Sin avances significativos para que sea tipificado como delito, sin estadísticas que demuestren la magnitud del problema, y cada vez con nuevas formas y mecanismos que evaden la justicia y violentan los Derechos Humanos (DH) de las víctimas, la trata y el tráfico de personas, pone en evidencia la debilidad de las autoridades en América Latina y el caribe.
Líderes de Organismos de la Sociedad Civil (OSC), expresaron a Cimacnoticias que la sociedad tiene que darse cuenta que para erradicar el problema en los países de la región, se requiere de gobiernos fuertes, con directrices de políticas públicas claras y con capacidad de asumir sus responsabilidades en materia de persecución del delito y respeto por los DH.
Oscar Castro, secretario del II Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Género y Derechos Humanos, realizado en Puebla el mes pasado, afirmó que como en muchas otras cosas, las OSC y la academia, son más ágiles en presentar propuestas y asumir responsabilidades, que las propias instituciones del Estado.
Teresa Ulloa Ziaurriz, directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, AC (CATWLAC), denunció que no hay voluntad de los gobiernos para combatir la trata de personas.
No se ha dado, dijo, solución a los problemas estructurales que garanticen el ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales, dotando a las y los ciudadanos de Latinoamérica de exigibilidad y justiciabilidad.
Federico Phöls, director del Centro de DH “Fray Julián Garcés” y Rosario Adriana Mendieta Herrera, directora del Colectivo Mujer y Utopía AC, lamentaron que a pesar de que México es país de origen y destino de mujeres, que son explotadas sexualmente, y la prostitución es cada vez más visible, las autoridades sólo reaccionan por la presión que ejerce Estados Unidos y no por la realidad que se vive.
RETOS EN MÉXICO
Para el también director del Instituto de DH, Ignacio Ellacuria de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Oscar Castro, en México el proceso de investigación criminal está directamente vinculado con el dicho de las víctimas, lo que significa que se requiere de su denuncia y testimonio para llevar adelante una investigación judicial en contra de los tratantes.
”Esto plantea en la práctica, que las autoridades necesitan que las mujeres y niños víctimas tengan que permanecer obligatoriamente en un refugio prácticamente en situación de encierro”.
Así mismo en México, el delito contiene los medios comisivos planteados en el Protocolo de Palermo (2000) y esto dificulta su aplicación, pues a diferencia de otros países, en México no está federalizado el delito, lo que implica que se deslinden de responsabilidades y competencias tanto ministerios públicos, como los procuradores de los estados.
Ulloa Ziaurriz denunció que una nueva modalidad en la trata de personas, “es el hecho de que obliguen a las mujeres a entrar a las redes criminales, a llevar y traer droga tragándose las capsulas de cocaína por ejemplo”.
Normalmente son forzadas, explicó, debido a que su vida estaba en peligro, por deudas económicas o simplemente porque las sedujeron, como sucede con las bandas de Tenancingo, Tlaxcala que las seducen y enamoran, y cuando tienen que declarar ante la autoridad ellas dicen, “Yo acepté”.
En estos casos, señaló, la ley no procede porque ésta excluye de responsabilidad penal cuando existe el consentimiento, mientras que en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, si establece responsabilidad penal con, o sin el consentimiento de la persona.
Otro de los pendientes, aseguró Federico Phöls, es la falta de tipificación del delito de trata como delincuencia organizada, pues en el caso de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que establece que puede conocer del delito de trata, siempre y cuando no sea delincuencia organizada, porque eso le corresponde a la SIEDO, al no estar tipificado como tal, los casos que recibe no son sancionados.
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