En América Latina viven más de 12,8 millones de niños/as indígenas, de los cuales el 60% reside en zonas rurales. Independientemente del territorio en el que habiten, sus condiciones de vida están marcadas por profundas inequidades y continuas violaciones de derechos.[1] Mientras el 63% de los niños y niñas de nuestro continente sufren algún tipo de pobreza, las tasas referidas a la niñez indígena son aún más alarmantes, alcanzando un 88%.[2] En este contexto, desde Equidad para la Infancia, consideramos fundamental abordar los determinantes de las inequidades que afectan a la niñez indígena, así como la diversidad de sus prácticas culturales y modos de vida, con vistas a fortalecer procesos y políticas de reconocimiento e igualdad.
Las desigualdades económicas que afectan de modo profundo a los pueblos originarios se imbrican con la histórica marginación social y política fruto de la estratificación social de base racista forjada en épocas coloniales, pero que continúa dejando sus huellas en la actualidad. Es en un escenario histórico de resistencia y lucha de los movimientos sociales indígenas, que debemos situar los alcances en términos de los pactos internacionales y las reformas constitucionales que a partir de la segunda mitad del siglo XX pasaron a reconocer los derechos individuales y colectivos de estos pueblos, siendo el principal instrumento el Convenio 169 de la OIT de 1989.[3]
No obstante los avances normativos y sin
desconocer la enorme variabilidad propia de cada realidad nacional, el
proceso de implementación de políticas públicas para la garantía de los
derechos de los pueblos originarios en los países latino-americanos es
extremadamente lento y deficiente.
Entre los factores que obstaculizan el
cumplimiento de las normativas, se encuentra el modelo de desarrollo
regional de tendencia extractivo-exportadora que colisiona con los modos
de vida tradicionales de los pueblos originarios, reactualizando
conflictos históricos vinculados a la posesión de las tierras
ancestralmente ocupadas por dichos pueblos,[4]
violando el derecho al territorio así como el de ser consultados sobre
los temas que les conciernen. Las consecuencias de estos conflictos se
traducen en múltiples formas de violencia, represión y homicidios contra
los pueblos originarios, con efectos aún más nefastos para los niños y
las niñas.[5]
En lo que atañe a otro derecho fundamental como
es la educación, hay una enorme brecha que impide que los/as niños/as
indígenas puedan ejercer este derecho en pie de igualdad con el resto la
sociedad (como dispone el artículo 26 del Convenio 169). En este
sentido, asegurar la pertinencia del currículo y el carácter
intercultural y bilingüe de los procesos educativos continua siendo un
gran desafío.
Hay todavía un largo camino a recorrer para
garantizar una educación respetuosa de las diversidades
étnico-culturales que cuente con la participación activa de los pueblos
indígenas en su diseño e implementación, de modo que contemple sus
conocimientos y sistemas de valores y que responda a sus necesidades
particulares (como prevé el artículo 27 del mismo convenio). Por otro
lado, al no contar con escuelas cercanas a sus comunidades, los/as
niños/as indígenas que viven en zonas rurales, muchas veces se ven
obligados a desplazarse largas distancias para poder estudiar. A esto se
suman otros problemas como las instalaciones deficientes, la falta de
recursos materiales y tecnológicos y las precarias condiciones laborales
de los/as maestros/as.
Desde Equidad para la Infancia América Latina
esperamos que los materiales aquí disponibilizados fomenten una mirada
crítica sobre los problemas que afectan a los niños y las niñas
indígenas, así como el respeto a sus tradiciones y la garantía plena de
sus derechos. La construcción de la igualdad respetuosa de la diversidad
implica, creemos, la remoción de las causas de desigualdades e
inequidades en cada contexto de la vida de las niñas y los niños.
NOTAS
[3] El
Convenio 169 de la OIT se ha consolidado como una herramienta imprescindible
para la defensa de los derechos indígenas siendo el único instrumento jurídico
internacional de carácter vinculante que trata específicamente del tema. Entre
los derechos individuales y colectivos asegurados, se encuentran: el
reconocimiento y la protección de los valores y prácticas socio-culturales y
espirituales, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y
territorios que tradicionalmente ocupan, el derecho a decidir sobre sus
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y el derecho a la consulta
libre, previa e informada cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente.
2010110334865/1/OWP_Working_Paper_2010_01.pdf / http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/123/111
“Cuando el
pueblo originario defiende su tierra tenemos en claro que corre sangre”.
Criança atropelada é a sexta morte em acampamento Guarani Kaiowá: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=6777
Com Belo Monte, violência sexual contra criança e adolescente cresce
138%: http://www.xinguvivo.org.br/2011/10/11/com-belo-monte-violencia-sexual-contra-crianca-e-adolescente-cresce-138/
[6]http://www.equidadeparaainfancia.org/demandas-por-politicas-de-seguran%C3%A7a-que-garantam-os-direitos-da-inf%C3%A2ncia-921/index.html
http://www.equidadparalainfancia.org/-infancias-indigenas-diversidad,-dignidad-e-igualdad-de-derechos--1204/index.html?utm_medium=Email&utm_source=Newsletters&utm_campaign=Infancias+ind%C3%ADgenas%3a+diversidad%2c+dignidad+e+igualdad+de+derechos
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