viernes 2 de marzo de 2012 Argenpress
PL
La
situación, muy sensible para las partes desde la represión del 5 de
febrero en San Félix, Chiriquí, que dejó al menos dos muertos en las
filas indígenas y heridos aún hospitalizados, se ha complicado con un
nuevo episodio de violencia.
Lo
grave es que en esta ocasión fue en el mismo corazón de la capital, en
el parque aledaño a la Asamblea Nacional, en los límites de la Plaza 5
de Mayo, donde cuatro ngöbes fueron heridos por balas de goma disparadas
por los guardias de seguridad del Legislativo.
El
jefe de la guarnición, Juan Vallarino, justificó el exabrupto al
argumentar que los indígenas, quienes libaban alcohol y fumaban
marihuana según él, amenazaron a la seguridad del personal contra
quienes lanzaron piedras, una de las cuales golpeó en una pierna a un
agente. Tenían, además, machetes y otras armas, añadió.
Los
indígenas pidieron que les realizaran pruebas de alcoholemia, pero no
se les practicó, negaron tener armas y calificaron a Vallarino de
mentiroso. Los ánimos estaban muy caldeados.
Este
admitió que sus hombres hicieron 15 disparos con un arma utilizada para
jugar Paintball. Lo cierto es que cuatro ngöbes tuvieron que ser
atendidos en el propio parque por la Cruz Roja y mostraron a periodistas
y fotógrafos laceraciones causadas por los proyectiles de goma.
Las fotos están en todos los diarios al igual que los nombres y apellidos de los lesionados.
El
incidente provocó que los dirigentes indígenas en las negociaciones,
incluida la cacica Silvia Carrera y el presidente de la Coordinadora
Rogelio Montezuma, abandonaran la sala de reuniones y sembraran aún más
dudas sobre el devenir del caso.
Mientras
eso sucedía en la capital, la situación también se enrarecía en Viguí,
punto limítrofe entre Veraguas y Chiriquí, en Horconcito, El Salado y
San Félix y a la altura del puente de Pacora en Panamá Este, donde hubo
cierres de carreteras.
Los
colores de la guerra volvieron a pintar los rostros de los indígenas al
punto que la cacica tuvo que declarar que si no se llegaba a un acuerdo
la situación podía salirse de su cauce. El ambiente estaba tan tirante
que el gobierno convocó de urgencia por la noche en el Palacio
Presidencial una inusual rueda de prensa en la que Fábrega pidió a los
ngöbes acudir hoy al diálogo, aunque repitió en tres ocasiones que no
accederán a la demanda indígena.
El
incidente de la Asamblea, más que la gravedad intrínseca del hecho en
sí, tiene de trascendente que pone en evidencia el grado de
hipersensibilidad al que ha conducido una negociación que hasta ahora
solamente ha servido para medir fuerzas.
Esto
ha hecho que la encrucijada de las hidroeléctricas, paradójicamente,
carezca de bifurcaciones. No hay atajos, ni trochas, ni caminos, ni
cruces porque las partes no dan alternativas.
Todo
se reduce hasta ahora a una superposición de criterios con intereses
contrapuestos y en apariencias irreconciliables, en la que es casi un
imposible adivinar cuál va a preponderar, si es que alguno lo hace, en
la lógica del desencuentro, y esa es una perspectiva realmente muy poco
esperanzadora.
http://www.argenpress.info/2012/03/incertidumbre-y-tension-entre-gobierno.htmlPanamá: Este desarrollo me hace pobre
viernes 2 de marzo de 2012- Argenpress
Por Marco A. Gandásegui (h)
En
todo proceso de negociaciones tienen que existir ciertas bases que son
respetadas por las distintas partes. Sobre todo, el mediador - si existe
- tiene que tener en sus manos estos lineamientos para asegurar la
claridad del proceso y el éxito de las negociaciones. En el caso del
“diálogo”, desde un principio el mediador debió haber identificado las
causas del conflicto y sentado las bases sobre las cuales se
“dialogaría”.
La
falta de transparencia quizás fue un descuido por parte de la mediación.
El gobierno, por su lado, no tenía interés alguno en llegar a un
arreglo que beneficiara a todas las partes. En el caso de los
ngobe-buglé, llegaron a la mesa creyendo - equivocadamente - que las
reglas estaban claras.
Para
comenzar, la causa del conflicto fue el desconocimiento por parte del
gobierno nacional del acuerdo suscrito en febrero de 2011 por el cual se
prohibiría la construcción de hidroeléctricas en la comarca Ngobe-Bugle
y sus territorios adyacentes. Las protestas y los dos muertos (producto
de la represión desmedida del gobierno) causados por la introducción
del proyecto de ley gubernamental en la Asamblea de Diputados en enero
de 2012, condujo a un nuevo acuerdo en San Lorenzo mediante el cual se
llevó el diferendo a una mesa de diálogo en la Asamblea.
El
“diálogo” se reduce, entonces, a un solo punto: ¿Está el gobierno
nacional dispuesto a cumplir con la palabra comprometida en febrero de
2011 de no permitir la realización de proyectos hidroeléctricos en la
Comarca? Veamos primero cuales son las bases sobre las cuales se debió
desarrollar el diálogo, antes de revisar el papel que han tenido la
parte mediadora y la posición de las partes.
¿Cuáles
son las bases sobre la cuales debió proceder la mediación para buscar
una solución al conflicto entre las partes? A nuestro entender, hay
cuatro elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para que las
partes juzguen la validez de la palabra dada por el gobierno en febrero
de 2011 .
Por un
lado, la Constitución Política de la República. Dice casi textualmente
que el gobierno respetará la propiedad colectiva de los pueblos
indígenas dentro de sus comarcas.
En
segundo lugar, las leyes de la República, especialmente las que tienen
que ver con la figura de la Comarca. La ley que creó la Comarca Ngobe
Buglé estipula que todo proyecto originado desde fuera debe ser objeto
de consulta y aprobación por parte de las instancias representativas del
pueblo indígena.
Tercero,
los acuerdos entre el gobierno y los pueblos ngobe y buglé. En este
caso habría que poner sobre la mesa los acuerdos de San Félix de febrero
de 2011 donde el presidente Ricardo Martinelli dio su palabra de que no
se realizarían proyectos en la Comarca.
Por
último, cualquier otro aporte que la mediación considere pertinente y
que es aceptada por las partes. El padre Lacunza, de la Iglesia
católica, a nombre de la mediación considero oportuno - sin razón -
plantear que los indígenas tenían que someterse a las necesidades del
Estado panameño para que las negociaciones tuvieran éxito. Lacunza es un
excelente teólogo pero no tiene formación en ciencias políticas y
desconoce que el “diálogo” se produce a nivel de una instancia del
Estado. El gobierno (Ejecutivo) y la Asamblea (Legislativo) son, según
la Constitución, “órganos del Estado”. A su vez, los pueblos ngobe y
buglé también son reconocidos por la Carta magna como entes políticos y
deliberantes.
En la
mesa de “diálogo” están las partes del Estado (según la definición de la
Constitución) negociando a nombre de sus intereses. Obviamente, la
negociación es asimétrica. El Ejecutivo (gobierno) tiene en sus manos
todo el poder material (recursos financieros, militares, legales e,
incluso, culturales) y no pretende ceder en sus intenciones. En cambio,
los indígenas sólo tienen su voluntad y determinación de proteger su
tierra, apoyado por su espíritu de lucha.
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