Por: Virginia Rey-Sanchez [*]
Subdirectora de Comunicaciones
Proyecto Niños del Mileniovreysanchez@grade.org.pe
(Lima. Noticias de la OIT) La legislación peruana indica que el Estado debe asegurar el acceso de niñas y niños a servicios públicos esenciales como salud, nutrición, saneamiento y educación, pero muchos de los 40 mil infantes que nacen mensualmente en el país son ignorados. Por ejemplo, niñas y niños menores de un año tienen mayor probabilidad de morir si tienen hermanos jóvenes, si su madre es joven y si viven en la Sierra. Adicionalmente, la tasa de mortalidad es mucho mayor entre niñas y niños cuyas madres tienen un bajo nivel educativo (menos de primaria completa) y moran en hogares sin servicio de agua potable y desagüe [1]. Es relevante, entonces, evaluar la necesidad de diseñar políticas públicas que protejan a los niños, principalmente de las áreas rurales de la Sierra y Selva, de la mayor volatilidad económica que conllevaría la puesta en marcha del TLC.
¿Qué cambia con el TLC?
Ahora bien, sólo un grupo de bienes podrá comerciarse sin el pago de aranceles al día siguiente de que fuera ratificado el TLC entre el Perú y EE.UU. En efecto, ambos Gobiernos han negociado un cronograma de eliminación gradual de aranceles de muchos de los productos, que refleja la producción que le interesa proteger a cada país. Diferir la liberalización total de aranceles permitirá que el Perú tenga un plazo, que podría usar para fortalecer los programas estatales más eficientes focalizados en la protección de las niñas y niños más vulnerables del país.
No todos los niños peruanos aprovecharán el TLC
Sucede que el análisis gubernamental se orienta a la evaluación de las consecuencias del TLC por sectores productivos, lo que es válido en ese tipo de medición, pero no considera a grupos humanos diferenciados de acuerdo a su condición social. Empero, los hogares rurales peruanos, en particular, requieren una evaluación más específica porque desarrollan, simultáneamente, trabajos de distintos sectores productivos, tales como agricultura y ganadería -con múltiples cultivos y crianzas-; empleos salariales agrícolas y no agrícolas y actividades independientes como comercio, artesanía, etc.
Por ello, en la investigación de Niños del Milenio se analizó el potencial impacto del TLC sobre las familias y se puso especial énfasis en identificar los eventuales efectos de poner en marcha dicho acuerdo sobre las niñas y niños del Perú. Esta evaluación encontró que los hogares rurales de Sierra y Selva podrían sufrir una pérdida de bienestar, por lo menos en el plazo inmediato posterior a la reducción de los aranceles.
Sin embargo, el análisis encuentra que así como podrían surgir escenarios adversos para diversos grupos de niños, también podrían aparecer contextos que los beneficiarían. Entre los escenarios negativos, está el posible impacto del ingreso al país de alimentos más baratos de EE.UU. como maíz, carne, productos lácteos, aceites y derivados de la soya. Dicha importación podría competir en ventaja con los productos de agricultores pequeños de Sierra y Selva, que en el peor de los casos no venderían sus alimentos por tornarse más caros. Eventualmente, esos agricultores tendrían que bajar sus precios, por lo que los ingresos de las familias pobres rurales disminuirían. Esa reducción del presupuesto familiar también podría recortar los gastos de los padres en la educación de sus hijos. Inclusive, en casos extremos, las niñas y los niños de algunos hogares podrían ser obligados a dejar la escuela para generar dinero.
No obstante, también es cierto que los mismos hogares peruanos perjudicados por el TLC podrían beneficiarse del abaratamiento de ciertos productos importados de EE.UU. que aquellos consumen. Además, un eventual incremento de la inversión del Estado en infraestructura productiva -agua y desagüe, electricidad, telecomunicaciones, etc.- en áreas rurales pobres, así como el mejoramiento de los servicios de salud y educación en dichas zonas, reduciría la vulnerabilidad de sus moradores y, por ende, de sus hijos.
En el caso de las familias urbanas, la existencia del TLC ayudaría a que los padres tengan expectativas más optimistas respecto al retorno económico de la inversión que implica mandar a los niños al colegio. Asimismo, se ha hallado que la reducción de aranceles podría tener un efecto positivo sobre el bienestar de los hogares urbanos por dos fuentes: la disminución de precios de productos de consumo por el abaratamiento de bienes importados, así como la posibilidad de mejores oportunidades laborales para los padres. Sucede que la eventual mayor demanda de bienes peruanos de parte de EE.UU. -en principio, textiles y confecciones, y algunos productos agrícolas no tradicionales como uvas y paltas,- podría aumentar el número de mujeres jefas de hogares o cónyuges que accedan a empleos salariales.
¿Niñas y niños con más carga doméstica?
La mayor autonomía económica de la mujer podría equilibrar mejor las relaciones de poder en el hogar. Sin embargo, la eventual posibilidad de que la jefa de hogar o cónyuge acceda a empleo asalariado de mayor calidad podría propiciar que niñas y niños en edad escolar tengan que asignar mayor tiempo a tareas domésticas del hogar y, por tanto, se reduzca el tiempo que disponían para el estudio y juego. Ocurre que la obtención de puestos de trabajo de parte de las madres podría provocar que los niños mayores del hogar -especialmente las niñas- tengan mayor carga de trabajo doméstico y cuidado de sus hermanos menores. Esto, a su vez, podría reducir la calidad del cuidado que reciben los niños por el lado de la nutrición, salud y formación.
Otro escenario menos positivo para las niñas y niños se podría producir porque la apertura comercial incrementaría la flexibilización e inestabilidad de los contratos laborales. En el caso de madres que sostengan solas sus hogares y que eventualmente perdieran sus empleos, aumentaría el riesgo de que sus hijos tengan que trabajar y se podría elevar la deserción escolar.
El escenario menos deseable es que los niños de familias afectadas por
los cambios económicos generados tras el TLC pasen a engrosar el grupo
de niños que laboran en las peores formas de trabajo infantil, tales
como centros de prostitución, lavaderos de oro, minas informales,
camales, obras de construcción, talleres pirotécnicos, ladrilleras,
botaderos de basura o plantaciones de hoja de coca. Además, podría
aumentar el empleo de niñas y niños para realizar servicio doméstico en
casas de los diversos estratos sociales. De otro lado, ciertas empresas con malas prácticas contratan a niños, y ante el riesgo de que ello se extienda, el Estado podría, por un lado, fomentar el empleo de tecnologías que ahorren trabajo, y por otro, fortalecer el sistema de regulación laboral para erradicar el trabajo infantil. No obstante, sólo un eventual endurecimiento de las sanciones para combatir el trabajo infantil no lo erradicaría en los casos de las familias que dependieran de esos ingresos generados por niños. Complementariamente, se deberían promover políticas que propicien que los padres no tengan que mandar a sus hijos a trabajar.
El trabajo infantil
El Perú ratificó en 2002 el Convenio núm. 138 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece la edad mínima de admisión al empleo. Cada país fija dicha edad mínima y el Perú estableció que fuera de 14 años. En el mismo año, el Perú ratificó también el Convenio núm. 182 de OIT, que prohíbe las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
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 | El escenario menos deseable es que los niños de familias afectadas por los cambios económicos generados tras el TLC pasen a engrosar el grupo de niños que laboran en las peores formas de trabajo infantil, tales como centros de prostitución, lavaderos de oro, minas informales, camales, obras de construcción, talleres pirotécnicos, ladrilleras, botaderos de basura o plantaciones de hoja de coca. Además, podría aumentar el empleo de niñas y niños para realizar servicio doméstico en casas de los diversos estratos sociales. |  |
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Las estadísticas del INEI en este aspecto están subestimadas porque los padres y los niños no suelen identificar trabajo con actividades que podrían calificar como tales. No obstante, se podría asumir que la presencia infantil en el mercado laboral se incrementó en la última década. Según las cifras, los niños de 6 años a 11 años que trabajaban se elevó de 20.8% a 26.9% entre 1996 y 2001. El número de niños que laboraban entre 12 años y 17 años se incrementó de 30.3% a 32.5% en el mismo periodo de tiempo. De todos modos, las metodologías usadas para calcular esas cifras fueron diferentes por lo que hay que tomarlas con cuidado.
Las cifras del INEI del 2001 también reportan tasas de ocupación de niños considerando declaraciones de los padres sobre las actividades que sus hijos realizan, sea ayudando en el negocio familiar, en los quehaceres en el hogar, en las faenas agrícolas y pecuarias, y otras tareas. Bajo esta definición más amplia -que incluso puede estar subestimada- 42.4% de niños entre 6 años y 11 años realizaron actividades laborales, así como 57.6% de adolescentes entre 12% y 17%. La deserción escolar es una situación que se acentúa entre niños y niñas que pasan a secundaria porque el trabajo es una razón importante para dejar de asistir a la escuela.
Entrega de dinero a los pobres, pero condicionada
La experiencia de transferencias de dinero del Estado mexicano a hogares de escasos recursos para evitar que retiren a sus niños de la escuela ha sido positiva, según estudios realizados.
El programa peruano Juntos también condiciona la entrega de dinero a la permanencia de los niños -y especialmente las niñas- en el colegio. Además les exige a los padres que mantengan ciertos estándares de salud y nutrición de sus hijos. La condición es necesaria porque es probable que muchas familias que reciben el dinero todavía desearan mandar a sus niñas y niños a trabajar debido a la pequeñez de presupuesto. En razón de la experiencia internacional positiva, se debería estudiar la extensión de Juntos a más comunidades de escasos recursos para proteger a los niños de estas áreas ante los eventuales cambios en su economía después de la eventual ratificación del TLC entre el Perú y EE.UU.
Paralelamente, una multiplicación de los centros estatales de cuidado infantil diurno Wawa Wasi, evitaría que las niñas y niños mayores se conviertan en cuidadores de sus hermanos menores en lugares donde ahora no está presente dicho programa. Los Wawa Wasi ofrecen ese servicio de cuidado gratuito a niñas y niños menores de cuatro años para que sus madres puedan trabajar en actividades fuera del hogar. En principio, tienen prioridad los niños en situación de riesgo y en condición de pobreza o extrema pobreza.
Empero, existe también el peligro de que la reducción o eliminación de aranceles a los bienes de EE.UU. disminuya parte de los ingresos fiscales, que son la fuente que financia programas sociales como los que hemos mencionado. La sociedad civil tendría que vigilar que aunque bajen los recursos fiscales, el Estado no recorte el gasto social.
[*] Artículo basado en el libro “La Liberalización del Comercio y el Bienestar de la Infancia“, de Javier Escobal y Carmen Ponce.
[1] Valdivia, M. (2002) Acerca de la magnitud de la inequidad en salud en el Perú. Documento de Trabajo 37, Lima: GRADE.
[2] Niños del Milenio es un estudio que incluye a cerca de 3,000 niños en el Perú desde el 2002 hasta el 2015 para identificar las causas de la pobreza infantil y sus consecuencias (www.ninosdelmilenio.org). El proyecto es parte de la investigación internacional que realiza Young Lives en Perú, Etiopia, India y Vietnam para ofrecer información que permita ejecutar políticas públicas que combatan la pobreza infantil. Javier Escobal y Carmen Ponce, investigadores del proyecto en el Perú, son los autores del libro La Liberalización del Comercio y el Bienestar de la Infancia (2006), del cual se han tomado datos para el presente artículo.
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