“La infancia pobre siempre fue vigilada y castigada”. Entrevista a Julián Axat*
*Julián Axat, abogado y especialista en juventud, forma parte del equipo de abogados que elaboró los “Diez puntos básicos para pensar una futura Ley Penal Juvenil Nacional”, divulgado en estos días como respuesta a la avanzada de Germán Garavano para reducir la discusión a la edad de imputabilidad.
respecto de las complejidades e intereses detrás de la propuesta del Gobierno (Argentina) para bajar la edad de imputabilidad.
Medida que, según él, “criminaliza la niñez”.
Por Roberto Álvarez Mur
En
pleno marco de debate respecto de la propuesta del macrismo para bajar
la edad de imputabilidad de dieciséis a catorce años, diversas
asociaciones del campo de los derechos humanos y el ámbito jurídico
manifestaron rechazo a la iniciativa y la necesidad de abordar la
problemática desde una perspectiva de inclusión y protección de los
derechos de la infancia.
–Se
ha hablado de los “jóvenes que cometen delitos” como un problema en sí
mismo. ¿Qué intereses enmascara la instalación de ese debate?
–En
primer lugar, creo que hay una concepción de “juventud” o “las
juventudes” en este Gobierno muy clara, que es absolutamente negativa.
Hay una construcción de un estereotipo mediático de juventudes que,
podríamos decir, se reduce a “ser joven es ser sospechosos”. Los medios
construyen esa sospecha y especialmente en aquellos que pertenecen a los
sectores populares, de esos barrios. La discusión debería ser por
reforzar los derechos humanos de los adolescentes y no generar mayores
mecanismos de control de los que existen.
Muchos
de los adolescentes que hoy cometen delitos es porque las Policías los
utilizan como mano de obra barata y las organizaciones criminales
también. Cometen delitos porque son eslabones débiles y están en
situación de vulnerabilidad. Creo que ese reclutamiento juvenil es uno
de los grandes problemas que se avecinan con la pauperización de las
juventudes y debe ser encarado con políticas educativas.
–En
el decálogo elaborado para una Ley Penal Juvenil se hace hincapié sobre
“la no criminalización de las vulneraciones a los derechos de la
niñez”. ¿Existe hoy esa criminalización a la niñez?
–Hoy
existe un terrible sistema punitivo que se dedica directamente
a construir, de alguna manera, un modelo de juventud negativa en función
de estereotipos sociales estéticos. Los medios construyen a partir de
ahí un imaginario y los sistemas policiales selectivizan sobre ese
imaginario. Y el Poder Judicial, finalmente, lo consume haciendo
prisionalización de ese imaginario selectivizado. Después, está el
sistema carcelario que le pone el moño y lo encierra. Ese sistema está
dividido hoy entre institutos de menores y las cárceles, que casi no
tienen diferencias entre sí. Ambos tienen lógicas de depósito.
–En ese sentido, ¿se construye un tipo de niñez que resulta, de algún modo, castigable y perseguible?
–Históricamente,
la infancia pobre ha sido castigada. Es decir, siempre se debió vigilar
y castigar a la infancia pobre y vulnerable. Pero hace diez años, la
infancia pobre y vulnerable era controlada a través de un sistema que
era el Patronato de la Infancia, que consistía en el control por parte
de Policías, y encerraban selectivamente a esos niños que encontraban en
situación de vulnerabilidad, como si fueran objetos. Pero el
dispositivo de poder, como diría Foucault, cambió. Lo que hoy existe es
la peligrosidad de la infancia.
El
control de la infancia ya no es a través del Patronato sino a través del
“peligrosismo” juvenil, que consiste en sistemas policiales agresivos
que detectan a jóvenes en la vía pública y directamente aplican este
sistema de criminalización. Y los castigos llegan a instancias
extrajudiciales, como pueden ser la tortura, el gatillo fácil, o incluso
la desaparición de un joven.
–La
criminalización de las juventudes ¿siempre está circunscripta a una
lógica de clases sociales?, ¿o abarca a todos los estratos?
–A
veces los sociólogos hablan de “clasismo judicial” en los sistemas de
infancia. El sistema policial siempre selectiviza a los mismos, de los
mismos barrios. Buscan siempre a los mismos jóvenes con maneras de
hablar o de vestirse. Cometan o no cometan delitos. Lo cierto es que el
sistema policial va a buscar a esos. Eso no significa que no haya otros
jóvenes de otros sectores que no caigan en estas lógicas, lo que pasa es
que el sistema policial no los va a ir a buscar, porque en el
imaginario que construyen los medios sólo tienen que ingresar los mismos
de siempre. El sistema de criminalización juvenil está construido sobre
la pobreza. Por eso, cuando uno piensa un sistema penal juvenil, debe
pensarlo para todos, no para un sector.
–¿Cómo se puede articular, entonces, una defensa integral para los derechos de la infancia en su totalidad?
–Uno
de los puntos principales del decálogo es el de robustecer la defensa de
la niñez y la infancia a través de mecanismos de defensa de derechos
humanos. Lo más importante de estos instrumentos de leyes es que no
deben servir para criminalizar a los adolescentes, sino para dotarlos de
mayores derechos y garantías para enfrentar el sistema penal.
Un
ejemplo de eso es la creación de los Defensores del Niño, algo que nunca
pasó. Hay un mandato a nivel provincia y nación de crear esa figura y
nunca se creó. La figura del abogado del niño ante los procesos civiles.
Hay provincias como Catamarca, Córdoba o Santa Fe donde ni siquiera
existe el Defensor Penal Juvenil, por lo tanto los niños tienen
defensores de adultos. Lo que debe garantizarse es el derecho de
Especialidad, ahí hay otra clave. Se habla de la baja de la edad pero no
de todos estos otros problemas. Por otro lado, es una deuda urgente que
el Congreso derogue los decretos legados de la dictadura y sancione una
Ley Penal Juvenil de la democracia.
–¿Qué efectos determinan el Decreto-ley 22.278 y la Ley 22.803 y por qué es urgente su derogación?
–Produce
efectos brutales, porque está dirigida directamente a los pobres,
permite que se apliquen incluso penas perpetuas en niños. Permite que se
utilice a los niños como objetos de tutela y permite el secuestro de
adolescentes y su transferencia a una institucionalización. Por eso
deben ser derogadas lo más rápido posible, pero no en el sentido que
Garavano lo está planteando. No solamente fijado en la baja o no baja de
la edad.
–Teniendo
en cuenta esta propuesta actual y lo que fue la gestión de 2016, ¿qué
modelo de ley está instaurando Cambiemos frente a la sociedad?
–Creo
que el paradigma de “ley y orden”. Tal como lo demostraron las reformas
impulsadas por Blumberg en 2004, lo único que dejaron entrever es su
ineficacia para combatir el delito. En ese sentido, lo que se busca es
poner pantallas de humo que no resuelve el problema de fondo, que es una
juventud que necesita ser encarada a través de políticas de prevención
social y no a través de políticas punitivas.
Una
nueva Ley Penal Juvenil –que es necesaria– se debe discutir sobre la
necesidad de dar a los jóvenes garantías y no criminalizarlos. El
Gobierno actual está pensando en un concepto de juventud muy
restrictivo. Son sólo los adolescentes de barrios y colegios privados
los que cuentan y son considerados por estas políticas. Y esos
adolescentes también son un estereotipo.
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