Por
Eduardo Burgos
Hace unos meses suena fuerte en el territorio insular el movimiento
Defendamos Chiloé, del cual el geógrafo Álvaro Montaña es uno de sus
integrantes más activos, quien permanentemente recorre distintos puntos
de la provincia, realizando una serie de interesantes exposiciones -o
conversatorios, como él prefiere llamarles-, visualizando algunas de las
problemáticas que aquejan al Archipiélago, entre ellos la construcción
del puente sobre el canal de Chacao.
Uno de esos temas que el joven geógrafo chilote ha puesto en el tapete
de la discusión es el de las más de cien concesiones mineras en Chiloé,
las cuales se extienden por una gran parte del territorio y hasta el
momento habían pasado desapercibidas para el común de los habitantes,
aun cuando muchas de ellas están bajo sus propios terrenos.
PELIGROS
El profesional advierte que existen cinco tipos de concesiones mineras
en Chiloé, entre las cuales figuran oro, platino, carbón, turba y
hierro. La más austral es la de isla Guafo, en este caso de carbón, de
propiedad de South World Business S.A., una consultora chilena que entre
otros negocios está detrás de la cuestionada central termoeléctrica a
carbón y biomasa Pirquenes.
Los dueños de South World Business S.A. son Paul Fontaine y Rodrigo
Danús. El primero es ex asesor económico del ex candidato presidencial
del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y posteriormente asesoró al ex
Presidente Sebastián Piñera. El segundo, fue gerente de desarrollo
internacional de Endesa y otros cargos ejecutivos ligados a la minería y
el negocio energético.
Montaña relaciona esta concesión de exploración con la proyección de
instalación de 15 puertos marítimos en la ciudad de Quellón, señalando y
preguntando que “uno puede especular, aunque puede no estar
relacionado, pero por qué tantos puertos para Quellón”.
DETALLE
De las concesiones mineras más preocupantes -advierte el geógrafo-,
están las de las playas del lado Pacífico de la Isla Grande, donde el
dueño es uno solo, Juan José Quijano Fernández, un conocido especulador
minero, propietario de la minera “Princesa Caballo”, que ha saltado a la
fama por el conflicto con la comunidad de Colliguay, enmarcado en una
exploración minera en búsqueda de cobre. En el caso de las concesiones
de este empresario en Chiloé, estás son del tipo perpetuas.
Es complejo cuando la minería entra en conflicto con zonas que tienen
otra vocación territorial. No es lo mismo pensar en el derecho minero en
el norte, que en algunos casos son zonas de baja fragilidad ambiental,
donde una concesión minera puede estar bien. Pero no es lo mismo cuando
la minería entra en conflicto con zonas de alto valor ambiental, como
los glaciares, o Chiloé, donde es más particular y estaría entrando en
conflicto con la producción de machas, el turismo, la pesca de orilla, o
la recolección de cochayuyo, que son usos ancestrales de este
territorio, o en isla Guafo, que es un lugar con un valor ambiental
enorme. Es un conflicto social y ambiental latente.
-La diferencia es que estas concesiones son de explotación, que son a
perpetuidad y que caducan solamente si se dejan de pagar las
contribuciones u otras causales de este tipo.
-Son fáciles de tramitar y cualquiera puede hacerlo, a través del
Servicio Nacional de Geología y Minería, que más que nada llevan el
catastro, pero principalmente se hace a través de los Juzgados de
Policía Local, donde los tribunales locales de justicia son los que dan
los permisos.
En el fondo es llegar y pedir y lo que exigen es hacer alguna geo
mensura de los deslindes y otros aspectos, pero no hay mayores
regulaciones. Por eso es que a raíz de esta simplicidad es que el año
pasado la bancada de diputados del Partido Socialista llamó a una sesión
especial en el Congreso, para ver el tema del conflicto que hay entre
comunidades indígenas y concesiones mineras, sobre todo en la zona
costera de Osorno.
-No se puede, a no ser que se haga un cambio constitucional, porque el
derecho minero está asegurado por la Ley Orgánica de Minería, a través
del Código Minero, pero también por la Constitución. Entonces,
jurídicamente se tiene el mayor rango posible.
-Hay sólo un par de casos, en Choroihué (Ancud) y en Romazal (Chonchi), a
escala semi industrial, que para Chiloé es harto, por el rol ambiental
que cumplen estos lugares. La turba es una sustancia fósil, de materia
orgánica en descomposición. Son como los glaciares chilotes, en cuanto a
la reserva de agua dulce y además es un material fósil no renovable con
un tremendo valor ambiental.
-Ellos piden las concesiones y les sirven para acreditar patrimonio ante
la banca, entonces cuando, por ejemplo, va a pedir un préstamo para
construir un parque eólico, dicen ‘tengo un bien que es una concesión
minera’.
Si lo analizamos, el Parque Pichihué tiene, el San Pedro también, el
Catiao tiene. Esto también les asegura las líneas de transmisión.
Hay estas concesiones que uno ve en la rutas de Huicha, Caulín,
Pugueñún, Recta Chacao, Butamanga; todas en Ancud. Con concesiones de la
empresa Branex, que es una constructora y cuyas demarcaciones son esos
monolitos de color blanco que uno ve a orilla de camino. En este caso la
concesión es de ripios, que es común en todo Chiloé, producto de
depósitos glaciares.
Ahora, para qué tanto ripio, podemos especular muchas razones que
probablemente tienen que ver con el tema del puente o de la doble vía,
ya que están ubicadas principalmente en zonas cercanas a Chacao.
Yo creo que puede ser un tema especulativo, tal como puede serlo también
las concesiones de la costa oeste, ya que no se sabe de ningún proyecto
de explotación minera.
Totalmente, porque las playas, por ejemplo, son bienes nacionales de uso
público o, en otros casos, lugares que son patrimonio comunitario y
ambiental, porque la Constitución también habla de la función social de
la propiedad y en este caso esta puede ser belleza paisajística,
producción de machas, producción de aguas (en el caso de una turbera). O
sea, la Constitución asegura la función social de la propiedad, pero a
la vez pone la exploración y la explotación minera al mismo nivel.
Este es un tema legislativo, que es herencia del modelo dictatorial de
Augusto Pinochet, donde la Constitución de la República hoy es la que
sustenta este tipo de cosas, ya que cuando uno ve los 11 pilares que
subsisten del modelo dictatorial, tienes el Código Minero, el Decreto
Ley 701 que favorece las plantaciones forestales, el sistema de Salud y
un montón de cosas.
Pero en este caso concreto, hay una constitución política que es del año
1980, que eleva los derechos del minero por sobre los derechos del
dueño de la tierra.
Entonces cuando se dice que la dictadura pasó, tenemos que sigue vigente
con estos pilares, independiente de la postura política que uno tenga.
Fuente:
La Estrella de Chiloé
