Tiempo después de que
surgiera como modo de representar valor, el dinero comenzó a utilizarse
como una mercancía más, y así trabajaban los primeros banqueros:
recibiendo ahorros de los ciudadanos y prestándolo a cambio de un
interés. Con el paso de los siglos, los gobiernos entendieron que estas
actividades debían ser reguladas. Entonces los bancos, y luego las
bolsas de valores y de materias primas, tuvieron que adaptarse a ciertas
normas de funcionamiento, ratificadas tras la crisis de 1929 con el
objetivo de prevenir nuevos crash de la economía.
En los años 80,
en el contexto del ascenso del pensamiento ortodoxo, las presiones de
los sectores neoliberales generaron modelos financieros no regulados: en
1985 surgió la International Swaps and Derivatives Association (ISDA),
que se ocupó de establecer un contrato tipo para las operaciones de
derivados, es decir, instrumentos financieros que cotizan en relación
con un activo subyacente (el inversor no compra acciones, bonos o
materias primas, sino que especula sobre la variación de los precios de
esos activos; por eso se dice que el valor "deriva" del activo).
Se
trata de operaciones exentas de regulaciones, que son consideradas
simples acuerdos entre privados. Para darse una idea de la magnitud del
negocio, se puede señalar que las operaciones con derivados alcanzan un
valor anual de 700 billones de dólares, es decir, 10 veces el producto
interno bruto (PIB) mundial.
Un tipo particular de derivados son
los Credit Default Swap (CDS). Consisten en un convenio entre una parte A
que, teniendo bonos soberanos emitidos por los Estados o empresas
privadas, toma un seguro con otra parte B, para que, en caso de que el
Estado o la empresa entre en suspensión de pagos, la parte B pague a la A
el valor del seguro. En 2012, el monto de CDS era de 22,5 billones de
dólares, equivalentes a una vez y media el PBI estadounidense. Al
tratarse de una operación con derivados, ningún organismo público las
controla y, por tanto, no se le impone al "asegurador" ninguna norma de
solvencia. Los intentos por establecer algún tipo de regulación, como
los realizados en el Congreso estadounidense en 1974 y 1978, siempre
fracasaron.
Ahora bien, también estaba permitido que, sin tener
los bonos, se pudiera contratar el seguro, lo que se llamaba "CDS
desnudos". La perversión del mecanismo es evidente: en ese caso, el
interés de quien toma el seguro es que el Estado o la empresa entre en
default. En diciembre de 2011, luego de los ataques de los especuladores
que poseían "CDS desnudos" de Grecia y la aseguradora norteamericana
AIG, la Unión Europea prohibió este tipo de operación dentro de su
jurisdicción.
Los fondos buitre utilizan habitualmente los CDS
para sus operaciones especulativas. ¿Cómo operan? Cuando un país entra
en suspensión de pagos, los buitres compran los bonos defaulteados al 10
o 15% de su valor. Algunos de los que tienen esos bonos los venden
porque creen que es mejor recuperar algo que nada. Articulados con
estudios de abogados muy expertos e importantes compañías de lobby, a
veces con el apoyo de personalidades importantes, los buitres, radicados
casi siempre en paraísos fiscales, lanzan juicios contra los países en
default y rastrean sus activos por el mundo en busca de embargos que
sumen presión.
El caso argentino es emblemático. El país había
comenzado a endeudarse a partir de la última dictadura y en 2001 declaró
el default más importante de la historia. Cuatro años después, en 2005,
y luego nuevamente en 2010, reestructuró la deuda con el 92,4% de los
acreedores, pagando puntualmente, desde ese momento hasta hoy, 190.000
millones de dólares. Este último año, además, resolvió su litigio
pendiente con Repsol por la expropiación de YPF, con el Ciadi y con el
Club de París.
Los fondos buitre no aceptaron entrar en esa
negociación. Compraron deuda argentina por 325 millones de dólares y
están reclamando 3250 millones; es decir, 1000% de interés en siete
años. Un juez de Nueva York ya ha determinado que al fondo buitre NML se
le debe pagar el total al contado, e incluso ordenó al Banco de Nueva
York, sede del pago a los acreedores que aceptaron reestructurar la
deuda, embargar las transferencias y utilizar ese dinero para pagarle.
Algunas versiones indican que, como suele suceder, el fondo buitre NML
tenía CDS sobre los bonos argentinos. Se trata de un juego win win: si
el fallo es positivo, cobra, y si hay default, también.
Lejos de
ser entidades abstractas, los fondos buitre tienen dueños y empleados,
abogados y lobbistas, pero no son como las personas corrientes que cada
día dedicamos buena parte de nuestro tiempo a estudiar, a la
investigación científica, a la creación artística o a trabajar en el
campo o en la ciudad. Viven lejos de todo eso, alienados, desconectados
de la realidad, imaginando muy creativamente la mejor manera de
multiplicar su dinero a través de productos financieros que dañan al
conjunto de la sociedad. Podríamos decir, con Freud, que son psicóticos
sociales.
Thomas Piketty ha revolucionado al mundo con su libro
El capital en el siglo XXI, con estadísticas de los últimos 210 años y
una conclusión resumida en una fórmula (r>c=+d) muy concreta: si la
renta del capital es mayor que el crecimiento del PIB, la desigualdad
aumenta. Imaginemos, por ejemplo, qué sucedería con un país que crece al
3% anual y tiene que pagar una renta de capital del 145% anual, que es
exactamente lo que la Argentina les debe pagar a los fondos buitre.
Sería un mundo imposible. Pero lo peor es que puede que nos acontezca
si, como dice Felipe González, los países no establecen leyes de
gobernanza internacional sobre el sector financiero, que permitan
controlar el proceso creciente de financiarización de la economía que
acentúa las desigualdades.
Los fondos de cobertura, algunos de
los cuales disponen de un capital superior al PIB de un país
desarrollado, han capturado una parte importante del dinero que los
bancos destinaban a la producción y a la creación de empleo,
orientándolo en buena medida a operaciones de compra y venta de dinero.
En 2008, algunos millonarios americanos encabezados por George Soros
presentaron una ponencia en el Congreso estadounidense en la que
advertían el riesgo que representan los fondos de cobertura para la
economía mundial.
La solución inmediata no consiste en ejercer
una crítica moral para que recapaciten. Lo más efectivo es aplicar lo
que nos duele a todos: una fiscalidad que quite rentabilidad a este tipo
de operaciones, una fiscalidad que debería pensarse globalmente de modo
que los fondos especulativos no encuentren refugios en donde operar y
prohibir que los bancos comerciales actúen como bancos de inversión tal
como promulgó en 1933 el Parlamento de los Estados Unidos.
Ningún
país desarrollado con una deuda de entre el 80 y el 120% de su PIB, que
es el peso de la deuda en la mayoría de los países de Occidente, puede
pagarla sin ayuda, porque no genera el superávit fiscal necesario para
eso.
Como una familia con una hipoteca que, si no ahorra, no
puede afrontar los vencimientos, los países dependen de la confianza del
mercado y de la renovación de los créditos para seguir funcionando. Así
como tuvieron éxito con la Argentina, Perú, el Congo, Panamá y Grecia,
cualquier país, aun los más desarrollados, puede ser una víctima de
estos depredadores en el futuro.
La Nación - 02 de julio de 2014
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=5460
