Ipec-OIT- diciembre 2011
Por: Virginia Rey-Sanchez [*]
Subdirectora de Comunicaciones
Proyecto Niños del Mileniovreysanchez@grade.org.pe
(Lima.
Noticias de la OIT) La legislación peruana indica que el Estado debe
asegurar el acceso de niñas y niños a servicios públicos esenciales como
salud, nutrición, saneamiento y educación, pero muchos de los 40 mil
infantes que nacen mensualmente en el país son ignorados. Por ejemplo,
niñas y niños menores de un año tienen mayor probabilidad de morir si
tienen hermanos jóvenes, si su madre es joven y si viven en la Sierra.
Adicionalmente, la tasa de mortalidad es mucho mayor entre niñas y niños
cuyas madres tienen un bajo nivel educativo (menos de primaria
completa) y moran en hogares sin servicio de agua potable y desagüe
[1].
Es relevante, entonces, evaluar la necesidad de diseñar políticas
públicas que protejan a los niños, principalmente de las áreas rurales
de la Sierra y Selva, de la mayor volatilidad económica que conllevaría
la puesta en marcha del TLC.
¿Qué cambia con el TLC?
En
términos generales, un TLC entre el Perú y EE.UU. implica que cada uno
de los dos países permite el ingreso de la producción nacional del otro
sin cobrarle el impuesto -llamado arancel- que deben pagar los
importadores cuando traen bienes de otras naciones.
Ahora bien,
sólo un grupo de bienes podrá comerciarse sin el pago de aranceles al
día siguiente de que fuera ratificado el TLC entre el Perú y EE.UU. En
efecto, ambos Gobiernos han negociado un cronograma de eliminación
gradual de aranceles de muchos de los productos, que refleja la
producción que le interesa proteger a cada país. Diferir la
liberalización total de aranceles permitirá que el Perú tenga un plazo,
que podría usar para fortalecer los programas estatales más eficientes
focalizados en la protección de las niñas y niños más vulnerables del
país.
No todos los niños peruanos aprovecharán el TLC
Aunque
es altamente probable que el TLC se convierta en un motor de
crecimiento de la economía peruana en general, las amplias diferencias
económicas entre los diversos grupos sociales impiden que todos se
beneficien en el corto plazo de las previsibles bondades de un mayor
intercambio comercial con EE.UU. En este sentido, la investigación del
proyecto Niños del Mileni
[2]
; busca complementar los estudios que ha realizado el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, los que estiman los efectos de largo plazo
que traería una mayor liberalización comercial.
Sucede que el
análisis gubernamental se orienta a la evaluación de las consecuencias
del TLC por sectores productivos, lo que es válido en ese tipo de
medición, pero no considera a grupos humanos diferenciados de acuerdo a
su condición social. Empero, los hogares rurales peruanos, en
particular, requieren una evaluación más específica porque desarrollan,
simultáneamente, trabajos de distintos sectores productivos, tales como
agricultura y ganadería -con múltiples cultivos y crianzas-; empleos
salariales agrícolas y no agrícolas y actividades independientes como
comercio, artesanía, etc.
Por ello, en la investigación de
Niños del Milenio se analizó el potencial impacto del TLC sobre las
familias y se puso especial énfasis en identificar los eventuales
efectos de poner en marcha dicho acuerdo sobre las niñas y niños del
Perú. Esta evaluación encontró que los hogares rurales de Sierra y
Selva podrían sufrir una pérdida de bienestar, por lo menos en el plazo
inmediato posterior a la reducción de los aranceles.
Sin embargo,
el análisis encuentra que así como podrían surgir escenarios adversos
para diversos grupos de niños, también podrían aparecer contextos que
los beneficiarían. Entre los escenarios negativos, está el posible
impacto del ingreso al país de alimentos más baratos de EE.UU. como
maíz, carne, productos lácteos, aceites y derivados de la soya. Dicha
importación podría competir en ventaja con los productos de agricultores
pequeños de Sierra y Selva, que en el peor de los casos no venderían
sus alimentos por tornarse más caros. Eventualmente, esos agricultores
tendrían que bajar sus precios, por lo que los ingresos de las familias
pobres rurales disminuirían. Esa reducción del presupuesto familiar
también podría recortar los gastos de los padres en la educación de sus
hijos. Inclusive, en casos extremos, las niñas y los niños de algunos
hogares podrían ser obligados a dejar la escuela para generar dinero.
No
obstante, también es cierto que los mismos hogares peruanos
perjudicados por el TLC podrían beneficiarse del abaratamiento de
ciertos productos importados de EE.UU. que aquellos consumen. Además, un
eventual incremento de la inversión del Estado en infraestructura
productiva -agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, etc.- en
áreas rurales pobres, así como el mejoramiento de los servicios de salud
y educación en dichas zonas, reduciría la vulnerabilidad de sus
moradores y, por ende, de sus hijos.
En el caso de las familias
urbanas, la existencia del TLC ayudaría a que los padres tengan
expectativas más optimistas respecto al retorno económico de la
inversión que implica mandar a los niños al colegio. Asimismo, se ha
hallado que la reducción de aranceles podría tener un efecto positivo
sobre el bienestar de los hogares urbanos por dos fuentes: la
disminución de precios de productos de consumo por el abaratamiento de
bienes importados, así como la posibilidad de mejores oportunidades
laborales para los padres. Sucede que la eventual mayor demanda de
bienes peruanos de parte de EE.UU. -en principio, textiles y
confecciones, y algunos productos agrícolas no tradicionales como uvas y
paltas,- podría aumentar el número de mujeres jefas de hogares o
cónyuges que accedan a empleos salariales.
¿Niñas y niños con más carga doméstica?
La
mayor autonomía económica de la mujer podría equilibrar mejor las
relaciones de poder en el hogar. Sin embargo, la eventual posibilidad de
que la jefa de hogar o cónyuge acceda a empleo asalariado de mayor
calidad podría propiciar que niñas y niños en edad escolar tengan que
asignar mayor tiempo a tareas domésticas del hogar y, por tanto, se
reduzca el tiempo que disponían para el estudio y juego. Ocurre que la
obtención de puestos de trabajo de parte de las madres podría provocar
que los niños mayores del hogar -especialmente las niñas- tengan mayor
carga de trabajo doméstico y cuidado de sus hermanos menores. Esto, a su
vez, podría reducir la calidad del cuidado que reciben los niños por el
lado de la nutrición, salud y formación.
Otro escenario menos
positivo para las niñas y niños se podría producir porque la apertura
comercial incrementaría la flexibilización e inestabilidad de los
contratos laborales. En el caso de madres que sostengan solas sus
hogares y que eventualmente perdieran sus empleos, aumentaría el riesgo
de que sus hijos tengan que trabajar y se podría elevar la deserción
escolar.
El escenario menos deseable es que los niños de familias afectadas por
los cambios económicos generados tras el TLC pasen a engrosar el grupo
de niños que laboran en las peores formas de trabajo infantil, tales
como centros de prostitución, lavaderos de oro, minas informales,
camales, obras de construcción, talleres pirotécnicos, ladrilleras,
botaderos de basura o plantaciones de hoja de coca. Además, podría
aumentar el empleo de niñas y niños para realizar servicio doméstico en
casas de los diversos estratos sociales.
De otro lado, ciertas
empresas con malas prácticas contratan a niños, y ante el riesgo de que
ello se extienda, el Estado podría, por un lado, fomentar el empleo de
tecnologías que ahorren trabajo, y por otro, fortalecer el sistema de
regulación laboral para erradicar el trabajo infantil. No obstante, sólo
un eventual endurecimiento de las sanciones para combatir el trabajo
infantil no lo erradicaría en los casos de las familias que dependieran
de esos ingresos generados por niños. Complementariamente, se deberían
promover políticas que propicien que los padres no tengan que mandar a
sus hijos a trabajar.
El trabajo infantil
El
Perú ratificó en 2002 el Convenio núm. 138 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), que establece la edad mínima de admisión
al empleo. Cada país fija dicha edad mínima y el Perú estableció que
fuera de 14 años. En el mismo año, el Perú ratificó también el Convenio
núm. 182 de OIT, que prohíbe las peores formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminación.
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 | El
escenario menos deseable es que los niños de familias afectadas por los
cambios económicos generados tras el TLC pasen a engrosar el grupo de
niños que laboran en las peores formas de trabajo infantil, tales como
centros de prostitución, lavaderos de oro, minas informales, camales,
obras de construcción, talleres pirotécnicos, ladrilleras, botaderos de
basura o plantaciones de hoja de coca. Además, podría aumentar el empleo
de niñas y niños para realizar servicio doméstico en casas de los
diversos estratos sociales. |  |
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Sin
embargo, las cifras del 2001 del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) señalan que 26.8% ó aproximadamente 2 millones de
niños y adolescentes peruanos entre 6 años y 17 años trabajan por un
salario o compensación no monetaria. El 54% de ellos son niños y el 46%
son niñas. Además, 90% trabaja en el sector informal más de 45 horas a
la semana y 90% recibe menos del salario mínimo.
Las estadísticas
del INEI en este aspecto están subestimadas porque los padres y los
niños no suelen identificar trabajo con actividades que podrían
calificar como tales. No obstante, se podría asumir que la presencia
infantil en el mercado laboral se incrementó en la última década. Según
las cifras, los niños de 6 años a 11 años que trabajaban se elevó de
20.8% a 26.9% entre 1996 y 2001. El número de niños que laboraban entre
12 años y 17 años se incrementó de 30.3% a 32.5% en el mismo periodo de
tiempo. De todos modos, las metodologías usadas para calcular esas
cifras fueron diferentes por lo que hay que tomarlas con cuidado.
Las
cifras del INEI del 2001 también reportan tasas de ocupación de niños
considerando declaraciones de los padres sobre las actividades que sus
hijos realizan, sea ayudando en el negocio familiar, en los quehaceres
en el hogar, en las faenas agrícolas y pecuarias, y otras tareas. Bajo
esta definición más amplia -que incluso puede estar subestimada- 42.4%
de niños entre 6 años y 11 años realizaron actividades laborales, así
como 57.6% de adolescentes entre 12% y 17%. La deserción escolar es una
situación que se acentúa entre niños y niñas que pasan a secundaria
porque el trabajo es una razón importante para dejar de asistir a la
escuela.
Entrega de dinero a los pobres, pero condicionada
La
experiencia de transferencias de dinero del Estado mexicano a hogares
de escasos recursos para evitar que retiren a sus niños de la escuela ha
sido positiva, según estudios realizados.
El programa peruano
Juntos también condiciona la entrega de dinero a la permanencia de los
niños -y especialmente las niñas- en el colegio. Además les exige a los
padres que mantengan ciertos estándares de salud y nutrición de sus
hijos. La condición es necesaria porque es probable que muchas familias
que reciben el dinero todavía desearan mandar a sus niñas y niños a
trabajar debido a la pequeñez de presupuesto. En razón de la experiencia
internacional positiva, se debería estudiar la extensión de Juntos a
más comunidades de escasos recursos para proteger a los niños de estas
áreas ante los eventuales cambios en su economía después de la eventual
ratificación del TLC entre el Perú y EE.UU.
Paralelamente, una
multiplicación de los centros estatales de cuidado infantil diurno Wawa
Wasi, evitaría que las niñas y niños mayores se conviertan en cuidadores
de sus hermanos menores en lugares donde ahora no está presente dicho
programa. Los Wawa Wasi ofrecen ese servicio de cuidado gratuito a niñas
y niños menores de cuatro años para que sus madres puedan trabajar en
actividades fuera del hogar. En principio, tienen prioridad los niños en
situación de riesgo y en condición de pobreza o extrema pobreza.
Empero,
existe también el peligro de que la reducción o eliminación de
aranceles a los bienes de EE.UU. disminuya parte de los ingresos
fiscales, que son la fuente que financia programas sociales como los que
hemos mencionado. La sociedad civil tendría que vigilar que aunque
bajen los recursos fiscales, el Estado no recorte el gasto social.
[*] Artículo basado en el libro “La Liberalización del Comercio y el Bienestar de la Infancia“, de Javier Escobal y Carmen Ponce.
[1] Valdivia, M. (2002) Acerca de la magnitud de la inequidad en salud en el Perú. Documento de Trabajo 37, Lima: GRADE.
[2] Niños
del Milenio es un estudio que incluye a cerca de 3,000 niños en el Perú
desde el 2002 hasta el 2015 para identificar las causas de la pobreza
infantil y sus consecuencias (www.ninosdelmilenio.org). El proyecto es
parte de la investigación internacional que realiza Young Lives en Perú,
Etiopia, India y Vietnam para ofrecer información que permita ejecutar
políticas públicas que combatan la pobreza infantil. Javier Escobal y
Carmen Ponce, investigadores del proyecto en el Perú, son los autores
del libro La Liberalización del Comercio y el Bienestar de la Infancia
(2006), del cual se han tomado datos para el presente artículo.
