La Protección Social en América Latina

21-9-15 Equidad para la Infancia en ALatina

La Protección Social en América Latina

A pesar de los grandes avances logrados en la región durante las últimas décadas, la cuestión social en América Latina aún enfrenta desafíos importantes. Si miramos particularmente la situación de la infancia, esto es aún más contundente, dado que a pesar de haber atravesado una etapa de crecimiento económico y mejora de muchos indicadores, no se ha podido revertir la tendencia a la transmisión intergeneracional e infantilización de la pobreza[1]. A partir de este contexto, abordamos el concepto de “protección social” para indagar en los distintos mecanismos mediante los cuales los países de América Latina procuran dar respuestas a dicha problemática. La protección social, en tanto promueve instrumentos para enfrentar las desigualdades de las que parten muchas familias y sus integrantes, resulta fundamental para garantizar un marco de mayor bienestar para la infancia y romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza (en particular a través de la inversión en la primera infancia).Así, la protección social es también un instrumento fundamental para acelerar el progreso hacia metas de desarrollo acordadas a nivel mundial, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el marco de los debates globales sobre la agenda de desarrollo post-2015 está siendo además crecientemente reconocida como nueva área a incluir explícitamente en futuras metas y objetivos de desarrollo[2], en tanto deviene estratégica para promover sistemas equitativos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos.[3]Para entrar en el tema, es necesario comenzar por analizar qué se entiende por “protección social” y qué diversidad de enfoques encontramos al respecto. Para ello nos basaremos en la descripción que realizan Simone Cecchini y Rodrigo Martínez para la CEPAL[4].La Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas define la protección social como “un conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las sociedades dan respuestas a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica y vivienda a la población”. Se reconoce que otros tres grandes actores —el mercado, las familias y las organizaciones sociales y comunitarias— son también proveedores de bienestar y protección social y que un sistema integral de protección tiene que tomar en cuenta sus interacciones. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo la ha definido en función de los derechos a beneficios y prestaciones a los que la ciudadanía puede acceder para protegerse del brusco decaimiento en sus estándares de vida y ha elaborado la propuesta de “piso básico de protección social”. Este piso de protección incluye garantías de seguridad básica de los ingresos —mediante diversas formas de transferencias tales como pensiones para los adultos mayores o los discapacitados, prestaciones por hijos a cargo, y apoyo a los ingresos para los desempleados y los trabajadores pobres— y de acceso universal a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda, el agua y el saneamiento y otras. Con ello, se avanza a definir un conjunto de mínimos sociales que deben estar disponibles para cada ciudadano y ciudadana, independientemente de su situación económica y laboral.[5] Finalmente, la CEPAL (2006) ha definido la “protección social” con el fin de generar respuestas asistenciales, de promoción y desarrollo social, ante los riesgos del entorno, con un enfoque de derechos, es decir, la “protección social como garantía ciudadana”. En cada una de las propuestas y discusiones contemporáneas sobre protección social subyacen diversos énfasis u orientaciones conceptuales sobre cómo concebirla. Los ejes que aparecen en tensión o debate al respecto, se vinculan fundamentalmente con el tipo de instrumento o instrumentos a utilizar para garantizar el acceso universal de la población a la protección social, sobre todo en cuanto a si éstos deben buscarse en la vía contributiva (y por ello ligados a las políticas de empleo), o bien -o además- a través de mecanismos no contributivos (donde aparecen con fuerza los programas de transferencias condicionadas de ingresos). Directamente vinculado con lo anterior, se suscitan los debates en torno a los niveles de cobertura deseables y el hecho de la focalización o el universalismo. En todo esto subyace también una discusión acerca de las vías de financiamiento, el grado de solidaridad que suponen y la estratificación social a la que dan lugar; y, fundamentalmente, el tipo de garantías que buscan extenderse para el acceso a servicios de calidad para toda la ciudadanía. La discusión sobre el rol de lo público y lo privado también atraviesa a estos distintos posicionamientos.[6] En cuanto a una posible clasificación de los países de América Latina en base a características comunes en sus enfoques y acciones con relación a la protección social, la CEPAL establece la siguiente[7]: Protección como asistencia y acceso a la promoción. Protección social no contributiva focalizada en los pobres (PTC). Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República    Dominicana. Caribe: Jamaica, y Trinidad y Tobago. Posición intermedia entre asistencia y acceso a la promoción y garantía ciudadana. Además de PTC, se incorporan otras políticas de protección social no contributiva (focalizadas o universales, en ámbito de pensiones y salud) y se busca articular de manera progresiva los distintos componentes. Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, El Salvador, México y Panamá. Protección social como garantía ciudadana (universalismo básico). Creciente articulación entre políticas de protección social no contributiva y contributiva. Se busca conformar sistemas        integrados y coordinados de protección social. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. La mirada sobre las principales orientaciones vigentes en las políticas de protección social en América Latina revela la interacción, pero también la distancia, que existe entre el desarrollo académico y las dificultades concretas que enfrentan los Estados al promover la formulación de sistemas integrales de protección social. Si bien en la mayoría de los países se habla propiamente de protección social, en otros como Costa Rica, Cuba y Venezuela se manejan conceptos más tradicionales de seguridad social. En otros casos, el término “protección social” se considera como un sinónimo de asistencia social para pobres y vulnerables, separado de la seguridad social[8]. En todos los casos, se puede observar que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales recae fundamentalmente sobre los Estados, que juegan un papel central en la protección social, entendiéndola como un derecho y no como un privilegio o dádiva, en colaboración con los otros grandes actores que son las familias, el mercado y las organizaciones sociales y comunitarias. El principal desafío, entonces, consiste en brindar una oferta diferenciada según las necesidades, pero que permita potenciar la igualdad y la integración social en lugar de perpetuar las brechas. En particular, se necesitan estrategias eficaces y solidarias que lleguen no solo a los sectores más pobres -con políticas focalizadas como las transferencias monetarias condicionadas- sino también a la población vulnerable, para evitar el riesgo de producir fragmentación social con una estructura de servicios para los pobres y otra para los no pobres, perpetuando así las inequidades existentes. Así, en una región tan desigual y heterogénea como América Latina, es necesario construir sistemas de protección social integrados, que combinen distintas políticas de acuerdo con las necesidades y demandas de las particularidades que atraviesa la población y en particular los niños y niñas, como parte de los sectores más desfavorecidos. También es fundamental incluir a los jóvenes como destinatarios de estas políticas de protección social ya que, si bien hay mucha información diagnóstica sobre su situación de vulnerabilidad en múltiples dimensiones, los programas siguen priorizando a la infancia y -un poco menos- a los adultos mayores[9]. En este sentido, además del desafío presente en la coordinación interinstitucional, intersectorialidad y coordinación entre niveles de gobierno (para el caso de los países federales), deviene fundamental incluir las propias voces y opiniones de los niños, niñas y jóvenes para que participen en el entendimiento y diseño de los programas y sistemas de protección social, ya que  es a través de la inversión en estos sectores que se podrán revertir -a largo plazo- los escenarios de inequidad y desigualdad que aún persisten en la región.

Los programas de transferencia condicionada  En la región existen en la actualidad 85 Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) que funcionan como la principal red de protección social para cerca de 120 millones de personas en América Latina. Los organismos internacionales coinciden en que sin ellos, los índices de pobreza en la región serían peores y, con ello, más profunda la brecha de desigualdad[10]. Una de las características de este giro inclusivo, se dio por la incorporación del componente educativo en muchas de estas políticas, lo cual apunta a conseguir avances en materia de objetivos educativos, con la llegada a la escuela de públicos históricamente excluidos. En términos de resultados, diversos estudios muestran impactos positivos de los PTC sobre algunos indicadores intermedios, tales como la matrícula y asistencia escolar, la regularidad en los controles médicos, especialmente para las familias más pobres y en países donde las barreras para el acceso son más altas. Al mismo tiempo, plantean algunas dudas sobre la calidad de los servicios a los que accede esta población[11]. Sólo por mencionar algunos de los PTC, en Brasil han tomado mucha importancia los programas de protección social no contributiva: Bolsa Familia y Brasil Sem Miseria[12]. Mientras que en Argentina, ya ha cumplido 5 años la Asignación Universal por Hijo y las primeras evaluaciones de impacto disponibles han revelado una gran capacidad para achicar las brechas de desigualdad[13]. Por su parte, en México podemos mencionar otro tipo de experiencia, la sanción de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que busca garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución, a través la regulación del presupuesto destinado a políticas de protección, la creación de un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la coordinación de acciones en este sentido, mediante el accionar de la Comisión Nacional de Desarrollo Social[14]. En tanto que en Chile, el enfoque de protección social da cuenta de una red crecientemente articulada de programas sociales y políticas sectoriales, en la que se combinan los componentes contributivos y no contributivos. Para mejorar la asignación de los recursos se han perfeccionado los instrumentos disponibles (Ficha CAS y la posterior Ficha de Protección Social que incluyó una gama más amplia de dimensiones de riesgo más allá del ingreso). El sistema chileno de protección social es innovador en varios aspectos. Las políticas no contributivas se han ampliado y han incorporado diferentes instrumentos de acuerdo con la especificidad de las necesidades sociales. La población que vive en una situación de pobreza y vulnerabilidad más extrema ha fortalecido su acceso a las redes de protección y promoción social, así como a las transferencias monetarias, mediante programas como Chile Solidario, la Asignación Social o Chile Crece Contigo.[15] Por último, en el caso de Colombia podemos mencionar como novedosa la definición que hacen de protección social: El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos” reconoció la salud, pensión y trabajo como los derechos mínimos a garantizar como parte del Sistema de Seguridad Social Integral. Los aspectos relacionados con la salud están gestionados por el Sistema de Seguridad Social en Salud, las pensiones a través del Sistema General de Pensiones y los riesgos laborales por el Sistema General de Riesgos del Trabajo. Además, las políticas de vivienda y de servicios públicos también han sido incluidas como parte del sistema de protección social, ampliando entonces su definición.[16] Al revisar estos y otros ejemplos en América Latina[17], es importante tener en cuenta el carácter dinámico de la estructura social de los países de la región, que obligan a actualizar y revisar permanentemente el contenido de las políticas públicas, incorporando la atención a nuevas problemáticas, tales como el creciente déficit de cuidado o las transformaciones en el mercado laboral.

---

[1]    Para consultar indicadores ver:
      Pobreza Infantil en América Latina y el Caribe, CEPAL, 2013. 
      Pobreza Infantil en América Latina y el Caribe, UNICEF, 2010. 
[2]    Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, Una perspectiva comparada, CEPAL, 2014. 
[3]    Más Equidad para hacer realidad los derechos humanos, Equidad para la Infancia, 2015  
[4]    Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos, CEPAL, 2011. 
[5]    Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, Una perspectiva comparada, CEPAL, 2014. 
[6]    IDEM 
[7]    Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos, CEPAL, 2011. 
[8]    IDEM
[9]   Invertir para transformar. La juventud como protagonista del desarrollo, libro presentado por la organización iberoamericana de juventud (OIJ), 2014. 
[10]    Sistemas de Protección y Programas de Transferencias Condicionadas como políticas de inclusión social en América Latina. 
[11]    La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes, Margarita Poggi, IIPE-UNESCO, 2014. 
[12]    Sistemas de protección social en Brasil. 
[13]    El gran desafío – Romper la Trampa de la Desigualdad desde la Infancia. Aprendizajes de la Asignación Universal por Hijo. 
[14]    Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: México. 
[15]    Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Chile. 
[16]    Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Colombia. 
[17]    Sistemas de Protección y Programas de Transferencias Condicionadas como políticas de inclusión social en América Latina. 
Otras referencias para ampliar la información:
Infancia y (des)protección social. 
Desbalance etario del bienestar: El lugar de la infancia en la protección social en América Latina. 
Sistemas de protección  y cuidado en la región. 

Avances y desafíos de los Sistemas de Protección Social en América Latina.

http://www.equidadparalainfancia.org/op-la-proteccion-social-en-america-latina/?mkt_hm=8&utm_source=email_marketing&utm_admin=30372&utm_medium=email&utm_campaign=La_Protecc

UNICEF- Derechos del Niño en las Evaluaciones de Impacto, Guía RSC

18-9-2015 Blog GSIA

Una guía para integrar los derechos del niño 

en las  evaluaciones de impacto y actuar a favor de la infancia

Rutgers, Catherine (editora) y otros    

UNICEF

Derechos del Niño en las Evaluaciones de Impacto está diseñado para guiar a las empresas a evaluar su actuación y sus aspiraciones a la hora de cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos del niño y con su compromiso de promover los derechos del niño. 
Esta herramienta debería utilizarse como parte de las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos de que ya disponga en el marco de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Los criterios que ofrece pueden utilizarse para revisar áreas críticas de impacto real o potencial sobre los derechos del niño, y se basan en los Derechos del Niño y Principios Empresariales.

Respetar y promover los derechos del niño exige tanto que las empresas eviten los daños como que protejan activamente el interés superior del niño. 
Al integrar consideraciones relativas a los derechos del niño en las evaluaciones de impacto de que ya dispone, una empresa está dando un paso importante hacia el reconocimiento de los niños1 como sujetos de derecho y como grupo de interés, así como hacia una mejor comprensión de sus impactos reales y potenciales sobre los mismos. 
A lo largo de toda esta herramienta se proporcionan consejos sobre las acciones concretas que una empresa puede tomar para abordar los riesgos para los niños que se hayan identificado (resumen sacado del propio manual).

Fuente OIA

UE- Migraciones- La inexistencia de Noruega- Zizet

 11-9-2015 Diario Pag 12

EL PENSADOR ESLOVENO REFLEXIONA SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA

La inexistencia de Noruega

Europa debe aceptar los nuevos refugiados hijos del capitalismo global y herederos del colonialismo, pero a la vez debe fijar reglas claras que privilegien el estilo de vida europeo.

Por Slavoj Zizek * Filósofo y crítico cultural. Su obra magna Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico (Akal) se publicará en español en septiembre de este año. Traducción: Celita Doyhambéhère.

En su clásico estudio La muerte y los moribundos, Elisabeth Kübler-Ross propuso el famoso esquema de las cinco etapas de cómo reaccionamos al enterarnos de que tenemos una enfermedad terminal: la negación (uno simplemente se niega a aceptar el hecho: “Esto no puede estar pasando, no a mí”); ira (que explota cuando ya no podemos negar el hecho: “¿Cómo puede sucederme esto”); negociación (la esperanza de que de alguna manera podemos posponer o disminuir el hecho: “Déjame vivir para ver a mis hijos graduarse.”) depresión (desinversión libidinal: “Me voy a morir, así que ¿por qué molestarme con todo esto?”); aceptación (“No puedo luchar contra ella, más vale que me prepare para ella.”) Más tarde, KüblerRoss aplicó estas etapas a cualquier forma de pérdida catastrófica personal (falta de trabajo, la muerte de un ser querido, el divorcio, la adicción a las drogas), y también hizo hincapié en que no necesariamente vienen en el mismo orden, ni son experimentadas las cinco etapas por todos los pacientes.

¿No es la reacción de la opinión pública y de las autoridades en Europa occidental al flujo de refugiados de Africa y Medio Oriente una combinación similar de reacciones dispares? Existe (cada vez menos) la negación: “No es tan grave, ignorémoslo”. Está la ira: “Los refugiados son una amenaza para nuestra forma de vida, entre ellos se ocultan los fundamentalistas musulmanes. ¡Deben ser detenidos a toda costa!”. Hay negociación: “OK, establezcamos cuotas y apoyemos los campos de refugiados en sus propios países!”. Existe la depresión: “¡Estamos perdidos, Europa se está convirtiendo en Europastan!”. Lo que falta es la aceptación, la cual, en este caso, significaría un plan consistente de toda Europa para tratar con los refugiados.
Entonces, ¿qué hacer con los cientos de miles de personas desesperadas que esperan en el norte de Africa, escapando de la guerra y el hambre, tratando de cruzar el mar para encontrar refugio en Europa? Hay dos respuestas principales. Los liberales de izquierda expresan su indignación por cómo Europa está permitiendo que miles de personas se ahoguen en el Mediterráneo –su idea es que Europa debe mostrar su solidaridad abriendo sus puertas de par en par–. En cambio los populistas antiinmigrantes afirman que debemos proteger nuestra forma de vida y dejar que los africanos resuelvan sus propios problemas. Ambas soluciones son malas, ¿pero qué es peor? Parafraseando a Stalin, los dos son peores. Los mayores hipócritas son los que defienden la apertura de fronteras: en secreto saben muy bien que esto nunca va a pasar, ya que daría lugar a una revuelta populista instantánea en Europa. Actúan el Alma Bella que se siente superior al mundo corrupto mientras secretamente participan en él.
El populista antiinmigrante también sabe muy bien que, abandonados a sí mismos, los africanos lograrán cambiar sus sociedades –¿por qué no?
Porque nosotros, los europeos occidentales, estamos impidiendo que lo hagan. Fue la intervención europea en Libia, la que arrojó al país en el caos. Fue el ataque estadounidense a Irak, el que creó las condiciones para el surgimiento del Estado Islámico (EI). La guerra civil en curso en la República Centroafricana entre el sur cristiano y el norte musulmán no es sólo una explosión de odio étnico, fue provocada por el descubrimiento de petróleo en el norte: Francia (vinculada con los musulmanes) y China (vinculada a los cristianos) luchan por el control de los recursos petroleros a través de sus representantes.
Pero el caso más claro de nuestra culpa es el Congo de hoy que está surgiendo de nuevo como el “corazón de las tinieblas” africano. El artículo de portada de la revista Time el 5 de junio de 2006 se tituló “La guerra más mortal en el mundo” –una investigación detallada sobre cómo como alrededor de cuatro millones de personas murieron en el Congo resultado de la violencia política durante la última década. Ninguno de los habituales alborotos humanitarios le siguió, como si algún tipo de mecanismo de filtración hubiera bloqueado esta noticia para que no alcanzara pleno impacto–. Para decirlo cínicamente. El tiempo había elegido a la víctima equivocada en la lucha por la hegemonía en el sufrimiento –debería haberse mantenido con la lista de sospechosos de siempre–: las mujeres musulmanas y su difícil situación, la opresión en el Tíbet... ¿Por qué esta ignorancia?
En 2001, una investigación de la ONU sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en el Congo encontró que el conflicto en el país es principalmente sobre el acceso, el control y el comercio de cinco recursos minerales clave: coltán, diamantes, cobre, cobalto y oro. Bajo la fachada de la guerra étnica, discernimos el funcionamiento del capitalismo global. El Congo ya no existe como un Estado unido; se trata de una multiplicidad de territorios gobernados por los señores de la guerra locales que controlan su pedazo de tierra con un ejército que, por regla general, incluye niños drogados. Cada uno de estos señores de la guerra tiene vínculos comerciales con una empresa extranjera o corporación que explota sobre todo la rica minería en la región. La ironía es que muchos de estos minerales se utilizan en productos de alta tecnología, como laptops y teléfonos celulares.
Así que olvídense de la conducta salvaje de la población local, simplemente quiten las empresas de alta tecnología extranjeras de la ecuación y todo el edificio de la guerra étnica alimentada por viejas pasiones se desmorona. Aquí es donde deberíamos empezar si realmente queremos ayudar a los africanos y detener el flujo de refugiados. Lo primero es recordar que la mayoría de los refugiados proceden de los “estados fallidos”, donde la autoridad pública es más o menos inoperante por lo menos en grandes extensiones (Siria, Líbano, Irak, Libia, Somalia, Congo...). Esta desintegración del poder del Estado no es un fenómeno local, sino consecuencia de la economía y la política internacional, y en algunos casos, como Libia e Irak, incluso un resultado directo de la intervención occidental. Está claro que este aumento de “estados fallidos” no es una desgracia no intencionada, sino también una de las formas en que las grandes potencias ejercen su colonialismo económico. Uno también debería notar que las semillas de los “estados fallidos” de Medio Oriente hay que buscarlas en las fronteras arbitrarias dibujadas después de la Primera Guerra Mundial por el Reino Unido y Francia, que crearon una serie de estados “artificiales”: el Estado Islámico, al juntar a los sunnitas en Siria e Irak, en última instancia, está uniendo lo que fue desgarrado por los amos coloniales.
No podemos dejar de señalar el hecho de que algunos países no demasiado ricos de Medio Oriente (Turquía, Egipto, Irán, etc.) están mucho más abiertos a los refugiados que los realmente ricos (Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos, Qatar...). Arabia Saudita y Emiratos no reciben refugiados, aunque son vecinos de la crisis, así como ricos y culturalmente mucho más cerca de los refugiados (que son en su mayoría musulmanes) que Europa. Arabia Saudita incluso devolvió algunos refugiados musulmanes de Somalia –todo lo que hizo fue contribuir con 280 millones de dólares como apoyo a la educación de los refugiados–. ¿Es esto porque Arabia Saudita es una teocracia fundamentalista que no puede tolerar ningún intruso extranjero? Sí, pero también hay que tener en cuenta que en lo económico esta misma Arabia Saudita está totalmente integrada a occidente. ¿O no son Arabia Saudita y los Emiratos, desde el punto de vista económico, puestos de avanzada del capital occidental, estados que dependen totalmente de sus ingresos petroleros? La comunidad internacional debería ejercer una fuerte presión sobre Arabia Saudita (y Kuwait y Qatar, y...) para que cumplan con su deber en la aceptación de un gran contingente de los refugiados, sobre todo porque, por la forma en que apoyó a los rebeldes antiAssad, Arabia Saudita es en gran parte responsable de la situación en Siria.

Nueva esclavitud

Otra de las características que comparten estos países ricos es el surgimiento de una nueva esclavitud. El capitalismo se legitima como el sistema económico que implica y promueve la libertad personal (condición necesaria para que funcione el mercado). Pero genera esclavitud, como parte de su propia dinámica: aunque la esclavitud fue casi extinta a fines de la Edad Media, explotó en las colonias desde la temprana modernidad hasta la guerra civil de Estados Unidos. Y uno puede arriesgar la hipótesis de que hoy, con el surgimiento del capitalismo global, una nueva era de la esclavitud está emergiendo. A pesar de que ya no existe la figura legal del esclavo, la esclavitud adquiere una multitud de nuevas formas: millones de trabajadores inmigrantes en la península de Arabia (los Emiratos, Qatar, etc.) están de facto privados de derechos y libertades civiles elementales; otros millones de trabajadores son explotados en fábricas asiáticas organizadas directamente como campos de concentración; en muchos estados del Africa Central (Congo, etc.) se hace uso masivo del trabajo forzoso para la explotación de recursos naturales. Pero no hace falta mirar tan lejos. El 1º de diciembre de 2013, al menos siete personas murieron cuando una fábrica de ropa de capitales chinos en una zona industrial en la ciudad italiana de Prato, a 10 kilómetros del centro de Florencia. Se incendió un domingo, matando a los trabajadores atrapados en un improvisado dormitorio de cartón construido en el lugar. El accidente se produjo en el distrito industrial Macrolotto de la ciudad, conocido por su gran número de fábricas de ropa. Riberto Pistonina, un sindicalista local comentó: “Nadie puede decir que está sorprendido por esto, porque todo el mundo supo durante años que, en la zona entre Florencia y Prato, cientos sino miles de personas están viviendo y trabajando en condiciones de casi esclavitud”. Sólo en Prato hay al menos 15.000 trabajadores registrados legalmente, en una población total de menos de 200.000, con más de 4000 empresas de propiedad china. Se cree que miles de inmigrantes chinos están viviendo en la ciudad de manera ilegal, trabajando hasta 16 horas por día para una red de mayoristas y talleres que producen ropa barata.
Por lo tanto no tenemos que buscar la vida miserable de los nuevos esclavos muy lejos, en los suburbios de Shanghai (o en Dubai y Qatar) e hipócritamente criticar a China –la esclavitud puede estar aquí, en nuestra casa, simplemente no la vemos (o, más bien, fingimos no verla). Este nuevo apartheid de facto, esta explosión sistemática del número de diferentes formas de esclavitud de facto, no es un accidente lamentable, sino una necesidad estructural del capitalismo global de hoy. Esta es quizás la razón por la cual los refugiados no quieren entrar en Arabia Saudita. Pero los refugiados que entran a Europa se ofrecen para convertirse en mano de obra barata, en muchos casos a costa de los trabajadores locales que reaccionan ante esta amenaza uniéndose a los populistas antiinmigrante. Para la mayoría de los refugiados, convertirse en mano de obra barata europea sería sueño hecho realidad.
Los refugiados no son sólo escapan de sus tierras asoladas por la guerra, sino que también están poseídos por un cierto sueño. Podemos ver una y otra vez en nuestras pantallas refugiados en el sur de Italia, que dejaron en claro que no quieren quedarse allí –que en su mayoría quieren vivir en los países escandinavos–. ¿Y qué hay miles que acampan alrededor de Calais que no están satisfechos con Francia, pero están dispuestos a arriesgar sus vidas para entrar en el Reino Unido? Y ¿qué pasa con las decenas de miles de refugiados en los países Balcánicos que desean llegar a Alemania, al menos? Declaran este sueño como su derecho incondicional, y exigen a las autoridades europeas no sólo comida adecuada y atención médica, sino también el transporte hasta el lugar de su elección. Hay algo enigmáticamente utópico en esta demanda imposible: como si el deber de Europa fuera realizar su sueño, un sueño que, por cierto, está fuera del alcance de la mayoría de los europeos (¿cuántos europeos del este y del sur también preferirían vivir en Noruega?). Se puede observar aquí la paradoja de la utopía: precisamente cuando las personas se encuentran en situación de pobreza, angustia y peligro, y uno esperaría que estarían satisfechas con un mínimo de seguridad y bienestar, estalla la utopía absoluta. La dura lección para los refugiados es que “no hay Noruega”, incluso en Noruega. Tendrán que aprender a censurar sus sueños: en lugar de perseguirlos, en realidad, deberían centrarse en cambiar la realidad.
Uno debe ser muy claro aquí: la idea de que la protección de una forma específica de vida en sí misma es una categoría protofascista o racista debe ser abandonada. Si no hacemos esto, abrimos el camino para que la ola antiinmigrante que crece en toda Europa y cuya señal más reciente es el hecho de que, en Suecia, el Partido Demócrata antiinmigrante por primera vez superó a los socialdemócratas y se convirtió en el partido más fuerte en el país. La reacción liberal de izquierda estándar para esto es, por supuesto, una explosión de moralismo arrogante: el momento en que demos alguna credibilidad al motivo “protección de nuestro modo de vida”, ya comprometemos nuestra posición dado que proponemos una versión más modesta de lo que los populistas antiinmigrante abiertamente defienden. ¿No es esta la historia de las últimas décadas? Partidos centristas rechazan el racismo abierto de los populistas antiinmigrante, pero al mismo tiempo afirman “entender las preocupaciones” de la gente común y promulgar una versión más “racional” de la misma política.
Pero aunque hay un momento de la verdad en esta reacción, se debe rechazar, sin embargo, la actitud humanitaria liberal de la izquierda predominante. Las quejas que moralizan la situación –el mantra de “Europa perdió la empatía, es indiferente hacia el sufrimiento de los demás”, etc., no es más que el anverso de la brutalidad contra los inmigrantes. Comparten la presuposición –que no es en modo alguno evidente por sí misma– que una defensa de la propia forma de vida excluye el universalismo ético. Uno por lo tanto debería evitar quedar atrapado en el juego liberal de “cuánta tolerancia podemos darnos el lujo de tener” -deberíamos tolerar si impiden que sus hijos vayan a escuelas públicas, si obligan a sus mujeres a vestirse y comportarse de una determinada manera, si planifican los matrimonios de sus hijos, si se maltratan a los gays en sus filas... En este nivel, por supuesto, nunca somos suficientemente tolerantes, o somos siempre –ya demasiado tolerantes, descuidando los derechos de la mujer, etc–. La única manera de salir de este punto muerto es ir más allá de la simple tolerancia de los demás: no limitarnos a respetar a los demás, ofrecer una lucha común, ya que nuestro problema hoy es común.
Otras formas de apartheid
Por lo tanto uno tiene que ampliar la perspectiva: los refugiados son el precio de la economía global. En nuestro mundo global, los productos circulan libremente, pero no las personas: están surgiendo nuevas formas de apartheid. El tema de las paredes porosas, de la amenaza de estar inundado por extranjeros, es estrictamente inmanente al capitalismo global, es una muestra de la falsedad en el discurso de la globalización capitalista. Es como si los refugiados quisieran extender la libre circulación global de materias primas también a las personas. Mientras que las grandes migraciones son un rasgo constante en la historia de la humanidad, su principal causa en la historia moderna son las expansiones coloniales: antes de la colonización, los países del Tercer Mundo consistían básicamente de comunidades locales autosuficientes y relativamente aisladas –fue la ocupación colonial, la que quitó los rieles a esta forma de vida tradicional y que llevó a renovadas migraciones a gran escala (también a través de la trata de esclavos).
La ola actual de las migraciones en Europa no es una excepción. En Sudáfrica, hay más de un millón de refugiados de Zimbabwe que están expuestos a los ataques de los pobres locales porque les quitan su trabajo. Y habrá más, y no sólo a causa de los conflictos armados, sino por nuevos “estados canallas”, las crisis económicas, los desastres naturales, el cambio climático, etc. Ahora se sabe que, después de la catástrofe nuclear de Fukushima, las autoridades japonesas pensaron por un momento en que la totalidad del área de Tokio –20 millones de personas– tendrían que ser evacuadas. ¿En ese caso, a dónde hubieran ido? ¿En qué condiciones? Se les debería dar un pedazo de tierra o simplemente dispersarlos por el mundo? ¿Y qué pasaría si el norte de Siberia se hiciera más habitable y apropiado para la agricultura, mientras que las grandes regiones subsaharianas se volvieran demasiado secas para que viva allí una gran población? ¿Cómo se organizará el intercambio de población? Cuando cosas similares ocurrieron en el pasado, los cambios sociales ocurrieron de manera espontáneamente salvaje, con violencia y destrucción –tal perspectiva es catastrófica en las condiciones actuales, con armas de destrucción masiva disponibles para todas las naciones.
Por lo tanto, la principal lección que hay que aprender es que la humanidad debería estar lista para vivir de una manera más “plástica” y de forma más nómada: cambios locales o globales en el medio ambiente pueden imponer la necesidad de inauditas transformaciones sociales a gran escala. Una cosa está clara: la soberanía nacional tendrá que ser redefinida radicalmente e inventados nuevos niveles de cooperación global. ¿Y qué decir de los inmensos cambios en la economía y el consumo debido a los nuevos patrones climáticos o la escasez de fuentes de agua y de energía? ¿A través de qué procesos de decisión se decidirán y ejecutarán esos cambios? Tendrán que romperse una gran cantidad de tabúes y llevarse a cabo un conjunto de medidas complejas.
En primer lugar, Europa tendrá que reafirmar su pleno compromiso de proporcionar medios para la supervivencia digna de los refugiados. No debe haber ninguna concesión aquí: las grandes migraciones son nuestro futuro, y la única alternativa a este compromiso es una barbarie renovada (lo que algunos llaman “choque de civilizaciones”).
En segundo lugar, como consecuencia necesaria de este compromiso, Europa debe organizarse e imponer reglas y regulaciones claras. El control estatal de la corriente de los refugiados debe reforzarse mediante una red administrativa vasta que abarque la totalidad de la Unión Europea (para evitar barbaridades locales como las de las autoridades de Hungría y Eslovaquia). Los refugiados deben ser reasegurados de su seguridad, pero también debe quedar en claro que ellos tienen que aceptar el lugar para vivir adjudicado por las autoridades europeas, además de que tienen que respetar las leyes y normas sociales de los estados europeos: ninguna tolerancia a la violencia religiosa, sexista, o étnica en ningún lado, ningún derecho a imponer a los demás la propia forma de vida o religión, el respeto a la libertad de cada individuo para abandonar sus / sus costumbres comunales, etc. Si una mujer opta por cubrir su rostro, su elección debe ser respetada, pero si no opta por no cubrirlo, su libertad tiene que ser garantizada. Sí, tal conjunto de reglas secretamente privilegia la forma de vida de Europa Occidental, pero es un precio por la hospitalidad europea. Estas reglas deben ser claramente expresadas y aplicadas, por medio de medidas represivas (contra los fundamentalistas extranjeros, así como en contra de nuestros propios racistas antiinmigrantes) si es necesario.
En tercer lugar, tendrá que inventarse un nuevo tipo de intervenciones internacionales: intervenciones militares y económicas que evitarían trampas neocoloniales. ¿Qué pasa con las fuerzas de la ONU garantizando la paz en Libia, Siria o el Congo? Los casos de Irak, Siria y Libia demuestran cómo el tipo incorrecto de la intervención (en Irak y Libia), así como la no intervención (en Siria, donde, bajo la apariencia de la no intervención, los poderes externos de Rusia a Arabia Saudita están totalmente comprometidos) terminan en el mismo punto muerto.
En cuarto lugar, la tarea más difícil e importante es un cambio económico radical que debería abolir las condiciones que generan refugiados. La causa última de la llegada de los refugiados en sí misma es el capitalismo global actual y sus juegos geopolíticos, y si no lo transformamos radicalmente, los inmigrantes procedentes de Grecia y otros países europeos se unirán pronto a los refugiados africanos. Cuando yo era joven, tal intento organizado para regular commons era llamado comunismo. Tal vez, deberíamos reinventarlo. Quizás sea, a largo plazo, nuestra única solución.
¿Es todo esto una utopía? Tal vez, pero si no lo hacemos, entonces estamos perdidos.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-281407-2015-09-11.html

Arg-Reg NEA- Chaco, la muerte del niño y la canalla mediática

10-9-15 Diario Pagina 12

Por Mempo Giardinelli

Es difícil escribir poseído por el dolor y la rabia, pero no hay remedio. Una nueva andanada de cinismo ha colocado a mi provincia en el centro de la mentira electorera.
Porque es verdad que los cuadros de tuberculosis y desnutrición son, en el Chaco, tan endémicos y de vieja data como indignantes y dolorosos. Pero es miserable aprovechar ahora la desdichada muerte de Oscar Sánchez, un adolescente qom de sólo 14 años, desnutrido y tuberculoso, para enlodar de antemano las elecciones del próximo 20 de septiembre.
Hay que ser muy canallas para fingir sentimientos que no se tienen, y que jamás han tenido estos carroñeros de la política que vienen a “descubrir” lo que aquí cualquiera sabe: que decenas, centenares de niños qom, wichís y mocoiq murieron aquí, en iguales condiciones extremas, en los últimos 10, 20, 50 y 100 años.
Y es claro que desgraciamente va a seguir habiendo casos como el de Oscar ahora, y en el pasado enero Néstor Femenía, otro chiquito enfermo de tuberculosis sumada a desnutrición extrema, meningitis y neumonía.
Ambos murieron por causas estructurales que fueron negadas durante décadas, nunca erradicadas y las cuales llevará todavía mucho tiempo erradicar. Pero en estos “denunciadores” lo que indigna y subleva es que les encanta promocionar –porque eso hacen: promoción– todo lo que espante a “la pobre inocencia de la gente”.
Estas muertes derivan de causas –y esto es lo que hay que subrayar– que durante mínimo los últimos 50 años jamás fueron atendidas. Y es obvio que la actual gestión tampoco las solucionó, pero al menos sí se encararon políticas sanitarias, educativas y de infraestructura como nunca antes se había hecho. Ésa es la diferencia, y basta andar por los montes de lo que queda del Impenetrable para comprobarlo.
Estos buitres de la comunicación empezaron la semana pasada diciendo que el Hospital Pediátrico de Resistencia, recién inaugurado, tenía fallas estructurales. Y antes “denunciaron” equipamientos deficientes en los flamantes hospitales de Villa Río Bermejito y de Juan José Castelli. Tres grandes centros que no sé si tienen muchos o pocos problemas, pero ahí están; antes no existían. Porque nunca existió un hospital decente en esos extensos parajes. Entonces irrita que ahora que hay tres, grandes y con dotaciones de médicos como nunca antes, vengan a demolerlos mediáticamente.
Pero no dicen que en 2007 de cada mil nacidos vivos en esta provincia, morían 22; mientras que ahora se redujeron a 11,8. Ni dicen que hoy hay 125 Centros de Atención Médica nuevos y se construyen 200 más. Ni que específicamente respecto de la tuberculosis, el Programa de Control de TBC del Chaco informó hace sólo un mes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en la Región Sanitaria 5 (El Sauzalito, Nueva Pompeya, Miraflores, Castelli) hay 48 Pacientes Notificados y bajo tratamiento. Y en Pampa del Indio ocho más.
También silencian el hecho de que se han recibido ya 4 médicos Qom, que trabajan tres en Castelli y uno en El Espinillo, y son parte de los 1259 trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, odontólogos) que cubren todo El Impenetrable (sobre un total de 13.562 en toda la provincia). Ni dicen que desde 2014 se tienden conexiones de agua potable entre Fortín Lavalle y Castelli, y hay más conexiones hacia otros parajes, a la vez que en 2015 ya hay 15.000 nuevos usuarios de electrificación rural, quienes hace diez años estaban a oscuras. Y están llegando ya las primeras redes para celulares y wifi a El Sauzalito y Nueva Pompeya, en el extremo norte del Impenetrable, para atender a unos 35.000 habitantes dispersos. Y en toda la provincia los usuarios de electricidad pasaron de 250.000 a 359.000.
Por supuesto que en toda sociedad en la que hay cuatro etnias que por siglos estuvieron sometidas e invisibilizadas, y donde la pobreza extrema ha sido feroz durante por lo menos los últimos 150 años (o sea desde que al Chaco llegó la “civilización”), siempre se van a “descubrir” casos tremendos, dolorosos e impactantes como los de estos dos pibes.
Pero lo infame es aprovecharse de sus desdichas, sacarlos de contexto y mentir de manera vil y obscena para inflamar los ánimos 10 días antes de una elección cuyos resultados están cantados, desde que las PASO marcaron una diferencia abrumadora que nadie cuestionó. Nadie.
Son tan cínicos y manipuladores estos canallas que sobre las fotos y el video de un niño agonizante, escriben: “advertencia: la imagen y el video pueden herir su sensibilidad”. No sé ustedes los lectores, pero yo nunca he visto algo igual de miserable y violento en toda la prensa mundial.
En una provincia donde la pobreza y la indigencia han sido y son históricamente altísimas, es por lo menos estúpido debatir y comparar datos del desprestigiado Indec con cálculos interesados privados que se “basan” en supuestos “índices de precios”. Pero ahí está el promocionado Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que insiste en que en los últimos tres años aumentó la pobreza en todo el país. Uno se pregunta en qué país viven estos señores, porque basta recorrer las provincias para advertir que aunque hay muchísimos problemas en todos los órdenes, de ninguna manera la pobreza y la indigencia aumentaron, por más que ellos hagan tremendos esfuerzos.
Si fuera cierto que hoy uno de cuatro argentinos es pobre (son, dicen, 11 millones de personas, más 2 millones de indigentes), y que en 2014 el 40 por ciento de los chaqueños estaba bajo la línea de pobreza y el 17 por ciento bajo la línea de indigencia, al menos aquí nadie con ojos les creería. Eso es mentira, salvo que se mande un equipito de periodistas carroñeros para que por una vez en sus vidas se ensucien las patas y busquen lo peor del paisaje humano local, que por supuesto existe y ningún chaqueño honrado niega ni oculta.

También mienten que la provincia del Chaco ha dejado de publicar datos oficiales de pobreza e indigencia desde “hace más de tres años”. Y la prueba está en que los datos de este artículo son todos oficiales y los he bajado de internet y/o solicitado al Ministerio de Salud.

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-281320-2015-09-10.html