MUNDO: Explotación sexual y prostitución. Rutas de la trata de personas. Caso Arg

09/12/2011 Violencia: la expansión de la prostitución en las últimas décadas viene acompañada de un aumento de la trata de personas para la explotación sexual: una de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y demás personas prostituidas más expandidas a nivel mundial. Las rutas de trata crecen y se vinculan al turismo y diferentes actividades económicas, haciendo de este delito uno de los negocios más rentables a nivel mundial. El debate en torno al marco legal y las particularidades del caso argentino ha generado fuerte polémicas, así como una gran lucha de los movimientos feministas para reformar la ley sancionada en 2008. La explotación sexual y la trata de personas son inseparables del contexto en que se desarrollan: los cambios económicos, sociales y culturales que se han producido a partir de mediados de los años 1970, que han influido en las nuevas formas y en la masividad alcanzadas por la prostitución y la pornografía. De este proceso forman parte también las migraciones y las remesas que envían las mujeres migrantes, el crecimiento del turismo, la influencia mediática y el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. Bajo el capitalismo, muchas legislaciones pretenden legitimar la prostitución. El trasfondo ideológico de esta legitimación sostiene que "el sexo de las mujeres vende”, que esa venta es un "trabajo” elegido libremente y su explotación organizada una "industria sexual”. El hecho de que el mercado defina y determine cada vez más los valores sociales, provoca cambios que, entre otras cosas, permiten el crecimiento globalizado de la prostitución. Los sistemas relacionados con la prostitución son tres: 1) el prohibicionismo, que penaliza tanto a las personas prostituidas como a los prostituyentes. 2) El reglamentarismo (en Argentina rigió desde 1875 hasta 1936), que organiza la explotación de las mujeres y demás personas en prostitución: establece los lugares o zonas donde debe ejercerse, revisaciones médicas a las mujeres, especialmente ginecológicas para controlar las enfermedades de transmisión sexual (algo que no se exige a los demás sectores de la población). A las mujeres que no aceptan incorporarse al sistema se las considera fuera de la ley, como en el prohibicionismo. La actual forma de reglamentarismo propone a la prostitución como un trabajo y una respuesta a la pobreza estructural de las mujeres. De esta manera, proxenetas, rufianes y tratantes son considerados empresarios. También se legitima la prostitución militarizada y el turismo sexual, dado que al dejar ser consideradas víctimas las personas explotadas sexualmente, se supone que optaron por esa "profesión” y que lo hacen porque les gusta. Así se libera de responsabilidad a todos los prostituyentes, cómplices y Estados. 3) El abolicionismo se propone acabar con el sistema prostituyente. Busca poner fin a la prostitución sin sancionar o perseguir a las personas en tal situación, sino a todos los que las explotan. Prohíbe tanto la exigencia de cualquier tipo de registro o controles a las personas afectadas, como el establecimiento de zonas especiales de ejercicio de la prostitución. Comprende además la necesidad de establecer políticas sociales, económicas y culturales que provean de salud, educación, vivienda y trabajo a todas las personas en situación de prostitución. Ubica en la desigualdad social, sexual, cultural, económica y política el origen de la prostitución. Intereses económicos Entre los negocios ilegales, la explotación de la prostitución es uno de los que más ganancias genera. Por ejemplo, en Holanda, desde que se reglamentó como "trabajo”, sólo en el primer año creció un 25% y actualmente constituye el 5% del PIB del país. Las remesas que las mujeres en situación de prostitución envían a sus países de origen son actualmente parte del sistema de trata y tráfico de mujeres. Hay países exportadores y otros que demandan personas para ser prostituidas, como también determinadas estructuras de los Estados que son cómplices del fenómeno. Otro de los mecanismos para la obtención de dinero es el llamado turismo sexual. Estas son partes de las razones por las cuales los países son tan renuentes a instrumentar políticas que apunten a la raíz del problema, tanto desde el punto de vista de la persecución del delito, como de la atención a las víctimas, a excepción de Suecia y recientemente Noruega. Actualmente se presenta a la trata como un problema separado de la prostitución, intentando mostrar que la violencia está sólo en aquella. Si bien hay trata para diversos fines, entre el 85 y el 90% de los casos son de mujeres y niñas para ser prostituidas. Por eso la trata de personas es básicamente un mecanismo para incorporar mujeres y niñas a la prostitución. El caso argentino Argentina no fue ajena a los cambios que se produjeron y producen a nivel internacional en relación a la prostitución y la trata. A principios del siglo pasado, cuando la prostitución estaba reglamentada, la explotación sexual había aumentado tanto que al país se lo conocía como "el camino de Buenos Aires”, por el intenso tráfico de mujeres que llegaban desde Europa. Desde la segunda mitad de los años 1930, con el desarrollo del abolicionismo (Ley 12.331 de 1937), el país firmó la "Convención contra la trata de personas y explotación de la prostitución Ajena” (ONU, 1949) que reconoce el abolicionismo a nivel internacional. Hoy Argentina es también país de origen, tránsito y destino de mujeres y niñas/os para ser prostituidas/os. Las rutas de la trata van de norte a sur y de este a oeste. Hay provincias específicas donde especialmente se desarrolla la captación de mujeres, pero todas son de tránsito y destino, ya que las mujeres son rotadas de un lugar a otro cada 20 días o cada mes, dependiendo de las zonas de explotación. Por las fronteras del Norte, llegan mujeres de Bolivia, Brasil y Paraguay; por el Oeste hay traslados desde Chile a la Argentina. También salen por las mismas rutas mujeres argentinas y de países como Colombia, Brasil o República Dominicana. Como en la trata internacional, donde los países ricos son los de destino, en la trata interna también las provincias pobres actúan como proveedoras de mujeres, especialmente las del Norte argentino (entre ellas Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa y Misiones). Según informe de la Ufase (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación), las que poseen la mayor cantidad de casos de trata de personas judicializados son Misiones, Salta y Chaco. En estas provincias el tráfico de mujeres es intenso entre Bolivia, Paraguay y Brasil. La extensión y permeabilidad de las fronteras y la complicidad de funcionarios para el cruce crean una oportunidad inmejorable para estas redes. Las rutas también van siendo construidas por los proxenetas hacia lugares de creciente desarrollo económico. Por ejemplo, hay rutas hacia el Sur del país que terminan en centros petroleros como los de Santa Cruz, La Pampa y Chubut, o bien en las zonas de producción de soya. También se han instalado gran cantidad de prostíbulos en la llamada ruta del Mercosur, que une Argentina con Brasil, donde hay un intenso tránsito de camiones Otro destino frecuente para las mujeres y niñas víctimas de las redes de prostitución son las zonas turísticas. Ciudades como Bariloche o Puerto Madryn en el Sur y Mar del Plata, entre otras ciudades costeras, son otros de los lugares elegidos por estas redes. También se ha denunciado la existencia de propaganda de turismo que incluye el ofrecimiento de mujeres de pueblos originarios en algunas provincias como Catamarca. Legislación Las redes están extendidas por todo el país y muchas continúan en países limítrofes. Para que todo el sistema funcione con el grado de impunidad en que lo hace, fue necesario, entre otras cosas, que las leyes y tratados internacionales mutaran del sistema abolicionista hacia sistemas reglamentaristas de la prostitución. En este contexto, se firmó en 2000 la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo para Prevenir y Sancionar la trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas (Protocolo de Palermo), que establecen que, para que se configure el delito de trata, se debe probar que la víctima no consintió en ser explotada. Las normas presumen el acuerdo de las personas explotadas a menos que se pruebe lo contrario, con lo cual se establecen dos formas de trata: una consentida, legal, de la que formarían parte el turismo sexual y la industria del sexo; y otra forma no consentida, ilegal, que se produce cuando se trata de menores o de mayores que prueban el no consentimiento de la explotación. La ley argentina, sancionada en 2008, sigue este modelo, con lo cual se torna más difícil la lucha contra la prostitución y la trata, ya que si no se prueba la falta de consentimiento de la víctima, los proxenetas y tratantes son inocentes. Esta ley ha sido fuertemente criticada, especialmente por grupos feministas, que ya elaboraron propuestas de modificación. En agosto de 2011 el Senado aprobó una reforma de esta norma y de otros artículos del código penal, que establece que los delitos de trata, proxenetismo y rufianismo se configurarán aunque la víctima preste consentimiento. La iniciativa avanza también en otros dos aspectos: extiende la atención a todas las víctimas de explotación, no sólo a las de trata, e incorpora la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, además de la asistencia. Esta reforma necesita ahora la aprobación en la Cámara de Diputados. Para poner fin a la trata de personas es necesario poner fin a la prostitución. Para eso es necesario un cambio cultural y económico que permita eliminar la explotación y el control sobre los cuerpos de las mujeres. http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=63136