazo al FMI ocupa ahora el primer lugar de cualquier demanda.
Es urgente frenar la mayor agresión contra las conquistas populares de los últimos años. El tan anunciado mega-ajuste finalmente se avecina. Frente a la artillería que prepara el gobierno, el FMI y los capitalistas hay que erigir las defensas populares a toda velocidad. Como ya ocurrió en el pasado nuevamente son ellos o nosotros.

13-5-2018
Claudio Katz, es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

http://vientosur.info/spip.php?article13809

Arg- Grave situación de Abuso Sexual Infantil en la CABA

20-5-18 Politicas de Infancia

Grave situación de Abuso Sexual Infantil en la CABA*
José **Machain*

La CABA es el distrito con mayor cantidad de denuncias de *Abuso Sexual
Infantil*, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
que cuenta con un programa específico, creado en 2006, que brinda atención
a las víctimas de abuso o malos tratos.

De las víctimas atendidas (a febrero de 2018), *el 42% es de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires*, mientras que el 40% de los casos provienen de la
Provincia de Buenos Aires.


El años pasado decíamos *#LxsPibesTenianRazón*, ya que una de las demandas
de lxs estudiantes secundarixs que impulsaron las *#Tomas* era la plena
implementación de Educación Sexual Integral
<http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/educacionsexual>,
consagrada por la Ley 2110
<http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley2110.pdf> sancionada en
el año 2006 por la Legislatura CABA.

Pero *el GCABA del #PRO tanto con #Macri como ahora con #Larreta se niegan
a poner en marcha e implementarla en todas las escuelas públicas o privadas*.

En esa línea es que la respuesta de de la Ministra Acuña ante las tomas fue
solo prometerles “Talleres” excepcionales, que para nada dan cumplimiento a
sus obligaciones como máxima responsable de la Educación en CABA.

En la línea nacional 0800-222-1717 fueron atendidas 3.049 víctimas de abuso
sexual (incluyendo adultos y niños, niñas y adolescentes), hubo 2..842 casos
y se recibieron 5.706 llamadas.

Del total de denuncias recibidas para atención a todos los delitos contra
la integridad sexual, *el 69%* (más de 2.100 casos) *corresponde a niños,
niñas y adolescentes*. De ese total, *el 70%* de las víctimas menores de 18
años *son niñas*. El rango etario con más víctimas es el de 12 a 17 años.


Del relevamiento puede advertirse que la mayoría de las NNyA víctimas
atendidas sufrió “tocamiento sexual”, mientras que la segunda forma
pertenece a víctimas de “violaciones por cualquier vía”.

Además, *el 64% de los abusadores son personas vinculadas al ámbito
familiar de la víctima* (padre, padrastro, tío, abuelo, entre otros).
Toda esa información confirma la relevante importancia de la *EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL como forma preventiva* de este flagelo.

Es responsabilidad de la Ministra de Educación, *​​SOLEDAD ACUÑA,* y del Jefe de Gobierno
*​​HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA* que nuestrxs pibes dejen de seguir siendo
expuestos a tanto horror y ​que les ​violen sus #derechos.


*A LXS NIÑXS #NO HAY QUE AMARLOS, SINO QUE SE LES ​GARANTICEN SUS*
*DERECHOS.*
*José **Machain*
* * Miembro del Observatorio Derechos de Infancia EDUARDO BUSTELO *

<https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimwbkQD0K2ukNwstGPWQNDWj6FjbgYAbKayIZsjlWdh_SA4VQmpUj_kcwWRyQm8ogV576zGGddW1K2W0eGi7kbl7x_9sVsTqn6Xjbk6t-IhETMDb8EYzAfobfb_W8dmqsniUz60meE4EZ3/s1600/nina_muneca-300x200.jpg>

viernes, 18 de mayo de 2018

Mexico- Cada dia 4 niñxs desaparecen en Mexico

15-2-18 Contralinea.com.mx - Periodismo de Investigacion

Estado mexicano, incapaz de proteger la vida de niños y adolescentes

AUTOR: 

Diariamente, en el país se registran cuatro desapariciones y tres asesinatos de menores de edad, desde que fue declarada la “guerra” contra el narcotráfico. En 9 años se cometieron más de 11 mil homicidios contra la población infantil y adolescente. Rebasado e ineficiente, el sistema de protección gubernamental


La imagen de Nadia, una pequeña de 6 años, circula en el portal de la Alerta Amber. Suma 13 días en calidad de desaparecida. Estaba acompañada de su hermana María, apenas 4 años mayor que ella, de quien tampoco se tiene rastro. Ambas niñas dejaron de ser vistas desde el 30 de enero pasado. Se “considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, advierte el boletín de búsqueda AAMX952.

La violencia en México ha provocado que diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos; mientras, otros tres son asesinados, documenta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Es el México en el que el Estado ha abandonado a la infancia y adolescencia, pese a los compromisos internacionales asumidos y los pactos institucionales plasmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicen defensores de la infancia.

El año que recién concluyó, “México se enfrentó a la emergencia nacional”, indica la Redim, en su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México. Y es que de acuerdo con su análisis y documentación, 2017 fue el de “mayor vulnerabilidad” para los niños y adolescentes, en tanto que el Estado no dio avances significativos para erradicar la violencia en su contra.

“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona el documento.

“Tenemos una realidad muy compleja, somos un país muy grande con muchos Méxicos en perspectiva de la desigualdad y con un gran rezago institucional en el marco de la protección de derechos de niños y niñas”, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

Esta violencia se desató a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, desatada por el presidente panista Felipe Calderón. Las cifras de la Redim exponen que de 2007 a 2016, los homicidios contra la población infantil y adolescente suman 11 mil 749 casos. Tan sólo en 2016, 1 mil 126 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, a nivel nacional. Los principales estados donde mayor violencia se registra son: Estado de México, Guerrero y Chihuahua, documentó la organización con base en las Estadísticas de mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Un ejemplo de la violencia en contra de los niños se muestra con el caso de Lupita, a quien en redes sociales se le conoció como “la niña de las calcetitas rojas”. Las investigaciones de la periodista Frida Guerrea, quien se ha encargado de documentar el mapa de feminicidios en el país, reveló que la pequeña, de 5 años de edad, había sido asesinada por su padrastro, con la complicidad de su madre.


Lupita nació el 16 de enero de 2013 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Era la cuarta hija de “Monse”… “proveniente de una madre con problemas de drogadicción en un mundo donde la pobreza y la dejadez institucional se palpan a diario sin buscar realmente la manera de atender tan grave problema”, describe la periodista en su blog.

Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
Ley, inhabilitada

El 4 de diciembre de 2014, se echó a andar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A la fecha, representantes de diversas organizaciones critican la falta de acciones para hacer efectiva la protección a este sector.

A partir de entonces, y con dicha ley, pareciera que hay un sistema de protección a los derechos de la niñez y los adolescentes; pero “el contexto indica que este sistema no está siendo efectivo aún, es muy nuevo, y sin duda está haciendo un trabajo importante, pero todavía hace falta fuerza y voluntad política importante para garantizar una protección integral como lo refiere la ley”, dice Nancy Ramírez Fernández, coordinadora de incidencia política en Save de Children México.

A través de ésta, se obliga a crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados”.

El primer derecho que marca la Ley en su artículo 13 es el del “Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”; en tanto que en su párrafo VIII se estipula el “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”. “el contexto que les estamos dando sin duda, no es un contexto de protección, es un contexto que responde a la violencia generalizada que se vive en el país”, dice la integrante de Save de Children.

La misma ley, establece la creación de una Procuraduría Federal de Protección, que va a estar dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y procuradurías locales de cada estado. El primer problema, dice Muñoz López, de la ODDI, ha sido que éstasEl artículo 123 de la Ley indica que para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán, entre otros procedimientos, “Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados” (párrafo III). Así como: “Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección” (párrafo IV); y “dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados” (párrafo VI).
Mecanismos tardíos

Uno de los casos exhibidos en medios de comunicación y redes sociales, en fechas recientes, fue la desaparición del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue “encontrado” 5 días después de que se había registrado en un video su detención por parte de policías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

La presión social promovió la búsqueda del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E Schulz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero la Alerta Amber se emitió 5 días más tarde de su desaparición.

Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal y quien lleva el caso del joven practicante de taekwondo, dice en entrevista que el caso de Marco Antonio ha sido difícil de acompañar porque las autoridades han venido minimizando el tema, aunque “hay un contexto de desaparición forzada y criminalización de juventudes que no está siendo considerado”.

Agrega que culpabilizar a las víctimas se ha vuelto en una política gubernamental. La relevancia en este caso es que él apareció, dice, aunque sabemos que esto fue gracias a la presión social. Y esto pudo facilitar que fuera localizado con vida.

El abogado y su equipo, relatan, han tenido dos fases de tratamiento por parte de la Procuraduría. Mientras él estuvo desaparecido e, incluso, cuando el caso estaba en la Fiscalía Antisecuestros, la clasificación legal era de “persona extraviada”, aunque se sabía de la participación de agentes del Estado.

En el segundo momento, expone, una vez que ya fue localizado, “la lógica de seguir mediatizando el caso, de presentar elementos de la investigación de manera sesgada, nos parece también muy preocupante: se va a ir construyendo una narrativa para culpabilizar a Marco Antonio, exonerar toda posible participación de autoridades y relativizar que esto haya sido un caso de desaparición forzada”. entren en funcionamiento. Se tardaron un par de años para echarlas a andar. Y las que entraron, “no sé si es falta de capacitación o recursos pero no están haciendo el trabajo que deberían de hacer”, comenta.

Todo adolescente víctima de delito tiene una serie de derechos de protección a la honra, el nombre, a su propia imagen, “que no están siendo respetadas por la Procuraduría en esta reiterada mediatización o exposición pública de su imagen e incluso en contra de una resolución de un juez de amparo”.

“No tuvimos una actividad de la Procuraduría en Protección de la Infancia, que debería ser algo relevante a la luz de la promulgación de la Ley General sobre Desaparición Forzada, que establece obligaciones para distintas autoridades y una de ellas tiene que ver con la coordinación institucional, con los mecanismos de búsqueda y localización y con garantizar que estas denuncias y las subsecuentes búsquedas sean de manera inmediata sin ningún tipo de obstáculos, como sucedió en el caso de Marco Antonio”, explica Hernández León.

El abogado recuerda que parte de la dificultad de la familia radicó en que, incluso, teniendo datos de qué policías lo habían detenido, la agencia del Ministerio Público les comentó que tenían que esperar 48 horas para recibir una denuncia, lo cual supone una violación a la Ley General de Desaparición Forzada e incluso a las sentencias en las que México ha sido sentenciado en la Corte Interameriana.

Otro error de la Procuraduría, dice el abogado, fue señalar que emitir la Alerta Amber podía poner en riesgo a Marco Antonio, que fue la manifestación que le hicieron a la familia y por eso no se activó en lo inmediato sino ya que existía presión inmediata de localización.

“Nos parece que esto también es una de las deficiencias estructurales que da cuenta del tratamiento inadecuado en los casos de desaparición forzada, es decir que las autoridades siguen desconociendo sus obligaciones legales y constitucionales; segundo, teniendo un trato muy indolente hacia las víctimas e incluso revictimizante, que generan obstáculos innecesarios y configuran afectaciones para acceder a la justicia. Entonces, el tema de que no se haya activado la alerta con la debida diligencia supone que la búsqueda fue obstaculizada.”

El tema de criminalización es algo más sistémico en la práctica de las corporaciones policiacas hacia los jóvenes, acusa. “En los últimos 5 años, justamente, 7 mil menores de 18 años han desaparecido y nos parece que tiene esto tiene un vínculo directo con la política de seguridad y las consecuencias que ha tenido la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como la política de combate al narcotráfico, la estrategia desarrollada por el gobierno federal en los últimos 10 años, vinculada a otros factores que son parte de la violencia hacia este sector de la población”.
Inequidad social

Otro de los aspectos que destacan los especialistas, así como el Balance Anual de la Redim, es la inequidad social en que se desenvuelve este sector de la población mexicana. Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en el país, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza, durante 2016. De acuerdo con las estratificaciones de pobreza que se han evaluado oficialmente, el 51.1 por ciento de la población de entre 0 y 17 años era pobre; el 42.1 por ciento en pobreza moderada y el 9 por ciento en pobreza extrema.


Las cifras de Conapo indican que entre 2014 y 2016, a nivel nacional se observa una disminución de 2.8 puntos porcentuales de la población infantil y adolescente en condición de pobreza. Sin embargo, el porcentaje de población de 0 a 17 años en condición de pobreza extrema o moderada se incrementó en seis entidades (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Ciudad de México) en el mismo lapso de tiempo.

Contralínea solicitó entrevista con Enrique Guerra García, titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Unidad de Comunicación Social del DIF. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/02/15/estado-mexicano-incapaz-proteger-la-vida-ninos-adolescentes/

2017 Un año de claroscuros en los derechos humanos de América Latina

diciembre 2017 Sputnik News

Un año de claroscuros en los derechos humanos de América Latina

MONTEVIDEO (Sputnik) — El 2017 fue un año marcado en América Latina por el avance de procesos represivos ligados a políticas de seguridad en Argentina, por el asesinato de líderes sociales en Colombia y, sobre todo, por la salida masiva de la sociedad civil a las calles para reclamar derechos, según expertos consultados por Sputnik.
"Es difícil hacer el balance de manera positiva, porque el panorama en la región fue claramente regresivo en materia de derechos humanos", dijo a Sputnik la directora de la argentina Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Sandra Raggio.
Una victoria en materia de DDHH fue la sentencia del histórico juicio a los responsables del mayor centro clandestino de detención y tortura que funcionó en Argentina durante la última dictadura (1976-1983), la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

"Ha sido un paso muy importante, sobre todo en un contexto del país complejo, con el recrudecimiento de narrativas negacionistas o relativistas del genocidio de la dictadura y del cuestionamiento al proceso de justicia", señaló Raggio.

Tras cinco años de audiencia, el 29 de noviembre, se llegó a 54 sentencias por delitos cometidos contra 789 víctimas, con penas de entre ocho y 25 años de prisión y solo seis absoluciones.
"La sentencia avanzó en el esclarecimiento y condena de otras responsabilidades, como los pilotos que participaron en los vuelos de la muerte (…) se logró probar judicialmente su existencia, nadie puede seguir dudando", añadió Raggio, especializada en ciencias sociales y profesora de la Universidad de La Plata.
El colectivo Abuelas Plaza de Mayo, además de cumplir 40 años de trabajo buscando a nietos e hijos de personas desaparecidas en la dictadura, dio con el paradero de la nieta número 127 y alcanzó en 2017 a restituir la identidad de seis personas.
La seguridad
En 2017 dos sucesos pusieron en primera plana a las comunidades mapuches del sur argentino, cuando dos jóvenes terminaron muertos en operativos que involucraron a la Gendarmería.

Santiago Maldonado, un joven artesano argentino, desapareció en septiembre durante una represión de la Gendarmería contra una comunidad mapuche y fue hallado casi tres meses después en el río Chubut, en la austral Patagonia argentina.

La autopsia determinó que se había ahogado.
También acaparó los medios en los últimos meses la comunidad Lafken Winkul Mapu, que ocupó un parque nacional situado en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en la Patagonia, y en un operativo de Gendarmería contra esa ocupación, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel, de 27 años.
"Las dos muertes que se produjeron en la Patagonia en el marco de las acciones represivas a la comunidad mapuche y sus reclamos territoriales tiene su correlato en la militarización de la Araucanía chilena y la criminalización de los pueblos originarios de la región", opinó Raggio.
Ambos casos tuvieron repercusión internacional  y las personas salieron masivamente a las calles a reclamar que se supiera la verdad sobre la muerte de ambos jóvenes.
Derechos de las mujeres en 2017
En América Latina y el Caribe al menos 12 mujeres son asesinadas cada día por el simple hecho de ser mujeres, según un estudio de 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Este año se realizó por primera vez el Paro Internacional de Mujeres el 8 de Marzo, cuando millones de personas de 55 países del mundo se adhirieron a la primera huelga global para protestar contra la desigualdad y la violencia de género.
"Son movimientos que desde abajo activan para la democratización de las sociedades y renuevan la agenda en materia de derechos humanos y también sus repertorios de acción", opinó Raggio.
Femicidios en ALatina
El 2017 también estuvo marcado por la avalancha de denuncias en EEUU sobre abusos y acoso sexual a las mujeres en la industria del cine, el espectáculo, la política y las grandes empresas.


Fiscalía de Ecuador investiga 74 casos más de abuso sexual a menores en colegiosorias.
En Chile, la presidenta Michelle Bachelet promulgó en septiembre una ley que despenaliza el aborto en tres causales, después de una larga tramitación legislativa.
En Uruguay se sancionó una ley contra la violencia de género, que establece más políticas de prevención y atención, en un país donde siete de cada 10 mujeres aseguran haber sufrido violencia de género en algún momento de sus vidas.
Menores- 
Este año estuvo marcado también por casos que tuvieron como protagonistas a los niños.
"Si bien en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, e incluso eso se ha expresado en el plexo normativo, lo cierto es que las políticas públicas no han acompañado la letra de la ley", opinó Raggio.
Ecuador 74 casos de ASI en colegios 
En Ecuador, se conoció este año que 100 niños fueron abusados en un colegio público de Guayaquil (oeste) y al menos 84 en otro de Quito, y solo con estos casos masivos, más uno ocurrido en una academia de ballet, sumaban 327 víctimas.
Al momento se conocen, según la fiscalía, 4.500 denuncias de abusos a menores de edad, de los cuales 717 ocurrieron en el sistema educativo, aunque el número real sería mayor.
En marzo de este año, en Guatemala, un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio rural de San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital guatemalteca, provocó el fallecimiento de 41 adolescentes.
"No ha habido una inversión sostenida ni la creación de dispositivos eficaces que protejan los derechos de las infancias, por el contrario, siguen siendo los más castigados", dijo la experta.
Derechos de los migrantes
Los derechos de los migrantes dieron varios pasos atrás por las medidas del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el ingreso de extranjeros, el desmantelamiento de programas para regularizar a residentes y su decisión de construir un muro en la frontera con México.
"Trump solo ha profundizado la criminalización del migrante y lo ha hecho con un discurso muy agresivo", señaló Raggio.
En su opinión, el migrante es tratado cada vez más como un sujeto que atenta contra la seguridad  y los derechos de los nacionales, y esta estigmatización es la base de su persecución.
2017 Año en que se debilitaron los derechos de migrantes en America
El vicepresidente del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, Pablo Ceriani, dijo a esta agencia que “la región sudamericana este año ha tenido varios desafíos en materia de derechos humanos: la reforma por decreto y a través de los vetos de la nueva ley migratoria brasileña por el actual Gobierno, el caso de Argentina y el desplazamiento de venezolanos”.
Para Ceriani la región está enfrentando desafíos novedosos a partir de una serie de reformas, “como ha pasado en Brasil con el golpe de Estado o en Argentina, que han impactado seriamente en derechos laborales, sociales y civiles como la libertad de expresión y el ejercicio pacífico de la protesta”.
El año cerró con el indulto concedido este mes al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) quien cumplía pena de 25 años por 25 asesinatos cometidos por un escuadrón militar que actuó bajo sus órdenes en los años 90.
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