23-7-12 Alianza x tus derechos
Por Mónica Contreras Jacob
Coordinadora Programa de Desarrollo Social Universidad Central de Chile.
El año 2011 ingresaron al Ministerio Público 24.741 denuncias por
delitos sexuales. De ellas, un 72% correspondieron a menores de edad, es
decir 17.944 compatriotas que a temprana edad, sufrieron violencia
sexual.
Detrás de estas cifras se teje un sin fin de historias y detalles
que develan que el abuso sexual en nuestro país es un problema social
que transita entre diversas manifestaciones, estratos sociales y
protagonistas. No obstante su complejidad, variados estudios han ido
confirmando ciertas tendencias que es importante compartir y que
permiten prefigurar el relato que hay detrás de los casos.
Imaginemos un niño víctima de violencia sexual. Su agresor
generalmente es un adulto que logró, por diversas circunstancias,
establecer una relación de poder sobre él, y que a partir de ese hecho,
ha cometido un delito que la ley tipifica como “Abuso Sexual”. Este
delito está definido como cualquier contacto sexual de un adulto
(conocido o no) con un niño o una niña, realizado mediante amenaza, uso
de la fuerza o engaño, para concretar una o más de las siete figuras
penales que asume: violación, incesto, estupro, sodomía, abuso sexual,
pornografía infantil y/o explotación sexual comercial.
Si bien el riesgo de que un niño, niña o adolescente sufra abuso
sexual siempre estará presente, basándonos en el viejo dicho la
oportunidad hace al ladrón, podríamos señalar que la misión social está
en reducir las oportunidades que pudiese tener un agresor sexual para
cometer el delito.
El niño abusado, casi seguramente, sufrió el atropello de su
dignidad antes de llegar a la pubertad. Según el último estudio del
Ministerio del Interior (2008) sobre el tema, un 56% de los abusos se
producen entre los 8 y 12 años. Asimismo, es probable que su agresor sea
alguien emocionalmente significativo para él, considerando que el 29%
del total de abusos, es de tipo intrafamiliar.
El niño de la historia, ha sido profundamente dañado, pero la
evidencia empírica indica que, además, su entorno se encuentra en
riesgo y que su historia tiene altas probabilidades de no ser aislada.
Dentro de él, sus amigas, por ser mujeres, tienen tres veces más
probabilidades de sufrir esta misma violación de derechos, y si una de
ellas es discapacitada, este riesgo aumenta a cuatro veces.
Si el agresor fue descubierto y denunciado, se confía que se hará
justicia. Pero ello no siempre ocurre en medida satisfactoria ya que
los estudios señalan que por cada delito de agresión sexual
intrafamiliar denunciado, 12 quedan en la impunidad. Si el agresor es un
conocido, la cifra baja a siete, y si es un desconocido, a tres.
El final de esta historia permanece abierto. El niño ingresa a un
programa especializado en reparación, pero el proceso es lento, porque
existen dificultades de cobertura y acceso, sobre todo si él vive en un
sector rural, donde la red de protección del Estado aún no es capaz de
llegar con oportunidad y eficacia.
La prevención del abuso sexual, un escenario posible
La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 34 el
derecho a ser protegido de la explotación y abusos sexuales, y exige a
los Estados Partes, establecer mecanismos de garantía. Con las últimas
iniciativas legislativas como el registro de pedófilos, nuestro país
avanza hacia el cumplimiento de esta norma. No obstante ello, los
énfasis han estado puestos en la penalización y no en la prevención.
Si bien el riesgo de que un niño, niña o adolescente sufra abuso
sexual siempre estará presente, basándonos en el viejo dicho la
oportunidad hace al ladrón, podríamos señalar que la misión social está
en reducir las oportunidades que pudiese tener un agresor sexual para
cometer el delito.
Asumiendo una vida moderna que frecuentemente aleja a los menores de
sus figuras protectoras, surgen tres estrategias: empoderarlos (as) a
temprana edad, entregando herramientas de autocuidado y formación de su
condición de sujetos de derechos. En segundo lugar socializar a las
familias y comunidades para que cumplan un rol consciente de garante
co-responsable de derechos, para lograr control social y denuncia. Y,
finalmente, hacer frente al hecho de que Chile es el único país
latinoamericano que no cuenta con una Ley de Protección Integral de
Derechos de la Niñez y Adolescencia, generando una norma que permita a
los distintos ministerios involucrados financiar programas concretos de
apoyo a las familias en esta labor. Exigiendo su pronta discusión,
estaríamos en vías de conseguir que la agenda gubernamental oriente de
manera efectiva todos sus recursos y servicios al interés superior de
la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/07/22/violencia-sexual-infantil-en-el-territorio-de-los-derechos/
