Rev Crisis- Nº 19
doctrina de seguridad nacional y popular / las orejas del estado / km 601
por
Claudio Mardones
El Estado es también la gestión de los secretos. Argumentos para la
resolución de internas de palacio, estrategas de la diplomacia
internacional, operadores de tapas de diarios, disparadores de la
represión. Las capas de la inteligencia militar y civil son un agujero
negro de la política. No sólo por la oscuridad de su funcionamiento sino
porque descose lo público con su potencia absorvente.
Piso seis. Oficina 602. Edificio Alfredo Palacios,
ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, actual anexo del Senado Nacional.
Detrás de sus puertas blindadas trabajan siete empleados que según la
ley deben reportar a los catorce senadores y diputados que integran la
Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia. El ente más importante de todo el Congreso
Nacional. La ventanilla que más denuncias recibe por los abusos de los
espías argentinos, lleva trece años sin funcionamiento formal y es la
última frontera constitucional entre el poder civil y la autonomía del
espionaje repartido en una decena de organismos policiales y militares
de inteligencia que nadie logra controlar.
Según el presupuesto votado para este año por el Congreso, la
Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, considerada la zona más
visible de todas las áreas de espionaje interior y exterior de la
Argentina, tiene un presupuesto de 1.874 millones de pesos, con 1.492
millones destinados a pagar los salarios de un número desconocido de
agentes. Las planillas oficiales de esos gastos reservados solo
mencionan a dos empleados: al jefe y subjefe de la SI. El resto, tal
como lo convalida la Ley de Inteligencia Nacional, es secreto y no puede
ser revelado. Sin embargo, la cueva de la calle 25 de Mayo yace desde
hace medio siglo en el viejo edificio Martínez de Hoz, frente a la Casa
Rosada y dicen que cuenta con unos dos mil empleados, en su mayoría
reclutados a partir de recomendaciones y vínculos familiares de los
antiguos habitantes de ese mundo recóndito. Otros casos son por
designaciones políticas de cada gobierno. Pero en ese mundo ningún
número es concreto, gracias a la ley secreta 17.112, que establece el
estatuto “para el personal civil de la secretaría de informaciones de
estado y de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas”. Su
artículo 14 define que solo cuatro categorías del “personal civil de
inteligencia” de la SI y del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
cobrarán su salario “por partida pública del presupuesto”, aunque otras
tres lo harán “por partida secreta, en planillas aparte, y utilizará
nombre de encubrimiento”. Es decir, que una parte del presupuesto
nacional tendrá todos los años una parte oculta, con nombre ficticio,
para pagar los salarios de una cantidad desconocida y sin control de
agentes en cuatro organismos del Estado.
Sin embargo para los conocedores solo se trata de una norma básica de
cualquier organismo similar en el mundo. En algunos pocos casos, no en
Argentina, los controles constitucionales echan luz sobre esa ausencia
de contornos entre lo público y lo secreto, pero por encima de esa norma
fundacional, transcurre un sistema basado en lo oculto, estructuras
verticales, compartimentadas, extremadamente autoritarias, pero también
sofisticadas y perfeccionadas al cobijo de la tecnología. Desde las
transmisiones secretas por radio de la Segunda Guerra Mundial, pasando
por los códigos de CIA que descifró el periodista Rodolfo Walsh para
evitar la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, hasta la nueva guerra
fría que provocó la filtración de documentos secretos del Departamento
de Estado, a manos de la organización Wikileaks. En ese contexto navega
la poco explorada relación actual de la democracia argentina con sus
catacumbas secretas.
lista negra
El actual jefe de la SI es el santacruceño Héctor Icazuriaga. El
“vasco” es el vigésimo “señor Cinco” de la historia de ese organismo,
desde que Juan Domingo Perón lo creó como Coordinación de Informaciones
de la Presidencia (CIPE), bajo la batuta del agente nazi Rodolfo
Ludovico Freude. Poco después pasó a llamarse Coordinación de
Informaciones del Estado (CIDE) y funcionó con ese nombre hasta 1966. La
dictadura del general Juan Carlos Onganía la bautizó como Secretaría
(SIDE), un nombre que duró hasta la sanción de la nueva Ley de
Inteligencia Nacional (25.520), aprobada por el Congreso el 27 de
noviembre de 2001 y promulgada 17 días antes de que su impulsor, el
radical Fernando De la Rúa, huyera en helicóptero de la Casa Rosada.
En medio de esa tragedia nació el nuevo ordenamiento del aparato
nacional de espionaje que finalmente fue reglamentado por el decreto
950/2002. Firmado por el mandatario interino Eduardo Duhalde el 6 de
junio, tres semanas antes del operativo conjunto que protagonizaron la
Bonaerense, la Federal y la Prefectura para reprimir la protesta que
cortó el Puente Pueyrredón y terminó con las vidas de Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki. El operativo contó con la sibilina intervención
del entonces titular de la SI, Carlos Soria, quien según la versión del
periodista Ricardo Ragendorfer habría alertado al gobierno nacional
sobre la elaboración por parte de los movimientos sociales de un “plan
insurreccional que ya estaba en marcha y que tenía prevista la toma del
poder el 9 de julio”. El comisario Alfredo Fanchiotti, actualmente preso
por el asesinato de ambos jóvenes, cumplía las funciones de enlace con
“La Casa” de la calle 25 de mayo a través de la Jefatura Departamental
del distrito.
Según esa norma vigente, la “secretaría” nunca dejó de depender en
forma directa del presidente, bajo la sigla SI, pero desde entonces es
la cabeza del “Sistema de Inteligencia Nacional”, compuesto también por
la “Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”, que depende de la
Secretaría de Seguridad Interior, y por la “Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica Militar”, bajo la órbita del Ministerio de
Defensa. La lista de entes secretos no termina ahí. Hay otros tres, que
reportan a Defensa, y por su intermedio, al menos en la letra de la
ley, a la SI: la Armada cuenta con su Servicio de Inteligencia Naval
(SIN), la Fuerza Aérea con el SIFA y el Ejército con su viejo servicio
secreto militar, que se llamó Servicio de Inteligencia del Ejército
(SIE) desde el 45 hasta el 69. Por entonces, la dictadura de Onganía lo
reinauguró para la Doctrina de Seguridad Nacional y lo bautizó Batallón
601. Funcionó hasta el 31 de diciembre del 86. Desde comienzos del 87 se
llamó Centro de Reunión de Inteligencia Militar, bajo la órbita de la
Jefatura II del Ejército, hasta el año pasado conducida por el General
César Milani, quien también tuvo bajo su órbita a la División de
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa J-2, la Compañía de Comandos
601 y el desmantelado Batallón 601.
A esa red del secreto castrense se suman los aparatos de espionaje
criminal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura y de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, y las tristemente célebres superintendencias
de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina, dos
áreas que contienen los restos de Coordinación Federal, organismo creado
en 1944 y originalmente diseñado por la Escuela de Informaciones del
Ejército para perseguir al espionaje extranjero. Al principio quedó
dividida en antinazis y pronazis, pero después del fin de la Segunda
Guerra Mundial y con el gobierno de Juan Domingo Perón se transformó en
una estructura de espionaje interior, la temida “Sección Especial”.
Si entre 1946 y el 55 la Policía Federal fue la mayor fuerza civil
armada que tuvo Perón, a partir de su derrocamiento fue el brazo
ejecutor de la nueva dictadura, esta vez, bajo el comando del temible
SIN de la Libertadora del Almirante Isaac Rojas. A partir de 1966 pasó a
llamarse Superintendencia de Coordinación Federal y tuvo a su cargo
toda la persecución política, gremial y estudiantil en el área
metropolitana, y en las delegaciones del interior del país. La dimensión
de su letalidad pasa inadvertida por las intrigas que rodean a la ex
SIDE y a la corrupción de la inteligencia militar, pero la Federal
cuenta con un cuerpo de espías bajo órdenes de sus jefes y sin
intervención de ningún juez, desde la misma época en que Juan Perón
potenció a la fuerza. Son las “plumas” del gallo que simboliza a la
Federal. Esos agentes, según reflejó con precisión la periodista de
Página 12
Adriana Meyer, pasaron a formar parte del Cuerpo de Informaciones de la
PFA, mediante el decreto ley 9.021 de 1963. “Un verdadero servicio
paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de
contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el
ejercido por algunos pocos miembros del comisariato superior de la
fuerza”, detalló Marcelo Saín sobre el organismo que, desde 1970 gracias
a la ley 18.895, también cuenta con el Cuerpo de Auxiliares de
Investigaciones, el cual incluye un estatuto secreto propio para
los plumas y que les permite tener cualquier empleo público en forma paralela a las funciones de espía interior estatal.
a desalambrar, a desalambrar
Toda la arquitectura legal que sostiene a la vieja osamenta de los
espías argentinos se mantuvo en secreto hasta 2003, cuando Kirchner
comenzó un lento proceso de desclasificación de archivos. Fue el paso
previo a la ley 26.134 que desde agosto de 2006 dejó sin efecto el
carácter secreto de todas las leyes reservadas. Esa decisión abrió la
puerta para la desclasificación a partir de 2008 de los nombres del
Personal Civil de Inteligencia que se desempeñó en los tres servicios
secretos de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983. Los que siguieron
trabajando para la misma estructura desde 1984 siguen siendo un secreto
bien guardado. La revelación ocupó tres veces la primera plana de la
revista
Veintitrés. Primero con los empleados del Batallón 601,
luego con los miembros del SIFA y finalmente con la nómina de 1265
agentes del SIN. La caída del secreto sobre la identidad de unos 7 mil
espías civiles de las tres fuerzas, solo permitió conocer la estructura
del personal asalariado que cumplió tareas criminales, y también
servicios generales durante la dictadura. Entre ellos zafó el actual
secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez. Pero hubo algunos
mandos militares y policiales que siempre zafaron de la desclasificación
y fueron descubiertos por periodistas y organismos de derechos humanos,
como el ex miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, Ricardo Miguel
Cavallo, descubierto cuando llevaba años como titular del Registro
Nacional de Vehículos, con una identidad similar. El capitán de navío
Jorge Raúl Vildoza tuvo una suerte aún mayor: jamás cayó preso, su mujer
cumple reclusión, pero sostiene que ya murió. En rigor, gozó de una
compleja protección en el exterior hasta hace pocos años. Otro espía con
éxito e impunidad en el exterior es Mario Alfredo Sandoval, ex oficial
de Coordinación Federal que, según indagó la periodista Nora Veiras en
2008, llegó a trabajar como asesor del presidente francés Nicolás
Sarkozy hasta que el juez federal Sergio Torres pidió su detención en la
causa que investiga la desapariciones cometidas por “Coordina”,
regidora de un centro clandestino propio en el 1417 de la calle Moreno.
letra chica
La desclasificación permitió la publicación de normas y documentos
que muy pocos miran, como los informes diarios sobre actividades
políticas que producía Coordinación. En los archivos del Congreso
Nacional yacen, desde hace diez años, las listas diarias que realizaba
la Federal, hora por hora, de lunes a lunes, sobre lo que ocurrió en
cada punto del país entre 1973 y 1976, cuando parte de su estructura, en
forma orgánica, integró la Alianza Anticomunista Argentina. Esa valiosa
pieza de documentación revela un funcionamiento informativo que nunca
dejó de realizarse, pero que fue cambiando de formatos con el correr del
tiempo y la tecnología. El destape hace un año del mayor de
inteligencia de la Federal Américo Balbuena, que infiltró a la agencia
alternativa Rodolfo Walsh, es la muestra viva de esa presencia secreta
en la vida política argentina desde hace por lo menos medio siglo.
Actualmente esa red de informantes secretos y auxiliares de
investigaciones de la Federal superaría los mil agentes. Sus tareas de
vigilancia ideológica se han mantenido en el tiempo, pero fueron
acompañadas desde fines de los noventa por la inteligencia interior de
la Gendarmería Nacional. A pesar de su bajo perfil, comenzó intervenir
activamente en la represión del conflicto social a partir de la
represión de los cortes de ruta en Tartagal y Cutral Có en 1997.
Las tareas de seguimiento político del viejo organismo de control de
fronteras, que tiene servicio propio de inteligencia desde fines de los
30, fueron conocidas en su real dimensión con las denuncias que
revelaron la existencia del Proyecto X.
La lista de organismos secretos se completaría con el Servicio de
Inteligencia Penitenciario Federal, creado el 18 de mayo de 1973, cinco
días antes de la partida de la dictadura de Lanusse, que sigue vigente y
cuenta con 16 escalafones de agentes. Una norma que, al igual que los
demás estatutos de los otros servicios, establece presupuestos y nóminas
ocultas. Los memoriosos recuerdan que su inauguración “técnica” estuvo
en manos de dos viejos torturadores del batallón 601 y de la ex SIDE: el
criminal común Aníbal Gordon y el espía Eduardo Alfredo Ruffo. El
primero murió en los ochenta y el segundo está preso en el penal de
Marcos Paz por crímenes de Lesa Humanidad. Luego de asesinar y torturar
para la Triple A desde una patota promovida por el Batallón 601, ambos
fueron designados en uno de los primeros centros clandestinos de
detención del Plan Cóndor: Automotores Orletti. Tan activa fue la
participación de Ruffo que, como inorgánico del aparato de espionaje,
siguió manteniendo contactos con las redes activas de 25 de mayo para
negociar la entrega de información sobre el paradero de hijos de
desaparecidos a cambio de protección. La maniobra duró hasta el 25 de
octubre de 2006, cuando se entregó en la coqueta calle Juez Tedín al
2600, en Barrio Parque, muy cerca de los calabozos que tiene la División
Antiterrorista de la Federal en la calle Cavia.
el ojo de la patria
Los aparatos de inteligencia deben ser auxiliares de la justicia para
las investigaciones que requieran los magistrados y para las
intervenciones que consideren necesarias. Esos pedidos van a parar a la
Dirección de Observaciones Judiciales, históricamente conocida como la
Ojota.
Antes de tener un Gran Hermano con acceso a todos los cableados
telefónicos del país, “La Casa” mandaba agentes a cada una de las
centrales e instalaba grabadores en las terrazas. Los datos surgen de la
escasa literatura sobre el espionaje nacional y de
SIDE, la Argentina Secreta,
un libro publicado por Planeta en 2006, que llegó a las tres ediciones,
y se agotó con la velocidad de quien manda a comprar todos los
ejemplares. Su autor, Gerardo Young, ex redactor de
Clarín, sacó
del secreto a Antonio Horacio Stiusso, alias Jaime, o Aldo Stiles, y
contó parte de su pasado. Actual Director de Contrainteligencia del
organismo y dueño de la tecnología dedicada a la intercepción de
comunicaciones, a un paso de cumplir los 61, es considerado uno de los
jefes más “viejos” de 25 de Mayo.
Según Young está en el organismo desde 1972 y pertenece a la casta de
espías de carrera. Trabajó para dos dictaduras, el radicalismo, el
menemismo, y también para el kirchnerismo, hasta el último cisma
ocurrido hace pocos años por el cambio de enfoque respecto al atentado
de la AMIA, que puso en tela de juicio la tesis del coche bomba,
construida bajo la persistencia de los servicios de inteligencia
norteamericanos e israelíes, poseedores de una excelente relación con la
SI y con Stiuso, quienes suelen realizar espionaje a pedido de ambas
centrales extranjeras. Esa práctica se ha mantenido durante décadas, en
dictadura o democracia, pero entró en una compleja inflexión a partir de
los atentados contra la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos y 300
heridos el 17 de marzo de 1992, y contra la AMIA, el 18 de Julio de 1994
que mató a 85 personas e hirió a otras 300. A pesar de la intervención
de toda la autodenominada “comunidad de inteligencia”, nadie cayó preso
en forma definitiva, mientras que la interpretación sobre ambos ataques
siempre evolucionó bajo la tutela de Washington y de Tel Aviv. La
investigación tuvo dos pistas principales: una adjudicó la autoría del
atentado a la organización islámica Hezbollah, presuntamente apoyada por
Irán; y otra, la llamada pista siria, apunta a los vínculos entre el ex
presidente Carlos Menem y el traficante de armas sirio Monzer Al
Kassar. El caso sigue abierto y algunas indagatorias centrales dependen
del “Memorandum de entendimiento” firmado por Argentina con Irán para
que declaren en Teherán.
Pero no fue la única puja que “Stiles” libró con el kirchnerismo. La
primera estalló el 25 de julio de 2004, en el programa Hora Clave,
conducido por Mariano Grondona. El invitado especial era Gustavo Béliz
que había cumplido más de un año en el Ministerio del Interior cuando
Néstor Kirchner le aceptó la renuncia. Tras el portazo Béliz guardó
silencio, hasta sentarse ante las cámaras para vengarse del hombre al
que sindicó como jefe en las sombras del organismo secreto. “Me echaron
por nombrar la palabra maldita de la política argentina: SIDE”, dijo y
mostró el rostro de Antonio Horacio Stiusso a la televisión. Nervioso
pero seguro, Beliz buscó resumir el papel de ese organismo: “Es una
especie de agujero negro, se manejan fondos sin rendición de cuentas.
Constituye un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de
control: la maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque
dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó
de todos los gobiernos y se llama Jaime Stiusso”. Y terminó la denuncia
con una despedida: “Dejo la política, estoy desilusionado”. Se fue con
su familia a Estados Unidos y desde entonces afronta una causa penal por
“revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad”.
La ferretería técnica, controlada desde una base ubicada en el 4100
de la calle Estados Unidos, prosperó con los años. Con la llegada de
Internet y los celulares, sumó nuevas generaciones de espías. También
nuevos equipos. Una de las mayores inflexiones sucedió a comienzos de
los noventa, cuando Menem privatizó ENTel y la vendió a France Telecom y
a Telefónica de España. Ambas multinacionales tuvieron que garantizarle
al Estado el monopolio de las escuchas legales (e ilegales) que
realizaba la SIDE por medio de la Dirección de Observaciones Judiciales.
Ambas acordaron financiar y equipar un edificio para las orejas del
Estado. Desde entonces un inmueble ubicado al 3832 de Avenida de Los
Incas, en pleno barrio de Belgrano, es la sede de la Ojota. Desde la
existencia de los celulares, Stiusso fue comprando una enorme cantidad
de valijas interceptoras. Esa tecnología contó con la creciente
presencia de competidores privados. Hace dos años, los dos gerentes de
las telefónicas confiaron a la Comisión Investigadora de la Legislatura
Porteña que intervienen “un promedio de 250 líneas por mes a pedido de
la SI”. El promedio real superaría las seis mil líneas pinchadas por año
con el escuálido control de algunos jueces. Un rastrillaje telemático
que también promueven los “grandes” del fisgoneo corporativo como Kroll,
Stratfor y The Ackerman Group, tres multinacionales del espionaje con
sucursal en Buenos Aires que cuentan con el gerenciamiento de ex agentes
de la CIA y el FBI.
El rompecabezas siempre será incompleto para comprender el nivel del
acecho estatal en la política argentina. Pero es muy posible que algo
entenderíamos si pudiéramos acceder a las 20 mil carpetas rebosantes de
información secreta que la SI poseería en los subsuelos de su sede
principal.
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