viernes, 18 de mayo de 2018

Argentina- El Fondo no cambia, cambió la Argentina

14 mayo 2018-  Nodal

El Fondo no cambia, cambió la Argentina

 Por Pedro Brieger, director de NODAL

El martes 8 de mayo el ministro de Finanzas Nicolás Dujovne planteó que el gobierno del presidente Mauricio Macri apelaría al Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento. Al referirse al organismo planteó que era “un Fondo Monetario Internacional muy distinto al de hace 20 años”.
Si bien el ministro no explicó por qué este Fondo sería diferente al de 20 años atrás ni por qué eligió la fecha de 1998 como referencia, vale preguntarse si ante una posible asistencia del FMI lo que ha cambiado no es el Fondo sino la sociedad argentina y la respuesta que se puede generar ante su nuevo desembarco.
En realidad, cuando se piensa en las políticas del FMI y los diversos organismos financieros internacionales uno debería remontarse aún diez años más atrás de 1998, al momento en que se planteó el famoso “consenso de Washington” y sus recomendaciones para América Latina. En aquella época, un grupo importante de economistas –muchos de ellos conocidos como “los Chicago Boys”- lograron imponer la idea generalizada de que todo lo público era “ineficiente”, que el Estado es intrínsecamente perverso, que era necesario achicarlo, que la única manera de que las empresas de servicios públicos funcionaran era privatizándolas, que así se reducirían gastos y se eliminaría la corrupción; que debía bajarse el gasto público, abrir los mercados, incrementar la producción de artículos destinados a la exportación, flexibilizar y “modernizar” los mercados laborales, quebrar el poder de los sindicatos -supuestamente interesados solamente en enriquecer a sus cúpulas- y reducir los gastos sociales, entre tantos otros postulados.
Estas políticas, en líneas generales, fueron las que se implementaron en la década de los noventa del siglo pasado en la Argentina, México y Perú, países tomados como “modelos” de las reformas neoliberales, y cuyos resultados fueron desastrosos.

Carlos Menem asumió la presidencia argentina en 1989 después de una crisis hiperinflacionaria que disciplinó a la sociedad para que se aceptara el plan de convertibilidad de “un peso-un dólar”. Hubo varios factores que le permitieron a Menem y a su superministro de economía Domingo Cavallo implementar su política de ajuste durante varios años. La Argentina recién había dejado atrás la dictadura y los militares todavía representaban una amenaza latente. Raúl Alfonsín sufrió algunos levantamientos durante su presidencia y el último de ellos sucedió en 1990 durante el gobierno de Menem.
El temor a un retorno de los militares era real y la consolidación de la democracia era apenas como una vaga aspiración. El menemismo prometía un futuro auspicioso sobre la base de un relato mágico-religioso consistente en predicar que las reformas neoliberales derramarían riqueza sobre toda la sociedad. Ese relato mesiánico tranquilizó porque proporcionó una explicación coherente de la realidad, aunque tuviera una connotación religiosa y dogmática. La concepción neoliberal simplificadora partía de una ruptura con el populismo y el estatismo para lograr el bienestar prometido y arribar a un imaginario “Primer Mundo”. Como los mitos tienen un carácter ritual y simbólico para que la sociedad crea en ellos es necesaria su repetición ritual, la fácil asociación de ideas que inculca un sentido de rectitud, así como de inevitabilidad (las reformas eran “inevitables”). Y si la década del ochenta fue definida como la década “perdida”, la posterior fue la década del “mito neoliberal”.
Durante la década de los noventa se construyó un mito basado en un hecho real: la estabilidad monetaria lograda luego de detener procesos hiperinflacionarios. El “uno a uno” domesticó a una parte importante de la sociedad durante un tiempo mientras –para poder financiar esa ecuación- se privatizaron áreas estratégicas, se desarticuló al movimiento obrero y se desarrolló un fuerte discurso “antipolítica” en los medios de comunicación que intentó alejar a una generación de la participación ciudadana.
Hoy sabemos que la riqueza no “derramó” como prometían y que hubo que recurrir al FMI y cumplir sus exigencias para sostener la ecuación “un dólar-un peso” y que su política de ajuste provocó altos niveles de desocupación y culminó en la implementación del tristemente llamado “corralito” bancario que degeneró en el “corralón: la imposibilidad de los ahorristas de a pie de retirar de los bancos sus ahorros en dólares. Esa experiencia concluyó con la revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001 que le abrió las puertas al kirchnerismo, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En 2018 nuevamente un gobierno intenta traer al Fondo Monetario Internacional pero ahora necesita decir que este es un “nuevo” Fondo y “distinto” del anterior porque las experiencias anteriores culminaron en la catastrófica salida del presidente Fernando de la Rúa, muertos en las calles y un país virtualmente destruido.
Sin embargo, la sociedad argentina de hoy no es la misma que hace veinte o treinta años. Las Fuerzas Armadas están muy lejos de tener el poder de antaño, muchos militares purgan largas condenas de prisión y la lucha por los derechos humanos ha sido legitimada como bien lo comprobó este gobierno en 2017 cuando intentó liberar militares con el “2×1”. No pudo.
El kirchnerismo también repolitizó a amplios sectores de la sociedad como se pudo apreciar con la organización de numerosos jóvenes en las múltiples agrupaciones que apoyaron el gobierno de Cristina Fernández después de la muerte de Néstor Kirchner. Estos movimientos surgieron en apoyo al gobierno, algo poco usual en la política porque -por lo general- los jóvenes se incorporan a la política en un contexto de oposición a un gobierno. Un eje central que contribuyó a su crecimiento fue la proyección de un futuro mejor, promisorio, y el de formar parte de este proceso contrapuesto a la sensación de años anteriores de que todo iba a ser peor.
Más allá de cierta demonización mediática por el rol de algunos dirigentes en funciones dentro del aparato estatal durante la gestión kirchnerista, la mayoría de estos movimientos se construyó desde las bases disfrutando de nuevos derechos en la vida cotidiana: desde la apertura de nuevas universidades públicas hasta el matrimonio igualitario, pasando por el fútbol gratuito en televisión.
Justamente, la gran pregunta que por ahora no tiene respuesta es cómo responderá ante un ajuste una generación que se politizó durante los años de expansión del kirchnerismo apoyando políticas de crecimiento. Muchos de estos jóvenes apenas recuerdan el 19 y 20 de diciembre de 2001 y tienen en la retina la imagen de Néstor Kirchner cancelando la deuda con el Fondo y los discursos de Cristina Fernández criticando duramente al FMI.
Por otra parte, vale la pena recordar lo sucedido en diciembre de 2015 cuando Cristina Fernández dejó la presidencia. Un día antes de abandonar el poder convocó a una multitud para despedirse después de doce años de kirchnerismo, casi como si estuviera festejando la victoria de su movimiento y no una derrota. En ese momento en esta misma columna decíamos que el kirchnerismo había sufrido una derrota electoral pero que no había sido derrotado en el sentido histórico del término, como en 1955 y l976. El país en 2015 no estaba en llamas, sus líderes no estaban presos ni tampoco habían sido forzados al exilio, aunque sí demonizados por un aparato de comunicación exitoso que insistía en que recibía “una pesada herencia” y un país destruido.
Si bien durante dos años el macrismo insistió en la “pesada herencia”, su discurso tuvo como epicentro mantener “lo bueno” que se había hecho y las posibilidades de vivir mejor. Ahora, cuando está a la vista la especulación financiera -tan ajena a la mayoría de la población- con el pedido de auxilio al Fondo se refuerzan las palabras “ajuste” y “tarifazo”, expresiones éstas a las que ningún aparato comunicacional puede darle una connotación positiva. Esto quiere decir que las posibilidades de vivir mejor aparecen desdibujadas.
En 1990 el plan de convertibilidad tuvo amplios niveles de consenso y permitió implementar las políticas de ajuste “sin anestesia”. Hoy ese consenso no existe ni se puede lograr. Por tal motivo la pregunta es cómo harán para imponer las políticas del FMI de siempre en una Argentina tan diferente.
La demonización del Fondo no es producto del kirchnerismo sino de la propia práctica del organismo a nivel internacional. Es más, el 19 de septiembre de 2017, J. Kyle Bass del Fondo de Inversión Hayman Capital Management publicó un artículo en la Agencia Bloomberg cuyo título era “El FMI debe dejar de torturar a Grecia” porque los griegos ya habían sufrido demasiado. Si uno toma el artículo de Kyle Bass se podría decir que hoy el FMI es “distinto”, pero en sentido inverso al que intenta difundir el gobierno argentino. En 2011, hace apenas siete años, el ex ministro de finanzas griego Evangelos Venizelos recordaba las negociaciones con el Fondo para aplicar las políticas de ajuste en su país y decía que había insistido en medidas crueles para probar que su gobierno estaba dispuesto a pagar el costo político.
En el caso argentino el rechazo al FMI es producto directo de las políticas de ajuste que causaron la crisis del 2001 y su recuerdo traumático. Como en los noventa tratarán de culpar a “los intereses mezquinos” de la política que impide los ajustes “que hay que hacer”, el mantra habitual de los economistas y comunicadores neoliberales. Pero propios y ajenos coinciden en que el llamado del gobierno al Fondo es un pedido de socorro y que tiene poco tiempo para construir un nuevo relato por la positiva que supere al de “la pesada herencia”.
¿Aceptará mansamente la sociedad argentina la disminución de subsidios, el recorte de jubilaciones y planes sociales, o los aumentos desmedidos de las tarifas de servicios públicos cuando no hay amenazas de golpe militar, ni un pasado reciente de hiperinflación que sirva como disciplinador social? Con el tiempo tendremos la respuesta.

https://www.nodal.am/2018/05/el-fondo-no-cambia-cambio-la-argentina-por-pedro-brieger-director-de-nodal/

Brasil- En Brasil recrudeció la represión y vulneración a los derechos”

15-5-2018 Nodal

Rosa Marques, expresidenta de la Sociedad de Economía Política: “En Brasil recrudeció la represión y vulneración a los derechos”


Entrevista a Rosa Marques, expresidenta de la Sociedad de Economía Política

Por Jorge Marchini.

Rosa Maria Marques, es profesora titular del Departamento de Economía y del Programa de Estudios de Posgraduados en Economía Política de la Universidad Católica de San Pablo ( PUCSP) y ex-presidente de la Sociedad Brasileña de Economía Política (SEP) y de la Asociación Brasileña de Economia de la Salud (ABrES). Este es su análisis sobre la realidad brasileña:

-¿Cómo está la situación de Brasil luego de la prisión de Lula?
-Si observamos lo que viene sucediendo desde el golpe de 2016 con la destitución de Dilma Rousseau , la prisión del Lula constituye sólo un momento más del avance de la derecha en Brasil . Desde entonces hemos visto no sólo congelar el presupuesto de
El gobierno federal por veinte años, la eliminación de derechos de los trabajadores y la puesta a la venta de lo que aún quedaba de patrimonio estatal, destacándose los de empresas clave como Petrobrás y Eletrobrás, así también una escalada de la violencia y de todas las formas de intolerancia.
El asesinato de Marielle Franco (concejal del PSOL de la ciudad de Río de Janeiro) y su chofer, Anderson Gomes, llevó a las calles a decenas miles de personas en luto y lucha. La conmoción fue de tal magnitud que las manifestaciones que siguieron a su muerte pueden ser comparadas con las del primer semestre de 2017. A pesar de ello, la violencia y las expresiones de intolerancia de todos los tipos parecen haber recrudecido. Es como si la muerte de Marielle hubiera sido un momento de clivaje, de punto sin retorno, que pusiera al descubierto los últimos velos que mantenían el odio no totalmente revelado.
Los ejemplos de este recrudecimiento no faltan: las ejecuciones que ocurren en las periferias, en las favelas y en los lugares del campo donde el conflicto por la tierra es más agudo, resultando en la muerte de trabajadores e indígenas; los ataques a la caravana de Lula, en el sur del país, que no se han restringido solo a huevos y piedras, en tanto los protofascistas hicieron uso de explosivos para bloquear su paso y dirigieron balas a sus vehículos; los actos de intolerancia manifestados en las calles, antes dirigidos a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales (LGBT) y negros, ahora son también contra inmigrantes.
Más recientemente, vimos con qué brutalidad los manifestantes de la educación infantil de Belo Horizonte fueron tratados, así como los estudiantes de la Universidad Nacional de Brasilia. Podríamos seguir la lista.
En el ejercicio de esta violencia, se encuentran grupos de individuos, milicias y fuerzas policiales regulares, haciendo más complejo el entendimiento de lo que es el aparato represivo actual del Estado en el país, de su extensión y transfiguración.
En ese marco, la prisión de Lula era necesaria y previsible. Se trata de la judicialización de la política. El gran capital, principal articulador del golpe de 2016, no promovió la retirada de Dilma para ver a Lula volver al Palacio da Alvorada (sede presidencial).
Condenado sin pruebas, está atrapado en celda aislada y no puede comunicarse con nadie, con la excepción de sus familiares y abogado. A cualquier otra persona se la ha negado la autorización de visita: incluso a personalidades como Pérez Esquivel, Leonardo Boff y la propia Dilma Rousseff, y hasta a su médico personal.
A pesar de estar incomunicado, él sigue frente a las encuestas en relación a cualquier otro carrera para la carrera hacia las elecciones presidenciales en octubre próximo. Sin embargo, no se sabe si Lula podrá ser candidato. En el escenario político, y paralelo al marco de recrudecimiento de la represión y de la vulneración a los derechos democráticos y civiles, se ensaya el lanzamiento de varios candidatos.
Nadie puede, con certeza, decir qué pasará. En el lado de la extrema derecha, Bolsonaro registra significativo apoyo y, hasta el momento no parece afirmarse una candidatura más “al centro”. La novedad, en términos de pre-candidatura, queda con el PSOL, que presenta al líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guillherme Boulos, y Sonia Guajajara, indígena que representa a varias etnias organizadas.
La presencia de Sonia introduce la discusión del ecosocialismo en el debate de los presidenciables, con una crítica profunda a la experiencia de los gobiernos Lula y Dilma, tanto en el trato de las tierras indígenas, como en la postura con relación a los agronegocios y al desarrollo de grandes proyectos , como la usina de Belo Monte, en el estado de Pará.

-¿Realmente ha comenzado la recuperación de la economía brasileña luego de años de caída?
-En las últimas semanas el mercado ha revisado hacia la baja la previsión de crecimiento de la economía brasileña en 2018. En ese momento, se prevé algo en torno al 2,7%. Necesitamos ver lo que sucederá hasta octubre, pues, al tratarse de un año electoral, puede haber mucha inestabilidad. De cualquier forma, no hay nada que indique que estamos viviendo un nuevo ciclo de expansión.
Los principales indicadores de la economía siguen presentando pésimo desempeño: bajo nivel de la inversión privada y caída continua de la inversión pública; un elevado nivel de desempleo (13,6%) y una caída del ingreso medio de los trabajadores. El crecimiento esperado, provocado especialmente por el aumento de la producción agrícola y el crecimiento de las exportaciones, es, por lo tanto, frágil y no suficiente para garantizar una recuperación.
-Medidas drásticas, como las reformas laboral y previsional, son defendidas por buena parte del establishment como necesarias “luego de años de populismo”. ¿Qué opina?
–Para responder a esas cuestiones, hay que recordar que, en Brasil, el gran capital ya estaba libre de obstáculos y se beneficiaba de total libertad incluso antes del golpe de 2016. Esa libertad fue principalmente resultado de medidas realizadas durante el gobierno Fernando Henrique Cardoso, pero que no fueron revertidas en los gobiernos de Lula y Dilma que , en algunas áreas, hasta se profundizaron, tal como ocurrió con la salud. A pesar de todo, había un mercado que no tenía, hasta entonces características adaptadas a las condiciones de la reproducción del capitalismo globalizado y “financiarizado”.
Este era el mercado de trabajo. Su legislación, que definía las condiciones de la fuerza de trabajo y los trabajadores del mercado formal, no estaba de acuerdo con aquella defendida y practicada (cuando no enfrentaba la resistencia de los movimientos organizados) por las empresas internacionalizadas. De este modo, el conjunto de leyes que garantizan los derechos de los trabajadores, llamado Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), pasó a ser considerado un obstáculo para la integración al mercado internacional.
Al analizarse desde el punto de vista del gran capital, asociado o no al capital internacional, era completamente insuficiente permitir el libre acceso a la producción y circulación de mercancías y del capital: era necesario que ello fuera acompañado por la alteración de las condiciones de su reproducción, lo que necesariamente implicaba la gestión de la fuerza de trabajo. En ese contexto, asume importancia impar la reforma laboral promovida por el gobierno Temer y su propuesta de reforma de la seguridad social.
La reforma laboral se llevó a cabo con el fin de conceder seguridad para el capital en general, pero principalmente al extranjero. Es para el capital que está interesado en comprar o participar en áreas públicas ahora puestas la venta mediante procesos de privatización o de levantamiento de prohibiciones legales existentes . Así, el sentido general de la reforma laboral es conceder garantía jurídica para que el gran capital internacional, principalmente el financiero, pero asociado al capital industrial y comercial, complete la integración de la economía brasileña a la economía mundial. De esta forma, el costo del trabajo estará controlado, de modo que el capital aquí instalado pueda competir con el de otras economías en las que es muy reducido.
Los cambios introducidos por la reforma acaban con garantías laborales. Este siempre fue un problema para los empresarios, ya que afirmaban que dificultaba la estructura de costos en la contratación de fuerza de trabajo. Ello porque, en general, la justicia acababa por imponer el cumplimiento de la ley, lo que generaba un pasivo laboral de valor muchas veces imprevisible. A partir de la reforma, el costo de la fuerza de trabajo es calculable, pudiendo ser estimado de antemano.
Y el nivel de ese costo, con la aplicación del conjunto de cambios, y sin considerar el pasivo laboral, tiende a ser menor que el actual. Este será el resultado, entre otros, de la introducción de la supremacía de lo acordado en forma particular en relación a lo legislado y de la creación de diversas modalidades de vínculos, de las cuales la más perversa es, ciertamente, la del trabajo intermitente. En términos de gestión de la fuerza de trabajo, lo que veremos es que las empresas tenderán a mantener un núcleo duro de trabajadores y, en caso de que la demanda por sus productos aumente, contratar a nuevos empleados valiéndose de las diferentes formas de contratación refrendadas por la reforma.
Otro aspecto de la reforma, que es muy importante, se ha aprobado que la tercerización pueda ocurrir en cualquier actividad, del sector privado y público, sea ella medio o fin. En el caso específico del sector público, ese cambio viene al encuentro del objetivo de reducir el Estado. En el plano de las alcaldías, ya ha ocurrido la contratación de empresas mediante licitacíón principalmente en el área de la educación.
La reforma de la seguridad social, como todo el mundo sabe, está en espera, pero seguramente entrará nuevamente en la agenda del Congreso después de las elecciones y/o en 2019. La aplicación de la propuesta inicial del gobierno tenía cuatro objetivos básicos: a) el de “armonizar” los regímenes previsionales entre los servidores públicos en los tres niveles de gobierno y el de los trabajadores del mercado formal privados sean estos rurales o urbanos; b) exigir como criterio para la jubilación la edad; c) aumentar significativamente el tiempo de contribución; y c) el reducir el valor de la jubilación.
Esa propuesta enfrentó amplio rechazo, pues rápidamente la población entendió de qué forma afectaría su condición de vida tanto en la vida activa como cuando fuera jubilado. Por eso mismo, esa propuesta fue modificada a lo largo del tiempo en que permaneció en tratamiento del Congreso. A pesar de ello, su pilar permanece en la última versión: el de introducir la edad como criterio de la jubilación y el de reducir el valor del beneficio. Es innecesario decir que la propuesta de reforma de la seguridad social es uno de los aspectos de la aplicación del nuevo régimen fiscal vigente en el país.


https://www.nodal.am/2018/05/rosa-marques-expresidenta-de-la-sociedad-de-economia-politica-en-brasil-recrudecio-la-represion-y-vulneracion-a-los-derechos/

Mundo- La izquierda selectiva frente a Siria

abril 2018- Rev Nueva Sociedad-

La izquierda selectiva frente a SiriaDe ataques occidentales, dictadores locales y equivalencias tranquilizadoras

La crisis en Siria ha desnudado las atrocidades de Assad, los delirios de Putin y las actitudes violentas de Trump. Sin embargo, también ha revelado la existencia de una izquierda que acomoda los datos a sus esquemas ideológicos y que niega todo tipo de imperialismo que no sea occidental. Esta izquierda, complaciente con Assad y Putin, es incapaz de explicar el conflicto sin caer en posturas igualmente maniqueas a las de sus adversarios políticos e ideológicos.
Por Ezequiel Kopel

Lo primero que se repitió -como si la guerra fuese una regla de tres simple- fue que el dictador sirio Bashar al Assad no usaría armas químicas contra sus enemigos porque iba ganando la guerra. La conclusión –que dejaba de lado que a Assad todavía le falta recuperar el 40 % de Siria-solo podía ser digna de consideración si la utilización de armas químicas no se hubiera repetido periódicamente desde 2013. Lo cierto es que la dinámica utilizada no es compleja y replica un patrón de comportamiento ya dilucidado un año atrás cuando aconteció el bombardeo químico en Khan Sheikhoun: en esa oportunidad los rebeldes sirios habían rechazado una rendición, exactamente como pasó en Douma (suburbios de Damasco). Y, tanto antes como ahora, la situación se alteró después del ataque: los grupos rebeldes se rindieron luego de años de resistencia. Los ataques químicos siguen un patrón exitoso de acción y respuesta que le ha permitido al gobierno sirio recuperar parte del país y que, debido a la inacción de la comunidad internacional, es utilizado de forma permanente y con mínimo castigo. En una palabra, los ataques químicos acontecen porque funcionan. Los mismos producen que poblaciones díscolas se retiren, que los rebeldes se rindan, y que el gobierno pueda colocar en su lugar a ciudadanos adeptos al régimen. El problema de este curso de acción surge cuando la cantidad de víctimas es numerosa (como en el caso de Ghouta oriental en 2013, de Khan Seikhoun en 2017, o ahora con Duma), y los países occidentales no tienen más remedio que intervenir para tratar de limpiar sus conciencias dentro de un conflicto del que le vienen tratando de escapar desde 2011. Por lo tanto, la pregunta correcta sería: ¿Por qué Assad no utilizaría armas químicas contra su propia gente sabiendo muy bien que nunca ha pasado nada?
La utilización de armas químicas no es solo evidente por las imágenes y los testimonios de los médicos que atendieron a las víctimas. Lo es también por las idas y vueltas de los gobiernos de Siria y Rusia para camuflar el ataque. Primero, Siria afirmó que no había existido ataque alguno y más tarde aseguró que lo habían cometido los rebeldes sirios (como también lo hizo Rusia). Finalmente, los rusos modificaron de relato. Afirmaron ante la opinión pública que el ataque había sido coreografiado por los rescatistas sirios, aportando como prueba un video que contenía imágenes de una película de ficción. Ya como último recurso, el gobierno de Vladímir Putin terminó por apuntar a Gran Bretaña como la culpable de entregarle las armas a los rebeldes para que lo realicen (contra ellos mismos). La explicación, por supuesto, tenía ribetes rocambolescos. Sostiene que los rebeldes se «auto atacaron» al utilizar las armas contra sus propias fuerzas y población donde operan. Pero no es lógico preguntarse cómo es posible que los rebeldes hayan usado más de cincuenta veces armas químicas contra ellos mismos (números suministrados por Human Rigths Watch) y nunca contra su enemigo Assad. Además, el día en el cual los inspectores de las Naciones Unidas llegaron a Duma se les impidió el ingreso. Rusia argumentó «cuestiones de seguridad» a pesar de que son los rusos mismos los que están en control de la ciudad desde hace una semana luego de la rendición de los rebeldes sirios. Claramente, para Rusia todo es cuestión de tiempo y negación. Con tiempo consiguen que sea posible que no queden rastros de agentes químicos y, en caso de que vaya a haber algún informe que señale su uso, repetirán lo que ya hicieron antes en Khan Sheilkoun: desconocer resultado de los inspectores y descalificarlo como una «manipulación». Se sabe que pasarán semanas o meses antes de que surjan pruebas sólidas y, ya en ese momento, la atención mundial estará en otras latitudes. Asimismo, cabe recordar que tanto Rusia como China vetaron dentro de las Naciones Unidas que el órgano que se ocupa de monitorear el uso de armas químicas tenga la capacidad de esgrimir quien es el culpable de un ataque: pueden decir si se emplearon armas químicas pero no están autorizados a apuntar un culpable. Es lo que algunos llaman: «que parezca un accidente».
A pesar de que la excusa esgrimida por Putin era la erradicar al Estado Islámico (paradójicamente lo mismo que afirma Estados Unidos, que desde hace cuatro años bombardea exclusivamente a yihadistas y civiles en el país levantino), Rusia ingresó al conflicto sirio con la clara intención de sostener a Assad. Pero Moscú tiene también un objetivo más amplio: enviar el mensaje de que las revueltas populares destinadas a derrocar a los aliados rusos no tendrán éxito mientras mantenga al régimen de la familia Assad (que gobierna Siria desde hace 47 años) como su punto de apoyo en un siempre estratégico Medio Oriente. Si bien las intenciones rusas no sorprenden en lo más mínimo, lo que produce indignación es que analistas, pensadores y ciudadanos que han vivido la propaganda de guerra estadounidense durante décadas, no puedan despertarse ante el uso equivalente de una propaganda rusa supuestamente «antiimperialista». Así, un buen número de personas autodenominadas «de izquierda» refutan la descripción de Rusia en Siria como una suerte de imperialismo (allí los rusos poseen su única base con salida al Mediterráneo y han logrado jugosos contratos de petróleo y gas dentro de las zonas que ayudan a «liberar») con la excusa de que los rusos han sido invitados a intervenir en la guerra por el mismísimo presidente Assad. Sin entrar en detalle sobre el tipo de elecciones que se producen en Siria, conviene recordar que la misma justificación fue esgrimida por los estadounidenses durante su participación en la Guerra de Vietnam. Allí también habían sido invitados por un gobierno reconocido internacionalmente, que no controlaba todo el país y que había llegado al poder por medio no tan santos.
Al presidente estadounidense Donald Trump no le interesan los sirios: que solo 11 refugiados sirios hayan entrado a su país en lo que va de 2018 es una muestra clara de la nueva política estadounidense. A Trump tampoco le interesa que caiga Assad: ya dijo en reiteradas ocasiones que la única intención de su país en Siria era luchar contra el Estado Islámico, y está más que claro que Trump prefiere un carnicero con educación occidental (Assad) frente a yihadistas que amenazan EEUU. De esta manera, cuando EEUU atacó las tres instalaciones sirias que presuntamente albergaban material químico el 13 de abril pasado, quedó claro que el mensaje estadounidense era una alerta por el uso de armas químicas pero también una luz verde para que Assad continúe aniquilando a su pueblo con cualquier otro armamento “convencional”. La actitud no es diferente a la que adoptó su predecesor Obama, luego de que Assad desentrañara el tabú global contra las armas químicas, dando una clara demostración que el orden liberal internacional es una imagen traslucida si se tiene fuertes patrocinadores internacionales como Rusia o China.
Hay un dicho árabe que resume los bombardeos estadounidenses del viernes en Siria: «La montaña empezó a hacer trabajos de parto y cuando dio a luz, nació un ratón». Los ataques no hicieron nada para frenar la carnicería de civiles cometida por la tríada Assad-Putin-Khamenei. Los golpes no afectaron a Assad y no detendrán el curso de la guerra. Sin embargo, previo al ataque, los medios de comunicación se colmaron de alarmistas que pronosticaban una tercera guerra mundial entre Rusia y EEUU. Sin considerar que Putin será un matón pero carece de la imbecilidad necesaria para arriesgar su gobierno en un enfrentamiento con EEUU (y todo eso por los sirios), la voz «anti-guerra» pareció solo escucharse cuando los misiles estadounidenses se preparaban para partir. Nada se dijo sobre los casi 2.000 civiles masacrados por Rusia y el gobierno sirio en Guta oriental desde febrero. Nadie comentó que quedan hospitales o escuelas operando allí porque los ataques gubernamentales se han concentrado en esas instalaciones(como antes se hizo en Alepo) y nada se dijo de los más de 70.000 desaparecidos (denunciados por Amnistía Internacional) a manos de las milicias pro-Assad desde el inicio del conflicto. Solo se escuchó una perversa aritmética: la que indicó que los bombardeos de Trump a tres sitios vacíos eran un crimen aún más atroz que matar a miles de sirios inocentes con bombas de barril y gas venenoso o torturarlos hasta la muerte en cárceles u hospitales.
Si los intervencionistas se han visto obligados a tener que asumir todo lo que salió mal en Irak, los no intervencionistas deben hacerse cargo de los horrores de Siria. Cualquier política sobre Siria debe centrarse en la protección de los civiles. Esta preocupación prácticamente no existe entre los halcones de la guerra de derecha pero tampoco entre los antiimperialistas de izquierda que solo reconocen atrocidades por parte del imperialismo occidental mientras les dan carta blanca a Rusia e Irán. Como bien lo explica el egipcio Amro Ali a partir de un escrito de la escritora siria Leila Al-Shami: esa izquierda denominada antiimperialista (pero pro autoritaria en la práctica) parece ciega ante cualquier forma de imperialismo que no sea occidental. Combina una política de identidad, egoísmo y miopía intelectual. Todo lo que sucede es analizado a través de un prisma fundamentado únicamente en lo que esto implica para los occidentales. Así, solo ellos tienen el poder de hacer historia si la misma es terrible y sangrienta. Se trata de una mezcla de incredulidad histórica –que piensa que nada puede suceder sin el consentimiento de Occidente- y superioridad moral invertida que cree que los locales no son capaces de crear sus propios demonios.

http://nuso.org/articulo/la-izquierda-selectiva-frente-siria/

America Latina- Populismo republicano: más allá de «Estado versus pueblo»

enero-febrero 2018 Rev Nueva Sociedad Nº 273- Democracia y politica en ALatina

Populismo republicano: más allá de «Estado versus pueblo»

Para comprender más profundamente las experiencias populistas que se desplegaron en América Latina, es necesario construir un marco teórico, en clave populista y republicana, que abandone el legado por el cual se piensa al pueblo como «lo otro» del Estado y que permita pensar una recíproca interpelación. Para ello resulta de utilidad adentrarse en algunos debates clásicos entre populismo y socialismo y en otros más recientes entre populismo y autonomismo, con la finalidad de revisitar el rol del Estado y las instituciones al pensar la emancipación y la autodeterminación popular.


I. Las tensiones entre el socialismo y el populismo en América Latina han moldeado los principales debates políticos latinoamericanos de izquierda en la década de 19801. Tras la crisis del paradigma comunista de los años 60 y 702, la izquierda latinoamericana se vio en la necesidad de replantear en profundidad el modo de comprender la transformación social y el sentido de la emancipación popular. En muchos casos, este replanteamiento se tradujo en el intento de recoger lo mejor del legado de la izquierda en clave gramsciana y en la voluntad de incorporarlo dentro de un proyecto hegemónico de carácter democrático. Podría decirse que es en el interior del debate sobre la hegemonía y la democracia donde nace esta disputa entre el socialismo y el populismo. Ambas corrientes coinciden en concebir la hegemonía como aquella forma de organización capaz de construir una voluntad colectiva alternativa al bloque dominante. Es decir, una propuesta organizada en el seno del mundo plebeyo para transformar la naturaleza de la forma nación. Si el bloque dominante se configuraba bajo la forma de Estado-nación, la hegemonía plebeya debería constituirse bajo la figura de lo nacional-popular. Y la construcción de lo nacional-popular se consolidaría mediante una articulación entre el pueblo y los intelectuales –en sentido amplio–, vínculo que permitiría diferenciar las sedimentaciones conservadoras de las posibilidades transformadoras propias de toda experiencia popular. Pero para que esta transformación tuviera lugar, era necesario delimitar el verdadero origen de las relaciones de subordinación. Podríamos decir que precisamente en relación con este problema –cómo definir el origen de las formas de dominación y los tipos de antagonismos a los que estas dan lugar– se produjeron las principales tensiones entre el populismo y el socialismo latinoamericano de corte gramsciano3.
Ahora bien, es importante resaltar que estas tensiones entre el socialismo y el populismo tienen un antecedente en los debates latinoamericanos: las discusiones entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Por la misma época en que Antonio Gramsci configuraba un marxismo heterodoxo para la Italia meridional, estos intelectuales peruanos expresaban sus reparos a la idea de aplicar sin más el programa comunista en lugares tan abigarrados como América Latina e intentaban pensar formas de articulación plebeyas e interclasistas heterodoxas. La tensión aparece por el rechazo que experimenta Mariátegui ante la propuesta de Haya de la Torre de convertir el movimiento popular a la forma partido y lograr, así, la configuración de una forma estatal. Es esta tensión, entonces, la que vuelve a instalarse de manera desplazada en los debates de los años 804. Mientras el socialismo identificaba el Estado como la forma originaria de la dominación capitalista, el populismo hacía de la forma estatal un espacio para la irrupción plebeya y un instrumento de conquistas populares. Alrededor de la cuestión del Estado girará, entonces, uno de los mayores desencuentros entre estas dos corrientes de pensamiento latinoamericano. Si para muchos socialistas el Estado funciona como un arquetipo de dominación, resulta evidente –como intentaron demostrar Portantiero y De Ípola– caracterizar el populismo como un movimiento de traición a lo popular.
Es como si la crisis de los Estados oligárquicos hubiera abierto una ventana de oportunidad que el populismo obturó al volver a poner en el centro de la escena al Estado y las instituciones. Si bien es aquí donde aparecen todas las dicotomías entre una y otra corriente –dado que mientras la hegemonía socialista se asume como una propuesta verdaderamente popular, pluralista y democrática, la populista aparece como un cesarismo que «traiciona» lo popular, organicista y antidemocrático–, lo cierto es que la pertinencia de esta caracterización depende de cómo se lea el tipo de oportunidad que abrió la crisis, es decir, si el populismo operó como una recomposición o como una transformación de la naturaleza del Estado.
Tanto el socialismo como el populismo acuerdan en asumir la crisis de la oligarquía como la oportunidad para activar y organizar a los sectores populares bajo la forma de una voluntad colectiva y para que el pueblo recupere el sentido y la percepción de la nación que había sido capturada bajo la forma Estado-nación. No obstante, desde el punto de vista socialista, el populismo habría propiciado esta recuperación de lo nacional para luego expropiarlo, es decir, contribuiría a liberar lo nacional para luego apropiarse de su sentido y ponerlo, otra vez, bajo la custodia de un Estado antipluralista. Por tanto, desde esta interpretación se piensa la irrupción del populismo como una recomposición del Estado (que estatiza lo popular) y así se deja por fuera la posibilidad de leer tal irrupción como una transformación (aparición de una nueva forma de poder) de la naturaleza de lo político ante la crisis de las oligarquías, mutación que también alcanza al retorno del Estado.
Quizá haga falta prestar más atención a las formas de este retorno y a los tipos de desplazamiento institucional que produce cada juego de repetición populista a lo largo de la historia latinoamericana5. La lectura sobre la «traición del populismo al pueblo» solamente tiene sentido si partimos de una premisa: que el pueblo y el Estado son dos producciones sociales antagónicas y autocontenidas. Si el Estado es asumido como un tipo de poder monolítico y cerrado sobre sí mismo, una forma universal inmutable y destinada por naturaleza a la opresión, entonces sí tendría sentido pensar al pueblo como su contraparte. Pero si, en cambio, lo consideramos como una producción social porosa, como el lugar donde los distintos actores políticos pujan por darle forma para determinar su orientación institucional y los tipos de acumulación y distribución, entonces resulta más complicado asumir sin más esta dicotomía. ¿No hay acaso en este movimiento de crisis y recomposición estatal la reiteración de un acto fundante de derecho ejercido mediante una profanación popular?6
En ese sentido, resulta más interesante invertir la cuestión y preguntarse por el tipo de movimiento teológico que autoriza a pensar algo así como lo nacional «liberado» de la «enajenación» estatal y recuperado por el «pueblo». Es como si el socialismo viniera a subsanar la herida de la comunidad causada por la irrupción del Estado, como si de manera inconfesada perviviese una especie de nostalgia sustancialista. Cabría decir que es esta forma de liberación lo que viene a poner en cuestión el populismo, puesto que no habría algo así como una «sustancia nacional» secuestrada por el «Estado» para fines privados. Tampoco habría un pueblo dado como realidad previa, a la espera de su liberación. Si algo permite pensar el populismo es que el Estado no tiene por qué ser, en sentido estricto, una forma de enajenación, sino que puede convertirse en un modo de mediación de lo popular. La confusión estaría en creer que toda forma de mediación es un modo de enajenación que oprime una materialidad dada. Y aquí vemos cómo el problema de fondo no es otro que la ilusión de inmediatez. Es decir, asumir que existe algo no mediado que es sustraído al pueblo, y que solo en el retorno a lo espontáneo estaría la clave de la emancipación. Si el Estado oligárquico era la expresión elitista de una determinada forma estatal, eso no significa que toda forma estatal se reduzca a esto7. O dicho de otra manera, era la oligarquía la que convertía al Estado en la propiedad de unos pocos. Por tanto, por qué no pensar que quizá sea el acto de profanación popular el que convierte las instituciones en un espacio de litigio para los cualquiera. Y es aquí donde hallamos la gran originalidad del populismo: arriesgarse a construir una forma estatal en sintonía con la irrupción de las masas populares en la política8.
II. Como nos recuerda Gramsci, las experiencias populares se encuentran atravesadas por fuerzas reactivas y emancipadoras9. Y es en el interior de esta difícil dialéctica reactiva y emancipadora donde se juegan la apuesta populista y su forma de construir los antagonismos que traducen la conflictividad social de lo político. Las fuerzas reactivas pujan por configurar un «nosotros» a partir de la creencia de una falta que podría ser restituida, una identidad perdida por recuperar, lo cual implica delimitar una frontera entre los de abajo y una relación de exterioridad con un otro. Esta frontera entre los de abajo es construida mediante un ejercicio claramente inmunitario, puesto que ese otro –el inmigrante, el indígena, el homosexual, etc.– que queda figurado como exterioridad amenazante de lo social es identificado como la anomalía que habría quebrado desde dentro la identidad y armonía de un pueblo. La identificación entre las insatisfacciones populares y un elemento perturbador que es preciso eliminar no es sino la reactivación de elementos fascistas que no han dejado de estar presentes en las sensibilidades populares, un sí mismo que, aunque plebeyo, es refractario a cualquier experiencia que no suponga un repliegue de sí.
La dimensión reactiva que late de manera peligrosa en el interior del populismo no solo apunta a las elites como las responsables de haber permitido esta descomposición, sino que a su vez promete la recuperación de esta pérdida. Este anhelo de una totalidad perdida que venga a remediar esa falta no es otra cosa que un cierre en una identidad que se presupone como algo previamente garantizado y vulnerado. Las fuerzas emancipadoras del populismo, por el contrario, erosionan este tipo de frontera antagónica y consiguen desactivar la identificación inmunitaria mediante otro tipo de lazo plebeyo: la igualdad entre los de abajo. A su vez, el antagonismo solamente apunta a los de arriba de un modo no inmunitario, es decir, no ya como aquellos que corrompen la identidad previamente establecida de un pueblo, sino como los responsables que obturan las posibilidades aún no transitadas de este. Y es esta forma emancipadora del populismo lo que conecta con la democracia, puesto que su forma de establecer esta frontera está dada por una profunda voluntad democratizadora10.
Esto nos lleva, entonces, a la cuestión de si el populismo es compatible o no con la democracia. La afirmación de que es contrario a la democracia solamente tiene lugar cuando aceptamos una noción restringida de esta, una noción que hace de la democracia un procedimiento formal, consensual y alejado de cualquier tipo de conflictividad popular. Una de las grandes dificultades de nuestro tiempo es el predominio de esta concepción y el olvido del sentido original de la palabra democracia: poder del pueblo. La figura de un pueblo activo no solo ha desaparecido de cierto registro democrático contemporáneo, sino que además se postula muchas veces como una amenaza para la democracia. A diferencia de lo que suelen afirmar los defensores de este tipo de democracia, podríamos decir que el populismo es una de las pocas experiencias políticas que mantiene viva la figura de un pueblo empoderado. Por eso, en lugar de decir que el populismo es antidemocrático, habría que ver si reactiva la dimensión constitutiva de la democracia. Más aún, el intento de neutralizar el vínculo entre populismo y democracia obtura todo un campo reflexivo sobre el rol del Estado en nuestro presente.
III. Si tratamos de conectar el problema del Estado con la democracia, habría que indagar sobre el tipo de institucionalidad que propicia el populismo. ¿Acaso es solamente una forma de poder que se rige sin más por la figura dominación-subordinación? ¿No es posible hablar de una institucionalidad populista que no coincida ni con el Estado oligárquico ni con el Estado liberal-conservador europeo? El pensamiento político latinoamericano se encuentra aún hoy atrapado en la respuesta a esta pregunta. Por eso resulta tan importante poner en relación el populismo con la tradición republicana, tal como sugieren Carlos Vilas11 y Eduardo Rinesi12, al momento de delimitar las formas realmente existentes de institucionalidad a las que han dado lugar los populismos de esta última década. María Julia Bertomeu hace una distinción muy importante entre dos tradiciones republicanas, una oligárquica o elitista y otra democrática o plebeya, que puede ayudar a reflexionar mejor sobre este posible vínculo13. Cuando hablamos del republicanismo oligárquico nos referimos a la forma de gobierno que hace del derecho un mecanismo de conservación de privilegios. Es decir, una manera de restringir el campo de oportunidades de los de abajo y de ampliar el sistema de privilegios de los de arriba. Las instituciones, por tanto, operan como una forma de dominación y perpetuación de las desigualdades sociales. El republicanismo plebeyo, por el contrario, lejos de invisibilizar la dimensión conflictual de las instituciones, apela a ella como mecanismo de ampliación de derechos. Aquí, las instituciones son concebidas en su dimensión igualitaria como el espacio propicio para la expansión de derechos y la desarticulación de la frontera material entre los de arriba y los de abajo.
Si prestamos atención a las formas de institucionalidad y a los usos del derecho posibilitados en las experiencias populistas contemporáneas, ¿no es posible encontrar casos en los que pareciera materializarse un republicanismo plebeyo? Esto implicaría revisar algunas de las premisas actuales de la teoría populista que, al haber identificado el populismo con una lógica de lo político de carácter rupturista, presenta algunas dificultades para pensar el vínculo entre este y las instituciones14. La cuestión es si acaso la lógica rupturista del populismo no puede hacerse extensiva a una determinada forma de institucionalidad que combine dinámicas instituyentes de los gobiernos populares con decisionismo y movilización popular15. Para ello es preciso abandonar el prejuicio por el cual se considera que las experiencias políticas populistas habrían descuidado el papel de las instituciones, dado más peso a la figura de los líderes y desmantelado la división de poderes propia de las repúblicas. Lo que cabría preguntarse aquí es si esta imposibilidad de pensar una articulación entre populismo e instituciones no se debe a una concepción de las instituciones todavía heredera de la matriz liberal y procedimental16. Posiblemente sea una lectura «cosificada» de las instituciones lo que nos impide abordarlas desde otras perspectivas. La dialéctica entre poder instituyente y poder instituido, algo que atravesó las experiencias populistas de los países andinos de esta última década, abriría las puertas para desarrollar una matriz de institucionalidad diferente de la clásica liberal y podría generar un marco de análisis para pensar el juego entre lo instituido y lo instituyente en las instituciones populistas. En lugar de concebir los afectos y liderazgos políticos –dos elementos claves de la lógica populista– como obstáculos para la institucionalidad, habría que preguntarse cómo intervienen en su construcción. O también cómo los conflictos colectivos van gestando, a través de una concepción plebeya del derecho, formas de institucionalidad que no pueden ser concebidas desde la matriz liberal del individuo posesivo. Y si de una concepción popular del derecho se trata, se comprende mejor cómo la tradición republicana puede ser clave para hacer inteligible la dimensión institucional del populismo.
IV. Es sabido que tanto la tradición liberal17 como la socialista18 han tratado de tender puentes con los estudios del republicanismo. Sin ánimo de simplificar los debates, podría decirse que el principal desencuentro entre los estudios sobre el republicanismo se vincula con la bifurcación entre un republicanismo de corte liberal y otro de carácter popular. El primero trata de aunar las premisas del liberalismo clásico –el individualismo metodológico, la división de poderes y la libertad negativa– con una reflexión sobre las instituciones republicanas y sobre cómo estas podrían garantizar esos principios. Este tipo de vínculo procura centrarse en la dimensión consensual de las instituciones y abandona un rasgo que será clave para la otra vía: el conflicto y las formas de organización de la soberanía popular. Desde esta perspectiva, el conflicto es experimentado como una falla o debilidad de las instituciones y la democracia, y su existencia supone un signo de deterioro. El populismo, al considerarse no solo como una experiencia que construye poder a partir del conflicto –bajo la figura de lo nacional-popular–, sino también como una forma de conflicto inerradicable19, es visto por la corriente liberal como la antítesis de cualquier proyecto republicano20. Pero si nos centramos en aquellas investigaciones que identifican el republicanismo con el poder popular, es posible establecer un diálogo fructífero con el populismo. Como sugieren Eduardo Rinesi y Matías Muraca, podríamos ver tanto en el populismo como en el republicanismo una concepción del conflicto diferente de la matriz consensualista y liberal21. Si la lectura liberal concibe las instituciones como un espacio de regulación del conflicto –con la esperanza de una futura neutralización–, la matriz populista-republicana, en cambio, interpreta el conflicto como constitutivo de las instituciones. Es decir, el rol de las instituciones no consistiría tanto en neutralizar el conflicto como en expresarlo y regularlo de un modo específico. Dicho de otra manera, las instituciones mismas pueden ser concebidas, en términos gramscianos, como un campo de fuerzas, donde el problema de la hegemonía adquiere toda su importancia analítica para pensar la república en su dimensión conflictual. Así, también aparece una dimensión consensual, pero inseparable del conflicto. Esta vía conflictual para pensar las instituciones sienta las bases para que pueda empezar a tejerse un vínculo analítico entre los estudios del populismo, el republicanismo y las instituciones. Esta articulación entre la dimensión práctica y la dimensión teórica nos podría ayudar a explorar cómo han funcionado las instituciones en las experiencias progresistas latinoamericanas. Es decir, qué formas de institucionalidad y gobernabilidad han posibilitado las experiencias populistas de la última década y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades, sus logros y contradicciones. A la vez, nos permitiría preguntarnos acerca de las posibilidades (o no) de coexistencia entre figuras de liderazgo y fortalecimiento institucional, articulación (o no) de movimientos sociales e instituciones del Estado.
IV. A modo de conclusión, que se pretende provisional, podríamos afirmar que esta matriz plebeya, de corte republicano-populista, debería ser asumida dentro de los debates actuales entre autonomismo y populismo, entendidos como una reactualización diferida de las viejas tensiones entre el populismo y el socialismo. Podríamos decir que el lugar asignado a los movimientos sociales por parte del autonomismo es equivalente al que el socialismo atribuía a la voluntad colectiva nacional-popular. Según esta nueva perspectiva, consolidada sobre todo en la «larga noche neoliberal» de los años 90, los movimientos sociales serían la expresión plebeya liberada del Estado, los sindicatos y los partidos políticos22.
Esta irrupción plebeya llevaría en sí una demanda de autonomía que abriría las puertas para la autodeterminación y la emancipación. Si los populismos de la primera mitad del siglo xx fueron concebidos como una traición a la voluntad colectiva popular, los de inicio del siglo xxi se asumirían, desde la perspectiva autonomista, como una traición a los movimientos sociales. O dicho de otra manera, la transformación plebeya de los movimientos sociales se encontraría reificada por la forma populista; la demanda de autonomía, subordinada por la interpelación del Estado, y la búsqueda de emancipación, reducida a un cesarismo o revolución pasiva de carácter decisionista, verticalista y carismática. Trazadas estas coordenadas, el Estado quedaría identificado con la opresión, el verticalismo y la desdemocratización, y los movimientos sociales, con la emancipación, la horizontalidad y la democracia. La pregunta que puede hacerse aquí es por qué la ampliación de derechos que propicia el populismo no puede ser leída como una forma de autonomía, en los términos de capacidad de autodeterminación de un pueblo a partir de sí mismo mediante el uso del derecho. Una forma de autonomía que contribuiría, aunque sea formulada desde arriba –algo que se vuelve paradójico cuando es un líder indígena, un profesor universitario o un líder social quien accede al gobierno– a la emancipación (posibilidad de autorrealización de nuestras capacidades), la horizontalidad (todos somos iguales en derechos) y la democratización (ampliación del poder popular). Que una medida sea tomada desde arriba ¿supone necesariamente subalternizar lo plebeyo? ¿Por qué, entonces, determinadas conquistas sociales, muchas veces logradas mediante la articulación entre Estado y movimientos sociales –como lo fueron la ley de medios o el matrimonio igualitario en Argentina, la nacionalización del agua en Bolivia o la regulación de las empleadas domésticas en Ecuador– no pueden ser comprendidas desde el autonomismo como pasos hacia la autodeterminación y la emancipación de ciertas formas de opresión popular23?
¿No son estas las exigencias de los movimientos sociales cuando reclaman educación universitaria gratuita o regulación de la tierra para evitar los desplazamientos forzados? ¿No son acaso las interpelaciones de los movimientos sociales una forma de exigir más institucionalidad y presencia del Estado en lugares a los que históricamente este no ha llegado?
Si la actual crisis del neoliberalismo –entendida como un nuevo pacto posdemocrático– se expresa como una distorsión del sentido de la democracia y aleja cada vez más a los sectores populares del acceso a los derechos y las instituciones, quizá resulte sumamente provechoso detenernos a pensar cómo los usos populares del derecho, dentro de una matriz populista-republicana, ayudan a imaginar una alternativa a este escenario. Es claro que muchas veces los populismos no han estado a la altura de esta sinergia entre las demandas populares y la ampliación de derechos, pero hacer del vínculo entre las demandas y el Estado la quintaesencia de la opresión no nos habrá hecho avanzar un ápice en las reflexiones sobre las formas realmente existentes de emancipación social y, menos aún, en las posibilidades que esta articulación abre para seguir radicalizando la democracia en nuestra región.
  • 1.
    Valeria Coronel: es doctora en Historia por la New York University (nyu). Coordina el Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (calas, por sus siglas en inglés) para la región andina. Es profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador. Su investigación aborda la transición del Estado oligárquico al Estado nacional social en la región andina y formas de movilización e integración del campesinado indígena en partidos políticos en los siglos xix y xx. Correo electrónico: <avc211@gmail.com>.Luciana Cadahia: es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador. Entre sus líneas de investigación se destaca la teoría política contemporánea vinculada a las transformaciones del rol del Estado, la democracia y las experiencias emancipadoras de carácter populista. Correo electrónico: <mlcadahia@flacso.edu.ec>.Palabras claves: democracia, Estado, populismo, republicanismo, socialismo, América Latina.. Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero: «Lo nacional popular y los populismos realmente existentes» en Nueva Sociedad Nº 54, 5-6/1981, disponible en www.nuso.org.
  • 2.
    V. Coronel: La última guerra del Siglo de las Luces. Revolución Liberal y formación del Estado nacional en el Ecuador (1880-1926), Flacso, Quito, en prensa.
  • 3.
    E. De Ípola y J.C. Portantiero: ob. cit. y Ernesto Laclau: Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, Siglo xxi, Madrid, 1978.
  • 4.
    Excedería los propósitos de este trabajo establecer una genealogía que permita comprender cómo se transfirieron estos debates entre Mariátegui y Haya de la Torre, propios de la primera mitad del siglo xx, a las discusiones de los años 80, por lo que nos limitamos a resaltar la coincidencia temática.
  • 5.
    Gerardo Aboy Carlés: «Las dos caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones políticas» en Pensamiento Plural No 7, 7-12/2010 y L. Cadahia: «Hacia una nueva crítica del dispositivo» en Utopía y Praxis Latinoamericana vol. 19 No 66, 7-9/2014.
  • 6.
    James Sanders: Contentious Republicans: Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia, Duke University Press, Durham, 2004.
  • 7.
    V. Coronel: «Justicia laboral y formación del Estado como contraparte ante el capital transnacional en Ecuador 1927-1938» en Illes I Imperis No 15, 2013.
  • 8.
    Gino Germani: Autoritarismo, fascismo y populismo nacional, Temas, Buenos Aires, 2003.
  • 9.
    A. Gramsci: Cuadernos de la cárcel tomo 6, Era, Ciudad de México, 2000.
  • 10.
    L. Cadahia: «Populismo y democracia: una alternativa emancipadora» en Cuba Posible, 23/5/2017.
  • 11.
    C. Vilas: «¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del neopopulismo latinoamericano» en Estudios Sociales No 26, 2004.
  • 12.
    C. Vilas y E. Rinesi: «Populismo y república. Algunos apuntes sobre un debate actual» en E. Rinesi, Gabriel Vommaro y Matias Muraca (comps.): Si este no es el pueblo. Hegemonía, populismo y democracia en Argentina, iec, Buenos Aires, 2010.
  • 13.
    M.J. Bertomeu: «Republicanismo y propiedad» en Sin Permiso, 5/7/2005.
  • 14.
    E. Laclau: La razón populista, fce, Buenos Aires, 2009.
  • 15.
    L. Cadahia, V. Coronel y Franklin Ramírez (eds.): A contracorriente: materiales para una teoría renovada del populismo, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, en prensa.
  • 16.
    L. Cadahia: «Espectrologías del populismo en Ecuador: materiales para una lectura renovada de la Revolución Ciudadana» en La Revolución Ciudadana en escala de grises, iaen, Quito, 2016.
  • 17.
    Philip Pettit: Republicanismo, Paidós, Barcelona, 1999.
  • 18.
    Antoni Domènech: El eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista, Crítica, Madrid, 2004.
  • 19.
    Chantal Mouffe: «El reto populista» en La Circular No 5, 10/11/2016.
  • 20.
    Roberto Gargarella y Christian Courtis: El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes, Cepal / asdi, 11/2009.
  • 21.
    E. Rinesi, G. Vommaro y M. Muraca (comps.): ob. cit.
  • 22.
    Massimo Modonesi y Maristella Svampa: «Post-progresismo y horizontes emancipatorios en América Latina» en La Izquierda Diario, 10/8/2016.
  • 23.
    Soledad Stoessel: «Los claroscuros del populismo. El caso de la Revolución Ciudadana en Ecuador» en Pasajes No 46, 2014.
http://nuso.org/articulo/populismo-republicano-mas-alla-de-estado-versus-pueblo/