viernes 25 de febrero de 2011
INFOALTERNATIVA
En una finca ubicada en inmediaciones de Los Charrúas se constató que menores de 13 y 14 años trabajaban en un monte. A la hora de liquidarles los haberes les descuentan los alimentos - calculados con sobreprecios - por lo que se ven impedidos de regresar a sus hogares porque no les alcanza. Una histórica forma de esclavitud rural: el alimento se cobra muy caro, el trabajo muy barato.
En las primeras horas de la tarde de ayer, funcionarios del Consejo del Niño y la Familia (Copnaf), de la AFIP, de la Policía de Entre Ríos y de la Secretaría de Trabajo efectuaron un procedimiento de inspección en una finca ubicada en las afueras de Concordia, a pocos kilómetros de Los Charrúas. En este lugar se constató la presencia de adolescentes de 13 y 14 años -oriundos de la provincia de Misiones - que trabajaban en un monte en “condiciones evidentes de explotación”, aseguraron los responsables del operativo.
El titular del Copnaf, doctor Fernando Rugier, confirmó que “se verificó que estos obreros trabajaban casi sin descanso y vivían en chozas de palos y bolsas de nailon”. El funcionario indicó que “se conminó al contratista a cargo de esta gente a que se les pague por el trabajo realizado para poder articular el regreso a sus hogares; ante lo que contestó que les iba a pagar descontando lo que debían de compras de alimentos y elementos de trabajo”. Esta actitud deja al descubierto una “modalidad de trabajo que lamentablemente sigue vigente y que provoca que la gente sea explotada en este tipo de establecimientos sin posibilidad de volver a sus casas, porque con lo que les descuentan no les alcanza para nada”, dijo Rugier con evidente indignación, para luego aclarar que “el Copnaf se hizo cargo de la atención y el traslado de los menores”.
Rugier agregó que “vamos a continuar realizando estos operativos, siguiendo los lineamientos precisos que en este sentido a marcado el gobernador Urribarri, quien considera que es una de las prioridades de esta gestión terminar con el trabajo en negro y la explotación infantil”.
sábado, 26 de febrero de 2011
Trabajo infantil: Heridas de nunca sanar
viernes 25 de febrero de 2011
Randy Saborit Mora (PL)
La evolución seguirá ausente en este mundo de avances científicos asombrosos, mientras millones de padres vendan como máquinas de trabajo a sus hijos, en quienes quedan heridas de nunca sanar.
En el orbe existen 158 millones de niños de ambos sexos entre cinco y 14 años obligados a trabajar, lo cual equivale a uno de cada seis menores, estima el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según esa organización, cada año aumenta en un millón 200 mil las víctimas de la trata infantil, una cifra terrible que incluye víctimas de la explotación sexual.
En África subsahariana 69 millones de infantes laboran antes de cumplir sus 15, calcula la Unicef.
Costa de Marfil, Camerún y Gabón "importan" niños y niñas de Togo, Mali, Burkina Faso y Ghana; Benin y Nigeria "exportan" menores a Oriente Medio y Europa.
Escenas de la barbarie
"El lado oscuro del chocolate" es un documental del director de cine danés Miki Mistrati, que muestra cómo muchos niños recogen semillas en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil y cargan bolsas de 20 kilos durante 12 horas al día.
Según declaró Mistrati a la prensa, "es impactante comprobar la trata de personas y la explotación infantil. Vi, incluso, chicos de ocho años, esclavizados en la selva."
"¿Saben qué me causó más impresión? Que esos chicos no tenían miedo en su mirada, tenían los ojos apagados, como resignados a su suerte", precisó el autor, quien recorrió 17 campos en ese país de África occidental.
Los campesinos marfileños de Khorogo esperan la llegada de los niños esclavos para ponerlos a trabajar en las plantaciones de cacao, el principal rubro de exportación de esa nación.
Diamoutene Bakaray, anciano de una de las tribus del lugar, relata en el documental que a veces los traficantes van al mercado en motos y raptan a los niños.
"No nos consta que trabajen menores en nuestras plantaciones. De hecho, nuestras leyes lo impiden. Esos niños que usted pudo ver acaso vinieron con las muchas familias que visitan el país haciendo turismo", afirma en la cinta Tohe Adam Malick, funcionario del Ministerio de Trabajo de ese país.
Más crudo respondió el dueño de la empresa SAF-Cacao: "¿Se imagina la catástrofe global que se produciría si la gente dejara de comprar nuestro cacao al saber del tráfico de niños? No jueguen con esas palabras porque nos arruinan."
Tras difundirse el material fílmico en Europa, industriales daneses firmaron un código de conducta para la el trabajo en los campos de cacao, ante la presión ejercida por los consumidores sobre el gobierno de Dinamarca.
Empresas implicadas como Nestlé, Kraft Foods, Ferrero y Mars eligieron una defensa conjunta mediante un vocero.
Según alegan, no tienen responsabilidades sobre las plantaciones porque sólo compran el cacao de cooperativas.
Tales compañías prometen combatir el problema, y Nestlé mostró un plan para formar agricultores y remodelar la cadena de cooperativas cacaoteras con una inversión de 82 millones de euros en la próxima década.
Sin embargo, en 2001 esas grandes corporaciones firmaron un protocolo para que en 2008 mejoraran las condiciones de trabajo en las plantaciones de cacao en África, y todo quedó en el papel.
¿Qué es el trabajo infantil?
No todas las tareas realizadas por los niños clasifican como trabajo infantil, pues los especialistas consideran positiva la participación en labores que facilitan el desarrollo personal sin afectar la salud o educación.
Puede mencionarse la ayuda brindada a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio de la familia o las tareas realizadas fuera del horario docente o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo.
Tales actividades son provechosas para el desarrollo de los menores y el bienestar de la familia les proporciona calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta, comentan los psicólogos.
El término "trabajo infantil" suele definirse como toda labor que priva a los infantes de su niñez, su potencial y su dignidad, y es considerado perjudicial para el desarrollo físico y mental.
Los nacidos en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil.
En las formas más extremas de ese tipo de explotación, los niños sufren situaciones de esclavitud, separados de sus familiares, expuestos a graves peligros y enfermedades o abandonados a muy temprana edad en la calle de grandes urbes.
Millones de niñas trabajan como empleadas domésticas y están expuestas a la explotación, los maltratos y los abusos sexuales.
Promesas para el 2016
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en mayo pasado que los esfuerzos a fin de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2016 pierden fuerza y convocó a "revitalizar" la campaña mundial con vistas a erradicar esa práctica.
En su informe global sobre el tema, la OIT indica que la cifra internacional de niños trabajadores disminuyó de 222 millones a 215 millones durante el período 2004-2008, lo cual representa un tres por ciento.
La organización apunta en el documento titulado "Intensificar la lucha contra el trabajo infantil", que el mayor progreso se reportó entre niños y niñas de cinco a 14 años, grupo en el cual el número disminuyó en un 10 por ciento.
Sin embargo, entre jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones.
En ese sentido, más de 450 delegados de 80 países adoptaron en mayo último en La Haya, Holanda, una Hoja de Ruta, la cual enuncia la necesidad de "aumentar de manera fundamental" los esfuerzos mundiales para eliminar las peores formas de trabajo infantil en 2016.
El texto insta a gobiernos, interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales a articular políticas a favor del respeto de los derechos humanos de los niños con un tope dentro de un lustro.
"Pero no nos engañemos: la Hoja de Ruta no marca el final de nuestro trabajo conjunto, por el contrario, debemos continuar reuniéndonos y trabajando", reconoció el ministro de Asuntos Sociales y del Empleo del gobierno de los Países Bajos, Piet Hein Donner.
Por su parte el director ejecutivo de la OIT, Kari Tapiola, admitió que "ahora contamos con una Hoja de Ruta que muestra el camino a seguir y ofrece ideas para futuras discusiones, tanto en la OIT como en otros ámbitos. El cumplimiento de este objetivo es una tarea que depende de todos nosotros".
Entretanto, en el informe Incrementar la lucha contra el trabajo infantil, la OIT se muestra pesimista al advertir que el propósito de 2016 será incumplido de no adoptarse acciones decisivas.
Contrasta este documento con las tendencias positivas de la evaluación realizada en 2006, que impulsaron a esa organización a acordar en ese año el propósito de eliminar las peores formas de trabajo infantil en el término de una década.
La trata de menores es una actividad lucrativa vinculada a redes de delincuencia y corrupción.
Esa práctica vulnera el derecho del niño a crecer en el seno de un entorno familiar al estar expuesto a peligros, como la violencia, el abuso sexual o las formas más medievales de esclavitud.
La cruda realidad demuestra que pasan los años, las promesas caducan, los políticos envejecen con su palabra incumplida, mientras el tráfico y la explotación infantil aún pertenecen al infierno de este mundo.
Randy Saborit Mora (PL)
La evolución seguirá ausente en este mundo de avances científicos asombrosos, mientras millones de padres vendan como máquinas de trabajo a sus hijos, en quienes quedan heridas de nunca sanar.
En el orbe existen 158 millones de niños de ambos sexos entre cinco y 14 años obligados a trabajar, lo cual equivale a uno de cada seis menores, estima el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según esa organización, cada año aumenta en un millón 200 mil las víctimas de la trata infantil, una cifra terrible que incluye víctimas de la explotación sexual.
En África subsahariana 69 millones de infantes laboran antes de cumplir sus 15, calcula la Unicef.
Costa de Marfil, Camerún y Gabón "importan" niños y niñas de Togo, Mali, Burkina Faso y Ghana; Benin y Nigeria "exportan" menores a Oriente Medio y Europa.
Escenas de la barbarie
"El lado oscuro del chocolate" es un documental del director de cine danés Miki Mistrati, que muestra cómo muchos niños recogen semillas en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil y cargan bolsas de 20 kilos durante 12 horas al día.
Según declaró Mistrati a la prensa, "es impactante comprobar la trata de personas y la explotación infantil. Vi, incluso, chicos de ocho años, esclavizados en la selva."
"¿Saben qué me causó más impresión? Que esos chicos no tenían miedo en su mirada, tenían los ojos apagados, como resignados a su suerte", precisó el autor, quien recorrió 17 campos en ese país de África occidental.
Los campesinos marfileños de Khorogo esperan la llegada de los niños esclavos para ponerlos a trabajar en las plantaciones de cacao, el principal rubro de exportación de esa nación.
Diamoutene Bakaray, anciano de una de las tribus del lugar, relata en el documental que a veces los traficantes van al mercado en motos y raptan a los niños.
"No nos consta que trabajen menores en nuestras plantaciones. De hecho, nuestras leyes lo impiden. Esos niños que usted pudo ver acaso vinieron con las muchas familias que visitan el país haciendo turismo", afirma en la cinta Tohe Adam Malick, funcionario del Ministerio de Trabajo de ese país.
Más crudo respondió el dueño de la empresa SAF-Cacao: "¿Se imagina la catástrofe global que se produciría si la gente dejara de comprar nuestro cacao al saber del tráfico de niños? No jueguen con esas palabras porque nos arruinan."
Tras difundirse el material fílmico en Europa, industriales daneses firmaron un código de conducta para la el trabajo en los campos de cacao, ante la presión ejercida por los consumidores sobre el gobierno de Dinamarca.
Empresas implicadas como Nestlé, Kraft Foods, Ferrero y Mars eligieron una defensa conjunta mediante un vocero.
Según alegan, no tienen responsabilidades sobre las plantaciones porque sólo compran el cacao de cooperativas.
Tales compañías prometen combatir el problema, y Nestlé mostró un plan para formar agricultores y remodelar la cadena de cooperativas cacaoteras con una inversión de 82 millones de euros en la próxima década.
Sin embargo, en 2001 esas grandes corporaciones firmaron un protocolo para que en 2008 mejoraran las condiciones de trabajo en las plantaciones de cacao en África, y todo quedó en el papel.
¿Qué es el trabajo infantil?
No todas las tareas realizadas por los niños clasifican como trabajo infantil, pues los especialistas consideran positiva la participación en labores que facilitan el desarrollo personal sin afectar la salud o educación.
Puede mencionarse la ayuda brindada a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio de la familia o las tareas realizadas fuera del horario docente o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo.
Tales actividades son provechosas para el desarrollo de los menores y el bienestar de la familia les proporciona calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta, comentan los psicólogos.
El término "trabajo infantil" suele definirse como toda labor que priva a los infantes de su niñez, su potencial y su dignidad, y es considerado perjudicial para el desarrollo físico y mental.
Los nacidos en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil.
En las formas más extremas de ese tipo de explotación, los niños sufren situaciones de esclavitud, separados de sus familiares, expuestos a graves peligros y enfermedades o abandonados a muy temprana edad en la calle de grandes urbes.
Millones de niñas trabajan como empleadas domésticas y están expuestas a la explotación, los maltratos y los abusos sexuales.
Promesas para el 2016
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en mayo pasado que los esfuerzos a fin de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2016 pierden fuerza y convocó a "revitalizar" la campaña mundial con vistas a erradicar esa práctica.
En su informe global sobre el tema, la OIT indica que la cifra internacional de niños trabajadores disminuyó de 222 millones a 215 millones durante el período 2004-2008, lo cual representa un tres por ciento.
La organización apunta en el documento titulado "Intensificar la lucha contra el trabajo infantil", que el mayor progreso se reportó entre niños y niñas de cinco a 14 años, grupo en el cual el número disminuyó en un 10 por ciento.
Sin embargo, entre jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones.
En ese sentido, más de 450 delegados de 80 países adoptaron en mayo último en La Haya, Holanda, una Hoja de Ruta, la cual enuncia la necesidad de "aumentar de manera fundamental" los esfuerzos mundiales para eliminar las peores formas de trabajo infantil en 2016.
El texto insta a gobiernos, interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales a articular políticas a favor del respeto de los derechos humanos de los niños con un tope dentro de un lustro.
"Pero no nos engañemos: la Hoja de Ruta no marca el final de nuestro trabajo conjunto, por el contrario, debemos continuar reuniéndonos y trabajando", reconoció el ministro de Asuntos Sociales y del Empleo del gobierno de los Países Bajos, Piet Hein Donner.
Por su parte el director ejecutivo de la OIT, Kari Tapiola, admitió que "ahora contamos con una Hoja de Ruta que muestra el camino a seguir y ofrece ideas para futuras discusiones, tanto en la OIT como en otros ámbitos. El cumplimiento de este objetivo es una tarea que depende de todos nosotros".
Entretanto, en el informe Incrementar la lucha contra el trabajo infantil, la OIT se muestra pesimista al advertir que el propósito de 2016 será incumplido de no adoptarse acciones decisivas.
Contrasta este documento con las tendencias positivas de la evaluación realizada en 2006, que impulsaron a esa organización a acordar en ese año el propósito de eliminar las peores formas de trabajo infantil en el término de una década.
La trata de menores es una actividad lucrativa vinculada a redes de delincuencia y corrupción.
Esa práctica vulnera el derecho del niño a crecer en el seno de un entorno familiar al estar expuesto a peligros, como la violencia, el abuso sexual o las formas más medievales de esclavitud.
La cruda realidad demuestra que pasan los años, las promesas caducan, los políticos envejecen con su palabra incumplida, mientras el tráfico y la explotación infantil aún pertenecen al infierno de este mundo.
martes, 22 de febrero de 2011
EL SALVADOR: Erradicar trabajo infantil podría tardar 9 años
21/02/2011 El IV Foro de Vicepresidentes de América Central y República
Dominicana concluyó con el compromiso de estos gobiernos por la alfabetización, la capacitación, la equidad, entre otros, sin embargo no aborda ninguna medida para evitar el acoso y criminalidad que sufren los estudiantes debido a la delincuencia.
En el cierre del IV Foro de Vicepresidentes de América Central y República Dominicana, denominado “Equidad en el acceso a la Educación de Calidad” acordaron redoblar esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas para el año 2015 y de forma total para el 2020.
Sin embargo la declaratoria no aborda el problema de violencia que sufren los estudiantes, que se ven acosados y victimizadas por las pandillas, el cual es uno de los mayores problemas que enfrenta El Salvador y Guatemala.
Al consultarle al vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén dijo que el Ministerio de Educación, en conjunto con la Policía Nacional Civil tiene focalizadas los centros educativos en zonas de riesgo, para los que se está dirigiendo una política distinta.
Sánchez Cerén dijo además que las niñas y niños y jóvenes más vulnerables son los que no estudian ni trabajan, ya que ellos están en mayor medida bajo el acecho de las pandillas.
Por otra parte la declaratoria firmada por los siete representantes de los gobiernos de la región si se comprometieron a que la “región incorpore y aproveche los programas de apoyo a la gobernabilidad de las instituciones educativas, atención educativa, a la diversidad del alumno y a los colectivos con mayor riesgo de inclusión, atención integral a la primera infancia…”.
Para lograr los compromisos adquiridos y lograr un desarrollo de calidad en la educación una de las apuestas es que cada gobierno, invierta al menos el 5.5% del PIB en educación, (una propuesta para los que están bajo ese monto).
La Declaratoria Conjunta sobre Equidad en el Acceso a la Educación de Calidad firmada por el en conjunto con los vicepresidentes de Costa Rica, Alfio Piva Mesén; de Guatemala, Rafael Espada; el de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, el de República Dominicana, Rafael Albuquerque, el designado presidencial de Honduras, Víctor Hugo Barnica. En la clausura del evento regional.
http://www.lapagina.com.sv/
Dominicana concluyó con el compromiso de estos gobiernos por la alfabetización, la capacitación, la equidad, entre otros, sin embargo no aborda ninguna medida para evitar el acoso y criminalidad que sufren los estudiantes debido a la delincuencia.
En el cierre del IV Foro de Vicepresidentes de América Central y República Dominicana, denominado “Equidad en el acceso a la Educación de Calidad” acordaron redoblar esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas para el año 2015 y de forma total para el 2020.
Sin embargo la declaratoria no aborda el problema de violencia que sufren los estudiantes, que se ven acosados y victimizadas por las pandillas, el cual es uno de los mayores problemas que enfrenta El Salvador y Guatemala.
Al consultarle al vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén dijo que el Ministerio de Educación, en conjunto con la Policía Nacional Civil tiene focalizadas los centros educativos en zonas de riesgo, para los que se está dirigiendo una política distinta.
Sánchez Cerén dijo además que las niñas y niños y jóvenes más vulnerables son los que no estudian ni trabajan, ya que ellos están en mayor medida bajo el acecho de las pandillas.
Por otra parte la declaratoria firmada por los siete representantes de los gobiernos de la región si se comprometieron a que la “región incorpore y aproveche los programas de apoyo a la gobernabilidad de las instituciones educativas, atención educativa, a la diversidad del alumno y a los colectivos con mayor riesgo de inclusión, atención integral a la primera infancia…”.
Para lograr los compromisos adquiridos y lograr un desarrollo de calidad en la educación una de las apuestas es que cada gobierno, invierta al menos el 5.5% del PIB en educación, (una propuesta para los que están bajo ese monto).
La Declaratoria Conjunta sobre Equidad en el Acceso a la Educación de Calidad firmada por el en conjunto con los vicepresidentes de Costa Rica, Alfio Piva Mesén; de Guatemala, Rafael Espada; el de Nicaragua, Jaime Morales Carazo, el de República Dominicana, Rafael Albuquerque, el designado presidencial de Honduras, Víctor Hugo Barnica. En la clausura del evento regional.
http://www.lapagina.com.sv/
PARAGUAY: en lucha contra el TI
21/02/2011 La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2011 tiene como objetivo principal recoger información relacionadas a los niñas, niños y adolescentes del Paraguay involucrados en actitudes que tienen que ver con el trabajo infantil riesgoso para su salud o seguridad integral.
Estas informaciones servirán para actualizar los datos sobre el Trabajo Infantil Peligroso en Paraguay, del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizado por Decreto Nº 4951/2005 y para tener cifras exactas de la cantidad de menores que trabajan sin tener la edad mínima como estipula la ley, establecida en 14 años.
LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO
Preparativos para censar a niños, niñas y jóvenes en situación de trabajo infantil
En el marco de los trabajos preparatorios para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, funcionarios de distintas instituciones del Estado e integrantes de la sociedad civil y otros, realizarán un taller de capacitación los días 21 y 22 del corriente para la actualización de datos sobre el Trabajo Infantil Peligroso en Paraguay.
El evento es organizado por la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (DIGEEC) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y contará con la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), órgano coordinado por el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).
El taller se denomina "Construyendo capacidad nacional en la recolección de información sobre trabajo infantil", y se llevará a cabo este lunes 21 de febrero, desde las 09:00 horas, en el salón auditorio del Edificio de Naciones Unidas, ubicado en Saravi y avenida Mariscal López.
Durante las charlas los participantes elaborarán propuestas y coordinarán políticas nacionales sobre la erradicación del trabajo infantil, y protección del trabajo en adolescentes. Las actividades se realizarán con la orientación de expertos internacionales en la materia de la OIT.
http://www.ultimahora.com
21/02/2011 PARAGUAY: Harán taller sobre trabajo infantil Es en el marco de los trabajos preparatorios para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, y estará destinado a funcionarios de distintas instituciones del Estado e integrantes de la sociedad civil y otros.
Hoy desde las 9:00 será el taller “Construyendo capacidad nacional en la recolección de información sobre trabajo infantil”, en el salón auditorio del Edificio de Naciones Unidas, Saraví y Avda. Mariscal López.
Es en el marco de los trabajos preparatorios para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, y estará destinado a funcionarios de distintas instituciones del Estado e integrantes de la sociedad civil y otros.
Seguirá hasta mañana, para la actualización de datos sobre el trabajo infantil peligroso en Paraguay.
Organiza la Dirección Nacional de Estadística, Encuestas y Censos (Digeec) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El taller contará con la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), órgano coordinado por el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).
Objetivo
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2011 tiene como objetivo sumar información relacionada a los niños, niñas y adolescentes del Paraguay involucrados en actitudes que tienen que ver con el trabajo infantil riesgoso para su salud o seguridad integral, informaciones que serán útiles para actualizar los datos sobre el Trabajo Infantil Peligroso en Paraguay, del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizado por Decreto Nº 4951/2005 y para tener cifras exactas de la cantidad de niños que trabajan sin tener la edad mínima como estipula la ley, establecida en 14 años.
Se prevé que los participantes elaboren propuestas y coordinen políticas nacionales sobre la erradicación del trabajo infantil, y protección del trabajo en adolescentes.
http://www.abc.com.py/nota/haran-taller-sobre-trabajo-infantil/
Estas informaciones servirán para actualizar los datos sobre el Trabajo Infantil Peligroso en Paraguay, del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizado por Decreto Nº 4951/2005 y para tener cifras exactas de la cantidad de menores que trabajan sin tener la edad mínima como estipula la ley, establecida en 14 años.
LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO
Preparativos para censar a niños, niñas y jóvenes en situación de trabajo infantil
En el marco de los trabajos preparatorios para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, funcionarios de distintas instituciones del Estado e integrantes de la sociedad civil y otros, realizarán un taller de capacitación los días 21 y 22 del corriente para la actualización de datos sobre el Trabajo Infantil Peligroso en Paraguay.
El evento es organizado por la Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (DIGEEC) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y contará con la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), órgano coordinado por el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).
El taller se denomina "Construyendo capacidad nacional en la recolección de información sobre trabajo infantil", y se llevará a cabo este lunes 21 de febrero, desde las 09:00 horas, en el salón auditorio del Edificio de Naciones Unidas, ubicado en Saravi y avenida Mariscal López.
Durante las charlas los participantes elaborarán propuestas y coordinarán políticas nacionales sobre la erradicación del trabajo infantil, y protección del trabajo en adolescentes. Las actividades se realizarán con la orientación de expertos internacionales en la materia de la OIT.
http://www.ultimahora.com
21/02/2011 PARAGUAY: Harán taller sobre trabajo infantil Es en el marco de los trabajos preparatorios para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, y estará destinado a funcionarios de distintas instituciones del Estado e integrantes de la sociedad civil y otros.
Hoy desde las 9:00 será el taller “Construyendo capacidad nacional en la recolección de información sobre trabajo infantil”, en el salón auditorio del Edificio de Naciones Unidas, Saraví y Avda. Mariscal López.
Es en el marco de los trabajos preparatorios para la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, y estará destinado a funcionarios de distintas instituciones del Estado e integrantes de la sociedad civil y otros.
Seguirá hasta mañana, para la actualización de datos sobre el trabajo infantil peligroso en Paraguay.
Organiza la Dirección Nacional de Estadística, Encuestas y Censos (Digeec) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El taller contará con la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), órgano coordinado por el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).
Objetivo
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2011 tiene como objetivo sumar información relacionada a los niños, niñas y adolescentes del Paraguay involucrados en actitudes que tienen que ver con el trabajo infantil riesgoso para su salud o seguridad integral, informaciones que serán útiles para actualizar los datos sobre el Trabajo Infantil Peligroso en Paraguay, del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizado por Decreto Nº 4951/2005 y para tener cifras exactas de la cantidad de niños que trabajan sin tener la edad mínima como estipula la ley, establecida en 14 años.
Se prevé que los participantes elaboren propuestas y coordinen políticas nacionales sobre la erradicación del trabajo infantil, y protección del trabajo en adolescentes.
http://www.abc.com.py/nota/haran-taller-sobre-trabajo-infantil/
ECUADOR: Continúa plan de erradicación de mendicidad infantil en Cotopaxi
21/02/2011 El control para que no exista la explotación de trabajo en las bloqueras es una de las prioridades.
Mónica Toya, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), anunció que casi son cuatro años que se labora en el tema de la erradicación de trabajo infantil, principalmente en la época de Navidad, pero, a más de ello, el organismo, conjuntamente con el Instituto de la Niñez y la Familia (Infa), desarrollan proyectos para trabajar en las comunidades consideradas como expulsoras (migración de los niños a trabajar) para impedir que esto siga ocurriendo.
Explicó que en 2011, ya se ha trabajado el Plan Operativo Anual (POA), en el que se contempla una fuerte labor en lo que corresponde a la erradicación definitiva del trabajo infantil.
Agregó que en 2010, con satisfacción, se pudo alcanzar el 97 por ciento de programas se aplicaron y se utilizaron los recursos asignados.
Troya especificó que el mayor despliegue de los programas se ha enfocado en la erradicación del trabajo de los niños en las bloqueras, bandoleras y basurales. Sitios donde se han identificado más número de infantes.
Para cumplir de forma adecuada con esta labor, la funcionaria expresó que los técnicos salen en las madrugadas y verifican que los niños no estén laborando. En caso de que esto sucediera se comunica al Ministerio de Relaciones Laborales para que aplique la norma a los que están infringiendo la ley, a fin de poner un alto a este problema social.
http://www.diariolosandes.com.ec/content/view/25101/68/
Mónica Toya, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), anunció que casi son cuatro años que se labora en el tema de la erradicación de trabajo infantil, principalmente en la época de Navidad, pero, a más de ello, el organismo, conjuntamente con el Instituto de la Niñez y la Familia (Infa), desarrollan proyectos para trabajar en las comunidades consideradas como expulsoras (migración de los niños a trabajar) para impedir que esto siga ocurriendo.
Explicó que en 2011, ya se ha trabajado el Plan Operativo Anual (POA), en el que se contempla una fuerte labor en lo que corresponde a la erradicación definitiva del trabajo infantil.
Agregó que en 2010, con satisfacción, se pudo alcanzar el 97 por ciento de programas se aplicaron y se utilizaron los recursos asignados.
Troya especificó que el mayor despliegue de los programas se ha enfocado en la erradicación del trabajo de los niños en las bloqueras, bandoleras y basurales. Sitios donde se han identificado más número de infantes.
Para cumplir de forma adecuada con esta labor, la funcionaria expresó que los técnicos salen en las madrugadas y verifican que los niños no estén laborando. En caso de que esto sucediera se comunica al Ministerio de Relaciones Laborales para que aplique la norma a los que están infringiendo la ley, a fin de poner un alto a este problema social.
http://www.diariolosandes.com.ec/content/view/25101/68/
Ar-¿Jaque al trabajo esclavo? La revalorización del peón
Los avances para garantizar los derechos de los trabajadores rurales representan para la corporación mediática financiada por el agronegocio una nueva ofensiva del gobierno argentino en contra de los intereses del sector.
Por Fernando Glenza | Desde la Redacción de APM 19|02|2011
En Argentina suele denominársele peón a un “trabajador no calificado”, ya sea del ámbito rural o urbano. Según el Diccionario de la Real Academia Española, el peón es un “jornalero que trabaja en cosas materiales que no requieren arte ni habilidad”. Calificaciones inexactas si consideramos que el peón es un trabajador con gran conocimiento empírico, fundamental para llevar adelante diversos trabajos. En el ámbito rural, es el peón el encargado de llevar adelante tareas de gran especialización, como filetear, afilar, herrar, pastorear, ordeñar, esquilar, alambrar, palear, estibar, podar, sembrar y cosechar.
Tal vez se considere que el del peón rural no es un trabajo calificado porque no ha aprendido en una escuela o en una universidad. Sin embargo ha aprendido sus artes de otra forma, se trata del aprender haciendo, con la guía experimentada de sus padres, hermanos y compañeros de trabajo. Su ductilidad le permite llevar a cabo variadas tareas con eficacia y precisión, resolviendo de manera integral los quehaceres del campo. ¿Qué haría el patrón de estancia sin el peón?
El peón rural es la base fundamental que sostiene el trabajo agrario, aún hoy con el auge de sofisticadas tecnologías se lo necesita, por ejemplo, para la delicada tarea del “desflore del maíz” para la producción de semillas híbridas. Actividad que dio cuenta de las infrahumanas condiciones de trabajo a que eran sometidos los peones por parte de empresas semilleras transnacionales en inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La supuesta ofensiva del gobierno en contra el campo, además de fiscalizar las condiciones de trabajo del peón rural, promueve la creación de un nuevo organismo que reemplace al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), ente autárquico integrado por el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y cuatro patronales del agro: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Creado por Ley 25.191 en 1999, el RENATRE tiene la responsabilidad de registrar a todos los trabajadores y empleadores rurales del país, administrar los aportes del fondo de desempleo que deben hacer los empleadores, velar por el cumplimiento de las leyes laborales y brindar al trabajador rural las prestaciones sociales correspondientes.
Para el gobierno, estas obligaciones del RENATRE fueron incumplidas, dado que el trabajo en negro alcanzaría al 60 por ciento, superando el 90 por ciento en algunas provincias. Para las organizaciones patronales del campo y la UATRE, la creación de este nuevo organismo supondría una estrategia para avivar el estado de crispación permanente que distancia al gobierno nacional del sector agropecuario. Según el RENATRE, existen aproximadamente 800.000 empleados registrados y se estima que unos 600.000 están fuera de regla. Esto implicaría millones de pesos en evasión en seguridad social.
Sin embargo, el gobierno no hace más que aplicar las leyes nacionales vigentes y los convenios firmados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el fortalecimiento de la inspección del trabajo como instrumento fundamental para garantizar los derechos laborales. En 1947 la OIT adoptó el Convenio Nº 81 sobre la Inspección del Trabajo, y en 1969 el Convenio Nº 129 sobre la Inspección del Trabajo en la Agricultura. En 2008, con la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa, estos convenios pasaron a ser considerados prioritarios.
Esta iniciativa que reemplazaría al RENATRE, que recauda cerca de 5 millones de pesos mensuales y está actualmente conducido por el Secretario General de UATRE, Gerónimo Venegas -aliado al precandidato a presidente opositor, Eduardo Duhalde-, está plasmada en un proyecto de ley que plantea la creación de un organismo que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Si se aprobara este proyecto los fondos del RENATRE pasarían a manos del Estado.
"El proyecto es una propuesta malintencionada. Quieren quedarse con todo. Es parte de la pelea que tiene el gobierno con el campo y con el gremialismo opositor. El gobierno no quiere entender que, para que haya trabajo, tiene que haber empleadores", expresó recientemente Venegas al diario opositor La Nación.
"El RENATRE tiene que estar en manos del Estado y no del sector empresarial y sindical. Queremos avanzar en la eliminación de la precariedad y desprotección de los empleados rurales", señaló al mismo matutino el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
"Existe trabajo ilegal y también trabajo esclavo en condiciones infrahumanas. Se reproducen situaciones de los siglos XVIII y XIX. Por eso, sería bueno que el Parlamento argentino pusiera en su agenda el tratamiento del nuevo Estatuto del Peón Rural", sugirió la presidenta Cristina Fernández recientemente.
Con la apertura de las sesiones legislativas, el Congreso discutirá distintos proyectos para modificar el actual Régimen Nacional de Trabajo Agrario (RNTA), creado en 1980 durante la dictadura cívico-militar. Una norma que ni siquiera contempla la jornada laboral de ocho horas y permite el pago del salario en especies.
Sumada a la propuesta oficial, existe en el Congreso otro proyecto que mantiene sin cambios el RENATRE, en una iniciativa impulsada por el opositor Peronismo Federal y la Unión Cívica Radical (UCR). "Nuestro proyecto está más avanzado y es el que va a caminar. No le tengo miedo al Gobierno. Del RENATRE me sacan con los pies para adelante", amenazó Venegas, al criticar el proyecto oficial.
Además de concentrar el poder en el RENATRE y la UATRE, Venegas dirige la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), perteneciente al mismo gremio, con cerca de 1,5 millones de afiliados. El sindicalista estaría implicado en la denominada “mafia de los medicamentos”, un tema altamente sensible por la propia gravedad del caso y por la particular condición de salud de los peones rurales, actualmente afectados por su trabajo con creciente uso de agrotóxicos que supone la agricultura industrial, según consta en múltiples denuncias acompañadas por médicos y toxicólogos.
En el juego del ajedrez, el peón es la pieza más débil y numerosa, representa a la infantería. Sin embargo, el peón tiene la virtud de convertirse en cualquier pieza una vez que ha llegado al final del tablero, a esto se denomina coronación y representa un tema importante a considerar en la táctica y estrategia del juego.
La acción del peón es decisiva, si el rey está en la línea de coronación un peón puede ponerlo inmediatamente en jaque, y hasta en jaque mate. Así mismo, podemos encontrarnos muchos casos en que el juego finaliza entre peones y reyes sin ninguna pieza más sobre el tablero, con lo que estos adquieren otra dimensión.
Dicho esto, así como el peón es el alma del ajedrez, el peón rural es el alma del campo, un alma que deberíamos revalorizar.
fglenza@prensamercosur.com.ar
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4976
Por Fernando Glenza | Desde la Redacción de APM 19|02|2011
En Argentina suele denominársele peón a un “trabajador no calificado”, ya sea del ámbito rural o urbano. Según el Diccionario de la Real Academia Española, el peón es un “jornalero que trabaja en cosas materiales que no requieren arte ni habilidad”. Calificaciones inexactas si consideramos que el peón es un trabajador con gran conocimiento empírico, fundamental para llevar adelante diversos trabajos. En el ámbito rural, es el peón el encargado de llevar adelante tareas de gran especialización, como filetear, afilar, herrar, pastorear, ordeñar, esquilar, alambrar, palear, estibar, podar, sembrar y cosechar.
Tal vez se considere que el del peón rural no es un trabajo calificado porque no ha aprendido en una escuela o en una universidad. Sin embargo ha aprendido sus artes de otra forma, se trata del aprender haciendo, con la guía experimentada de sus padres, hermanos y compañeros de trabajo. Su ductilidad le permite llevar a cabo variadas tareas con eficacia y precisión, resolviendo de manera integral los quehaceres del campo. ¿Qué haría el patrón de estancia sin el peón?
El peón rural es la base fundamental que sostiene el trabajo agrario, aún hoy con el auge de sofisticadas tecnologías se lo necesita, por ejemplo, para la delicada tarea del “desflore del maíz” para la producción de semillas híbridas. Actividad que dio cuenta de las infrahumanas condiciones de trabajo a que eran sometidos los peones por parte de empresas semilleras transnacionales en inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La supuesta ofensiva del gobierno en contra el campo, además de fiscalizar las condiciones de trabajo del peón rural, promueve la creación de un nuevo organismo que reemplace al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), ente autárquico integrado por el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y cuatro patronales del agro: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Creado por Ley 25.191 en 1999, el RENATRE tiene la responsabilidad de registrar a todos los trabajadores y empleadores rurales del país, administrar los aportes del fondo de desempleo que deben hacer los empleadores, velar por el cumplimiento de las leyes laborales y brindar al trabajador rural las prestaciones sociales correspondientes.
Para el gobierno, estas obligaciones del RENATRE fueron incumplidas, dado que el trabajo en negro alcanzaría al 60 por ciento, superando el 90 por ciento en algunas provincias. Para las organizaciones patronales del campo y la UATRE, la creación de este nuevo organismo supondría una estrategia para avivar el estado de crispación permanente que distancia al gobierno nacional del sector agropecuario. Según el RENATRE, existen aproximadamente 800.000 empleados registrados y se estima que unos 600.000 están fuera de regla. Esto implicaría millones de pesos en evasión en seguridad social.
Sin embargo, el gobierno no hace más que aplicar las leyes nacionales vigentes y los convenios firmados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el fortalecimiento de la inspección del trabajo como instrumento fundamental para garantizar los derechos laborales. En 1947 la OIT adoptó el Convenio Nº 81 sobre la Inspección del Trabajo, y en 1969 el Convenio Nº 129 sobre la Inspección del Trabajo en la Agricultura. En 2008, con la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa, estos convenios pasaron a ser considerados prioritarios.
Esta iniciativa que reemplazaría al RENATRE, que recauda cerca de 5 millones de pesos mensuales y está actualmente conducido por el Secretario General de UATRE, Gerónimo Venegas -aliado al precandidato a presidente opositor, Eduardo Duhalde-, está plasmada en un proyecto de ley que plantea la creación de un organismo que funcionaría dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Si se aprobara este proyecto los fondos del RENATRE pasarían a manos del Estado.
"El proyecto es una propuesta malintencionada. Quieren quedarse con todo. Es parte de la pelea que tiene el gobierno con el campo y con el gremialismo opositor. El gobierno no quiere entender que, para que haya trabajo, tiene que haber empleadores", expresó recientemente Venegas al diario opositor La Nación.
"El RENATRE tiene que estar en manos del Estado y no del sector empresarial y sindical. Queremos avanzar en la eliminación de la precariedad y desprotección de los empleados rurales", señaló al mismo matutino el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
"Existe trabajo ilegal y también trabajo esclavo en condiciones infrahumanas. Se reproducen situaciones de los siglos XVIII y XIX. Por eso, sería bueno que el Parlamento argentino pusiera en su agenda el tratamiento del nuevo Estatuto del Peón Rural", sugirió la presidenta Cristina Fernández recientemente.
Con la apertura de las sesiones legislativas, el Congreso discutirá distintos proyectos para modificar el actual Régimen Nacional de Trabajo Agrario (RNTA), creado en 1980 durante la dictadura cívico-militar. Una norma que ni siquiera contempla la jornada laboral de ocho horas y permite el pago del salario en especies.
Sumada a la propuesta oficial, existe en el Congreso otro proyecto que mantiene sin cambios el RENATRE, en una iniciativa impulsada por el opositor Peronismo Federal y la Unión Cívica Radical (UCR). "Nuestro proyecto está más avanzado y es el que va a caminar. No le tengo miedo al Gobierno. Del RENATRE me sacan con los pies para adelante", amenazó Venegas, al criticar el proyecto oficial.
Además de concentrar el poder en el RENATRE y la UATRE, Venegas dirige la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), perteneciente al mismo gremio, con cerca de 1,5 millones de afiliados. El sindicalista estaría implicado en la denominada “mafia de los medicamentos”, un tema altamente sensible por la propia gravedad del caso y por la particular condición de salud de los peones rurales, actualmente afectados por su trabajo con creciente uso de agrotóxicos que supone la agricultura industrial, según consta en múltiples denuncias acompañadas por médicos y toxicólogos.
En el juego del ajedrez, el peón es la pieza más débil y numerosa, representa a la infantería. Sin embargo, el peón tiene la virtud de convertirse en cualquier pieza una vez que ha llegado al final del tablero, a esto se denomina coronación y representa un tema importante a considerar en la táctica y estrategia del juego.
La acción del peón es decisiva, si el rey está en la línea de coronación un peón puede ponerlo inmediatamente en jaque, y hasta en jaque mate. Así mismo, podemos encontrarnos muchos casos en que el juego finaliza entre peones y reyes sin ninguna pieza más sobre el tablero, con lo que estos adquieren otra dimensión.
Dicho esto, así como el peón es el alma del ajedrez, el peón rural es el alma del campo, un alma que deberíamos revalorizar.
fglenza@prensamercosur.com.ar
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4976
AR- Crítico informe de EE.UU. sobre trata de personas en Argentina
Fuente: Clarín. Buenos Aires. (8 feb. 2011)
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso”. La agencia DyN difundió ayer los puntos salientes del “Informe 2010 sobre Trata de Personas” que, sin embargo, tiene fecha del 14 de junio de 2010 y se halla desde entonces en el sitio web de la embajada de ese país.
El documento, sumamente crítico, observa que muchas de las víctimas provienen de zonas rurales o provincias norteñas, y son obligadas “a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país”. Señala como zona lábil la triple frontera con Paraguay y Brasil, donde también “constituye un problema” el turismo sexual infantil , al igual que en la ciudad de Buenos Aires. El Código Penal no lo prohíbe –subraya el informe–, “y el Gobierno no penó a ningún turista de esta clase”.
“Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina –consigna el Departamento de Estado–. Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos, colombianos y dominicanos son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agropecuarios, y en forma creciente, en almacenes y venta callejera”. Por el país también pasan esclavas sexuales que terminan en Chile, Brasil, México y Europa Occidental.
El informe reconoce que el Gobierno “lleva a cabo esfuerzos significativos”, y que mejoró los mecanismos para identificar y asistir a las víctimas. Sin embargo apunta que “no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”.
El documento destaca que el número de condenas ha sido bajo, comparado con el de víctimas identificadas; y agrega que ninguna alcanzó a funcionarios oficiales involucrados en este delito.
El Departamento de Estado remarca también la corrupción que lo hace posible: “algunos miembros de las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están en complicidad con delitos relacionados con la trata de personas. Algunos funcionarios policiales presuntamente consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes”.
Al respecto señala que, si bien el procurador general de la Nación instruyó a todos los fiscales del país a tratar de clausurar todos los lugares donde se ejerce la prostitución –prohibidos por ley desde 1936–, la Policía local suele avisarles de los operativos, y “la resolución tendrá poco efecto a menos que se haga algo para tratar la complicidad policial”.
El informe rescata la capacitación a más de 4.000 funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, así como la creación de unidades especializadas para aplicar la ley de trata en diez provincias. Pero por otra parte objeta que en general han sido las ONG y los organismos internacionales los que brindaron asistencia a las víctimas.
Los hogares para recibir a las víctimas
El informe del Departamento de Estado cuestiona que la mayoría de las víctimas de trata fueron derivadas a hoteles seguros o a refugios públicos vinculados con violencia doméstica, cuyas calidad y nivel de atención son desparejos según las provincias. Señala además que sólo hay un refugio especializado en todo el país, perteneciente a una ONG.
En junio, cuando se redactó el documento, no sólo existía ese refugio, en Tucumán (de la Fundación María de los Ángeles), sino también otro en Posadas, de la Dirección de Trata de la Provincia de Misiones, y un tercero en Puerto Iguazú, dependiente del municipio. Durante 2010 se abrieron sendos hogares, estatales, en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.
http://www.rigys.org/actua_argentina108.html
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso”. La agencia DyN difundió ayer los puntos salientes del “Informe 2010 sobre Trata de Personas” que, sin embargo, tiene fecha del 14 de junio de 2010 y se halla desde entonces en el sitio web de la embajada de ese país.
El documento, sumamente crítico, observa que muchas de las víctimas provienen de zonas rurales o provincias norteñas, y son obligadas “a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país”. Señala como zona lábil la triple frontera con Paraguay y Brasil, donde también “constituye un problema” el turismo sexual infantil , al igual que en la ciudad de Buenos Aires. El Código Penal no lo prohíbe –subraya el informe–, “y el Gobierno no penó a ningún turista de esta clase”.
“Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina –consigna el Departamento de Estado–. Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos, colombianos y dominicanos son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agropecuarios, y en forma creciente, en almacenes y venta callejera”. Por el país también pasan esclavas sexuales que terminan en Chile, Brasil, México y Europa Occidental.
El informe reconoce que el Gobierno “lleva a cabo esfuerzos significativos”, y que mejoró los mecanismos para identificar y asistir a las víctimas. Sin embargo apunta que “no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”.
El documento destaca que el número de condenas ha sido bajo, comparado con el de víctimas identificadas; y agrega que ninguna alcanzó a funcionarios oficiales involucrados en este delito.
El Departamento de Estado remarca también la corrupción que lo hace posible: “algunos miembros de las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están en complicidad con delitos relacionados con la trata de personas. Algunos funcionarios policiales presuntamente consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes”.
Al respecto señala que, si bien el procurador general de la Nación instruyó a todos los fiscales del país a tratar de clausurar todos los lugares donde se ejerce la prostitución –prohibidos por ley desde 1936–, la Policía local suele avisarles de los operativos, y “la resolución tendrá poco efecto a menos que se haga algo para tratar la complicidad policial”.
El informe rescata la capacitación a más de 4.000 funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, así como la creación de unidades especializadas para aplicar la ley de trata en diez provincias. Pero por otra parte objeta que en general han sido las ONG y los organismos internacionales los que brindaron asistencia a las víctimas.
Los hogares para recibir a las víctimas
El informe del Departamento de Estado cuestiona que la mayoría de las víctimas de trata fueron derivadas a hoteles seguros o a refugios públicos vinculados con violencia doméstica, cuyas calidad y nivel de atención son desparejos según las provincias. Señala además que sólo hay un refugio especializado en todo el país, perteneciente a una ONG.
En junio, cuando se redactó el documento, no sólo existía ese refugio, en Tucumán (de la Fundación María de los Ángeles), sino también otro en Posadas, de la Dirección de Trata de la Provincia de Misiones, y un tercero en Puerto Iguazú, dependiente del municipio. Durante 2010 se abrieron sendos hogares, estatales, en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.
http://www.rigys.org/actua_argentina108.html
domingo, 20 de febrero de 2011
Ar- Reg Centro-Cámara revela explotación de 15 paraguayas en prostitución
La investigación privada advierte que habría complicidad política y judicial
Mar del Plata- Prov Bs As.Diario la Nacion- 18-2-11
Una organización privada argentina puso en evidencia la explotación sexual de 15 mujeres paraguayas. Las trabajadoras, según la investigación realizada por la Fundación La Alameda, son obligadas a prostituirse en un local nocturno de Mar del Plata, denominado “La Posada”. Además de la explotación de las mujeres, los responsables del centro nocturno contarían con complicidad política y judicial. Las paraguayas habrían sido llevadas desde Asunción, Encarnación y Ciudad del Este.
La publicación del caso, documentado a través de cámaras ocultas, fue realizada por el diario Página 12 de Buenos Aires, en un material elaborado por el periodista Carlos Rodríguez. El 50% de los pagos realizados por los clientes iba a parar a manos de los explotadores. Las trabajadoras, aparentemente, tenían su documentación en forma irregular o retenida.
Las 15 mujeres “son víctimas de una mafia que las trafica desde Paraguay”, refirió la denuncia. La ampliación de la denuncia fue hecha ante la Fiscalía General de Mar del Plata, luego de que fueran desestimados dos pedidos similares presentados en los últimos meses ante los jueces federales Rodolfo Pradas y Alejandro Castellanos.
“La Posada”, que tiene habilitación como bar donde se sirven tragos, tiene antecedentes en materia de prostitución que se remontan al año 2002. En dicho año fueron procesados diez policías que cobraban “protección” a las chicas que eran explotadas sexualmente en ese lugar, a las que atemorizaban con la existencia de un presunto “loco de la ruta”, un supuesto psicópata autor de varios crímenes contra prostitutas.
Según lo denunciado por La Alameda, uno de los dueños de La Posada sería Juan Carlos Motillo, un empresario de la ciudad que forma parte de una empresa dedicada a la compra, venta, permuta y locación de inmuebles urbanos y rurales. La Fundación La Alameda presentó, entre otras pruebas, una cámara oculta realizada en “La Posada” con uno de los encargados, que ofrece al “cliente” (un colaborador de la entidad) tragos por valores de entre 20 y 70 pesos (entre 22.000 y 77.000 guaraníes, al cambio actual), que es el valor de una cerveza. Al mismo tiempo, el intermediario le confirma al “cliente” que puede obtener “favores sexuales” de cualquiera de las 15 chicas que “van y vienen” del lugar.
La organización denunciante remarcó “la complicidad del poder político y judicial” de Mar del Plata. En ese sentido señaló que el intendente Gustavo Pulti, en septiembre del año pasado, envió al Concejo Deliberante (Junta Municipal) un proyecto de ordenanza para habilitar “por excepción” a “La Posada” como “café-bar nocturno”, hasta que cambió de postura por las críticas que recibió. Para La Alameda, fue “un intento de legalizar en forma velada la prostitución”.
Una investigación anterior de La Alameda, publicada a fines de enero en el diario Página 12, mencionó la existencia de 400 próstibulos en Mar del Plata. Y son unas 4.000 las trabajadoras explotadas sexualmente. Entre ellas, varias menores de edad. El trabajo había sido divulgado por Nahuel Lag.
http://www.lanacion.com.py/articulo.php?camara-revela-explotacion-de-15-paraguayas-en-pros&edicion=2&sec=10&art=12657
Mar del Plata- Prov Bs As.Diario la Nacion- 18-2-11
Una organización privada argentina puso en evidencia la explotación sexual de 15 mujeres paraguayas. Las trabajadoras, según la investigación realizada por la Fundación La Alameda, son obligadas a prostituirse en un local nocturno de Mar del Plata, denominado “La Posada”. Además de la explotación de las mujeres, los responsables del centro nocturno contarían con complicidad política y judicial. Las paraguayas habrían sido llevadas desde Asunción, Encarnación y Ciudad del Este.
La publicación del caso, documentado a través de cámaras ocultas, fue realizada por el diario Página 12 de Buenos Aires, en un material elaborado por el periodista Carlos Rodríguez. El 50% de los pagos realizados por los clientes iba a parar a manos de los explotadores. Las trabajadoras, aparentemente, tenían su documentación en forma irregular o retenida.
Las 15 mujeres “son víctimas de una mafia que las trafica desde Paraguay”, refirió la denuncia. La ampliación de la denuncia fue hecha ante la Fiscalía General de Mar del Plata, luego de que fueran desestimados dos pedidos similares presentados en los últimos meses ante los jueces federales Rodolfo Pradas y Alejandro Castellanos.
“La Posada”, que tiene habilitación como bar donde se sirven tragos, tiene antecedentes en materia de prostitución que se remontan al año 2002. En dicho año fueron procesados diez policías que cobraban “protección” a las chicas que eran explotadas sexualmente en ese lugar, a las que atemorizaban con la existencia de un presunto “loco de la ruta”, un supuesto psicópata autor de varios crímenes contra prostitutas.
Según lo denunciado por La Alameda, uno de los dueños de La Posada sería Juan Carlos Motillo, un empresario de la ciudad que forma parte de una empresa dedicada a la compra, venta, permuta y locación de inmuebles urbanos y rurales. La Fundación La Alameda presentó, entre otras pruebas, una cámara oculta realizada en “La Posada” con uno de los encargados, que ofrece al “cliente” (un colaborador de la entidad) tragos por valores de entre 20 y 70 pesos (entre 22.000 y 77.000 guaraníes, al cambio actual), que es el valor de una cerveza. Al mismo tiempo, el intermediario le confirma al “cliente” que puede obtener “favores sexuales” de cualquiera de las 15 chicas que “van y vienen” del lugar.
La organización denunciante remarcó “la complicidad del poder político y judicial” de Mar del Plata. En ese sentido señaló que el intendente Gustavo Pulti, en septiembre del año pasado, envió al Concejo Deliberante (Junta Municipal) un proyecto de ordenanza para habilitar “por excepción” a “La Posada” como “café-bar nocturno”, hasta que cambió de postura por las críticas que recibió. Para La Alameda, fue “un intento de legalizar en forma velada la prostitución”.
Una investigación anterior de La Alameda, publicada a fines de enero en el diario Página 12, mencionó la existencia de 400 próstibulos en Mar del Plata. Y son unas 4.000 las trabajadoras explotadas sexualmente. Entre ellas, varias menores de edad. El trabajo había sido divulgado por Nahuel Lag.
http://www.lanacion.com.py/articulo.php?camara-revela-explotacion-de-15-paraguayas-en-pros&edicion=2&sec=10&art=12657
MX-Aprueban diputados reforma constitucional para combatir la Trata de personas
MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- Con 378 votos a favor, tres en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes reformas constitucionales para combatir la trata de personas y perseguirla como un delito grave.
Con la reforma se garantizará la cárcel preventiva al señalado por el delito, se protegerá la identidad de la víctima, con el objeto de fomentar su denuncia ante las autoridades, y se facultará al Congreso a legislar en la materia.
Las modificaciones a la Carta Magna también facultan al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia para erradicar este ilícito, que se define como aquella actividad por la que se esclaviza laboral o sexualmente a una tercera persona.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro (PRD), destacó que con estos cambios se combatirán varios delitos, entre ellos el lenocinio y la explotación infantil.
Durante la discusión en lo particular, la reforma se aprobó con la reserva de un artículo transitorio propuesta por el diputado Jaime Cárdenas (PT) para que el Congreso expida la Ley General en la materia en un plazo de 80 días.
Según datos de la comisión de puntos constitucionales en San Lázaro, el delito de trata de personas genera ganancias de entre 10 mil y 30 mil millones de dólares al año, con aproximadamente 85 mil víctimas.
Y agrega que por lo menos 150 mil menores en condición de calle son vulnerables a ser vendidos, sea para la explotación sexual o laboral, o para el mercado negro de órganos y tejidos.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88464
Con la reforma se garantizará la cárcel preventiva al señalado por el delito, se protegerá la identidad de la víctima, con el objeto de fomentar su denuncia ante las autoridades, y se facultará al Congreso a legislar en la materia.
Las modificaciones a la Carta Magna también facultan al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia para erradicar este ilícito, que se define como aquella actividad por la que se esclaviza laboral o sexualmente a una tercera persona.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro (PRD), destacó que con estos cambios se combatirán varios delitos, entre ellos el lenocinio y la explotación infantil.
Durante la discusión en lo particular, la reforma se aprobó con la reserva de un artículo transitorio propuesta por el diputado Jaime Cárdenas (PT) para que el Congreso expida la Ley General en la materia en un plazo de 80 días.
Según datos de la comisión de puntos constitucionales en San Lázaro, el delito de trata de personas genera ganancias de entre 10 mil y 30 mil millones de dólares al año, con aproximadamente 85 mil víctimas.
Y agrega que por lo menos 150 mil menores en condición de calle son vulnerables a ser vendidos, sea para la explotación sexual o laboral, o para el mercado negro de órganos y tejidos.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88464
Ar-Reg Centro-Trata de personas en 25 de Mayo
La Pampa-17 de Febrero de 2011-El diario de La Pampa
En un establecimiento rural, en cercanías de la localidad pampeana, se relevaron 43 trabajadores en supuestas condiciones de esclavitud. Intervino el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Policía Federal.
Un total de 43 personas en condiciones de esclavitud fueron encontrados este jueves al mediodía en un establecimiento rural ubicado a 20 kilómetros de 25 de Mayo, al parecer, dedicados a la recolección de uvas. Las personas serían, en la mayoría de los casos, oriundas de Tucumán.
El procedimiento se inició el martes 15 cuando agentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pertenecientes a la delegación regional Santa Rosa, en forma conjunta con efectivos de la policía Federal, personal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Delegado de la Seccional UATRE La Pampa, realizaron una inspección en una empresa dedicada a la explotación de viñedos.
De las 43 personas relevadas, cuatro estarían sin registrarse según el parte difundido por el Ministerio de Trabajo en el procedimiento en defensa del trabajo decente. Según los informes, un gran número de trabajadores había firmado un contrato del cual no poseen copia en el que sólo le aseguran el regreso a su lugar de origen si completan la totalidad del tiempo de contrato.
“Del procedimiento surge que más de cuarenta trabajadores provenientes de otras provincias se encontraban trabajando en condiciones violatoras de las mínimas exigencias de la normativa vigente respecto a seguridad e higiene. En el lugar se encontraron dos precarios retretes para utilización de todo el personal; algunos conteiners eran utilizados como dormitorios (algunos dormirían a la intemperie por la elevada temperatura) y otros como cocina y comedor, “en el que se comprobó una elevada temperatura”, se informó. En el lugar no había ropa de trabajo para los empleados ni elementos para la higiene. “Se bañaban con una mangera”, agregaron los delegados del Ministerio.
Además de graves faltas administrativas, puede configurar la violación una eventual comisión de delito de trata de personas (Ley 26.364), lo que obligó a los funcionarios actuantes a radicar la denuncia ante la delegación Santa Rosa de la Policía Federal, que ya se encuentra en el lugar del hecho. En el hecho interviene la Fiscal Federal Marta Odasso.
En poco más de dos meses y después de los relevamientos realizados en todo el país, los procedimientos encontraron a mil seiscientas personas sometidas al trabajo esclavo.
En un establecimiento rural, en cercanías de la localidad pampeana, se relevaron 43 trabajadores en supuestas condiciones de esclavitud. Intervino el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Policía Federal.
Un total de 43 personas en condiciones de esclavitud fueron encontrados este jueves al mediodía en un establecimiento rural ubicado a 20 kilómetros de 25 de Mayo, al parecer, dedicados a la recolección de uvas. Las personas serían, en la mayoría de los casos, oriundas de Tucumán.
El procedimiento se inició el martes 15 cuando agentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pertenecientes a la delegación regional Santa Rosa, en forma conjunta con efectivos de la policía Federal, personal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Delegado de la Seccional UATRE La Pampa, realizaron una inspección en una empresa dedicada a la explotación de viñedos.
De las 43 personas relevadas, cuatro estarían sin registrarse según el parte difundido por el Ministerio de Trabajo en el procedimiento en defensa del trabajo decente. Según los informes, un gran número de trabajadores había firmado un contrato del cual no poseen copia en el que sólo le aseguran el regreso a su lugar de origen si completan la totalidad del tiempo de contrato.
“Del procedimiento surge que más de cuarenta trabajadores provenientes de otras provincias se encontraban trabajando en condiciones violatoras de las mínimas exigencias de la normativa vigente respecto a seguridad e higiene. En el lugar se encontraron dos precarios retretes para utilización de todo el personal; algunos conteiners eran utilizados como dormitorios (algunos dormirían a la intemperie por la elevada temperatura) y otros como cocina y comedor, “en el que se comprobó una elevada temperatura”, se informó. En el lugar no había ropa de trabajo para los empleados ni elementos para la higiene. “Se bañaban con una mangera”, agregaron los delegados del Ministerio.
Además de graves faltas administrativas, puede configurar la violación una eventual comisión de delito de trata de personas (Ley 26.364), lo que obligó a los funcionarios actuantes a radicar la denuncia ante la delegación Santa Rosa de la Policía Federal, que ya se encuentra en el lugar del hecho. En el hecho interviene la Fiscal Federal Marta Odasso.
En poco más de dos meses y después de los relevamientos realizados en todo el país, los procedimientos encontraron a mil seiscientas personas sometidas al trabajo esclavo.
Ar-Reg Centro-Se firmó convenio para prevenir y erradicar la trata de personas
POLÍTICA - NACIONAL 17-02-11 - 19.21 MENDOZA
En el acto que se realizó en la sede de la cartera laboral estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, y la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval. Participaron también el periodista e integrante del CELS Horacio Verbitsky, el diputado nacional Héctor Recalde y representantes gremiales.
Esta nueva acción del Gobierno profundiza la lucha contra la trata de personas y se suma al anuncio realizado el jueves 10 de febrero, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que se presentará como querellante en las causas de trabajo esclavo. En ese sentido, Alak sostuvo que “todo el Estado debe actuar en forma interdisciplinaria” y destacó el rol fundamental de la Justicia, “que debe tener una actitud de compromiso muy fuerte con la erradicación de la trata en la Argentina”.
Alak detalló además que desde el año 2008, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, rescató a 1.622 personas, de las cuales 270 son menores; 863 víctimas de explotación laboral y 759 de explotación sexual, en el marco de 778 allanamientos con 721 detenidos.
Carlos Tomada, por su parte, destacó que este gobierno, desde el 2003, “incluyó como eje de esas transformaciones al trabajo, con protección social digno, reconociéndolo como un derecho humano". El ministro de Trabajo convocó “a comprometernos más, a sumar esfuerzos y redoblar la militancia para que también haya un Nunca Más en materia de trabajo esclavo”.
“Con este convenio avanzamos en el camino correcto, que es la materialización, con la máxima energía, de las normas que sabiamente fueron sancionadas en 2008 por impulso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ex senadora nacional y actual Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval”, explicó Alak, en referencia a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Esta norma -que surge de un proyecto de autoría de Perceval y Alicia Kirchner- fue sancionada el 9 de abril de 2008; establece mecanismos de protección para las víctimas y tipifica la trata de personas en el Código Penal como un delito federal, facilitando la coordinación y aplicación de las medidas de prevención y represión del delito.
En el acto que se realizó en la sede de la cartera laboral estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, y la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval. Participaron también el periodista e integrante del CELS Horacio Verbitsky, el diputado nacional Héctor Recalde y representantes gremiales.
Esta nueva acción del Gobierno profundiza la lucha contra la trata de personas y se suma al anuncio realizado el jueves 10 de febrero, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que se presentará como querellante en las causas de trabajo esclavo. En ese sentido, Alak sostuvo que “todo el Estado debe actuar en forma interdisciplinaria” y destacó el rol fundamental de la Justicia, “que debe tener una actitud de compromiso muy fuerte con la erradicación de la trata en la Argentina”.
Alak detalló además que desde el año 2008, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, rescató a 1.622 personas, de las cuales 270 son menores; 863 víctimas de explotación laboral y 759 de explotación sexual, en el marco de 778 allanamientos con 721 detenidos.
Carlos Tomada, por su parte, destacó que este gobierno, desde el 2003, “incluyó como eje de esas transformaciones al trabajo, con protección social digno, reconociéndolo como un derecho humano". El ministro de Trabajo convocó “a comprometernos más, a sumar esfuerzos y redoblar la militancia para que también haya un Nunca Más en materia de trabajo esclavo”.
“Con este convenio avanzamos en el camino correcto, que es la materialización, con la máxima energía, de las normas que sabiamente fueron sancionadas en 2008 por impulso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ex senadora nacional y actual Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Marita Perceval”, explicó Alak, en referencia a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Esta norma -que surge de un proyecto de autoría de Perceval y Alicia Kirchner- fue sancionada el 9 de abril de 2008; establece mecanismos de protección para las víctimas y tipifica la trata de personas en el Código Penal como un delito federal, facilitando la coordinación y aplicación de las medidas de prevención y represión del delito.
DECLARACION DE LA PRIMERA REUNION REGIONAL SOBRE “BUENAS PRACTICAS EN CONTRA DE LA DEMANDA Y DE LA LEGALIZACION DE LA PROSTITUCION: SIGLO XXI
Marzo 2009
Las Mujeres y Hombres de Latinoamérica y el Caribe, convocadas/os por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en esta Región (CATWLAC), reunidas/os en México, Distrito Federal del 23 al 25 de marzo del 2009; preocupadas/os por el alarmante incremento de la trata y tráfico de mujeres, niñas, y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos, todas formas graves de violación a los derechos humanos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas y la seguridad de nuestros pueblos y naciones, no podemos permanecer indiferentes, ni en silencio:
Considerando:
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, y Jóvenes en la Región Latinoamericana y del Caribe es un fenómeno creciente, debido, entre otros, a las relaciones patriarcales de poder, a la situación de pobreza y pobreza extrema; el genocidio producido por el hambre; el encarecimiento de los productos básicos; la falta de oportunidades; las profundas disparidades y desigualdades entre las mujeres y hombres; la violencia y la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres en nuestros países, agravada por su condición de edad, origen étnico, retos especiales, creencias religiosas, y otras exclusiones; y a que en varios países no se cuenta con políticas públicas, programas, planes de acción y leyes, y aunque existan en otros, no muestran resultados verdaderamente efectivos, hasta ahora, en la prevención, protección y combate a estos flagelos.
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, y Jóvenes en nuestra Región, como en otras partes del mundo, se ve agravada por la trata interna con propósitos de prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, abusando de la situación de vulnerabilidad y pobreza de las víctimas y posibles víctimas, siendo éste un fenómeno mucho más extendido que la trata internacional.
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es una forma grave de violencia contra las mujeres según se establece en la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, así como una forma contemporánea de esclavitud.
Que el Dolor que Sufren las Víctimas y sus Familias y las consecuencias que tiene sobre sus hijas e hijos, madres y padres, es irreparable, y los sistemas de justicia ofenden nuevamente a las víctimas estigmatizándolas y revictimizándolas, negándoles el acceso a la justicia y a la reparación y resarcimiento del daño ocasionado. Que en consecuencia, hasta tanto no se haga visible y se comprenda su gravedad, no habrá sanción efectiva y seguirá creciendo la inmensa impunidad y corrupción que rodea al problema, propiciado por el patriarcado y el sistema de administración de justicia que lo minimizan y naturalizan, perpetuando los patrones culturales patriarcales e incumpliendo las responsabilidades adquiridas a nivel internacional y regional.
Que ante el avance de las Redes Prostitucionales en nuestra Región, los medios de comunicación, y los proveedores de servicios de internet, así como otros actores juegan un papel de complicidad por lo que deben ser llamados a cuentas y a conducirse con ética y responsabilidad social.
Que Cualquier Forma de Violencia contra las Mujeres, entre ellas, la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la paz, y que urge frenar, rechazar y atacar la naturalización y vanalización del problema, emitiendo y ejecutando políticas de seguridad de los Estados y de los sistemas de justicia, acordes a la dimensión de este flagelo, para recuperar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias.
En Consecuencia, Exigimos:
Primero. El respeto y el cabal cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de las Recomendaciones Generales y de las Observaciones Finales por país de ese Comité, así como la ratificación inmediata de su Protocolo Facultativo, en el caso de los países que no lo hayan hecho.
Segundo. Exigimos a nuestros Gobiernos políticas públicas, planes de acción debidamente financiados, así como leyes efectivas contra la trata y el tráfico de mujeres, niñas y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos y tejidos. Proponemos la elaboración inmediata de una Ley Marco que rija en el Sistema Interamericano que garantice la prevención, la protección de las víctimas, persecución, enjuiciamiento y sanción de los tratantes y explotadores, e incluso adoptar medidas legales y de otra índole para desalentar y sancionar la demanda, ya que, firmemente creemos que, sin demanda no hay explotación.
Tercero. Rechazamos la corrupción y las redes de complicidad que amparan a la delincuencia organizada nacional e internacional, dedicada a traficar y tratar mujeres, niñas, y jóvenes. De igual modo, repudiamos el avance del crimen organizado en nuestra Región, ya que no podemos ni debemos permitir su naturalización en nuestras sociedades y nos pronunciamos para que no se sigan usando mujeres, niñas, y jóvenes para el tráfico de drogas y, en cambio, se les reconozca como víctimas y no como delincuentes.
Cuarto. Llamamos a los Gobiernos de la Región Latinoamericana y del Caribe que no lo han hecho, a ratificar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y los Protocolos Adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional sobre Trata y Tráfico de Personas, también conocidos como Protocolos de Palermo, y a llevar a cabo una efectiva armonización de estos tratados en su derecho interno.
Quinto. No podemos tolerar la utilización de bebés para sexo oral, ni la prostitución de niñas y niños, ni las formas variadas de pornografía, ni el turismo sexual. Condenamos enérgicamente que se legisle sobre el consentimiento como causa excluyente del delito.
Sexto. Exigimos a nuestros gobiernos el cumplimiento irrestricto de las Metas del Milenio, garantías económicas y sociales de desarrollo humano que garanticen el derecho a la vida digna, el combate frontal y decidido a la pobreza y la pobreza extrema, así como la hambruna que amenaza la paz interna de nuestros países y que se constituye en un genocidio físico y moral por la violación al principio de la debida diligencia; el cuidado y no encarecimiento del agua y la adopción de medidas eficaces contra la destrucción de la tierra.
Séptimo. Demandamos justicia y paz en Latinoamérica y el Caribe, porque las mujeres, las niñas y las jóvenes tenemos derecho a una vida libre de todas las violencias y a gozar de todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, por lo que se les debe dotar de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.
Octavo. Exigimos que se reconozca el aporte, la experiencia y la sabiduría de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, expertas por su labor y su compromiso, celebrando consultas con las organizaciones y redes existentes en la región, cuando se elaboren políticas y se tomen medidas para la prevención, la protección y la sanción de la trata y el tráfico de mujeres, niñas y jóvenes. Todas las leyes, acciones o políticas deben ser género sensitivas, no pueden ser neutrales al género. También exigimos el establecimiento de medidas de protección para las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas para cualquier forma de explotación, especialmente la prostitución y todas las formas de explotación sexual.
Octavo. Rechazamos firmemente las propuestas de legalización y regulación de la prostitución que sólo favorecen a la industria del sexo y convierten a los Gobiernos en agentes activos del comercio sexual ubicándolos como Estados prostituyentes. Igualmente demandamos la derogación inmediata de cualquier ley, ordenanza contravencional o cualquier norma que reglamente o regule la prostitución y exigimos, en cambio, políticas públicas que garantice oportunidades económicas y sociales, y condiciones y oportunidades plenas para el sano desarrollo y la integridad de las mujeres, niñas y jóvenes, así como opciones de salida para las víctimas.
Noveno. Exigimos protección, asistencia y reincorporación social efectivas para las víctimas de trata, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, integral y holístico. Las víctimas no deben ser sujetas a procedimientos penales, detenciones o multas. Así mismo exigimos leyes efectivas y eficientes para la protección de víctimas y testigos, independientemente de que brinden su colaboración en el proceso judicial, garantizando su derecho a ser escuchadas y decidir sobre su repatriación.
Décimo. Exigimos a nuestros Gobiernos la aparición con vida de todas las mujeres, niñas y jóvenes desaparecidas en democracia por las redes internacionales y nacionales de prostitución.
Décimo Primero. Exigimos el cese inmediato de todos los operativos y represión a las mujeres, niñas, niños y jóvenes en situación de prostitución. Son víctimas, no criminales y por lo tanto no deben ser perseguidas, ni sancionadas.
Décimo Segundo. Aspiramos a compartir un mundo cuyos parámetros de civilización y democracia nos permitan un efectivo progreso sustentado en los principios universales de los derechos humanos de las mujeres, niñas y jóvenes.
Convocamos:
Al Movimiento Feminista, de los Derechos Humanos y movimientos sociales de Latinoamérica y del Caribe y de todas las regiones y países del mundo, para que hagan suyo este pronunciamiento y condenen, colectiva e individualmente, la trata de mujeres, niñas y jóvenes para todas las formas de explotación y la compra-venta de seres humanos que reduce su dignidad al comercio carnal y a las formas modernas de esclavitud.
También convocamos a todas las Organizaciones y personas integrantes y simpatizantes de la CATWLAC a:
1. Elaborar un Informe Anual que relate la situación de la trata en cada uno de nuestros países y en la Región de Latino América y el Caribe.
2. A convocar y participar en el Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres.
3. A fortalecer y acrecentar las redes nacionales y la red Latinoamericana de CATWLAC, sobre todo en el Caribe Anglo-Parlante, Puerto Rico, Brasil y Chile.
4. A formar y fortalecer el Consejo Directivo de la CATWLAC.
5. A fortalecer la capacidad de incidencia de la CATWLAC en todos los organismos regionales: MERCOSUR, PARLATINO, CARICOM, Comisión Andina, PARLACEN, OEA, Cumbre Iberoamericana, etc.
6. A fortalecer la capacidad de búsqueda de fondos y la comunicación entre integrantes de las redes nacionales, Sub-Regiones y en la Región.
7. A luchar por la criminalización de la demanda y contra la legalización de la prostitución que promueve la trata de personas para la explotación sexual.
8. A todas las organizaciones de sobrevivientes de la trata y la explotación sexual a organizarse en torno a nuestros postulados.
9. A participar en el Observatorio Latinoamericano de Justicia y Género, haciéndonos responsables del componente de trata de personas.
10. A condenar la prostitución como trabajo, no es un trabajo, sino un medio esclavizante y cosificador de sobrevivencia que pone a las mujeres y las niñas en grave peligro y violación a sus derechos humanos.
11. A no darnos por vencidas/os y soñar que un mundo libre de trata, prostitución y otras formas de explotación sexual es posible.
Condenamos y Rechazamos:
Cualquier intento de criminalizar las acciones que realizan las mujeres latinoamericanas, caribeñas y del mundo por la paz, la justicia y el desarrollo.
Dado en el Distrito Federal, México, el 25 de marzo del 2009.
¡Por la Vida de las Mujeres, No más Impunidad!
¡Contra las Violencias, Todas las Voces!
¡Ni una Mujer más Víctima de las Redes de Prostitución!
¡Por el combate efectivo y eficaz a la pobreza, al hambre y por la dignidad!
¡No a la legalización de la prostitución y del negocio prostituyente!
¡Las mujeres en las mesas de diálogo, negociación y toma de decisiones!
FIRMAS:
Nombre: Firma: Organización:
Las Mujeres y Hombres de Latinoamérica y el Caribe, convocadas/os por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en esta Región (CATWLAC), reunidas/os en México, Distrito Federal del 23 al 25 de marzo del 2009; preocupadas/os por el alarmante incremento de la trata y tráfico de mujeres, niñas, y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos, todas formas graves de violación a los derechos humanos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas y la seguridad de nuestros pueblos y naciones, no podemos permanecer indiferentes, ni en silencio:
Considerando:
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, y Jóvenes en la Región Latinoamericana y del Caribe es un fenómeno creciente, debido, entre otros, a las relaciones patriarcales de poder, a la situación de pobreza y pobreza extrema; el genocidio producido por el hambre; el encarecimiento de los productos básicos; la falta de oportunidades; las profundas disparidades y desigualdades entre las mujeres y hombres; la violencia y la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres en nuestros países, agravada por su condición de edad, origen étnico, retos especiales, creencias religiosas, y otras exclusiones; y a que en varios países no se cuenta con políticas públicas, programas, planes de acción y leyes, y aunque existan en otros, no muestran resultados verdaderamente efectivos, hasta ahora, en la prevención, protección y combate a estos flagelos.
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres, Niñas, y Jóvenes en nuestra Región, como en otras partes del mundo, se ve agravada por la trata interna con propósitos de prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, abusando de la situación de vulnerabilidad y pobreza de las víctimas y posibles víctimas, siendo éste un fenómeno mucho más extendido que la trata internacional.
Que la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es una forma grave de violencia contra las mujeres según se establece en la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, así como una forma contemporánea de esclavitud.
Que el Dolor que Sufren las Víctimas y sus Familias y las consecuencias que tiene sobre sus hijas e hijos, madres y padres, es irreparable, y los sistemas de justicia ofenden nuevamente a las víctimas estigmatizándolas y revictimizándolas, negándoles el acceso a la justicia y a la reparación y resarcimiento del daño ocasionado. Que en consecuencia, hasta tanto no se haga visible y se comprenda su gravedad, no habrá sanción efectiva y seguirá creciendo la inmensa impunidad y corrupción que rodea al problema, propiciado por el patriarcado y el sistema de administración de justicia que lo minimizan y naturalizan, perpetuando los patrones culturales patriarcales e incumpliendo las responsabilidades adquiridas a nivel internacional y regional.
Que ante el avance de las Redes Prostitucionales en nuestra Región, los medios de comunicación, y los proveedores de servicios de internet, así como otros actores juegan un papel de complicidad por lo que deben ser llamados a cuentas y a conducirse con ética y responsabilidad social.
Que Cualquier Forma de Violencia contra las Mujeres, entre ellas, la Trata y el Tráfico de Mujeres y Niñas es un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la paz, y que urge frenar, rechazar y atacar la naturalización y vanalización del problema, emitiendo y ejecutando políticas de seguridad de los Estados y de los sistemas de justicia, acordes a la dimensión de este flagelo, para recuperar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias.
En Consecuencia, Exigimos:
Primero. El respeto y el cabal cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de las Recomendaciones Generales y de las Observaciones Finales por país de ese Comité, así como la ratificación inmediata de su Protocolo Facultativo, en el caso de los países que no lo hayan hecho.
Segundo. Exigimos a nuestros Gobiernos políticas públicas, planes de acción debidamente financiados, así como leyes efectivas contra la trata y el tráfico de mujeres, niñas y jóvenes para la prostitución y otras formas de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos y tejidos. Proponemos la elaboración inmediata de una Ley Marco que rija en el Sistema Interamericano que garantice la prevención, la protección de las víctimas, persecución, enjuiciamiento y sanción de los tratantes y explotadores, e incluso adoptar medidas legales y de otra índole para desalentar y sancionar la demanda, ya que, firmemente creemos que, sin demanda no hay explotación.
Tercero. Rechazamos la corrupción y las redes de complicidad que amparan a la delincuencia organizada nacional e internacional, dedicada a traficar y tratar mujeres, niñas, y jóvenes. De igual modo, repudiamos el avance del crimen organizado en nuestra Región, ya que no podemos ni debemos permitir su naturalización en nuestras sociedades y nos pronunciamos para que no se sigan usando mujeres, niñas, y jóvenes para el tráfico de drogas y, en cambio, se les reconozca como víctimas y no como delincuentes.
Cuarto. Llamamos a los Gobiernos de la Región Latinoamericana y del Caribe que no lo han hecho, a ratificar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y los Protocolos Adicionales a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional sobre Trata y Tráfico de Personas, también conocidos como Protocolos de Palermo, y a llevar a cabo una efectiva armonización de estos tratados en su derecho interno.
Quinto. No podemos tolerar la utilización de bebés para sexo oral, ni la prostitución de niñas y niños, ni las formas variadas de pornografía, ni el turismo sexual. Condenamos enérgicamente que se legisle sobre el consentimiento como causa excluyente del delito.
Sexto. Exigimos a nuestros gobiernos el cumplimiento irrestricto de las Metas del Milenio, garantías económicas y sociales de desarrollo humano que garanticen el derecho a la vida digna, el combate frontal y decidido a la pobreza y la pobreza extrema, así como la hambruna que amenaza la paz interna de nuestros países y que se constituye en un genocidio físico y moral por la violación al principio de la debida diligencia; el cuidado y no encarecimiento del agua y la adopción de medidas eficaces contra la destrucción de la tierra.
Séptimo. Demandamos justicia y paz en Latinoamérica y el Caribe, porque las mujeres, las niñas y las jóvenes tenemos derecho a una vida libre de todas las violencias y a gozar de todos los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, por lo que se les debe dotar de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.
Octavo. Exigimos que se reconozca el aporte, la experiencia y la sabiduría de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, expertas por su labor y su compromiso, celebrando consultas con las organizaciones y redes existentes en la región, cuando se elaboren políticas y se tomen medidas para la prevención, la protección y la sanción de la trata y el tráfico de mujeres, niñas y jóvenes. Todas las leyes, acciones o políticas deben ser género sensitivas, no pueden ser neutrales al género. También exigimos el establecimiento de medidas de protección para las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas para cualquier forma de explotación, especialmente la prostitución y todas las formas de explotación sexual.
Octavo. Rechazamos firmemente las propuestas de legalización y regulación de la prostitución que sólo favorecen a la industria del sexo y convierten a los Gobiernos en agentes activos del comercio sexual ubicándolos como Estados prostituyentes. Igualmente demandamos la derogación inmediata de cualquier ley, ordenanza contravencional o cualquier norma que reglamente o regule la prostitución y exigimos, en cambio, políticas públicas que garantice oportunidades económicas y sociales, y condiciones y oportunidades plenas para el sano desarrollo y la integridad de las mujeres, niñas y jóvenes, así como opciones de salida para las víctimas.
Noveno. Exigimos protección, asistencia y reincorporación social efectivas para las víctimas de trata, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, integral y holístico. Las víctimas no deben ser sujetas a procedimientos penales, detenciones o multas. Así mismo exigimos leyes efectivas y eficientes para la protección de víctimas y testigos, independientemente de que brinden su colaboración en el proceso judicial, garantizando su derecho a ser escuchadas y decidir sobre su repatriación.
Décimo. Exigimos a nuestros Gobiernos la aparición con vida de todas las mujeres, niñas y jóvenes desaparecidas en democracia por las redes internacionales y nacionales de prostitución.
Décimo Primero. Exigimos el cese inmediato de todos los operativos y represión a las mujeres, niñas, niños y jóvenes en situación de prostitución. Son víctimas, no criminales y por lo tanto no deben ser perseguidas, ni sancionadas.
Décimo Segundo. Aspiramos a compartir un mundo cuyos parámetros de civilización y democracia nos permitan un efectivo progreso sustentado en los principios universales de los derechos humanos de las mujeres, niñas y jóvenes.
Convocamos:
Al Movimiento Feminista, de los Derechos Humanos y movimientos sociales de Latinoamérica y del Caribe y de todas las regiones y países del mundo, para que hagan suyo este pronunciamiento y condenen, colectiva e individualmente, la trata de mujeres, niñas y jóvenes para todas las formas de explotación y la compra-venta de seres humanos que reduce su dignidad al comercio carnal y a las formas modernas de esclavitud.
También convocamos a todas las Organizaciones y personas integrantes y simpatizantes de la CATWLAC a:
1. Elaborar un Informe Anual que relate la situación de la trata en cada uno de nuestros países y en la Región de Latino América y el Caribe.
2. A convocar y participar en el Premio Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres.
3. A fortalecer y acrecentar las redes nacionales y la red Latinoamericana de CATWLAC, sobre todo en el Caribe Anglo-Parlante, Puerto Rico, Brasil y Chile.
4. A formar y fortalecer el Consejo Directivo de la CATWLAC.
5. A fortalecer la capacidad de incidencia de la CATWLAC en todos los organismos regionales: MERCOSUR, PARLATINO, CARICOM, Comisión Andina, PARLACEN, OEA, Cumbre Iberoamericana, etc.
6. A fortalecer la capacidad de búsqueda de fondos y la comunicación entre integrantes de las redes nacionales, Sub-Regiones y en la Región.
7. A luchar por la criminalización de la demanda y contra la legalización de la prostitución que promueve la trata de personas para la explotación sexual.
8. A todas las organizaciones de sobrevivientes de la trata y la explotación sexual a organizarse en torno a nuestros postulados.
9. A participar en el Observatorio Latinoamericano de Justicia y Género, haciéndonos responsables del componente de trata de personas.
10. A condenar la prostitución como trabajo, no es un trabajo, sino un medio esclavizante y cosificador de sobrevivencia que pone a las mujeres y las niñas en grave peligro y violación a sus derechos humanos.
11. A no darnos por vencidas/os y soñar que un mundo libre de trata, prostitución y otras formas de explotación sexual es posible.
Condenamos y Rechazamos:
Cualquier intento de criminalizar las acciones que realizan las mujeres latinoamericanas, caribeñas y del mundo por la paz, la justicia y el desarrollo.
Dado en el Distrito Federal, México, el 25 de marzo del 2009.
¡Por la Vida de las Mujeres, No más Impunidad!
¡Contra las Violencias, Todas las Voces!
¡Ni una Mujer más Víctima de las Redes de Prostitución!
¡Por el combate efectivo y eficaz a la pobreza, al hambre y por la dignidad!
¡No a la legalización de la prostitución y del negocio prostituyente!
¡Las mujeres en las mesas de diálogo, negociación y toma de decisiones!
FIRMAS:
Nombre: Firma: Organización:
“Talleres Clandestinos” de Catalina Molina gana Premio alemán de Cine de los Derechos Humanos
05.12.2010 DWWorld
El mediometraje “Talleres Clandestinos” de la realizadora argentina Catalina Molina ganó el Premio Alemán de Cine de los Derechos Humanos que se celebró en la ciudad de Nuremberg.
El “Deutscher Menschenrechtsfilmpreis” lo obtienen producciones audiovisuales que tienen como temática la violación a los derechos humanos o la defensa de los mismos. “Talleres Clandestinos” narra en 40 minutos la historia de Juana, una joven boliviana que consigue trabajo en un taller de costura de Buenos Aires. A cambio debe dejar a su esposo y bebé en Bolivia. Al llegar a Buenos Aires descubre que el taller no es más que una "cárcel" donde se explota a inmigrantes. Juana trabaja sin pausa, come y duerme hacinada en el taller junto a otros compatriotas. Cuando recibe la noticia de que su bebé está enfermo, intenta regresar a su casa a toda costa. DW-World conversó con la directora argentina Catalina Molina.
DW-World: ¿Qué significa para tí haber ganado el Premio Alemán de Cine de los Derechos Humanos?
Catalina Molina: Me alegré mucho porque el “Deutscher Menschenrechtsfilmpreis” ya lo había ganado anteriormente en el 2004 con mi primer corto “Das Waisenhaus" (El Orfanato), lo que me motivó a seguir haciendo cine. El premio brinda mayor publicidad a “Talleres Clandestinos” porque se abre el debate y se toma conciencia del tema. Por lo demás el formato mediometraje es difícil de insertar debido a que no encuentran mucho público. Un premio como este hace que mi filme llegue a más espectadores. Una vez que termine la carrera de cine tengo pensado realizar un largometraje que siga la línea de denuncia social. Esta vez sería sobre la inmigración en Europa.
DWW: ¿Por qué te fuiste a vivir a Austria?
CM: Me vine a Austria a los cinco años de edad con mis padres y mi hermano. La situación laboral en la Argentina estaba difícil, pero la verdad es que mis padres dejaron el país más por sus espíritus aventureros que por necesidad económica.
El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos ¿Cuál crees que sea el mayor aporte de tu película en la defensa de estos derechos?
Creo que es importante que dentro del cine haya un sector de cineastas comprometidos socialmente, que usa sus capacidades para contar las historias de injusticia que el sistema trata de tapar o hacernos olvidar permanentemente. Estas películas provocan discusiones, de ellas nacen festivales, como el "Deutscher Menschenrechtsfilmpreis" y eso ayuda a difundir y hacer circular los temas de las películas, se arman debates, la gente piensa y discute. Creo que el mayor aporte es si se logra generar una sociedad con más conciencia política y social, pero no creo que el cine sea un arma capaz de causar un cambio esencial o global.
Si una que otra persona decide cambiar sus hábitos o toma ciertas decisiones en base de las películas, ya se logró algo.
DWW- A pesar de ser un tema candente que existe hace tiempo aún no se había interesado nadie en llevarlo a la pantalla. ¿Qué fue lo que te impulsó a realizar un mediometraje sobre la explotación de inmigrantes y las condiciones laborales inhumanas de costureros en talleres clandestinos de la Argentina?
CM: Es verdad que el tema no es nuevo - todos conocemos los números que indican la dimensión de trabajo esclavo, pero para la mayoría no dejan de ser números. Más viviendo en Europa, donde esos estudios parecen abstractos y lejanos – como cuentos de otra época, otro mundo. Y eso es peligroso, porque se termina viviendo en una burbuja, sin ver que hay todo un sector que sufre y deja sus vidas para que esa burbuja pueda existir. Cuando me encontré para investigar sobre el tema con los costureros y costureras, personas de carne y hueso, con sueños, miedos, y una historia que está marcada por constante explotación y sufrimiento, esos números se volvieron muy reales y empecé a mirar mí alrededor con otros ojos. De golpe no te da lo mismo que polera te pones, porque no aguantarías llevar la sangre y el sudor de una costurera sobre tu pecho. Yo le quise dar una cara, una historia a este tema complejo, porque creo que se puede sólo comprender si se encuentra una forma que penetre el corazón, es decir desde la emoción. Esa es por lo menos mi idea del cine que quiero hacer.
DWW-Las cadenas de ropa sacan suculentas ganancias usando la mano de obra barata proveniente de otros países. Un fenómeno que no sólo se da en Latinoamérica. La cadena textil alemana KIK compra ropa en Bangladesh. Allí las costureras trabajan 14 horas al día y ganan menos de 30 euros al mes. ¿Qué medidas se deberían tomar para eliminar este sistema de esclavitud moderna?
CM: Las miserias en el mundo existen por intereses económicos – en todos los sectores. Yo no sé cuales serías las medidas para cortar justamente esta explotación, ya que la cadena de (sobre) producción del sistema moderno es confusa, sumamente compleja y lleva una cantidad de asentadores con intereses, entre el acto de la producción y el de la compra por el consumidor. Es por eso que mi película lleva el final que decidí contar. Yo no tengo respuestas al respecto como se hace para cambiar el mundo. Tengo muchas inquietudes y dudas y son esas las que causan una profunda necesidad de contar una historia.
DWW-¿Por qué optaste por usar costureros reales de origen boliviano que tuvieran ganas de actuar en vez de profesionales de la actuación? ¿Fue quizás para darle más realismo y dramatismo a tu obra?
CM: El realismo fue un punto muy importante en la búsqueda de la estética de la película. No pude encontrar en ningún actor profesional el carisma, el aura que había sentido en las charlas que llevé con los costureros en la fase de investigación. Es por eso que finalmente decidí buscar costureros capaces de actuar y con ganas de participar en la película, aportando con todo su conocimiento - y fue una experiencia increíblemente linda e inolvidable.
DWW-En tu cortometraje recreas muy bien las condiciones de hacinamiento y miseria humana de los protagonistas, las jornadas de trabajo largas, los bajos salarios, la ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene, la explotación de indocumentados ¿Hasta que punto esta película se puede considerar ficción?
CM: La película está basada en varias historias de costureros que estuve viendo mientras escribía el guión, pero sin duda es una obra de ficción. El taller es una fábrica abandonada que fue equipada en detalle y con mucha precisión por nuestra directora de arte, los vestuarios seleccionados sobre un concepto de estructura y color, la iluminación y los encuadres elegidos después de mucho trabajo sobre el concepto visual y los actores puestos en situaciones inventadas.
Lo que quiero decir es que fue todo, hasta el último detalle planeado y diseñado por un lado, y por otro creo que cada película, aunque sea un documental de alguna manera es ficcional – porque sólo puede mostrarte un cierto recorte. La responsabilidad de cada director está en la elección de ese recorte - eso es muy real.
Autor: Pamela Schulz- DWWorld
Editora: Claudia Herrera Pahl
El mediometraje “Talleres Clandestinos” de la realizadora argentina Catalina Molina ganó el Premio Alemán de Cine de los Derechos Humanos que se celebró en la ciudad de Nuremberg.
El “Deutscher Menschenrechtsfilmpreis” lo obtienen producciones audiovisuales que tienen como temática la violación a los derechos humanos o la defensa de los mismos. “Talleres Clandestinos” narra en 40 minutos la historia de Juana, una joven boliviana que consigue trabajo en un taller de costura de Buenos Aires. A cambio debe dejar a su esposo y bebé en Bolivia. Al llegar a Buenos Aires descubre que el taller no es más que una "cárcel" donde se explota a inmigrantes. Juana trabaja sin pausa, come y duerme hacinada en el taller junto a otros compatriotas. Cuando recibe la noticia de que su bebé está enfermo, intenta regresar a su casa a toda costa. DW-World conversó con la directora argentina Catalina Molina.
DW-World: ¿Qué significa para tí haber ganado el Premio Alemán de Cine de los Derechos Humanos?
Catalina Molina: Me alegré mucho porque el “Deutscher Menschenrechtsfilmpreis” ya lo había ganado anteriormente en el 2004 con mi primer corto “Das Waisenhaus" (El Orfanato), lo que me motivó a seguir haciendo cine. El premio brinda mayor publicidad a “Talleres Clandestinos” porque se abre el debate y se toma conciencia del tema. Por lo demás el formato mediometraje es difícil de insertar debido a que no encuentran mucho público. Un premio como este hace que mi filme llegue a más espectadores. Una vez que termine la carrera de cine tengo pensado realizar un largometraje que siga la línea de denuncia social. Esta vez sería sobre la inmigración en Europa.
DWW: ¿Por qué te fuiste a vivir a Austria?
CM: Me vine a Austria a los cinco años de edad con mis padres y mi hermano. La situación laboral en la Argentina estaba difícil, pero la verdad es que mis padres dejaron el país más por sus espíritus aventureros que por necesidad económica.
El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos ¿Cuál crees que sea el mayor aporte de tu película en la defensa de estos derechos?
Creo que es importante que dentro del cine haya un sector de cineastas comprometidos socialmente, que usa sus capacidades para contar las historias de injusticia que el sistema trata de tapar o hacernos olvidar permanentemente. Estas películas provocan discusiones, de ellas nacen festivales, como el "Deutscher Menschenrechtsfilmpreis" y eso ayuda a difundir y hacer circular los temas de las películas, se arman debates, la gente piensa y discute. Creo que el mayor aporte es si se logra generar una sociedad con más conciencia política y social, pero no creo que el cine sea un arma capaz de causar un cambio esencial o global.
Si una que otra persona decide cambiar sus hábitos o toma ciertas decisiones en base de las películas, ya se logró algo.
DWW- A pesar de ser un tema candente que existe hace tiempo aún no se había interesado nadie en llevarlo a la pantalla. ¿Qué fue lo que te impulsó a realizar un mediometraje sobre la explotación de inmigrantes y las condiciones laborales inhumanas de costureros en talleres clandestinos de la Argentina?
CM: Es verdad que el tema no es nuevo - todos conocemos los números que indican la dimensión de trabajo esclavo, pero para la mayoría no dejan de ser números. Más viviendo en Europa, donde esos estudios parecen abstractos y lejanos – como cuentos de otra época, otro mundo. Y eso es peligroso, porque se termina viviendo en una burbuja, sin ver que hay todo un sector que sufre y deja sus vidas para que esa burbuja pueda existir. Cuando me encontré para investigar sobre el tema con los costureros y costureras, personas de carne y hueso, con sueños, miedos, y una historia que está marcada por constante explotación y sufrimiento, esos números se volvieron muy reales y empecé a mirar mí alrededor con otros ojos. De golpe no te da lo mismo que polera te pones, porque no aguantarías llevar la sangre y el sudor de una costurera sobre tu pecho. Yo le quise dar una cara, una historia a este tema complejo, porque creo que se puede sólo comprender si se encuentra una forma que penetre el corazón, es decir desde la emoción. Esa es por lo menos mi idea del cine que quiero hacer.
DWW-Las cadenas de ropa sacan suculentas ganancias usando la mano de obra barata proveniente de otros países. Un fenómeno que no sólo se da en Latinoamérica. La cadena textil alemana KIK compra ropa en Bangladesh. Allí las costureras trabajan 14 horas al día y ganan menos de 30 euros al mes. ¿Qué medidas se deberían tomar para eliminar este sistema de esclavitud moderna?
CM: Las miserias en el mundo existen por intereses económicos – en todos los sectores. Yo no sé cuales serías las medidas para cortar justamente esta explotación, ya que la cadena de (sobre) producción del sistema moderno es confusa, sumamente compleja y lleva una cantidad de asentadores con intereses, entre el acto de la producción y el de la compra por el consumidor. Es por eso que mi película lleva el final que decidí contar. Yo no tengo respuestas al respecto como se hace para cambiar el mundo. Tengo muchas inquietudes y dudas y son esas las que causan una profunda necesidad de contar una historia.
DWW-¿Por qué optaste por usar costureros reales de origen boliviano que tuvieran ganas de actuar en vez de profesionales de la actuación? ¿Fue quizás para darle más realismo y dramatismo a tu obra?
CM: El realismo fue un punto muy importante en la búsqueda de la estética de la película. No pude encontrar en ningún actor profesional el carisma, el aura que había sentido en las charlas que llevé con los costureros en la fase de investigación. Es por eso que finalmente decidí buscar costureros capaces de actuar y con ganas de participar en la película, aportando con todo su conocimiento - y fue una experiencia increíblemente linda e inolvidable.
DWW-En tu cortometraje recreas muy bien las condiciones de hacinamiento y miseria humana de los protagonistas, las jornadas de trabajo largas, los bajos salarios, la ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene, la explotación de indocumentados ¿Hasta que punto esta película se puede considerar ficción?
CM: La película está basada en varias historias de costureros que estuve viendo mientras escribía el guión, pero sin duda es una obra de ficción. El taller es una fábrica abandonada que fue equipada en detalle y con mucha precisión por nuestra directora de arte, los vestuarios seleccionados sobre un concepto de estructura y color, la iluminación y los encuadres elegidos después de mucho trabajo sobre el concepto visual y los actores puestos en situaciones inventadas.
Lo que quiero decir es que fue todo, hasta el último detalle planeado y diseñado por un lado, y por otro creo que cada película, aunque sea un documental de alguna manera es ficcional – porque sólo puede mostrarte un cierto recorte. La responsabilidad de cada director está en la elección de ese recorte - eso es muy real.
Autor: Pamela Schulz- DWWorld
Editora: Claudia Herrera Pahl
miércoles, 16 de febrero de 2011
ESPAÑA: Argentina es el segundo país de la región en intercambio de pornografía infantil
15/02/2011 Argentina es el segundo país de Sudamérica con más intercambio de archivos de pornografía infantil en redes P2P, mientras que Uruguay aparece primero en el ranking regional.
Los datos se desprenden de un estudio realizado por la fundación española Alia2, que trabaja en distintos proyectos para la erradicación de la pornografía infantil. En esta ocasión, desarrolló un programa capaz de rastrear archivos que podrían contener material pornográfico en algunas de las redes más importantes de intercambio P2P (ver en Wikipedia).
El sistema detectó un total de 32.745 archivos correspondientes a Sudamérica, lo que representa el 8 por ciento del total mundial de archivos. Uruguay se queda con el 32 por ciento de los archivos (unos 10.372), y Argentina con el 21 por ciento (unos 6.724).
En tercer lugar aparece Brasil con el 13 por ciento y en el cuarto Venezuela con el 11 por ciento.
Datos mundiales. Estados Unidos, España y México ocupan los tres primeros lugares del ranking general de posesión de archivos de pornografía infantil en redes P2P. En ese mismo conteo Argentina quedó sexto, detrás de Uruguay y Polonia.
Cabe destacar que el informe sólo analiza el intercambio en países europeos y americanos.
El sistema encontró un total de 421.368 archivos. El 21 por ciento (87.767) procede de Estados Unidos, el 11 por ciento (47.742) de España y el 7 por ciento (31.433) de México.
El estudio detectó que hay un total de 89.001 usuarios de redes P2P que poseen estos contenidos.
Cómo los detectan. Para hacer el ranking, la fundación desarrolló el sistema “Florencio” que permite detectar diariamente a la misma hora el intercambio de archivos con posible contenido pedófilo en redes de intercambio. El análisis se hizo de enero a septiembre de 2010.
El programa usa los buscadores de estos sitios y emplea palabras clave que podrían ocultar los contenidos en cuestión. Después, obtiene el identificador único del archivo (hash) y la dirección IP donde está almacenado, con lo que identifica el lugar de procedencia.
El informe concluye que un factor clave en el desarrollo de soluciones al flagelo de la pornografía infantil en la Web es la educación en el uso de las tecnologías.
También indica que es necesario buscar soluciones a nivel global en materia de legislación y generar nuevas formas de interacción en la Red que generen más conciencia sobre la "no privacidad" en la Web.
http://www.lavoz.com.ar/
Los datos se desprenden de un estudio realizado por la fundación española Alia2, que trabaja en distintos proyectos para la erradicación de la pornografía infantil. En esta ocasión, desarrolló un programa capaz de rastrear archivos que podrían contener material pornográfico en algunas de las redes más importantes de intercambio P2P (ver en Wikipedia).
El sistema detectó un total de 32.745 archivos correspondientes a Sudamérica, lo que representa el 8 por ciento del total mundial de archivos. Uruguay se queda con el 32 por ciento de los archivos (unos 10.372), y Argentina con el 21 por ciento (unos 6.724).
En tercer lugar aparece Brasil con el 13 por ciento y en el cuarto Venezuela con el 11 por ciento.
Datos mundiales. Estados Unidos, España y México ocupan los tres primeros lugares del ranking general de posesión de archivos de pornografía infantil en redes P2P. En ese mismo conteo Argentina quedó sexto, detrás de Uruguay y Polonia.
Cabe destacar que el informe sólo analiza el intercambio en países europeos y americanos.
El sistema encontró un total de 421.368 archivos. El 21 por ciento (87.767) procede de Estados Unidos, el 11 por ciento (47.742) de España y el 7 por ciento (31.433) de México.
El estudio detectó que hay un total de 89.001 usuarios de redes P2P que poseen estos contenidos.
Cómo los detectan. Para hacer el ranking, la fundación desarrolló el sistema “Florencio” que permite detectar diariamente a la misma hora el intercambio de archivos con posible contenido pedófilo en redes de intercambio. El análisis se hizo de enero a septiembre de 2010.
El programa usa los buscadores de estos sitios y emplea palabras clave que podrían ocultar los contenidos en cuestión. Después, obtiene el identificador único del archivo (hash) y la dirección IP donde está almacenado, con lo que identifica el lugar de procedencia.
El informe concluye que un factor clave en el desarrollo de soluciones al flagelo de la pornografía infantil en la Web es la educación en el uso de las tecnologías.
También indica que es necesario buscar soluciones a nivel global en materia de legislación y generar nuevas formas de interacción en la Red que generen más conciencia sobre la "no privacidad" en la Web.
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MUNDO: El drama de los niños y niñas soldado continúa en al menos 24 países
15/02/2011 El sábado 12 de febrero, fue el Día Internacional Contra la Utilización de Menores Soldados.
Un conjunto de organizaciones nos unimos a una nueva campaña para que los Estados firmen la herramienta jurídica de protección más importante para los menores en conflicto.
Las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación el Compromiso, Save the Children y el Servicio Jesuita a Refugiados nos movilizamos en el día internacional contra la utilización de menores soldados para denunciar las graves violaciones de derechos humanos a los que son sometidos diariamente niños y niñas en numerosos países.
Por eso, solicitamos a los Estados que aún no lo han hecho, que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña sobe la participación de menores en conflictos armados. Se trata de la herramienta jurídica de protección más importante para los menores en conflicto.
El Protocolo es un instrumento imprescindible para asegurar que niños y niñas no son utilizados en conflictos armados. Aumenta a 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, en comparación con la edad mínima anterior fijada en 15 años en la Convención sobre los Derechos del niño y la niña. También obliga a los Estados Parte a poner en vigor disposiciones estrictas allí donde no se cumpla.
Actualmente, este Protocolo lo han ratificado 134 países, 23 lo han firmado pero no ratificado (como Camerún, Ghana, Liberia, Pakistán o Somalia) y un total de 35 ni lo han firmado ni han aceptado hacerlo (como Guinea Ecuatorial, Etiopía, Malasia, Myanmar, Arabia Saudí o Zimbawue). España lo ratificó en 2002.
Con esta iniciativa, las organizaciones se suman a la campaña de Naciones Unidas Nadie menor de 18 (Zero under 18 en inglés) que persigue la ratificación universal de este Protocolo para el 12 de febrero de 2012 –fecha en la que se cumplirá el 10º Aniversario desde su entrada en vigor. La campaña pretende que ningún menor de 18 años sea reclutado ni utilizado por parte de fuerzas o grupos armados, ya que la asociación con fuerzas armadas priva a los niños y niñas de sus derechos y de su infancia siendo devastador el impacto físico y psicológico que les provoca.
Finalmente, las organizaciones solicitamos a los estados que ya han firmado y ratificado el protocolo a que realicen esfuerzos adicionales para su adecuada implantación, proporcionando los recursos adecuados. En El Chad están siendo reclutados niños y niñas de entre 13 y 17 años de edad por parte de las Fuerzas Armadas y utilizados en combates, y se están utilizando menores de 10 años como mensajeros y en funciones de transporte. Esto contradice claramente el Protocolo, y supone un incumplimiento claro de las obligaciones internacionales de este país.
Los niños y niñas soldados en el mundo. Una cifra preocupantemente incierta
Es imposible calcular con exactitud el número de niños y niñas soldados. Hay decenas de miles en todas las regiones del mundo. Según el último informe global sobre niños y niñas soldados de la Coalición Internacional de 2008, al menos 24 países de todas las regiones del mundo reclutaban a menores de 18 años.
Desde entonces, miles de menores soldados han sido liberados de fuerzas combatientes, ya sean grupos gubernamentales o insurgentes, tras acuerdos de paz y programas de desmovilización y reinserción en Afganistán, Burundi, Costa de Marfil, Liberia, República Democrática del Congo, el Sur de Sudán y otros países. Sin embargo, durante estos años han estallado, se han reanudado o se han intensificado conflictos en países como El Chad, Iraq, la República Centroafricana, Somalia y Sudán (Darfur), aumentando en estos lugares el reclutamiento de menores.
Los niños, niñas y adolescentes soldados han estado sometidos a situaciones extremas, en las que algunos han sido testigos del asesinato de sus familiares o han sido utilizados como instrumentos para cometer atrocidades. Muchos han sido víctimas de malos tratos, violaciones y otras formas de sexualidad forzada, incluidos los “matrimonios” con combatientes en el caso de las niñas. En numerosas ocasiones han sido drogados para vencer el temor al adversario, utilizados como carne de cañón, obligados a realizar saqueos, violaciones o a mutilar personas.
http://www.lavozdeutrera.com/wp/?p=15597
Un conjunto de organizaciones nos unimos a una nueva campaña para que los Estados firmen la herramienta jurídica de protección más importante para los menores en conflicto.
Las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entreculturas, Fundación el Compromiso, Save the Children y el Servicio Jesuita a Refugiados nos movilizamos en el día internacional contra la utilización de menores soldados para denunciar las graves violaciones de derechos humanos a los que son sometidos diariamente niños y niñas en numerosos países.
Por eso, solicitamos a los Estados que aún no lo han hecho, que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña sobe la participación de menores en conflictos armados. Se trata de la herramienta jurídica de protección más importante para los menores en conflicto.
El Protocolo es un instrumento imprescindible para asegurar que niños y niñas no son utilizados en conflictos armados. Aumenta a 18 años la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, en comparación con la edad mínima anterior fijada en 15 años en la Convención sobre los Derechos del niño y la niña. También obliga a los Estados Parte a poner en vigor disposiciones estrictas allí donde no se cumpla.
Actualmente, este Protocolo lo han ratificado 134 países, 23 lo han firmado pero no ratificado (como Camerún, Ghana, Liberia, Pakistán o Somalia) y un total de 35 ni lo han firmado ni han aceptado hacerlo (como Guinea Ecuatorial, Etiopía, Malasia, Myanmar, Arabia Saudí o Zimbawue). España lo ratificó en 2002.
Con esta iniciativa, las organizaciones se suman a la campaña de Naciones Unidas Nadie menor de 18 (Zero under 18 en inglés) que persigue la ratificación universal de este Protocolo para el 12 de febrero de 2012 –fecha en la que se cumplirá el 10º Aniversario desde su entrada en vigor. La campaña pretende que ningún menor de 18 años sea reclutado ni utilizado por parte de fuerzas o grupos armados, ya que la asociación con fuerzas armadas priva a los niños y niñas de sus derechos y de su infancia siendo devastador el impacto físico y psicológico que les provoca.
Finalmente, las organizaciones solicitamos a los estados que ya han firmado y ratificado el protocolo a que realicen esfuerzos adicionales para su adecuada implantación, proporcionando los recursos adecuados. En El Chad están siendo reclutados niños y niñas de entre 13 y 17 años de edad por parte de las Fuerzas Armadas y utilizados en combates, y se están utilizando menores de 10 años como mensajeros y en funciones de transporte. Esto contradice claramente el Protocolo, y supone un incumplimiento claro de las obligaciones internacionales de este país.
Los niños y niñas soldados en el mundo. Una cifra preocupantemente incierta
Es imposible calcular con exactitud el número de niños y niñas soldados. Hay decenas de miles en todas las regiones del mundo. Según el último informe global sobre niños y niñas soldados de la Coalición Internacional de 2008, al menos 24 países de todas las regiones del mundo reclutaban a menores de 18 años.
Desde entonces, miles de menores soldados han sido liberados de fuerzas combatientes, ya sean grupos gubernamentales o insurgentes, tras acuerdos de paz y programas de desmovilización y reinserción en Afganistán, Burundi, Costa de Marfil, Liberia, República Democrática del Congo, el Sur de Sudán y otros países. Sin embargo, durante estos años han estallado, se han reanudado o se han intensificado conflictos en países como El Chad, Iraq, la República Centroafricana, Somalia y Sudán (Darfur), aumentando en estos lugares el reclutamiento de menores.
Los niños, niñas y adolescentes soldados han estado sometidos a situaciones extremas, en las que algunos han sido testigos del asesinato de sus familiares o han sido utilizados como instrumentos para cometer atrocidades. Muchos han sido víctimas de malos tratos, violaciones y otras formas de sexualidad forzada, incluidos los “matrimonios” con combatientes en el caso de las niñas. En numerosas ocasiones han sido drogados para vencer el temor al adversario, utilizados como carne de cañón, obligados a realizar saqueos, violaciones o a mutilar personas.
http://www.lavozdeutrera.com/wp/?p=15597
AR- Reg NOA- Reconocen el éxito de la lucha contra el trabajo infantil
15/02/2011 Una delegación integrada por la asociación Conciencia, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (Sennaf) y adherentes de la Red de Empresas contra el trabajo infantil, conformada para combatir ese problema social, visitaron esta semana los centros de contención que se instrumentan en el marco de los programas porvenir y jardines de cosecha, en la áreas tabacaleras de Jujuy y Salta.
Con ambas iniciativas este año se logró que 1.300 niños, entre 9 y 15 años pudieran gozar de todas las bondades del programa porvenir que ya tiene 8 años de antigüedad en el sector tabacalero. Asimismo, otros 650 niños, de entre 5 meses y 8 años, también están recibiendo contención en ambas provincias mediante la ejecución de las acciones del programa jardines de cosecha.
Lía Rueda presidenta de la Asociación Conciencia, destacó la tarea que realiza cada uno de los profesionales que están en contacto con los niños y el avance que reflejan éstos el aprendizaje a través de las actividades lúdicas. “observamos que cada año hay más conciencia para la lucha contra el trabajo infantil y destacamos el compromiso que ha asumido en este tema el sector tabacalero. Ojalá que otros sectores repliquen esta iniciativa”, expresó.
Conciencia es una organización civil sin fines de lucro que desarrolla en diversos lugares del país programas tendientes a erradicar la explotación laboral de los niños.
Por su parte la titular de la Conaeti, Pilar Rey Méndez, coincidió en calificar de “sumamente positivo” el trabajo que se realiza en beneficio de los niños del sector tabacalero de Salta y Jujuy. En este sentido ponderó la iniciativa del área: “celebramos la valentía que ha tenido el sector tabacalero, porque hace unos años se atrevió a reconocer el trabajo infantil como un problema en su sector, del cual había que ocuparse y tomar cartas en el asunto”. Por otra parte precisó que la Conaeti hace muchos años viene patrocinando toda iniciativa existente en el país que busque dar apoyo a este problema, entre las cuales se destacan el programa porvenir y jardines de cosecha. Pilar Rey Méndez aclaró que pro iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación se conformó hace algunos años la red de empresas contra el Trabajo Infantil, en el marco de la tareas de responsabilidad social empresaria (RSE) que cada una de ellas lleva adelante. Asimismo aclaró que “es un modelo único en el mundo de asociación público-privada”. Al profundizar sobre este asunto, especificó “el trabajo infantil no está en las oficinas de las grandes compañías, sino en las cadenas de valor y la red de empresas que son más de 80, se han comprometido a erradicar el trabajo infantil de toda la cadena de valor”. Hasta hace dos años atrás sólo existía en las áreas tabacaleras de Salta y Jujuy el programa Porvenir, que asiste a niños, de entre 9 y 15 años. Desde el año pasado, se instrumentó Jardines de Cosecha, que contiene a otra franja comprendida entre 1 y 8 años y que recibe el patrocinio de la red de empresas, aún sin pertenecer al sector tabacalero.
“Jardines de Cosecha surgió porque sabemos que las fincas no cuentan con espacios adecuados para la atención y el cuidado de los niños. Por lo tanto los padres los llevan a trabajar con ellos, lo que luego provoca otro flagelo, que es el pago a destajo”, explicó Pilar Rey Méndez. Por otra parte comentó que en el país hay otros sectores productivos que están replicando este patrón de acciones para la lucha contra el trabajo infantil. “Hay hay espacios de contención similares a estos en la región de Cuyo, para los trabajadores de la vid. Recientemente comenzó a trabajar sobre este tema el sector frutihortícola de Tucumán y esperamos que próximamente lo haga Santa Fe, con otros sectores productivo”, relató.
Objetivos cumplidos
Marina Briones del Área de Responsabilidad Social Empresaria de la Cámara del Tabaco de Salta, también se mostró satisfecha por el trabajo que realizan Porvenir y Jardines de Cosecha. “Sentimos que está muy instalado el problema del trabajo infantil en las comunidades tabacaleras”, precisó. Más adelante añadió que permanentemente “conversamos con productores que nos cuenta que ellos fueron trabajadores desde niños y hoy están convencidos de que no es conveniente que los niños trabajen”. Por otra parte Briones señaló que este año no habrá acto central de clausura de las actividades sino que se realizarán actos más pequeños en cada uno de los centros, con la presencia de los padres.
“Somos conscientes de que la erradicación del trabajo infantil no la podemos hacer con los niños. A ellos los atendemos mientras los padres trabajan para que no los lleven al campo, pero nuestra misión fundamental está en trabajar con los padres”, definió.
Vacaciones de verano
La etapa de cosecha de tabaco demanda una importante cantidad de mano de obra y este periodo consiste con los meses de de vacaciones de los niños. Asimismo por lo general la mujer acompaña a su marido a realizar las tareas de campo, lo que provoca que los niños también participen en estos quehaceres y se genere el trabajo infantil. Para evitar este flagelo, que puede ocasionarle trastornos graves al niño que incluso acarreará consecuencias de ello toda la vida, se creó el programa Porvenir y más tarde Jardines de Cosecha, que son patrocinados y monitoreados por organismos nacionales, empresas privadas, asociaciones y cámaras del sector tabacalero.
Este años se abrieron los centros Porvenir (escuelas rurales), ubicados estratégicamente en siete localidades del Valle de Lerma (Salta) y tres del Valle de los Pericos (Jujuy), donde los niños participan de distintas actividades educativas, recreativas y deportivas. Desde el inicio del programa, en 2004, ya pasaron por Porvenir más de 7.500 niños, quienes aprendieron la importancia de estudiar, jugar y prepararse para trabajar en el futuro, cuando sean mayores. El programa desarrolla la etapa intensiva durante los meses de receso escolar, en tanto que el resto del año trabaja sobre otros ejes como ser: apoyo escolar para niños y niñas, capacitación docente, preparación en oficios, dirigida a madres rurales y sensibilización sobre el problema del trabajo infantil, con la puesta en marcha de acciones dirigidas a la comunidad.
Porvenir es coordinado por la Asociación Conciencia y participan de esta iniciativa Massalin Particulares, Alliance One, Universal Leaf Tabacos, Cámara y Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, Fudesta, Cámara y Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. Jardines de Cosecha se desarrolla en las mismas escuelas donde se ejecuta Porvenir y participan los Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación, como así también la Red de empresas contra el Trabajo Infantil, entre las que se destacan: Adeco Argentina, Sesa Select, Massalin Particulares, la Cámaras y Cooperativas de Tabacaleros de Jujuy y Salta, Celulosa Argentina, Mastellone Hnos, Telecom Argentina, Limpiolux, Fundación Mapfre, Talsium, Emerger, Pepsico Argentina, Linser y Premium Tabaco.
Fuente: Suplemento Campo del Diario El Tribuno de Salta.
http://www.ellibertario.com
Con ambas iniciativas este año se logró que 1.300 niños, entre 9 y 15 años pudieran gozar de todas las bondades del programa porvenir que ya tiene 8 años de antigüedad en el sector tabacalero. Asimismo, otros 650 niños, de entre 5 meses y 8 años, también están recibiendo contención en ambas provincias mediante la ejecución de las acciones del programa jardines de cosecha.
Lía Rueda presidenta de la Asociación Conciencia, destacó la tarea que realiza cada uno de los profesionales que están en contacto con los niños y el avance que reflejan éstos el aprendizaje a través de las actividades lúdicas. “observamos que cada año hay más conciencia para la lucha contra el trabajo infantil y destacamos el compromiso que ha asumido en este tema el sector tabacalero. Ojalá que otros sectores repliquen esta iniciativa”, expresó.
Conciencia es una organización civil sin fines de lucro que desarrolla en diversos lugares del país programas tendientes a erradicar la explotación laboral de los niños.
Por su parte la titular de la Conaeti, Pilar Rey Méndez, coincidió en calificar de “sumamente positivo” el trabajo que se realiza en beneficio de los niños del sector tabacalero de Salta y Jujuy. En este sentido ponderó la iniciativa del área: “celebramos la valentía que ha tenido el sector tabacalero, porque hace unos años se atrevió a reconocer el trabajo infantil como un problema en su sector, del cual había que ocuparse y tomar cartas en el asunto”. Por otra parte precisó que la Conaeti hace muchos años viene patrocinando toda iniciativa existente en el país que busque dar apoyo a este problema, entre las cuales se destacan el programa porvenir y jardines de cosecha. Pilar Rey Méndez aclaró que pro iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación se conformó hace algunos años la red de empresas contra el Trabajo Infantil, en el marco de la tareas de responsabilidad social empresaria (RSE) que cada una de ellas lleva adelante. Asimismo aclaró que “es un modelo único en el mundo de asociación público-privada”. Al profundizar sobre este asunto, especificó “el trabajo infantil no está en las oficinas de las grandes compañías, sino en las cadenas de valor y la red de empresas que son más de 80, se han comprometido a erradicar el trabajo infantil de toda la cadena de valor”. Hasta hace dos años atrás sólo existía en las áreas tabacaleras de Salta y Jujuy el programa Porvenir, que asiste a niños, de entre 9 y 15 años. Desde el año pasado, se instrumentó Jardines de Cosecha, que contiene a otra franja comprendida entre 1 y 8 años y que recibe el patrocinio de la red de empresas, aún sin pertenecer al sector tabacalero.
“Jardines de Cosecha surgió porque sabemos que las fincas no cuentan con espacios adecuados para la atención y el cuidado de los niños. Por lo tanto los padres los llevan a trabajar con ellos, lo que luego provoca otro flagelo, que es el pago a destajo”, explicó Pilar Rey Méndez. Por otra parte comentó que en el país hay otros sectores productivos que están replicando este patrón de acciones para la lucha contra el trabajo infantil. “Hay hay espacios de contención similares a estos en la región de Cuyo, para los trabajadores de la vid. Recientemente comenzó a trabajar sobre este tema el sector frutihortícola de Tucumán y esperamos que próximamente lo haga Santa Fe, con otros sectores productivo”, relató.
Objetivos cumplidos
Marina Briones del Área de Responsabilidad Social Empresaria de la Cámara del Tabaco de Salta, también se mostró satisfecha por el trabajo que realizan Porvenir y Jardines de Cosecha. “Sentimos que está muy instalado el problema del trabajo infantil en las comunidades tabacaleras”, precisó. Más adelante añadió que permanentemente “conversamos con productores que nos cuenta que ellos fueron trabajadores desde niños y hoy están convencidos de que no es conveniente que los niños trabajen”. Por otra parte Briones señaló que este año no habrá acto central de clausura de las actividades sino que se realizarán actos más pequeños en cada uno de los centros, con la presencia de los padres.
“Somos conscientes de que la erradicación del trabajo infantil no la podemos hacer con los niños. A ellos los atendemos mientras los padres trabajan para que no los lleven al campo, pero nuestra misión fundamental está en trabajar con los padres”, definió.
Vacaciones de verano
La etapa de cosecha de tabaco demanda una importante cantidad de mano de obra y este periodo consiste con los meses de de vacaciones de los niños. Asimismo por lo general la mujer acompaña a su marido a realizar las tareas de campo, lo que provoca que los niños también participen en estos quehaceres y se genere el trabajo infantil. Para evitar este flagelo, que puede ocasionarle trastornos graves al niño que incluso acarreará consecuencias de ello toda la vida, se creó el programa Porvenir y más tarde Jardines de Cosecha, que son patrocinados y monitoreados por organismos nacionales, empresas privadas, asociaciones y cámaras del sector tabacalero.
Este años se abrieron los centros Porvenir (escuelas rurales), ubicados estratégicamente en siete localidades del Valle de Lerma (Salta) y tres del Valle de los Pericos (Jujuy), donde los niños participan de distintas actividades educativas, recreativas y deportivas. Desde el inicio del programa, en 2004, ya pasaron por Porvenir más de 7.500 niños, quienes aprendieron la importancia de estudiar, jugar y prepararse para trabajar en el futuro, cuando sean mayores. El programa desarrolla la etapa intensiva durante los meses de receso escolar, en tanto que el resto del año trabaja sobre otros ejes como ser: apoyo escolar para niños y niñas, capacitación docente, preparación en oficios, dirigida a madres rurales y sensibilización sobre el problema del trabajo infantil, con la puesta en marcha de acciones dirigidas a la comunidad.
Porvenir es coordinado por la Asociación Conciencia y participan de esta iniciativa Massalin Particulares, Alliance One, Universal Leaf Tabacos, Cámara y Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, Fudesta, Cámara y Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy. Jardines de Cosecha se desarrolla en las mismas escuelas donde se ejecuta Porvenir y participan los Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación, como así también la Red de empresas contra el Trabajo Infantil, entre las que se destacan: Adeco Argentina, Sesa Select, Massalin Particulares, la Cámaras y Cooperativas de Tabacaleros de Jujuy y Salta, Celulosa Argentina, Mastellone Hnos, Telecom Argentina, Limpiolux, Fundación Mapfre, Talsium, Emerger, Pepsico Argentina, Linser y Premium Tabaco.
Fuente: Suplemento Campo del Diario El Tribuno de Salta.
http://www.ellibertario.com
ECUADOR: El trabajo infantil es más fuerte en celebraciones
15/02/2011 El Estado, la sociedad civil y la familia son los responsables de que los derechos de niños, niñas y adolescentes se respeten, con el fin de erradicar el trabajo infantil.
La campaña Da Dignidad iniciada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, trabaja en dos ámbitos: un trabajo interinstitucional con la participación de varios ministerios y la reinserción de 250 niños que se encontraban en situación de mendicidad.
A través de un trabajo combinado con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Dinapen, solo en diciembre, mes que se ejecutó la campaña, recibió 300 llamadas de las cuales el 70 por ciento correspondían a denuncias por mendicidad.
Si bien la venta de flores y corazones en San Valentín o de caramelos todo el año no es un acto de mendicidad, sí violenta los derechos básicos de los niños por sus condiciones laborales.
Mendicidad
Ximena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social, MIES, señaló en una entrevista mantenida con este Diario que la mendicidad tiene tres vértices: la pobreza estructural, las mafias y la cultura, en lo que está inmersa toda la sociedad civil y el Estado.
En la campaña efectuada en diciembre, el MIES logró identificar una mafia que operaba desde la provincia del Cotopaxi, pero que aún actúa en algunas zonas, especialmente rurales.
Trabajo infantil
Galo Cruz, jefe provincial de la Dinapen, señaló que entre sus funciones está hacer control todos los días, “esta es una consigna permanente, y una vez retirados de la calle los llevamos a casas asistenciales”.
Con este lema, el sábado anterior los oficiales asignados a las calles, retiraron de las vías a cuatro chicos, dos de 12 años, uno de 10 y uno de 14. Hasta el cierre de esta edición aún no se disponía de datos de chicos retirados de la calle ayer. De acuerdo al funcionario, hay que hacer una diferencia entre quienes trabajan y quienes mendigan.
“Durante el patrullaje se ha detectado que el 50 por ciento de los niños o niñas que trabajan, lo hacen porque son obligados por sus padres, la diferencia lo hace porque quieren tener ingresos extras”, dijo.
Sin embargo, no hay que olvidar que los niños que trabajan, así como los que mendigan están expuestos a muchos peligros como abusos, maltratos, violaciones, explotación, esclavitud, cansancio, desnutrición, enfermedad y, en ciertos casos, la muerte.
“Por eso, es importante trabajar la Dinapen junto con el MIES-INFA para erradicar el trabajo y la mendicidad infantil”, puntualizó Cruz. (MFT)
http://www.eltiempo.com.ec/
La campaña Da Dignidad iniciada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, trabaja en dos ámbitos: un trabajo interinstitucional con la participación de varios ministerios y la reinserción de 250 niños que se encontraban en situación de mendicidad.
A través de un trabajo combinado con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Dinapen, solo en diciembre, mes que se ejecutó la campaña, recibió 300 llamadas de las cuales el 70 por ciento correspondían a denuncias por mendicidad.
Si bien la venta de flores y corazones en San Valentín o de caramelos todo el año no es un acto de mendicidad, sí violenta los derechos básicos de los niños por sus condiciones laborales.
Mendicidad
Ximena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social, MIES, señaló en una entrevista mantenida con este Diario que la mendicidad tiene tres vértices: la pobreza estructural, las mafias y la cultura, en lo que está inmersa toda la sociedad civil y el Estado.
En la campaña efectuada en diciembre, el MIES logró identificar una mafia que operaba desde la provincia del Cotopaxi, pero que aún actúa en algunas zonas, especialmente rurales.
Trabajo infantil
Galo Cruz, jefe provincial de la Dinapen, señaló que entre sus funciones está hacer control todos los días, “esta es una consigna permanente, y una vez retirados de la calle los llevamos a casas asistenciales”.
Con este lema, el sábado anterior los oficiales asignados a las calles, retiraron de las vías a cuatro chicos, dos de 12 años, uno de 10 y uno de 14. Hasta el cierre de esta edición aún no se disponía de datos de chicos retirados de la calle ayer. De acuerdo al funcionario, hay que hacer una diferencia entre quienes trabajan y quienes mendigan.
“Durante el patrullaje se ha detectado que el 50 por ciento de los niños o niñas que trabajan, lo hacen porque son obligados por sus padres, la diferencia lo hace porque quieren tener ingresos extras”, dijo.
Sin embargo, no hay que olvidar que los niños que trabajan, así como los que mendigan están expuestos a muchos peligros como abusos, maltratos, violaciones, explotación, esclavitud, cansancio, desnutrición, enfermedad y, en ciertos casos, la muerte.
“Por eso, es importante trabajar la Dinapen junto con el MIES-INFA para erradicar el trabajo y la mendicidad infantil”, puntualizó Cruz. (MFT)
http://www.eltiempo.com.ec/
ESTADOS UNIDOS: El Gobierno estadounidense financia programas de "trabajo sexual" juvenil
15/02/2011 El problema de fondo es la explotación sexual comercial.
REDACCIÓN HO / C-FAM.- Un programa financiado por el gobierno de Estados Unidos utiliza dinero destinado a ayuda financiera para normalizar la explotación sexual comercial de jóvenes en el mundo en desarrollo.
Bajo el pretexto de brindar servicios de salud para "la gente joven que vende sexo", el Interagency Youth Working Group se afana por normalizar la explotación sexual de jóvenes, según denuncian los críticos.
El programa financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se centra en fomentar "intervenciones para reducir riesgos de salud" que afrontan las jóvenes involucradas en el "trabajo sexual comercial",-en otras palabras- el mundo de la prostitución.
El programa describe una serie de amenazas que atentan contra el bienestar de las jóvenes prostitutas e incluye la discriminación. Además, exige cambios en las normas sociales y en las políticas públicas en vez de hacerlo respecto del comportamiento de las 'trabajadoras sexuales'.
Los críticos aseguran que tales estrategias no encaran el problema de fondo, que es la explotación sexual comercial. Dicen que el enfoque en la provisión de servicios de salud para las prostitutas es meramente un abordaje basado en la reducción de daños que sólo aminora los perjuicios que ellas enfrentan en el peligroso mundo de la prostitución.
Laura Lederer es una de las críticas de esta estrategia, y no es ajena al tema. Lederer, que se inició en el sector no gubernamental, desempeñó un papel decisivo en la escritura y aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas que ordenó la creación en Estados Unidos de la Oficina del Departamento de Estado para Vigilar y Combatir la Trata de Personas. Siendo asesora senior del subsecretario de asuntos exteriores del Departamento de Estado, viajó a más de 50 países para ver el problema con sus propios ojos visitando barrios bajos, refugios y proveedores de servicios para las víctimas del tráfico de personas. En la actualidad, preside Global Centurion, organización dedicada a combatir la demanda del comercio sexual.
Lederer asegura que el enfoque en la reducción de daños y en la normalización no responde al problema de la explotación sexual, que presenta múltiples niveles. El Dr. Jeff Barrows, médico experto en el tema, dice que estos abordajes son como "poner una venda a un niño en un edificio en llamas y alejarse de allí". Lederer añade: "Nosotros debemos encontrar el modo de sacar a los niños del edificio en llamas".
Algunos dicen que las jóvenes indigentes se están involucrando en lo que llaman 'sexo de supervivencia'. Lederer responde que ellas, también, son víctimas de la explotación sexual comercial.
El Interagency Youth Working Group fue fundado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del Proyecto de Conocimientos sobre la Salud.
http://www.hazteoir.org
REDACCIÓN HO / C-FAM.- Un programa financiado por el gobierno de Estados Unidos utiliza dinero destinado a ayuda financiera para normalizar la explotación sexual comercial de jóvenes en el mundo en desarrollo.
Bajo el pretexto de brindar servicios de salud para "la gente joven que vende sexo", el Interagency Youth Working Group se afana por normalizar la explotación sexual de jóvenes, según denuncian los críticos.
El programa financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se centra en fomentar "intervenciones para reducir riesgos de salud" que afrontan las jóvenes involucradas en el "trabajo sexual comercial",-en otras palabras- el mundo de la prostitución.
El programa describe una serie de amenazas que atentan contra el bienestar de las jóvenes prostitutas e incluye la discriminación. Además, exige cambios en las normas sociales y en las políticas públicas en vez de hacerlo respecto del comportamiento de las 'trabajadoras sexuales'.
Los críticos aseguran que tales estrategias no encaran el problema de fondo, que es la explotación sexual comercial. Dicen que el enfoque en la provisión de servicios de salud para las prostitutas es meramente un abordaje basado en la reducción de daños que sólo aminora los perjuicios que ellas enfrentan en el peligroso mundo de la prostitución.
Laura Lederer es una de las críticas de esta estrategia, y no es ajena al tema. Lederer, que se inició en el sector no gubernamental, desempeñó un papel decisivo en la escritura y aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas que ordenó la creación en Estados Unidos de la Oficina del Departamento de Estado para Vigilar y Combatir la Trata de Personas. Siendo asesora senior del subsecretario de asuntos exteriores del Departamento de Estado, viajó a más de 50 países para ver el problema con sus propios ojos visitando barrios bajos, refugios y proveedores de servicios para las víctimas del tráfico de personas. En la actualidad, preside Global Centurion, organización dedicada a combatir la demanda del comercio sexual.
Lederer asegura que el enfoque en la reducción de daños y en la normalización no responde al problema de la explotación sexual, que presenta múltiples niveles. El Dr. Jeff Barrows, médico experto en el tema, dice que estos abordajes son como "poner una venda a un niño en un edificio en llamas y alejarse de allí". Lederer añade: "Nosotros debemos encontrar el modo de sacar a los niños del edificio en llamas".
Algunos dicen que las jóvenes indigentes se están involucrando en lo que llaman 'sexo de supervivencia'. Lederer responde que ellas, también, son víctimas de la explotación sexual comercial.
El Interagency Youth Working Group fue fundado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del Proyecto de Conocimientos sobre la Salud.
http://www.hazteoir.org
CHILE : Comercio sexual infantil: sin excusas para erradicarlo
Fuente: Nación. Chile (1 feb. 2011)
Distintas secretarías de Estado trabajaron en esta campaña que este verano pretende llegar a los balnearios y zonas más concurridas, con el fin de evitar la explotación sexual de niños y jóvenes.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y el Servicio Nacional del Menor (Sename) se unieron para lanzar una campaña que pretende erradicar el comercio sexual infantil en los balnearios más concurridos por veraneantes durante la temporada estival.
La campaña denominada “No hay excusas”, está pensada para chilenos y extranjeros -para lo cual fue diseñada también en inglés- con el fin de informar acerca de la ilegalidad de prácticas sexuales con menores en nuestro país, así como de los efectos en los niños y jóvenes.
La Campaña “No hay Excusas” fue realizada por primera vez el 2006 y fue relanzada en mayo del año pasado por la “Mesa de Peores Formas de Trabajo Infantil”, conformada por el Sename, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Carabineros, la PDI, Sernatur y los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo.
De acuerdo a lo señalado por el director del Sename, Rolando Melo, la campaña pretende prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) denunciando su carácter de ilegal y sancionada en materia penal. Según Melo, “la campaña consiste en comunicar la gravedad de la explotación sexual y su penalidad criminal, lo que significa una condición judicial que debe ser denunciada para actuar conforme a la ley”.
De acuerdo a la autoridad, existe una gama de personas que recurren a estos servicios, y de hecho, hay en Chile turistas condenados por obtención de servicios sexuales de menores.
A su turno, el director del Sernatur, Álvaro Castilla, señaló que esta es una primera coordinación destinada a crear conciencia en turistas nacionales y extranjeros, destacando la posibilidad de hacer controles en barcos antes de los destinos de los viajantes.
Es una iniciativa que estamos estudiando, pero la prioridad es hacerlo antes que los turistas lleguen a destino, evitando que la imagen país se asocie a estas prácticas que no son muy relacionadas al tipo de turismo que se desarrolla en el país”, agregó.
La campaña informativa se inició en Valparaíso, pero será replicada en Santiago, Puerto Montt e Iquique.
DEFINICIONES
De acuerdo al material entregado por Sernatur, la explotación sexual comercial de niños “no es ‘abuso sexual’ puesto que en éste no existe una transacción comercial. No es ‘Prostitución Infantil’ porque el niño/a o adolescente no elige llevar esa vida. No es ‘Turismo Sexual Infantil’, puesto que este flagelo social niega la esencia misma del turismo, el cual considera el respeto en todos los aspectos por la cultura a visitar, además de vulnerar los propios derechos de niñas y niños”.
En ese sentido, la ESCNNA es definida como “una transacción en dinero o especies a cambio de una relación sexual con un niño/a o adolescente, para la cual existen redes que lucran. Por esto se habla de “explotador y explotado”. El niño/a explotado es asimilado al trabajo forzoso y a una nueva forma de esclavitud (OIT)”.
El informativo además indica que quienes obtienen “servicios sexuales” de una persona menor de 18 años y mayor de 14, a cambio de dinero u otras prestaciones, pueden ser sancionadas con penas que van desde 3 años y un día a 5 años. Si se trata de una persona menor de 14 años las penas pueden elevarse hasta 20 años.
En el caso de los Gerentes o Administradores de hoteles u hospedería que colaboren en que turistas o huéspedes tengan sexo con niños, niñas o adolescentes en sus establecimientos, incurren en el delito de facilitación o promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, y pueden recibir una pena de 5 años de cárcel que se puede elevar a 20 si existe habitualidad.
Asimismo el material consigna “cuando, en delitos como los señalados, se utilizasen establecimientos o locales, a sabiendas del propietario o encargado, o no pudiendo éste menos que saberlo, podrá decretarse su clausura”.
LAS CIFRAS
En el mundo más de 1 millón de niños y adolescentes son víctimas de ESCNNA, según estudios de las Naciones Unidas que datan del 2005. Asimismo, según la OEA 20% de los viajes tienen como motivación principal “el sexo”; y de ellos 3% buscan explícitamente el sexo con menores de edad. El organismo además destaca en un estudio del 2006 que cien mil mujeres y doscientos mil niños son anualmente víctimas de trata en el mundo.
En Chile hay pocos estudios sobre este tema, por lo que las cifras difieren. Mientras que el Gobierno asegura que son explotados sexualmente cerca de mil niños –siendo Valparaíso y San Antonio los lugares donde se concentran mayormente este tipo de prácticas y redes de explotación-; en el año 2003 la Universidad ARCIS, por encargo del Sename y la OIT, realizó un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la ESCNNA en Chile.
El estudio dio cuenta que en Chile existirían 3719 niños explotados sexualmente, 30% de ellos en la Región Metropolitana. El 78% de ellos son mujeres, y la mayoría se encuentra entre los 15 y 17 años (Rango: 10-18 años).
Distintas secretarías de Estado trabajaron en esta campaña que este verano pretende llegar a los balnearios y zonas más concurridas, con el fin de evitar la explotación sexual de niños y jóvenes.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y el Servicio Nacional del Menor (Sename) se unieron para lanzar una campaña que pretende erradicar el comercio sexual infantil en los balnearios más concurridos por veraneantes durante la temporada estival.
La campaña denominada “No hay excusas”, está pensada para chilenos y extranjeros -para lo cual fue diseñada también en inglés- con el fin de informar acerca de la ilegalidad de prácticas sexuales con menores en nuestro país, así como de los efectos en los niños y jóvenes.
La Campaña “No hay Excusas” fue realizada por primera vez el 2006 y fue relanzada en mayo del año pasado por la “Mesa de Peores Formas de Trabajo Infantil”, conformada por el Sename, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Carabineros, la PDI, Sernatur y los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo.
De acuerdo a lo señalado por el director del Sename, Rolando Melo, la campaña pretende prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) denunciando su carácter de ilegal y sancionada en materia penal. Según Melo, “la campaña consiste en comunicar la gravedad de la explotación sexual y su penalidad criminal, lo que significa una condición judicial que debe ser denunciada para actuar conforme a la ley”.
De acuerdo a la autoridad, existe una gama de personas que recurren a estos servicios, y de hecho, hay en Chile turistas condenados por obtención de servicios sexuales de menores.
A su turno, el director del Sernatur, Álvaro Castilla, señaló que esta es una primera coordinación destinada a crear conciencia en turistas nacionales y extranjeros, destacando la posibilidad de hacer controles en barcos antes de los destinos de los viajantes.
Es una iniciativa que estamos estudiando, pero la prioridad es hacerlo antes que los turistas lleguen a destino, evitando que la imagen país se asocie a estas prácticas que no son muy relacionadas al tipo de turismo que se desarrolla en el país”, agregó.
La campaña informativa se inició en Valparaíso, pero será replicada en Santiago, Puerto Montt e Iquique.
DEFINICIONES
De acuerdo al material entregado por Sernatur, la explotación sexual comercial de niños “no es ‘abuso sexual’ puesto que en éste no existe una transacción comercial. No es ‘Prostitución Infantil’ porque el niño/a o adolescente no elige llevar esa vida. No es ‘Turismo Sexual Infantil’, puesto que este flagelo social niega la esencia misma del turismo, el cual considera el respeto en todos los aspectos por la cultura a visitar, además de vulnerar los propios derechos de niñas y niños”.
En ese sentido, la ESCNNA es definida como “una transacción en dinero o especies a cambio de una relación sexual con un niño/a o adolescente, para la cual existen redes que lucran. Por esto se habla de “explotador y explotado”. El niño/a explotado es asimilado al trabajo forzoso y a una nueva forma de esclavitud (OIT)”.
El informativo además indica que quienes obtienen “servicios sexuales” de una persona menor de 18 años y mayor de 14, a cambio de dinero u otras prestaciones, pueden ser sancionadas con penas que van desde 3 años y un día a 5 años. Si se trata de una persona menor de 14 años las penas pueden elevarse hasta 20 años.
En el caso de los Gerentes o Administradores de hoteles u hospedería que colaboren en que turistas o huéspedes tengan sexo con niños, niñas o adolescentes en sus establecimientos, incurren en el delito de facilitación o promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, y pueden recibir una pena de 5 años de cárcel que se puede elevar a 20 si existe habitualidad.
Asimismo el material consigna “cuando, en delitos como los señalados, se utilizasen establecimientos o locales, a sabiendas del propietario o encargado, o no pudiendo éste menos que saberlo, podrá decretarse su clausura”.
LAS CIFRAS
En el mundo más de 1 millón de niños y adolescentes son víctimas de ESCNNA, según estudios de las Naciones Unidas que datan del 2005. Asimismo, según la OEA 20% de los viajes tienen como motivación principal “el sexo”; y de ellos 3% buscan explícitamente el sexo con menores de edad. El organismo además destaca en un estudio del 2006 que cien mil mujeres y doscientos mil niños son anualmente víctimas de trata en el mundo.
En Chile hay pocos estudios sobre este tema, por lo que las cifras difieren. Mientras que el Gobierno asegura que son explotados sexualmente cerca de mil niños –siendo Valparaíso y San Antonio los lugares donde se concentran mayormente este tipo de prácticas y redes de explotación-; en el año 2003 la Universidad ARCIS, por encargo del Sename y la OIT, realizó un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la ESCNNA en Chile.
El estudio dio cuenta que en Chile existirían 3719 niños explotados sexualmente, 30% de ellos en la Región Metropolitana. El 78% de ellos son mujeres, y la mayoría se encuentra entre los 15 y 17 años (Rango: 10-18 años).
URUGUAY: Despreciables casos de explotación sexual de menores
Fuente: Boletín Alianza por tus derechos (4 feb. 2011)
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) realizó un diagnóstico sobre la explotación sexual infantil en la frontera con Brasil, trabajo que permitió identificar como habitual esa práctica por parte de familiares de adolescentes de entre 14 y 17 años, fundamentalmente del sexo femenino.
En las cuatro ciudades fronterizas con Brasil se constató la presencia de la explotación sexual infantil. Si bien existen algunas posibles redes, no es lo más frecuente, lo habitual es la explotación por parte de los familiares, concluyó uno de los coordinadores del proyecto, Sergio Pereyra.
Dicha conclusión se desprende de un estudio exploratorio sobre la temática que desarrolló la Facultad de Psicología de la Udelar, a pedido del Inau, en el marco del proyecto "Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur".
Las ciudades bifronterizas involucradas son: Chuy tanto del lado uruguayo como del brasileño; Río Branco con Yaguarón; Rivera y Santana do Livramento; Bella Unión y Barra do Quarí. Uruguay analizó su parte mientras que Brasil tiene en proceso la elaboración del mismo diagnóstico.
Si bien la explotación sexual de niños se ve desde los 9 años hasta los 17, el promedio ronda entre los 14 y 17 años y predominan las mujeres, aunque existe un porcentaje menor de hombres. Las zonas de prostitución infantil más frecuentes están asociadas a lugares públicos como las líneas fronterizas, donde existe concentración de trabajadores que están de paso o desarrollan tareas zafrales, aunque también ocurre en los barrios, con los comerciantes o adultos mayores.
Asimismo, se detectó otra práctica como es la de propietarios rurales uruguayos y brasileños que realizan fiestas privadas en sus establecimientos e invitan a jovencitas.
No pueden caber dudas que se trata de una situación por demás preocupante que exige una inmediata acción de parte de los organismos competentes a efectos de tratar de abatir un problema que afecta a menores indefensas. Sacarlas de esas situaciones de forma inmediata debe ser una premisa a seguir en estos casos.
http://www.ultimasnoticias.com.uy/
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) realizó un diagnóstico sobre la explotación sexual infantil en la frontera con Brasil, trabajo que permitió identificar como habitual esa práctica por parte de familiares de adolescentes de entre 14 y 17 años, fundamentalmente del sexo femenino.
En las cuatro ciudades fronterizas con Brasil se constató la presencia de la explotación sexual infantil. Si bien existen algunas posibles redes, no es lo más frecuente, lo habitual es la explotación por parte de los familiares, concluyó uno de los coordinadores del proyecto, Sergio Pereyra.
Dicha conclusión se desprende de un estudio exploratorio sobre la temática que desarrolló la Facultad de Psicología de la Udelar, a pedido del Inau, en el marco del proyecto "Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur".
Las ciudades bifronterizas involucradas son: Chuy tanto del lado uruguayo como del brasileño; Río Branco con Yaguarón; Rivera y Santana do Livramento; Bella Unión y Barra do Quarí. Uruguay analizó su parte mientras que Brasil tiene en proceso la elaboración del mismo diagnóstico.
Si bien la explotación sexual de niños se ve desde los 9 años hasta los 17, el promedio ronda entre los 14 y 17 años y predominan las mujeres, aunque existe un porcentaje menor de hombres. Las zonas de prostitución infantil más frecuentes están asociadas a lugares públicos como las líneas fronterizas, donde existe concentración de trabajadores que están de paso o desarrollan tareas zafrales, aunque también ocurre en los barrios, con los comerciantes o adultos mayores.
Asimismo, se detectó otra práctica como es la de propietarios rurales uruguayos y brasileños que realizan fiestas privadas en sus establecimientos e invitan a jovencitas.
No pueden caber dudas que se trata de una situación por demás preocupante que exige una inmediata acción de parte de los organismos competentes a efectos de tratar de abatir un problema que afecta a menores indefensas. Sacarlas de esas situaciones de forma inmediata debe ser una premisa a seguir en estos casos.
http://www.ultimasnoticias.com.uy/
martes, 15 de febrero de 2011
BID abre convocatoria para presentar propuestas de evaluación de impacto en iniciativas de capacidad institucional en América Latina y el Car
CONCURSO
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha abierto la convocatoria “Midiendo el Impacto Institucional en la Región de las Américas (MIRA)”, que busca identificar y otorgar financiamiento a ocho propuestas por un total de hasta US$50.000 por proyecto, para implementar metodologías de evaluación de impacto centradas en programas de fortalecimiento de capacidad institucional en organismos públicos de América Latina y el Caribe.
El concurso tiene como objetivo contribuir a:
• Demostrar que las intervenciones cumplen con sus principales objetivos, contribuyendo al desarrollo económico.
• Reducir la brecha de conocimiento sobre evaluaciones de impacto de fortalecimiento institucional.
• Mejorar el diseño de futuras políticas públicas.
• Documentar la necesidad de incorporar componentes de evaluación en el diseño de este tipo de intervenciones.
La generación de una efectiva metodología de evaluación de impacto en programas de capacidad institucional es clave para asegurar que las intervenciones cumplan con sus principales objetivos, contribuyendo a mejorar las políticas públicas, aumentar la competitividad, el desarrollo económico y la equidad social.
Pueden postular al concurso MIRAinstituciones públicas, individualmente o en asociación con organizaciones con o sin fines de lucro, instituciones académicas, centros de investigación y organismos bilaterales y de desarrollo.
Un comité de especialistas evaluará las propuestas según su objetividad, capacidad para documentar empíricamente el impacto y establecer relaciones de causalidad en función de los resultados, así como la incorporación de elementos de costo-eficiencia.
Las ocho organizaciones ganadoras tendrán oportunidad de trabajar con especialistas del BID en el perfeccionamiento de sus metodologías, contribuyendo a que sean reconocidas como líderes en temas de capacidad institucional y evaluación de impacto. Los ganadores podrán recibir hasta US$25.000 adicionales para replicar la metodología en América Latina y el Caribe.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2011. Para información sobre cómo enviar propuestas, por favor visite www.iadb.org/MIRA.
http://white.oit.org.pe/ipec/alcencuentros/interior.php?notCodigo=1834
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha abierto la convocatoria “Midiendo el Impacto Institucional en la Región de las Américas (MIRA)”, que busca identificar y otorgar financiamiento a ocho propuestas por un total de hasta US$50.000 por proyecto, para implementar metodologías de evaluación de impacto centradas en programas de fortalecimiento de capacidad institucional en organismos públicos de América Latina y el Caribe.
El concurso tiene como objetivo contribuir a:
• Demostrar que las intervenciones cumplen con sus principales objetivos, contribuyendo al desarrollo económico.
• Reducir la brecha de conocimiento sobre evaluaciones de impacto de fortalecimiento institucional.
• Mejorar el diseño de futuras políticas públicas.
• Documentar la necesidad de incorporar componentes de evaluación en el diseño de este tipo de intervenciones.
La generación de una efectiva metodología de evaluación de impacto en programas de capacidad institucional es clave para asegurar que las intervenciones cumplan con sus principales objetivos, contribuyendo a mejorar las políticas públicas, aumentar la competitividad, el desarrollo económico y la equidad social.
Pueden postular al concurso MIRAinstituciones públicas, individualmente o en asociación con organizaciones con o sin fines de lucro, instituciones académicas, centros de investigación y organismos bilaterales y de desarrollo.
Un comité de especialistas evaluará las propuestas según su objetividad, capacidad para documentar empíricamente el impacto y establecer relaciones de causalidad en función de los resultados, así como la incorporación de elementos de costo-eficiencia.
Las ocho organizaciones ganadoras tendrán oportunidad de trabajar con especialistas del BID en el perfeccionamiento de sus metodologías, contribuyendo a que sean reconocidas como líderes en temas de capacidad institucional y evaluación de impacto. Los ganadores podrán recibir hasta US$25.000 adicionales para replicar la metodología en América Latina y el Caribe.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2011. Para información sobre cómo enviar propuestas, por favor visite www.iadb.org/MIRA.
http://white.oit.org.pe/ipec/alcencuentros/interior.php?notCodigo=1834
AR-Trabajo rural como sinónimo de explotación
Darío Aranda (COPENOA) - martes 15 de febrero de 2011
Hacinamiento, largas jornadas, paga mínima, incumplimiento de todos los derechos laborales. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.
“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal (…) He visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría (…) el trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha”. Fechado el 30 de abril de 1904, escrito por Juan Bialet Massé, en su histórico “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas”, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas a vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada en el campo profundo. Radiografía del trabajo rural, un círculo de pobreza e injusticias que se repite desde hace más de un siglo. De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres “tachan”, que implica el cargado del recipiente y lo descargan en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, donde –si no hay despido antes– se cobra. Todo depende de la pericia, y suerte. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.
“Los cosechadores son llevados en camiones a las fincas como vacas. Y en muchos casos los trabajadores golondrinas están en carpas tipo circo donde duermen todos amontonados, cocinan con fuego al aire libre, sin luz y el agua se la venden. Se trabaja de sol a sol y acá los calores son mortales, lo que le agrega un condimento extra porque el sol cuyano es muy bravo. Los baños no existen. La paga es una miseria, sólo para sobrevivir”, explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización que practica el trabajo cooperativo, los alimentos sanos (libres de agroquímicos) y el comercio justo. Un ejemplo es su vino “Campesino”, libre de explotación laboral.
También en Mendoza, idéntica explotación padecen los trabajadores del ajo. Las denuncias públicas y judiciales recaen, entre otras, sobre la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero, que en realidad es una empresa con 17.000 trabajadores obligados a inscribirse como monotributistas y soportaban condiciones de explotación, insalubridad, hacinamiento y trabajo infantil.
En noviembre de 2008 un grupo de trabajadores se rebeló y comenzó una manifestación en el frente de la empresa, en el departamento de Maipú. Denunciaron la explotación en sus tres eslabones: siembra, cosecha y empaque. Sobrevino la represión policial y, producto de las heridas, la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo.
“Siempre nos explotaron, trabajábamos hasta 16 horas. Pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato y el gobierno nos dejaron solos, pero salimos adelante”, relata Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y Afines (Sitraaj).
Hace seis años que trabaja en el ajo. Y su esposa, Graciela, “desde que tiene memoria”. Cuando era niña acompañaba a sus padres y creció en la cosecha y el empaque. “Desde siempre fuimos explotados”, resume.
La jornada arranca a las 6, media hora de descanso al mediodía y llegaban a trabajar hasta la medianoche, siempre en falsas cooperativas que responden a alguna de las diez empresas que dominan el sector. El kilo de ajo lo pagan 30 centavos al productor y luego lo venden a Europa por nueve euros. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. “Todo es explotación. Desde lo que se paga al pequeño productor por la cosecha hasta lo que toca al trabajador. Nosotros, autogestivamente, cobramos el doble y también pagamos el doble a los pequeños productores”, remarca orgulloso Bravo.
La producción de frutas en Río Negro tiene tradición en mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llegan desde el norte del país. Incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para “facilitar” los jornaleros. Desde la Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán se pagan los micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales- migran por temporada. La primera quincena de enero los envían a Río Negro (unas once mil personas). El resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. “Todos en blanco”, se apuran a aclarar en las gacetillas oficiales, donde se reconoce que se moviliza a familias enteras.
Escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. El gobierno nacional sostiene que, en el campo, el “trabajo no registrado” es del 50 por ciento, en base a al Censo Nacional de 2001, la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales). Pero Uatre maneja otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil “en negro”.
El libro “Los asalariados del campo en la Argentina”, editado por la entonces Secretaría de Agricultura y realizado por seis investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-Piette), encabezado por el sociólogo Guillermo Neiman, precisa en base a datos oficiales: en el 2001, el 8,9 por ciento de los asalariados argentinos se desempeña en el campo (894 mil personas), de los cuales el 54 por ciento son empleados, 25 por ciento trabajadores “por cuenta propia”, 12 por ciento familiares y 9 por ciento son empleadores. Casi un tercio de los establecimientos agropecuarios (104 mil) cuentan con trabajadores transitorios.
En Río Negro las denuncias se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner (como todos los años en época de cosecha) las denuncias. Cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.
En diciembre volvieron a repetirse las denuncias. Partieron de mujeres santiagueñas que, desde la provincia norteña, denunciaron el trato que padecían sus esposos, hijos y hermanos en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento, les pagaban menos de lo pautado, los alimentos a precios altos y efectivos policiales golpeaban a quienes querían abandonar el trabajo.
“Ahí están, hormigueando entre las plantas verdes, con sus caras oscuras, sus ropas remendadas, sus manos ennegrecidas: la muchedumbre de los tarefereos (cosechadores de yerba). Hombres, mujeres, chicos, el trabajo no hace distingos (…) La yerba, la gran riqueza de Misiones construida sobre un mar de sufrimientos”. Escrito en 1966 por Rodolfo Walsh en la revista Panorama. Detalla que apenas ganan para el pan, no pueden comprar más de medio kilo de carne a la semana, trabajadores explotados que sobreviven a mate.
“La situación es la misma. O peor”, afirma Sonia Lemos, 30 años, delegada del flamante Sindicato de Tareferos de Misiones, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de una industria millonaria. La tarefa consiste en podar la planta y separar la hoja del palo. Se acumula sobre plásticos abiertos como mantel, donde se acumula el montículo de yerba. Luego se unen las puntas y forman una gran bolsa: el “raído”. Trabaja toda la familia y cada raído se lo pagan trece pesos.
“Con mucha suerte, cuatro raídos hacemos. Pero hay veces que sólo dos”, explica Lemos. Traducido: por día de trabajo obtienen entre 26 y 52 pesos.
“No queremos que ningún hijo nuestro muera más de hambre en Misiones”, reclamaron los mismos tareferos en noviembre pasado, cuando llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la explotación laboral, salarial y la criminalización que padecen que reclamar. Ante el abandono de la Uatre, se organizaron para enfrentar la explotación de largas jornadas de trabajo, paga escasa y la condena a un círculo de pobreza.
El objetivo era visibilizar la situación que ya se había cobrado la muerte de dos niños por desnutrición. “Nos duele reconocer que el hambre está instalado en nuestras casas desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en uno de los dolores más difíciles de enfrentar porque con ella no se puede pensar, no se puede trabajar. De hambre nos estamos enfermando y muriendo”, denunciaron y se movilizaron hasta el Obelisco porteño con una consigna que interpelaba en busca de solidaridad: “Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos”.
No los recibió ningún funcionario. Ni siquiera lograron que el Anses cumpla con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente. Volvieron con las manos vacías. “Siempre nos explotaron, pero ahora estamos organizados. No es fácil, pero en eso estamos. Éramos sólo veinte, ahora ya somos 300. Será largo, ya no creemos en los contratistas ni políticos, haremos valer nuestros derechos”, advierte firma la delegada gremial.
A mediados de enero volvieron a reclamar mejoras y evidenciar la falta de respuesta estatal. La última semana de enero hicieron público que en Caraguatay (centro de la provincia) había trabajadores en negro, con largas jornadas de trabajo, hacinamiento, niños en los yerbales, sin camas ni colchones, sin agua ni baños, pago en vales, sin heladera, con la carne cruda colgada a la intemperie. Trabajaban en esas condiciones toda la semana, por una paga de 120 pesos a la semana.
Guillermo Neiman es sociólogo, investigador del Conicet y coordinador académico de la maestría en estudios sociales agrarios de Flacso. “La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado”, resume. Afirma que el “trabajo precario” rural es tan histórico como generalizado, y cuestiona a los empresarios agrarios: “Por el nivel de rentabilidad del agro actual no se entiende que sigan manteniendo el trabajo precario. No se justifica de ninguna manera, desde una lógica de rentabilidad, que los salarios sean tan bajos y que permanezca el trabajo en negro”.
Denuncia que para el campo no hay estadísticas actualizadas. Reconoce que deben manejarse con el entrecruce del Censo Nacional 2001 y el Censo Agropecuario de 2002, que es contestado por los patrones, no por los trabajadores. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza en ciudades, por lo cual vuelve a quedar afuera el sector rural. “Hay personas que no quieren que se conozca la realidad rural, donde no hay dudas que la pobreza y la desocupación son superiores a la publicitada, que siempre es una proyección de lo urbano”, afirma.
Neiman explica que la explotación laboral no se da sólo en el trabajador “golondrina”, sino también en el permanente, aunque siempre es mayor en los trabajos estacionales, donde se requiere mano de obra intensiva por época. “Los controles son insuficientes. Es necesaria una participación actividad del Estado, es el único que puede modificar el trabajo rural precario”, insta a actuar.
Diego Domínguez es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. No naturaliza ni resta importancia a la explotación laboral en el campo, pero encuentra una coherencia histórica en la clase dirigente: “Argentina se elevó como Nación sobre la esclavitud encubierta de los gauchos y los indígenas. Entonces hoy no sorprende que, bajo el discurso de un agro exitoso, hombres, mujeres y niños padezcan la peor explotación, es una continuidad histórica”.
Hacinamiento, largas jornadas, paga mínima, incumplimiento de todos los derechos laborales. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.
“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal (…) He visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría (…) el trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha”. Fechado el 30 de abril de 1904, escrito por Juan Bialet Massé, en su histórico “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas”, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas a vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada en el campo profundo. Radiografía del trabajo rural, un círculo de pobreza e injusticias que se repite desde hace más de un siglo. De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres “tachan”, que implica el cargado del recipiente y lo descargan en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, donde –si no hay despido antes– se cobra. Todo depende de la pericia, y suerte. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.
“Los cosechadores son llevados en camiones a las fincas como vacas. Y en muchos casos los trabajadores golondrinas están en carpas tipo circo donde duermen todos amontonados, cocinan con fuego al aire libre, sin luz y el agua se la venden. Se trabaja de sol a sol y acá los calores son mortales, lo que le agrega un condimento extra porque el sol cuyano es muy bravo. Los baños no existen. La paga es una miseria, sólo para sobrevivir”, explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización que practica el trabajo cooperativo, los alimentos sanos (libres de agroquímicos) y el comercio justo. Un ejemplo es su vino “Campesino”, libre de explotación laboral.
También en Mendoza, idéntica explotación padecen los trabajadores del ajo. Las denuncias públicas y judiciales recaen, entre otras, sobre la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero, que en realidad es una empresa con 17.000 trabajadores obligados a inscribirse como monotributistas y soportaban condiciones de explotación, insalubridad, hacinamiento y trabajo infantil.
En noviembre de 2008 un grupo de trabajadores se rebeló y comenzó una manifestación en el frente de la empresa, en el departamento de Maipú. Denunciaron la explotación en sus tres eslabones: siembra, cosecha y empaque. Sobrevino la represión policial y, producto de las heridas, la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo.
“Siempre nos explotaron, trabajábamos hasta 16 horas. Pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato y el gobierno nos dejaron solos, pero salimos adelante”, relata Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y Afines (Sitraaj).
Hace seis años que trabaja en el ajo. Y su esposa, Graciela, “desde que tiene memoria”. Cuando era niña acompañaba a sus padres y creció en la cosecha y el empaque. “Desde siempre fuimos explotados”, resume.
La jornada arranca a las 6, media hora de descanso al mediodía y llegaban a trabajar hasta la medianoche, siempre en falsas cooperativas que responden a alguna de las diez empresas que dominan el sector. El kilo de ajo lo pagan 30 centavos al productor y luego lo venden a Europa por nueve euros. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. “Todo es explotación. Desde lo que se paga al pequeño productor por la cosecha hasta lo que toca al trabajador. Nosotros, autogestivamente, cobramos el doble y también pagamos el doble a los pequeños productores”, remarca orgulloso Bravo.
La producción de frutas en Río Negro tiene tradición en mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llegan desde el norte del país. Incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para “facilitar” los jornaleros. Desde la Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán se pagan los micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales- migran por temporada. La primera quincena de enero los envían a Río Negro (unas once mil personas). El resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. “Todos en blanco”, se apuran a aclarar en las gacetillas oficiales, donde se reconoce que se moviliza a familias enteras.
Escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. El gobierno nacional sostiene que, en el campo, el “trabajo no registrado” es del 50 por ciento, en base a al Censo Nacional de 2001, la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales). Pero Uatre maneja otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil “en negro”.
El libro “Los asalariados del campo en la Argentina”, editado por la entonces Secretaría de Agricultura y realizado por seis investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-Piette), encabezado por el sociólogo Guillermo Neiman, precisa en base a datos oficiales: en el 2001, el 8,9 por ciento de los asalariados argentinos se desempeña en el campo (894 mil personas), de los cuales el 54 por ciento son empleados, 25 por ciento trabajadores “por cuenta propia”, 12 por ciento familiares y 9 por ciento son empleadores. Casi un tercio de los establecimientos agropecuarios (104 mil) cuentan con trabajadores transitorios.
En Río Negro las denuncias se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner (como todos los años en época de cosecha) las denuncias. Cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.
En diciembre volvieron a repetirse las denuncias. Partieron de mujeres santiagueñas que, desde la provincia norteña, denunciaron el trato que padecían sus esposos, hijos y hermanos en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento, les pagaban menos de lo pautado, los alimentos a precios altos y efectivos policiales golpeaban a quienes querían abandonar el trabajo.
“Ahí están, hormigueando entre las plantas verdes, con sus caras oscuras, sus ropas remendadas, sus manos ennegrecidas: la muchedumbre de los tarefereos (cosechadores de yerba). Hombres, mujeres, chicos, el trabajo no hace distingos (…) La yerba, la gran riqueza de Misiones construida sobre un mar de sufrimientos”. Escrito en 1966 por Rodolfo Walsh en la revista Panorama. Detalla que apenas ganan para el pan, no pueden comprar más de medio kilo de carne a la semana, trabajadores explotados que sobreviven a mate.
“La situación es la misma. O peor”, afirma Sonia Lemos, 30 años, delegada del flamante Sindicato de Tareferos de Misiones, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de una industria millonaria. La tarefa consiste en podar la planta y separar la hoja del palo. Se acumula sobre plásticos abiertos como mantel, donde se acumula el montículo de yerba. Luego se unen las puntas y forman una gran bolsa: el “raído”. Trabaja toda la familia y cada raído se lo pagan trece pesos.
“Con mucha suerte, cuatro raídos hacemos. Pero hay veces que sólo dos”, explica Lemos. Traducido: por día de trabajo obtienen entre 26 y 52 pesos.
“No queremos que ningún hijo nuestro muera más de hambre en Misiones”, reclamaron los mismos tareferos en noviembre pasado, cuando llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la explotación laboral, salarial y la criminalización que padecen que reclamar. Ante el abandono de la Uatre, se organizaron para enfrentar la explotación de largas jornadas de trabajo, paga escasa y la condena a un círculo de pobreza.
El objetivo era visibilizar la situación que ya se había cobrado la muerte de dos niños por desnutrición. “Nos duele reconocer que el hambre está instalado en nuestras casas desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en uno de los dolores más difíciles de enfrentar porque con ella no se puede pensar, no se puede trabajar. De hambre nos estamos enfermando y muriendo”, denunciaron y se movilizaron hasta el Obelisco porteño con una consigna que interpelaba en busca de solidaridad: “Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos”.
No los recibió ningún funcionario. Ni siquiera lograron que el Anses cumpla con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente. Volvieron con las manos vacías. “Siempre nos explotaron, pero ahora estamos organizados. No es fácil, pero en eso estamos. Éramos sólo veinte, ahora ya somos 300. Será largo, ya no creemos en los contratistas ni políticos, haremos valer nuestros derechos”, advierte firma la delegada gremial.
A mediados de enero volvieron a reclamar mejoras y evidenciar la falta de respuesta estatal. La última semana de enero hicieron público que en Caraguatay (centro de la provincia) había trabajadores en negro, con largas jornadas de trabajo, hacinamiento, niños en los yerbales, sin camas ni colchones, sin agua ni baños, pago en vales, sin heladera, con la carne cruda colgada a la intemperie. Trabajaban en esas condiciones toda la semana, por una paga de 120 pesos a la semana.
Guillermo Neiman es sociólogo, investigador del Conicet y coordinador académico de la maestría en estudios sociales agrarios de Flacso. “La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado”, resume. Afirma que el “trabajo precario” rural es tan histórico como generalizado, y cuestiona a los empresarios agrarios: “Por el nivel de rentabilidad del agro actual no se entiende que sigan manteniendo el trabajo precario. No se justifica de ninguna manera, desde una lógica de rentabilidad, que los salarios sean tan bajos y que permanezca el trabajo en negro”.
Denuncia que para el campo no hay estadísticas actualizadas. Reconoce que deben manejarse con el entrecruce del Censo Nacional 2001 y el Censo Agropecuario de 2002, que es contestado por los patrones, no por los trabajadores. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza en ciudades, por lo cual vuelve a quedar afuera el sector rural. “Hay personas que no quieren que se conozca la realidad rural, donde no hay dudas que la pobreza y la desocupación son superiores a la publicitada, que siempre es una proyección de lo urbano”, afirma.
Neiman explica que la explotación laboral no se da sólo en el trabajador “golondrina”, sino también en el permanente, aunque siempre es mayor en los trabajos estacionales, donde se requiere mano de obra intensiva por época. “Los controles son insuficientes. Es necesaria una participación actividad del Estado, es el único que puede modificar el trabajo rural precario”, insta a actuar.
Diego Domínguez es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. No naturaliza ni resta importancia a la explotación laboral en el campo, pero encuentra una coherencia histórica en la clase dirigente: “Argentina se elevó como Nación sobre la esclavitud encubierta de los gauchos y los indígenas. Entonces hoy no sorprende que, bajo el discurso de un agro exitoso, hombres, mujeres y niños padezcan la peor explotación, es una continuidad histórica”.
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