Germán Aranda | Río de Janeiro
Actualizado lunes 23/04/2012
Para encontrar casos de mano de obra forzada en Brasil, no es
necesario bucear en archivos históricos del siglo XIX anteriores a la
abolición de la esclavitud, fechada en 1888 mediante la histórica Ley
Áurea. Basta con echar una ojeada a últimas noticias para saber que 50
trabajadores fueron flagrados por el Ministerio Público en condiciones
análogas a la esclavitud en las obras de un conjunto habitacional (para
más colmo, un proyecto público encargado a la constructora Croma) de Bofete, estado de São Paulo.
No sólo no se trata de un caso aislado, sino que además la mayoría de responsables de estas prácticas consigue esquivar la ley o bien recibir castigos de lo más tibios.
Los esfuerzos del Gobierno por erradicar las nuevas formas de esclavitud se han reflejado en una lista sucia con los nombres de las empresas que la han practicado (entre las cuales está Zara Brasil) y en la creación de una unidad móvil de inspección que busca casos de trabajo forzado.
La escandalosa cifra que surge de este trabajo es que entre 1995 y 2011, 41.451 trabajadores fueron rescatados en los 3.165 establecimientos inspeccionados, según los datos que maneja la comisión de derechos humanos y minorías del congreso de Brasil.
Son, sin embargo, muy pocos los que responden ante la ley, y algunos de ellos lo han hecho pagando nimias multas que les permiten volver a delinquir. La comisión de derechos humanos de la cámara baja de Brasil viene lanzando una campaña para concienciar a población de este problema y para conseguir una presión social que les permita conseguir al fin una votación favorable para su propuesta de enmienda constitucional.
Llevan ocho años intentando que se apruebe esta modificación que haría que, en vez de ser desapropiados (o sea, indemnizados por el estado después de que les quiten las propiedades), los esclavistas sean expropiados, es decir, que pierdan todo su negocio y sus tierras tras practicar el trabajo forzado. Pero las numerosas ausencias a las votaciones de dicha enmienda vienen impidiendo que se apruebe el proyecto.
"La extrema pobreza, la poca visibilidad debido al gran tamaño del país y la falta de castigos severos favorecen las prácticas esclavistas", denuncia Domingos Dutra, del gobernador Partido de los Trabajadores (PT) y presidente de la comisión por los derechos humanos de la cámara baja.
Dutra no puede, sin embargo, mantener un discurso como el de su compañero en la causa Chico Alencar, del opositor e izquierdista PSOL: "La gobernabilidad amplia las alianzas con los ruralistas". La denuncia va dirigida al lobby político formado por políticos de diversos partidos cercanos a los intereses de los grandes hacenderos del país. Se trata del mismo grupo que intenta conseguir un código forestal poco severo con las deforestaciones, contrario al que propone el gobierno, por lo cual su aprobación se viene posponiendo desde hace meses.
http://www.elmundo.es/america/2012/04/23/brasil/1335155360.html?cid=GNEW970103
No sólo no se trata de un caso aislado, sino que además la mayoría de responsables de estas prácticas consigue esquivar la ley o bien recibir castigos de lo más tibios.
Los esfuerzos del Gobierno por erradicar las nuevas formas de esclavitud se han reflejado en una lista sucia con los nombres de las empresas que la han practicado (entre las cuales está Zara Brasil) y en la creación de una unidad móvil de inspección que busca casos de trabajo forzado.
La escandalosa cifra que surge de este trabajo es que entre 1995 y 2011, 41.451 trabajadores fueron rescatados en los 3.165 establecimientos inspeccionados, según los datos que maneja la comisión de derechos humanos y minorías del congreso de Brasil.
Son, sin embargo, muy pocos los que responden ante la ley, y algunos de ellos lo han hecho pagando nimias multas que les permiten volver a delinquir. La comisión de derechos humanos de la cámara baja de Brasil viene lanzando una campaña para concienciar a población de este problema y para conseguir una presión social que les permita conseguir al fin una votación favorable para su propuesta de enmienda constitucional.
Llevan ocho años intentando que se apruebe esta modificación que haría que, en vez de ser desapropiados (o sea, indemnizados por el estado después de que les quiten las propiedades), los esclavistas sean expropiados, es decir, que pierdan todo su negocio y sus tierras tras practicar el trabajo forzado. Pero las numerosas ausencias a las votaciones de dicha enmienda vienen impidiendo que se apruebe el proyecto.
"La extrema pobreza, la poca visibilidad debido al gran tamaño del país y la falta de castigos severos favorecen las prácticas esclavistas", denuncia Domingos Dutra, del gobernador Partido de los Trabajadores (PT) y presidente de la comisión por los derechos humanos de la cámara baja.
Dutra no puede, sin embargo, mantener un discurso como el de su compañero en la causa Chico Alencar, del opositor e izquierdista PSOL: "La gobernabilidad amplia las alianzas con los ruralistas". La denuncia va dirigida al lobby político formado por políticos de diversos partidos cercanos a los intereses de los grandes hacenderos del país. Se trata del mismo grupo que intenta conseguir un código forestal poco severo con las deforestaciones, contrario al que propone el gobierno, por lo cual su aprobación se viene posponiendo desde hace meses.
http://www.elmundo.es/america/2012/04/23/brasil/1335155360.html?cid=GNEW970103
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