jueves, 11 de julio de 2013

Brasil- Programa Postdoctoral de Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

11-7-13 Politicas de Infancia

PROGRAMA POSTDOCTORAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD
Inscripciones abiertas para Ingreso de nuevos participantes
São Paulo, Brasil, 14 al 18 de Octubre de 2013

Instituciones oferentes
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza CINDE - Universidad de Manizales – Colombia
Pontificia Universidade Católica de São Paulo – Brasil

Institución que avala el Programa postdoctoral en América Latina
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO

Instituciones y redes cooperantes
Grupo de Trabajo CLACSO “Juventudes, Infancias: Políticas, Culturas e Instituciones Socialesâ€
Red de Posgrados en Infancia y Juventud - RedINJU
Flacso Argentina y Brasil
El Colegio de la Frontera Norte de México - COLEF
Universidad Católica Silva Henríquez de Chile-Centro de Juventud (CEJU)

Informes:
Teléfonos: (57) 3147711516 – (57) 3128668057 – (57) 3006132728 – (57) 3128324981
Correos electrónicos:
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
doctoradoumanizales@cinde.org.co
siborelli@gmail.com
pvommaro@clacso.edu.ar
saforcada@clacso.edu.ar

Dirigido a:
Participan en el Programa doctores y doctoras de cualquier campo de las ciencias sociales y de las humanidades con interés en aportar a la comprensión de los campos de la niñez y la juventud como objetos transdisciplinares de conocimiento; desde la reflexión
crítica, el debate de las principales teorías científicas, políticas y prácticas en niñez y juventud del continente.

Compromisos de participación
La participación en el Programa Postdoctoral de Investigación implica la realización de:
Investigación individual o colectiva: socializada al Comité académico del Programa, con interlocución de un par académico experto en el tema, seleccionado por el o la participante según su interés.
Participación en cuatro Seminarios Internacionales, en el lapso máximo de tres años.
Publicación de un Libro individual o un capítulo en un libro colectivo, con evaluación externa.
Publicación de un Artículo como resultado de la ponencia realizada en una de las sesiones presenciales del Programa.

Cronograma
Convocatoria: Mayo 15  – Julio 15  de 2013
Inscripciones: Julio 15 al 30 de 2013
Selección de postulaciones: Agosto 1 al 30 de 2013
Matrículas: Septiembre 1 al 15 de 2013

Certificación
Una vez culminado el proceso de formación, las y los participantes recibirán un Certificado expedido por El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza CINDE - Universidad de Manizales – Colombia y La Pontificia Universidad Católica de São
Paulo-Brasil con el aval del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO.

Inscripciones
Toda persona aspirante al Programa Postdoctoral deberá allegar por medio electrónico a la Secretaría técnica:
Formulario de pre-inscripción debidamente diligenciado.
Título de Doctorado escaneado.
Soporte escaneado y legible de consignación por el valor de su pre-inscripción
Formulación del proyecto de Investigación

La información y documentación requerida deberá ser enviada a la Secretaría técnica del Programa Postdoctoral en Colombia, al correo electrónico: postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co a
Alexandra Agudelo López, Asistente del Programa.

Alexandra Agudelo López
Asistente
Programa Postdoctoral de Investigación en Ciencias Sociales, NIñez y Juventud

Archivos adjuntos de Pablo V.
Archivo 3 de 3
Plegable_PostdoctoradoV2-1.pdf
Postdoctorado3.pdf
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Paraguay- Sojeros brasileños arrasan con parques nacionales en Paraguay -

11-7-13 farmlandgrab.org

6-6-2013, El Mundo

La indignación ganó a varios grupos de campesinos que, cansados de tanta desidia gubernamental, denunciaron en Radio Ñandutí los diferentes atropellos que sufren algunos parques nacionales del Paraguay a manos de productores sojeros, algunos de estos de nacionalidad brasileña.
 El programa radial 'Made in Paraguay' fue el sitio de denuncia de la desaparición de un parque nacional de 2.000 hectáreas, denominado Yacui. Son los mismos indignados que informaron –en formato de denuncia- que el parque Ñacunday está siendo invadido y depredado por los productores de soja, que avanzan sobre los montes naturales.
 Los sojeros han actuado hasta el momento con total impunidad, y la inacción es el consentimiento de las autoridades pertinentes en la zona del Alto Paraná.
 La Corte Suprema de Justicia aprobó que las tierras del Ñacunday fueran distribuidas a colonos de origen brasileño, durante el gobierno militar de Stroessner, y a partir de allí comenzó la depredación de las 272.000 hectáreas. Uno de los campesinos, Federico Ayala, dijo a Radio Ñandutí que dos Parques Nacionales, Ñacunday y Yacui, "fueron invadidos y alambrados por Favero, depredándose riquezas naturales maravillosas como el gran salto del Ñacunday y bosques nativos, que fueron arrasados por topadoras para plantar soja transgénica afirman pobladores de la zona", aludiendo a uno de los tantos empresarios que desforestan el lugar.

Destructores de bosques
"La guerra mediática explota en su maquiavélica agenda la imagen de los campesinos paraguayos pobres como los criminales del ambiente, los expoliadores de árboles, y los destructores de bosques para rollos. La mentira tiene el tamaño de las tierras de Favero, el gran depredador del Paraguay, ya que desde la época de Stroessner alambró tierras públicas como su propiedad privada en forma ilegal, e incluso se habría apoderado de Parques Nacionales, sin que el Estado paraguayo se inmute, investigue y recupere. El grupo Favero acumula territorios tanto en la región oriental como occidental, alcanzando según cifras extraoficiales más del millón de hectáreas en manos de un solo propietario, mientras más de 300.000 familias no tienen tierras para cultivar en Paraguay", señalan los entrevistados.
 Los bosques han desaparecidos, las tierras han sido arrasadas por las grandes topadoras. Donde había monte, hoy hay soja. Y esta extensión del cultivo lleva a que el empresario Favero haya anexado a su peculio de campos, parques nacionales. Juan Ramón Galeano, líder campesino de la zona, indicó que el Parque Nacional Ñacunday y Yacui ya fueron deforestados por Favero. Otros testimonios citaron cifras y cantidad de hectáreas cultivadas, donde un solo grupo empresarial dispone de 171.000 hectáreas en la zona del Chaco, y todo en detrimento de los bosques naturales y parques nacionales.
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BM- Se revela que la CFI financió expropiación de tierras en Camboya, Laos y Honduras -

11-7-13 - farmlandgrab.org

8-7-2013, Bretton Woods Project, Boletín 86

Al tiempo que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial sigue favoreciendo los fondos de capital privado, se afirma que los intermediarios financieros de la CFI han financiado 'apropiación de tierras" en el sudeste asiático y violaciones de los derechos de la población indígena en Honduras.
El presidente del Banco, Jim Yong Kim, apoyó la inversión de capital privado a mediados de mayo de 2013, en una conferencia organizada por la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco). De acuerdo con un blog del Banco "Kim dijo que si se aprovechara más el capital privado para los mercados emergentes, el mundo tendría una mejor oportunidad de lograr dos objetivos ambiciosos", o sea: la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. Parece que él no hizo ninguna referencia a los casos controvertidos que han manchado la reputación de la CFI (ver Boletín 80, 79, 76), ni al reciente informe de auditoría (ver Boletín 84), el cual critica el fracaso de la CFI al no prestar atención a los riesgos ambientales y sociales asociados con las inversiones en el sector financiero. La CFI debe presentar un plan de acción al Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2013, en respuesta a la conclusión de la auditoría.
A principios de mayo de 2013, la ONG británica Testigo Global (Global Witness) publicó Barones del Caucho, donde alega que las inversiones de la CFI en el sector financiero de Vietnam han facilitado la apropiación de tierras y la tala ilegal en Camboya y Laos. El informe refuerza los llamados de las organizaciones de la sociedad civil que piden una revisión de la estrategia de la CFI para la inversión a través de intermediarios financieros (ver Boletín 85).
Según Barones del Caucho, desde 2010 "dos de las compañías más grandes de Vietnam, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) y el Grupo Cauchero Vietnamita, han arrendado vastas extensiones de tierra para sus plantaciones en Laos y Camboya, con consecuencias desastrosas para las comunidades locales y el medio ambiente." La tierra ahora es utilizada para las plantaciones de caucho, y "en todas las comunidades visitadas por Testigo Global, la gente describió cómo su nivel de vida se había deteriorado cuando las filiales de HAGL se apropiaron de sus tierras y bosques". El informe también alega que las empresas "han violado en gran medida el límite legal de Camboya sobre la tenencia de la tierra".
La CFI está vinculada a través de su inversión en 2002 con el fondo de capital privado Dragon Capital Group, y de su posterior inversión directa con Dragon Capital a través del fondo vietnamita Enterprise Investments Limited (VEIL), propiedad de Dragon. Ambas empresas invierten en HAGL. También se puso en tela de juicio la eficacia de la CFI en la gestión del riesgo de inversión de intermediarios financieros, al ser revelado que cuando HAGL cotizó en la bolsa de Londres en el año 2011, admitió que se "estaba desarrollando proyectos sin la necesaria autorización del gobierno, sin permisos o licencias y que el desarrollo y el funcionamiento de determinados proyectos no cumplían con las leyes y reglamentos aplicables."
Aunque HAGL negó su participación en las actividades ilegales en una respuesta por escrito en abril de 2013, la compañía se reunió con Testigo Global a principios de junio, donde convino un plan de acción para resolver los problemas. Dragon Capital dijo que "había manifestado su buena voluntad para abordar las cuestiones a ser resueltas, a fin de garantizar que cumpliría con las normas ambientales y de gestión social en el futuro." La CFI indicó en su respuesta de mediados de mayo del 2013, "hemos ayudado y continuaremos ayudando para que la gerencia del fondo Dragon Capital ejecute un sistema de vigilancia social y ambiental que le ayude a llevar a cabo su debida diligencia sobre las normas, tanto como la supervisión de los fondos de inversión".
Megan MacInnes de Testigo Global, dice que la respuesta "hasta el momento ha sido muy positiva, ya que tanto las empresas como sus inversionistas están de acuerdo en tomar las medidas necesarias para hacer frente por lo menos a algunos de los problemas destacados en el informe."

Más preocupaciones sobre Honduras
La inversión de la CFI en FICOSHA, un banco comercial en Honduras, fue vinculada a la financiación de un proyecto hidroeléctrico ferozmente opuesto por los indígenas locales. A partir del golpe de estado en Honduras en 2009 se suspendió la Constitución y se promulgó la primera Ley de Aguas, la cual permite que empresas privadas tengan acceso a la gestión de los recursos hídricos. A partir de septiembre de 2010, 41 concesiones para represas hidroeléctricas fueron dadas por el régimen golpista, sin un proceso de transparencia y sin una consulta legalmente vinculante. Entre estas represas está la represa de 22-megavatios Agua Zarca que está siendo desarrollada por Desarrollos Energéticos S. A. La red de indígenas hondureños COPINH dice que FICOSHA está financiando la represa. En 2011 FICOSHA recibió una inversión de US$70 millones de la Corporación Financiera Internacional, además de una primera financiación en 2007. En el momento de la inversión de la CFI en 2011, el presidente del Banco Mundial explicó que los recursos fortalecerían la capacidad de FICOSHA para "apoyar… grandes proyectos que esencialmente impulsarán el desarrollo económico y social del país".
Según COPINH, el pueblo Lenca tiene bloqueado el acceso a la región del río Gualcarque en la provincia de Santa Bárbara en el noroccidente hondureño, para impedir el desarrollo de la represa Agua Zarca, que ellos han rechazado en sus sesiones abiertas y a través de un referéndum local. COPINH afirma que esta represa es una violación al derecho del pueblo Lenca por el consentimiento libre, previo e informado, violación que está siendo impulsada por las élites locales, incluyendo al jefe de FICOSHA. Una declaración a comienzos de abril de 2013 de las comunidades Lencas afirma: "Exigimos el desmantelamiento de la infraestructura que fue instalada sin nuestro consentimiento y exigimos que este proyecto abandone de inmediato nuestros territorios ancestrales".
En la India, el Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia (CAO, el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI) no pudo facilitar un arreglo en el primer caso sobre la inversión de la CFI a través de intermediarios financieros, relacionado con el Fondo de Infraestructura de la India (ver Boletín 76). Vijayan MJ de la ONG de la India Programa de Acción Social y uno de los denunciantes, dijo que la empresa involucrada, la Corporación GMR, "se había negado a aceptar los representantes de la comunidad" seleccionados para participar en un proceso de resolución de disputas. El caso pasará ahora a la función de cumplimiento del Defensor del Pueblo.
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8-7-2013, Bretton Woods Project, Boletín 86
Al tiempo que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial sigue favoreciendo los fondos de capital privado, se afirma que los intermediarios financieros de la CFI han financiado 'apropiación de tierras" en el sudeste asiático y violaciones de los derechos de la población indígena en Honduras.
El presidente del Banco, Jim Yong Kim, apoyó la inversión de capital privado a mediados de mayo de 2013, en una conferencia organizada por la Corporación Financiera Internacional (CFI, el brazo del sector privado del Banco). De acuerdo con un blog del Banco "Kim dijo que si se aprovechara más el capital privado para los mercados emergentes, el mundo tendría una mejor oportunidad de lograr dos objetivos ambiciosos", o sea: la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida. Parece que él no hizo ninguna referencia a los casos controvertidos que han manchado la reputación de la CFI (ver Boletín 80, 79, 76), ni al reciente informe de auditoría (ver Boletín 84), el cual critica el fracaso de la CFI al no prestar atención a los riesgos ambientales y sociales asociados con las inversiones en el sector financiero. La CFI debe presentar un plan de acción al Directorio Ejecutivo del Banco en julio de 2013, en respuesta a la conclusión de la auditoría.
A principios de mayo de 2013, la ONG británica Testigo Global (Global Witness) publicó Barones del Caucho, donde alega que las inversiones de la CFI en el sector financiero de Vietnam han facilitado la apropiación de tierras y la tala ilegal en Camboya y Laos. El informe refuerza los llamados de las organizaciones de la sociedad civil que piden una revisión de la estrategia de la CFI para la inversión a través de intermediarios financieros (ver Boletín 85).
Según Barones del Caucho, desde 2010 "dos de las compañías más grandes de Vietnam, Hoang Anh Gia Lai (HAGL) y el Grupo Cauchero Vietnamita, han arrendado vastas extensiones de tierra para sus plantaciones en Laos y Camboya, con consecuencias desastrosas para las comunidades locales y el medio ambiente." La tierra ahora es utilizada para las plantaciones de caucho, y "en todas las comunidades visitadas por Testigo Global, la gente describió cómo su nivel de vida se había deteriorado cuando las filiales de HAGL se apropiaron de sus tierras y bosques". El informe también alega que las empresas "han violado en gran medida el límite legal de Camboya sobre la tenencia de la tierra".
La CFI está vinculada a través de su inversión en 2002 con el fondo de capital privado Dragon Capital Group, y de su posterior inversión directa con Dragon Capital a través del fondo vietnamita Enterprise Investments Limited (VEIL), propiedad de Dragon. Ambas empresas invierten en HAGL. También se puso en tela de juicio la eficacia de la CFI en la gestión del riesgo de inversión de intermediarios financieros, al ser revelado que cuando HAGL cotizó en la bolsa de Londres en el año 2011, admitió que se "estaba desarrollando proyectos sin la necesaria autorización del gobierno, sin permisos o licencias y que el desarrollo y el funcionamiento de determinados proyectos no cumplían con las leyes y reglamentos aplicables."
Aunque HAGL negó su participación en las actividades ilegales en una respuesta por escrito en abril de 2013, la compañía se reunió con Testigo Global a principios de junio, donde convino un plan de acción para resolver los problemas. Dragon Capital dijo que "había manifestado su buena voluntad para abordar las cuestiones a ser resueltas, a fin de garantizar que cumpliría con las normas ambientales y de gestión social en el futuro." La CFI indicó en su respuesta de mediados de mayo del 2013, "hemos ayudado y continuaremos ayudando para que la gerencia del fondo Dragon Capital ejecute un sistema de vigilancia social y ambiental que le ayude a llevar a cabo su debida diligencia sobre las normas, tanto como la supervisión de los fondos de inversión".
Megan MacInnes de Testigo Global, dice que la respuesta "hasta el momento ha sido muy positiva, ya que tanto las empresas como sus inversionistas están de acuerdo en tomar las medidas necesarias para hacer frente por lo menos a algunos de los problemas destacados en el informe."

Más preocupaciones sobre Honduras

La inversión de la CFI en FICOSHA, un banco comercial en Honduras, fue vinculada a la financiación de un proyecto hidroeléctrico ferozmente opuesto por los indígenas locales. A partir del golpe de estado en Honduras en 2009 se suspendió la Constitución y se promulgó la primera Ley de Aguas, la cual permite que empresas privadas tengan acceso a la gestión de los recursos hídricos. A partir de septiembre de 2010, 41 concesiones para represas hidroeléctricas fueron dadas por el régimen golpista, sin un proceso de transparencia y sin una consulta legalmente vinculante. Entre estas represas está la represa de 22-megavatios Agua Zarca que está siendo desarrollada por Desarrollos Energéticos S. A. La red de indígenas hondureños COPINH dice que FICOSHA está financiando la represa. En 2011 FICOSHA recibió una inversión de US$70 millones de la Corporación Financiera Internacional, además de una primera financiación en 2007. En el momento de la inversión de la CFI en 2011, el presidente del Banco Mundial explicó que los recursos fortalecerían la capacidad de FICOSHA para "apoyar… grandes proyectos que esencialmente impulsarán el desarrollo económico y social del país".
Según COPINH, el pueblo Lenca tiene bloqueado el acceso a la región del río Gualcarque en la provincia de Santa Bárbara en el noroccidente hondureño, para impedir el desarrollo de la represa Agua Zarca, que ellos han rechazado en sus sesiones abiertas y a través de un referéndum local. COPINH afirma que esta represa es una violación al derecho del pueblo Lenca por el consentimiento libre, previo e informado, violación que está siendo impulsada por las élites locales, incluyendo al jefe de FICOSHA. Una declaración a comienzos de abril de 2013 de las comunidades Lencas afirma: "Exigimos el desmantelamiento de la infraestructura que fue instalada sin nuestro consentimiento y exigimos que este proyecto abandone de inmediato nuestros territorios ancestrales".
En la India, el Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia (CAO, el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI) no pudo facilitar un arreglo en el primer caso sobre la inversión de la CFI a través de intermediarios financieros, relacionado con el Fondo de Infraestructura de la India (ver Boletín 76). Vijayan MJ de la ONG de la India Programa de Acción Social y uno de los denunciantes, dijo que la empresa involucrada, la Corporación GMR, "se había negado a aceptar los representantes de la comunidad" seleccionados para participar en un proceso de resolución de disputas. El caso pasará ahora a la función de cumplimiento del Defensor del Pueblo.
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Camboya- El mayor productor mundial de azúcar se beneficia del trabajo infantil

11-7-13 - farmlandgrab.org weekly

Tate & Lyle, el mayor fabricante mundial de azúcar, se beneficia del trabajo casi gratuito de niños camboyanos y de la expropiación de tierras a través de su proveedora local, la tailandesa KSL.
Doscientas familias de la provincia camboyana de Koh Kong han demandado al mayor productor mundial de azúcar, Tate & Lyle, con sede en el Reino Unido, por acaparamiento de tierras, desahucio, incendio y robo, así como por el uso de trabajo infantil.
Los aldeanos aseguran que Tate & Lyle conocía, o debería haber conocido, las acusaciones que pesaban sobre su proveedora local, la empresa tailandesa KSL, y quieren que se les compense por el valor del azúcar cultivado en tierras que todavía les pertenecen, según informa el rotativo británico 'The Guardian'.
Además de las compensaciones, los camboyanos solicitan ante el Alto Tribunal de Londres la devolución de sus tierras y la indemnización por el trabajo inhumano que tuvieron que asumir al ser despojados de sus tierras.
Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar por poco más de un dólar diario para alimentar a sus familias. Además, para poder subsistir tuvieron que mandar a trabajar incluso a niños de 9 años. Los aldeanos también afirmaron que habían sufrido abusos físicos.
Desde 2006, el Gobierno de Camboya ha concedido casi 100.000 hectáreas de tierras cultivadas en tres provincias del país a dos empresas azucareras, Koh Kong Sugar Industry y Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros cultivos y plantaron caña de azúcar para abastecer la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.
Mientras tanto, Tate & Lyle ha expresado estar dispuesto a romper su contrato con KSL si se demuestra que el proveedor es culpable de un delito.
Sin embargo, la industria azucarera sigue desarrollándose en ese país del sudeste asiático bajo el paraguas del acuerdo preferencial 'Todo excepto armas', con el que la Unión Europea permite a los países menos desarrollados exportar sus productos a Europa sin pagar aranceles. -

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Tate & Lyle, el mayor fabricante mundial de azúcar, se beneficia del trabajo casi gratuito de niños camboyanos y de la expropiación de tierras a través de su proveedora local, la tailandesa KSL.

Doscientas familias de la provincia camboyana de Koh Kong han demandado al mayor productor mundial de azúcar, Tate & Lyle, con sede en el Reino Unido, por acaparamiento de tierras, desahucio, incendio y robo, así como por el uso de trabajo infantil.

Los aldeanos aseguran que Tate & Lyle conocía, o debería haber conocido, las acusaciones que pesaban sobre su proveedora local, la empresa tailandesa KSL, y quieren que se les compense por el valor del azúcar cultivado en tierras que todavía les pertenecen, según informa el rotativo británico 'The Guardian'.

Además de las compensaciones, los camboyanos solicitan ante el Alto Tribunal de Londres la devolución de sus tierras y la indemnización por el trabajo inhumano que tuvieron que asumir al ser despojados de sus tierras.

Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar por poco más de un dólar diario para alimentar a sus familias. Además, para poder subsistir tuvieron que mandar a trabajar incluso a niños de 9 años. Los aldeanos también afirmaron que habían sufrido abusos físicos.

Desde 2006, el Gobierno de Camboya ha concedido casi 100.000 hectáreas de tierras cultivadas en tres provincias del país a dos empresas azucareras, Koh Kong Sugar Industry y Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros cultivos y plantaron caña de azúcar para abastecer la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.

Mientras tanto, Tate & Lyle ha expresado estar dispuesto a romper su contrato con KSL si se demuestra que el proveedor es culpable de un delito.

Sin embargo, la industria azucarera sigue desarrollándose en ese país del sudeste asiático bajo el paraguas del acuerdo preferencial 'Todo excepto armas', con el que la Unión Europea permite a los países menos desarrollados exportar sus productos a Europa sin pagar aranceles. - See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22295#sthash.RVB9y9BT.dpuf
Tate & Lyle, el mayor fabricante mundial de azúcar, se beneficia del trabajo casi gratuito de niños camboyanos y de la expropiación de tierras a través de su proveedora local, la tailandesa KSL.

Doscientas familias de la provincia camboyana de Koh Kong han demandado al mayor productor mundial de azúcar, Tate & Lyle, con sede en el Reino Unido, por acaparamiento de tierras, desahucio, incendio y robo, así como por el uso de trabajo infantil.

Los aldeanos aseguran que Tate & Lyle conocía, o debería haber conocido, las acusaciones que pesaban sobre su proveedora local, la empresa tailandesa KSL, y quieren que se les compense por el valor del azúcar cultivado en tierras que todavía les pertenecen, según informa el rotativo británico 'The Guardian'.

Además de las compensaciones, los camboyanos solicitan ante el Alto Tribunal de Londres la devolución de sus tierras y la indemnización por el trabajo inhumano que tuvieron que asumir al ser despojados de sus tierras.

Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar por poco más de un dólar diario para alimentar a sus familias. Además, para poder subsistir tuvieron que mandar a trabajar incluso a niños de 9 años. Los aldeanos también afirmaron que habían sufrido abusos físicos.

Desde 2006, el Gobierno de Camboya ha concedido casi 100.000 hectáreas de tierras cultivadas en tres provincias del país a dos empresas azucareras, Koh Kong Sugar Industry y Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros cultivos y plantaron caña de azúcar para abastecer la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.

Mientras tanto, Tate & Lyle ha expresado estar dispuesto a romper su contrato con KSL si se demuestra que el proveedor es culpable de un delito.

Sin embargo, la industria azucarera sigue desarrollándose en ese país del sudeste asiático bajo el paraguas del acuerdo preferencial 'Todo excepto armas', con el que la Unión Europea permite a los países menos desarrollados exportar sus productos a Europa sin pagar aranceles. - See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22295#sthash.RVB9y9BT.dpuf
10-7-2013, RT

Tate & Lyle, el mayor fabricante mundial de azúcar, se beneficia del trabajo casi gratuito de niños camboyanos y de la expropiación de tierras a través de su proveedora local, la tailandesa KSL.

Doscientas familias de la provincia camboyana de Koh Kong han demandado al mayor productor mundial de azúcar, Tate & Lyle, con sede en el Reino Unido, por acaparamiento de tierras, desahucio, incendio y robo, así como por el uso de trabajo infantil.

Los aldeanos aseguran que Tate & Lyle conocía, o debería haber conocido, las acusaciones que pesaban sobre su proveedora local, la empresa tailandesa KSL, y quieren que se les compense por el valor del azúcar cultivado en tierras que todavía les pertenecen, según informa el rotativo británico 'The Guardian'.

Además de las compensaciones, los camboyanos solicitan ante el Alto Tribunal de Londres la devolución de sus tierras y la indemnización por el trabajo inhumano que tuvieron que asumir al ser despojados de sus tierras.

Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar por poco más de un dólar diario para alimentar a sus familias. Además, para poder subsistir tuvieron que mandar a trabajar incluso a niños de 9 años. Los aldeanos también afirmaron que habían sufrido abusos físicos.

Desde 2006, el Gobierno de Camboya ha concedido casi 100.000 hectáreas de tierras cultivadas en tres provincias del país a dos empresas azucareras, Koh Kong Sugar Industry y Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros cultivos y plantaron caña de azúcar para abastecer la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.

Mientras tanto, Tate & Lyle ha expresado estar dispuesto a romper su contrato con KSL si se demuestra que el proveedor es culpable de un delito.

Sin embargo, la industria azucarera sigue desarrollándose en ese país del sudeste asiático bajo el paraguas del acuerdo preferencial 'Todo excepto armas', con el que la Unión Europea permite a los países menos desarrollados exportar sus productos a Europa sin pagar aranceles. - See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22295#sthash.RVB9y9BT.dpuf

Tate & Lyle, el mayor fabricante mundial de azúcar, se beneficia del trabajo casi gratuito de niños camboyanos y de la expropiación de tierras a través de su proveedora local, la tailandesa KSL.

Doscientas familias de la provincia camboyana de Koh Kong han demandado al mayor productor mundial de azúcar, Tate & Lyle, con sede en el Reino Unido, por acaparamiento de tierras, desahucio, incendio y robo, así como por el uso de trabajo infantil.

Los aldeanos aseguran que Tate & Lyle conocía, o debería haber conocido, las acusaciones que pesaban sobre su proveedora local, la empresa tailandesa KSL, y quieren que se les compense por el valor del azúcar cultivado en tierras que todavía les pertenecen, según informa el rotativo británico 'The Guardian'.

Además de las compensaciones, los camboyanos solicitan ante el Alto Tribunal de Londres la devolución de sus tierras y la indemnización por el trabajo inhumano que tuvieron que asumir al ser despojados de sus tierras.

Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar por poco más de un dólar diario para alimentar a sus familias. Además, para poder subsistir tuvieron que mandar a trabajar incluso a niños de 9 años. Los aldeanos también afirmaron que habían sufrido abusos físicos.

Desde 2006, el Gobierno de Camboya ha concedido casi 100.000 hectáreas de tierras cultivadas en tres provincias del país a dos empresas azucareras, Koh Kong Sugar Industry y Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros cultivos y plantaron caña de azúcar para abastecer la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.

Mientras tanto, Tate & Lyle ha expresado estar dispuesto a romper su contrato con KSL si se demuestra que el proveedor es culpable de un delito.

Sin embargo, la industria azucarera sigue desarrollándose en ese país del sudeste asiático bajo el paraguas del acuerdo preferencial 'Todo excepto armas', con el que la Unión Europea permite a los países menos desarrollados exportar sus productos a Europa sin pagar aranceles. - See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22295#sthash.RVB9y9BT.dpuf
10-7-2013, RT

Tate & Lyle, el mayor fabricante mundial de azúcar, se beneficia del trabajo casi gratuito de niños camboyanos y de la expropiación de tierras a través de su proveedora local, la tailandesa KSL.

Doscientas familias de la provincia camboyana de Koh Kong han demandado al mayor productor mundial de azúcar, Tate & Lyle, con sede en el Reino Unido, por acaparamiento de tierras, desahucio, incendio y robo, así como por el uso de trabajo infantil.

Los aldeanos aseguran que Tate & Lyle conocía, o debería haber conocido, las acusaciones que pesaban sobre su proveedora local, la empresa tailandesa KSL, y quieren que se les compense por el valor del azúcar cultivado en tierras que todavía les pertenecen, según informa el rotativo británico 'The Guardian'.

Además de las compensaciones, los camboyanos solicitan ante el Alto Tribunal de Londres la devolución de sus tierras y la indemnización por el trabajo inhumano que tuvieron que asumir al ser despojados de sus tierras.

Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar por poco más de un dólar diario para alimentar a sus familias. Además, para poder subsistir tuvieron que mandar a trabajar incluso a niños de 9 años. Los aldeanos también afirmaron que habían sufrido abusos físicos.

Desde 2006, el Gobierno de Camboya ha concedido casi 100.000 hectáreas de tierras cultivadas en tres provincias del país a dos empresas azucareras, Koh Kong Sugar Industry y Koh Kong Sugar Plantation. Las empresas limpiaron el terreno de arroz y otros cultivos y plantaron caña de azúcar para abastecer la refinería que instalaron en el mismo pueblo. Las familias se quedaron así sin su principal medio de subsistencia y sin ningún tipo de compensación.

Mientras tanto, Tate & Lyle ha expresado estar dispuesto a romper su contrato con KSL si se demuestra que el proveedor es culpable de un delito.

Sin embargo, la industria azucarera sigue desarrollándose en ese país del sudeste asiático bajo el paraguas del acuerdo preferencial 'Todo excepto armas', con el que la Unión Europea permite a los países menos desarrollados exportar sus productos a Europa sin pagar aranceles. - See more at: http://farmlandgrab.org/post/view/22295#sthash.RVB9y9BT.dpuf
Published: 10 Jul 2013
Posted in:  Cambodia
Published: 10 Jul 2013
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