Por Samuel Farber · · · · · Samuel Farber nació y se crió en Cuba y ha escrito numerosos artículos y libros sobre dicho país. Su libro más reciente es Cuba Since The Revolution of 1959. A Critical Assessment, publicada por Haymarket Books en el 2011.
Aryeh Neier es posiblemente la figura más importante del movimiento de derechos humanos en los Estados Unidos. Actualmente es el presidente de las “Open Society Foundations” de George Soros. Antes de eso fue el fundador y Director Ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), la organización sucesora de Helsinki y Americas Watch, y antes aún fue el Director Nacional del American Civil Liberties Union (ACLU).
Su libro, The International Human Rights Movement. A History (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012, 379 páginas), es un relato interesante, útil y detallado del movimiento de derechos humanos contemporáneo. En él traza los orígenes del movimiento a la fundación de Amnistía Internacional en 1961, aunque indica que el movimiento verdaderamente despegó a mediados y finales de los setentas con la fundación, en 1978, de Helsinki Watch, dedicada a la Europa Oriental, y unos años más tarde, en 1981, de Americas Watch, dedicada a América Latina. Para Neier, las organizaciones de derechos humanos surgen en los setentas y ochentas impulsadas por varios eventos que se dan sucesivamente, como el golpe de Pinochet en Chile en el 1973, y la represión sangrienta que le siguió – con la complicidad del Secretario de Estado Henry Kissinger y el gobierno de Nixon; los motines de Soweto en Sur Africa y el asesinato de Steve Biko en el 1976, y el desarrollo del boycott económico contra dicho país; el movimiento disidente del Muro de la Democracia que estalló en China en el 1978; y las actividades de los disidentes en la URSS y Europa del Este que conllevó, en el caso de Polonia, al nacimiento del movimiento de masas Solidarnosc en 1980.
Aryeh Neier es posiblemente la figura más importante del movimiento de derechos humanos en los Estados Unidos. Actualmente es el presidente de las “Open Society Foundations” de George Soros. Antes de eso fue el fundador y Director Ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), la organización sucesora de Helsinki y Americas Watch, y antes aún fue el Director Nacional del American Civil Liberties Union (ACLU).
Su libro, The International Human Rights Movement. A History (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012, 379 páginas), es un relato interesante, útil y detallado del movimiento de derechos humanos contemporáneo. En él traza los orígenes del movimiento a la fundación de Amnistía Internacional en 1961, aunque indica que el movimiento verdaderamente despegó a mediados y finales de los setentas con la fundación, en 1978, de Helsinki Watch, dedicada a la Europa Oriental, y unos años más tarde, en 1981, de Americas Watch, dedicada a América Latina. Para Neier, las organizaciones de derechos humanos surgen en los setentas y ochentas impulsadas por varios eventos que se dan sucesivamente, como el golpe de Pinochet en Chile en el 1973, y la represión sangrienta que le siguió – con la complicidad del Secretario de Estado Henry Kissinger y el gobierno de Nixon; los motines de Soweto en Sur Africa y el asesinato de Steve Biko en el 1976, y el desarrollo del boycott económico contra dicho país; el movimiento disidente del Muro de la Democracia que estalló en China en el 1978; y las actividades de los disidentes en la URSS y Europa del Este que conllevó, en el caso de Polonia, al nacimiento del movimiento de masas Solidarnosc en 1980.
Neier realza la política de derechos humanos del gobierno de Jimmy Carter (1977-1981), y especialmente el nombramiento por Carter de Patricia Derian como Secretaria Asistente de Estado para Derechos Humanos quien, según Neier, ayudó a rescatar muchas vidas de la junta militar en Argentina. Hay que notar, sin embargo, que Neier ignora que el mismo Carter apoyó las fuerzas conservadoras en El Salvador, los gobiernos dictatoriales en Korea del Sur e Indonesia, y abrió la puerta a la creación de los Contras en Nicaragua, lo que desmiente la retórica altisonante de su gobierno con respecto a su supuesta defensa absoluta de los derechos humanos.
Los logros de las organizaciones principales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, son indudables. El enorme número de denuncias y reportes que estas organizaciones han emitido con gran publicidad, detallando violaciones de derechos humanos en literalmente docenas de países en las últimas décadas han tenido un efecto significativo. No sólo han ayudado a salvar la vida y libertad de disidentes y oposicionistas, sino también han expandido y fortalecido los espacios sociales y políticos que estos últimos necesitan para llevar a cabo sus actividades. El trabajo de estas organizaciones fue especialmente apreciado durante la Guerra Fría, cuando, como señala Neier, el apoyo a las víctimas de la represión solía depender de consideraciones políticas e ideológicas y se enfocaba exclusivamente o bien en los regímenes despóticos de derecha, ó bien en las tiranías comunistas. En contraste, las nuevas organizaciones de derechos humanos, como dice Neier, “se identificaron… con las víctimas de los abusos de derechos humanos independientemente del cáracter ideológico o las alianzas geopolíticas de los gobiernos responsables de estas violaciones” (150).
Una decisión crítica que le permitió a Amnistía Internacional y a HRW (así como a sus antecesores) jugar un papel tan positivo en la defensa de los derechos humanos fue rehusar todo tipo de vínculo organizacional o financiero con cualquier gobierno, incluyendo el de Washington. Esto fue un avance importante que las diferenció de organizaciones más antiguas, como Freedom House, que dependían y siguen dependiendo financieramente de Washington. No es de sorprender que Freedom House haya seguido una política cercana a Washington, y que a veces se haya inclinado aún más a la derecha del gobierno que la financía. En cambio, las finanzas de Amnistía Internacional dependen de las cuotas y contribuciones de su numerosa membresía internacional, y Human Rights Watch depende del apoyo económico de fundaciones privadas e individuos acaudalados. Su antecesor Helsinki Watch, fue financiado inicialmente por las Fundaciones Ford y MacArthur. Es esta independencia económica de Washington lo que les ha permitido a estas organizaciones un grado significativo de libertad para denunciar los abusos cometidos por el gobierno norteamericano y sus aliados.
Sin embargo, la dependencia económica directa de Washington no es el único factor que limita la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de cumplir con su misión de manera independiente y principista. Las organizaciones principales (“mainstream”) de derechos humanos, especialmente Human Rights Watch, definen sus relaciones con los gobiernos de una manera un tanto ambigua. Por un lado parte, como lo explica Neier, HRW ve, con acierto, que la manera principal en la que puede promover los derechos es desde afuera “documentando abusos, llamando la atención a las discrepancias entre las acciones de los gobiernos y sus compromisos y obligaciones según la ley internacional; y publicando los resultados de sus investigaciones ampliamente para poner en aprietos a las autoridades responsables de estos abusos y, de esta manera, persuadirlos a que cambien su manera de actuar.” (80) Pero por otro lado, como Neier también explica en otra parte de su libro, las organizaciones de derechos humanos “tienen que proceder a través de interacciones constantes con gobiernos y agencias intergubernamentales.” (321) En algunos casos, esta “interacción” ha conllevado a HRW a conferir, quizás sin darse cuenta, un cierto grado de legitimidad a instituciones que no lo merecen, como en el caso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a la Comisión de Derechos Humanos que la reemplazó. Estos organismos están integrados por delegaciones que representan a gobiernos que pretenden apoyar los derechos humanos pero cuyos votos, de hecho, están basados en consideraciones de realpolitik. Neier mismo lo admite, cuando comenta que China ha estado protegida de la crítica internacional con respecto a sus abusos de derechos humanos debido al poder económico que posee, y cuando señala que, por lo menos hasta la Primavera Árabe de 2011, los países africanos y del Medio Oriente rehusaron criticarse mutuamente en el seno de la ONU, con respecto a sus respectivos historiales en materia de derechos humanos (231). Si bien los Relatores Especiales nombrado por estos organismos de la ONU han ocasionalmente desempeñado un papel valioso (110-111), la corrupción política en la Comisión de Derechos Humanos, y su antecesor, el Consejo de Derechos Humanos, ha llegado a un punto tal que uno no puede menos que preguntarse por qué las organizaciones de derechos humanos “interaccionan” con ellos confiriéndoles de esta manera una credibilidad y legitimidad que no merecen.
Mucho más preocupante que las relaciones con los organismos de derechos humanos de la ONU, es la “interacción” que las organizaciones de derechos humanos tienen con los gobiernos que controlan el poder político y económico del mundo, como el gobierno norteamericano.
Los logros de las organizaciones principales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, son indudables. El enorme número de denuncias y reportes que estas organizaciones han emitido con gran publicidad, detallando violaciones de derechos humanos en literalmente docenas de países en las últimas décadas han tenido un efecto significativo. No sólo han ayudado a salvar la vida y libertad de disidentes y oposicionistas, sino también han expandido y fortalecido los espacios sociales y políticos que estos últimos necesitan para llevar a cabo sus actividades. El trabajo de estas organizaciones fue especialmente apreciado durante la Guerra Fría, cuando, como señala Neier, el apoyo a las víctimas de la represión solía depender de consideraciones políticas e ideológicas y se enfocaba exclusivamente o bien en los regímenes despóticos de derecha, ó bien en las tiranías comunistas. En contraste, las nuevas organizaciones de derechos humanos, como dice Neier, “se identificaron… con las víctimas de los abusos de derechos humanos independientemente del cáracter ideológico o las alianzas geopolíticas de los gobiernos responsables de estas violaciones” (150).
Una decisión crítica que le permitió a Amnistía Internacional y a HRW (así como a sus antecesores) jugar un papel tan positivo en la defensa de los derechos humanos fue rehusar todo tipo de vínculo organizacional o financiero con cualquier gobierno, incluyendo el de Washington. Esto fue un avance importante que las diferenció de organizaciones más antiguas, como Freedom House, que dependían y siguen dependiendo financieramente de Washington. No es de sorprender que Freedom House haya seguido una política cercana a Washington, y que a veces se haya inclinado aún más a la derecha del gobierno que la financía. En cambio, las finanzas de Amnistía Internacional dependen de las cuotas y contribuciones de su numerosa membresía internacional, y Human Rights Watch depende del apoyo económico de fundaciones privadas e individuos acaudalados. Su antecesor Helsinki Watch, fue financiado inicialmente por las Fundaciones Ford y MacArthur. Es esta independencia económica de Washington lo que les ha permitido a estas organizaciones un grado significativo de libertad para denunciar los abusos cometidos por el gobierno norteamericano y sus aliados.
Sin embargo, la dependencia económica directa de Washington no es el único factor que limita la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de cumplir con su misión de manera independiente y principista. Las organizaciones principales (“mainstream”) de derechos humanos, especialmente Human Rights Watch, definen sus relaciones con los gobiernos de una manera un tanto ambigua. Por un lado parte, como lo explica Neier, HRW ve, con acierto, que la manera principal en la que puede promover los derechos es desde afuera “documentando abusos, llamando la atención a las discrepancias entre las acciones de los gobiernos y sus compromisos y obligaciones según la ley internacional; y publicando los resultados de sus investigaciones ampliamente para poner en aprietos a las autoridades responsables de estos abusos y, de esta manera, persuadirlos a que cambien su manera de actuar.” (80) Pero por otro lado, como Neier también explica en otra parte de su libro, las organizaciones de derechos humanos “tienen que proceder a través de interacciones constantes con gobiernos y agencias intergubernamentales.” (321) En algunos casos, esta “interacción” ha conllevado a HRW a conferir, quizás sin darse cuenta, un cierto grado de legitimidad a instituciones que no lo merecen, como en el caso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a la Comisión de Derechos Humanos que la reemplazó. Estos organismos están integrados por delegaciones que representan a gobiernos que pretenden apoyar los derechos humanos pero cuyos votos, de hecho, están basados en consideraciones de realpolitik. Neier mismo lo admite, cuando comenta que China ha estado protegida de la crítica internacional con respecto a sus abusos de derechos humanos debido al poder económico que posee, y cuando señala que, por lo menos hasta la Primavera Árabe de 2011, los países africanos y del Medio Oriente rehusaron criticarse mutuamente en el seno de la ONU, con respecto a sus respectivos historiales en materia de derechos humanos (231). Si bien los Relatores Especiales nombrado por estos organismos de la ONU han ocasionalmente desempeñado un papel valioso (110-111), la corrupción política en la Comisión de Derechos Humanos, y su antecesor, el Consejo de Derechos Humanos, ha llegado a un punto tal que uno no puede menos que preguntarse por qué las organizaciones de derechos humanos “interaccionan” con ellos confiriéndoles de esta manera una credibilidad y legitimidad que no merecen.
Mucho más preocupante que las relaciones con los organismos de derechos humanos de la ONU, es la “interacción” que las organizaciones de derechos humanos tienen con los gobiernos que controlan el poder político y económico del mundo, como el gobierno norteamericano.
“Interacción” es un concepto resbaloso que puede abarcar desde la tarea indispensable de enviar, presentar y publicar investigaciones, demandas y protestas al Pentágono, Departamento de Estado, Seguridad Doméstica (Homeland Security) u otros organismos gubernamentales pertinentes, hasta convertirse, en la práctica, en consejeros voluntarios de la política exterior del gobierno norteamericano. El haber asumido, en la práctica, este rol de consejero, ha conllevado a estas organizaciones a adoptar las premisas fundamentales del imperio para ser percibidas como “aceptables” y por lo tanto, dignas de ser escuchadas por los gobernantes en cuanto a sus propuestas para mejorar la política de derecho humanos del gobierno imperial. Hay que notar que en su libro Neier rechaza la política original de Amnistía Internacional establecida en los sesentas opuesta a tratar de influir la conducta de la política exterior de los Estados Unidos, porque según él “estaba tan preocupada por operar imparcialmente que sólo se hubiera enfocado en la política exterior de los Estados Unidos si pudiera haber hecho lo mismo con respecto a la política extranjera de la URSS, lo cual era imposible”. (205)
El concepto y práctica de aconsejar e interaccionar con el gobierno norteamericano está relacionado con el medio ambiente en el que se desenvuelven estas organizaciones de derechos humanos. Ese medio es el mundo de las ONG’s, con sus estrechas relaciones con las fundaciones que les proporcionan los fondos para sus operaciones, y que de varias maneras forjan sus puntos de vista. Es un mundo con sus propias carreras y oportunidades, y sus propias presunciones ideológicas sobre lo que se considera aceptable y legítimo. No son un mundo aislado: están conectados con Washington con el que han establecido un tráfico de ida y vuelta estimulado por las previamente mencionadas “interacciones”, especialmente cuando el Partido Demócrata está en el poder. Como parte de este ir y venir, los integrantes de estas organizaciones de derechos humanos y fundaciones obtienen empleos gubernamentales relacionados con la política exterior, como en el Departamento de Estado, y después regresan al mundo organizacional de los derechos humanos o vice versa. Un buen ejemplo es el nombramiento de Suzanne Nossel como Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional USA en enero del 2012. Ella había trabajado previamente para Hillary Clinton como Secretaria Asistente de Estado para Organizaciones Internacionales en el 2009; antes había sido Oficial Principal Encargada de Operaciones (Chief Operating Officer) de Human Rights Watch. Nossel formuló el término “Smart Power” (“Poder Inteligente”) para describir la política que ella apoyaba que proponía que los funcionarios politicos progresistas se “orientaran hacia la base principal de la política extranjera norteamericana del siglo veinte: el internacionalismo liberal, el cual propone que un sistema global de democracias estables tienden menos a emprender guerras”. Es así como, según Nossel, Washington pudiera ofrecer “un liderazgo afirmativo – diplomático, económico y ciertamente militar – para avanzar una amplia gama de metas: auto-determinación, derechos humanos, libre comercio, el imperio de la ley, desarrollo económico, y la cuarentena y eliminación de las armas de destrucción masiva” (1).
Basada en esta idea, al asumir el mando en Amnistía Internacional USA, Nossel patrocinó una campaña de apoyo a la intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán para según ella, tratar de proteger los derechos de las mujeres en ese país (2). La intervención de los Estados Unidos no funcionó así en la práctica: las mujeres afganas siguen, por regla general, siendo oprimidas bajo el yugo de las fuerzas opuestas al Taliban apoyadas por los Estados Unidos. El punto importante aquí, es sin embargo, que Nossel introdujo en Amnistía Internacional la noción de los Estados Unidos como el policía del mundo con el derecho de intervenir donde y cuando quiere.
El mundo de las organizaciones de derechos humanos comparte una ideología liberal implícita. Por lo tanto, tiene una “afinidad electiva” con los liberales, los que se han convertido en la fuente principal de su membresía y apoyo financiero (Amnistía Internacional) y equipo administrativo (Amnistía Internacional y Human Rights Watch). Estos liberales son personas con principios, o sea se adhieren a ciertas normas morales y políticas – lo que incluye tomar la cuestión de derechos en serio – en vez de operar sobre la base de consideraciones políticas puramente coyunturales para oportunísticamente avanzar una agenda política. Es por ésto, que como regla general, los reportes publicados por las organizaciones de derechos humanos respetan los hechos y no mienten deliberadamente. Sin embargo, su visión del mundo los ciega con respecto al contexto político y socio-económico de los países sobre los cuales reportan, y con respecto a la relación que estos países tienen con las potencias imperialistas, con consecuencias muy serias para derechos tales como la auto-determinación nacional.
Imperialismo y Derechos Humanos
Las organizaciones de derechos humanos tratan de evitar la política partidista – en el sentido de no favorecer explícitamente, ni a los Demócratas ni a los Republicanos, por ejemplo – y como parte de su política liberal implícita, tienden a ver a los gobiernos capitalistas democráticos y sus respectivos estados como entidades neutrales que pueden ser influenciadas hacia una política benigna de derechos humanos. Por lo tanto, evitan cualquier tipo de consideración sobre los intereses que estructuran al Estado y el poder que ese Estado esgrime a favor de esos intereses, hacia el interior o en relación a otras capitales imperiales y países del Tercer Mundo. Esto no significa que las organizaciones principales de derechos humanos sean apologistas conscientes de la política imperialista. Pero al tratar de influenciar a “sus” gobiernos en Washington (o Londres, Paris o la Unión Europea) para que adopten políticas “benignas”, su omisión o negación del fenómeno del imperialismo los lleva a apoyar políticas que, como mínimo, tácitámente aceptan, si no es que toleran, su existencia. Por ejemplo, Human Rights Watch ha apoyado lo que, para el propósito de este ensayo llamaremos el enfoque de “intercambio” con respecto al bloqueo económico de Cuba por parte de los Estados Unidos: Washington suaviza las condiciones de su bloqueo económico de la isla a cambio de que el gobierno cubano implemente cambios liberalizadores y democratizadores. En su informe sobre Cuba del 2009, Human Rigths Watch no sólo reiteró este enfoque sino que tomó un paso adicional y demandó que “antes de cambiar su política, los Estados Unidos deben esforzarse para obtener el compromiso de sus aliados de la Unión Europea, Canada y América Latina para que se unan y conjuntamente presionen a Cuba para que responda positivamente a una sola demanda concreta: la liberación immediata de todos los presos politicos (3)”. Diez años antes, cuando la situación de los derechos humanos en Cuba era peor que en 2009, Human Rights Watch publicó otro reporte proponiendo el mismo enfoque de “intercambio”. Pero a diferencia del 2009, en aquella ocasión puso mucho más énfasis en el daño causado a Cuba por el embargo económico de los EE.UU., y no recomendó que los Estados Unidos obtuvieran compromisos de otros países antes de hacer cambios en su política del embargo a Cuba (4). En todo caso, en ambos reportes, HRW apoyó una política que violaba el principio de la auto-determinación de naciones y usó al imperialismo – el poder económico del imperio – para “hacer el bien”, en este caso liberar a los presos políticos cubanos (5). Con estos reportes, HRW también le dió credibilidad, quizás sin darse cuenta, a la noción de que de la misma manera en que la modificación, y hasta la eliminación, del bloqueo económico debe depender, en última instancia, de las medidas que el gobierno cubano tome para liberalizar y democratizar la sociedad cubana, el gobierno cubano puede, por su lado, arguir que la eliminación de la represión interna en Cuba debe depender de la abolición del bloqueo económico. Lo que queda fuera de esta doble lógica es la idea de que el bloqueo y la represión política interna en Cuba deben ser abolidas cada una en sus propios términos, y por sus propias razones, independientemente de las acciones del adversario (6).
Para Neier, el derecho de las naciones a la auto-determinación no parece jugar papel alguno en este tipo de consideraciones, sea conceptualmente (66-67) o, lo que es aún más importante, en términos de sus consideraciones prácticas. Y es así, cuando discute la muerte de Osama Bin Laden, que argumenta que presentar a Bin Laden antes los tribunales no era la única solución apropiada, y que “dadas las acciones en las cuales él estuvo involucrado, el uso de la fuerza militar para matarlo a él y a otros que han cometido crímenes similares, es sin duda alguna, legítimo”. Para Neier el asesinato de Bin Laden fue parte de un conflicto militar, y por lo tanto, no violó ningún derecho humano. Lo que para él es objetable desde el punto de vista de los derechos humanos, “es la extensión del poder bélico más allá de lo que se requiere para participar en el conflicto militar”. (322) En un pie de nota, Neier explica que si Bin Laden se hubiera rendido, no hubiera sido legítimo matarlo, pero el hecho de que estaba desarmado cuando lo mataron no implica que lo mataron ilegítimamente, porque sus acciones previas justificaban atacarlo como combatiente enemigo” (356) Dejando aparte las cuestiones éticas y legales que surgen de este argumento, Neier ni siquiera reconoce que la muerte de Bin Laden tuvo lugar en Pakistán, un país soberano, cuyos líderes no fueron consultados, ni siquiera notificados, del ataque norteamericano. Para Neier, ni siquiera las muy serias consecuencias prácticas que el asesinato tuvo para la política interna pakistana, y para la alianza de ese país con los Estados Unidos, meritan su atención.
El mismo problema afecta también su enfoque sobre el racismo anti-musulmán. Neier claramente aboga por la integración e inclusión de las minorías musulmanas en las sociedades de Europa occidental como un fin en sí mismo y porque puede simultáneamente ayudar a prevenir el terrorismo (327). Pero también argumenta que si bien durante la Guerra Fría, la política de las organizaciones de derechos humanos de denunciar los abusos cometidos por ambos bandos tuvo el doble efecto de socavar la legitimidad de los régimenes comunistas por un lado, y, por el otro, de poner en aprietos a los Estados Unidos y sus aliados por su apoyo a las dictaduras anticomunistas, “después de septiembre 11, no había manera de proseguir efectivamente con ese tipo de estrategia balanceada”. (286) Este razonamiento proviene de su rechazo de la validez del principio de la auto-determinación nacional así como de la realidad del imperialismo y sus consecuencias. De hecho, las organizaciones de derechos humanos pudieran implementar con éxito una estrategia “balanceada” en lugares como el Medio Oriente, Afganistán y Pakistán. Las acciones del imperialismo de los Estados Unidos en esas áreas han jugado un papel muy importante en ayudar a las organizaciones terroristas a reclutar partidarios. Después de todo, fue la presencia de las tropas norteamericanas en Arabia Saudita, y no las fantasias dementes de reestablecer el Califato, lo que determinó la fundación de al-Qaeda. Por lo tanto, es razonable presumir que una condena vigorosa de las aventuras imperialistas norteamericanas de parte de las organizaciones de derechos humanos y otras fuerzas progresistas en los Estados Unidos socavaría el apoyo al terrorismo en el extranjero.
Un punto adicional con respecto a la discusión de Neier sobre el racismo anti-musulmán: Neier rechaza la censura como medio de combatir expresiones islamofóbicas como las caricaturas danesas del Profeta Mahoma, la película sobre el Islam del holandés Theo Van Gogh, y otras. Ignora sin embargo, sin siquiera considerarlo, la posibilidad de una alternativa política a la censura: una denuncia vigorosa de carácter político y moral por los funcionarios de los gobiernos occidentales, los medios principales de comunicación, y la opinión pública de ese comportamiento racista, que es exactamente lo que sucedería si ataques similares hubieran sido dirigidos contra cristianos y/o judíos. Eso contrarestaría el clima existente en el que tanto los políticos como los medios principales de comunicación temen defender a los musulmanes del abuso racista para evitar ser acusados de “disculparse con los Musulmanes”, como cuando Romney acusó a Obama por haberse supuestamente “disculpadó” por la película anti-musulmana que se exhibió durante el período de la campaña presidencial del 2012.
La violencia y las organizaciones de derechos humanos
Cuando Amnistía Internacional fue fundada en 1961, en vez de defender a los presos políticos, decidió proteger a los “presos de conciencia”, ésto es, a personas “encarceladas con motivo de las ideas que concientemente sostienen, sean estas de índole política o religiosa, o por su orígen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, estatus económico, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra condición, provisto que no hayan abogado ni recurrido a la violencia” (7). Aunque Amnistía ha expandido la categoría de “prisioneros de conciencia”, sigue excluyendo a ciertas víctimas de la opresión del Estado aún cuando no recurren a la violencia. Este ha sido el caso, por ejemplo, de los miles de cubanos que por décadas fueron encarcelados por tratar de salir del país ilegalmente, o sea sin permiso del gobierno, porque éste no reconoce, aún después de las reformas aprobadas en el 2012, el derecho ciudadano al libre movimiento (8). Estas personas pudieran ser consideradas como presos políticos, pero Amnistía no los considera “presos de conciencia.” La exclusion por parte de Amnistía Internacional de víctimas que abogan o apoyan el uso de la violencia o que promueven activamente el derrocamiento violento de sus gobiernos, ha significado, por ejemplo, que Nelson Mandela, designado como “preso de conciencia” en 1962, por haber sido acusado de encabezar una huelga obrera, perdió esa designación cuando justificó el uso de la violencia contra el Apartheid en un discurso ante los tribunales en 1964, aún cuando fue condenado por sabotage, por cuyo motivo estuvo preso por 27 años. Todo esto pone en relieve que la categoría de “preso de conciencia” de Amnistía Internacional no es adecuada y frecuentemente ignora la situación que confrontan las víctimas del Estado a través del mundo.
La categoría de “preso político”que ha sido rechazada por Amnistía Internacional, y que aquí contraponemos a la de “preso de conciencia’, se refiere a las víctimas del Estado y definida en un sentido amplio, incluye a todos los perseguidos o discriminados por el gobierno por una variedad de razones como religión, raza y orientación sexual. En contraste con “preso de conciencia’, la noción de “preso politico” requiere considerar el contexto social y político en el que estos individuos viven, y especialmente evaluar las credenciales democráticas y la trayectoria de derechos humanos del gobierno en cuestión, y un análisis sobre si la oposición y resistencia al gobierno, incluyendo la resistencia armada, puede justificarse política y moralmente.
La atención al contexto y a la moralidad política conlleva a la conclusión que no se puede equiparar la violencia del opresor con la del oprimido, aún cuando algunas de las formas que la violencia de los oprimidos tomen sean inaceptables, como los ataques terroristas deliberadamente dirigidos a civiles. Las organizaciones principales organizaciones de derechos humanos rehusan considerar este tipo de cuestiones y condenan con la misma fuerza moral al opresor y oprimido, como en los reportes que simétricamente condenan al ejército israelí y a los activistas Palestinos en Gaza y Cisjordania.
La discusión de Neier sobre Amnistía Internacional (capítulo 8) sugiere que la postura de dicha organización sobre la violencia no proviene necesariamente del compromiso que tiene, desde su fundación, con los principios morales y apolíticos del pacifismo, sino de su evaluación política liberal sobre la viabilidad y aceptabilidad de sus campañas ante su amplia base liberal, y ante su aún más amplia y menos liberal audiencia. De hecho, los líderes de Amnistía son más políticos que lo que las apariencias superficiales sugieren, como lo indica, por ejemplo, la declaración de Joshua Rubenstein, uno de sus viejos funcionarios, que Amnistía no era una organización pacifista, y no juzgaba a los revolucionarios que usaban métodos violentos, sino simplemente que Amnistía no podia adoptarlos como “presos de conciencia”. Puede que, añadió Rubenstein, los Surafricanos no tenían otra opción que involucrarse en actividades revolucionarias violentas, pero si eran capturados, Amnistía no los podia definir como “presos de conciencia”; estos eran, el dijo, otra cosa. (194). Es evidente también que Amnistía claramente se involucró en emitir juicios politicos como cuando decidió que sus grupos locales se aseguraran de incluir entre los casos de los presos de conciencia a favor de los cuales estaban haciendo campaña, un preso de un país comunista, otro de un país anticomunista, y un tercero de un país no-alineado. (189)
Sería mejor si Amnistía admitiera abiertamente el carácter político de su enfoque, pero esto pondría en entredicho la gran postura moral, si no moralizante, que esta y otras organizaciones de derechos humanos frecuentemente asumen.
Conclusión
Es indudable que las organizaciones de derechos humanos han hecho una gran labor; como mínimo, han facilitado el trabajo de los disidentes y opositores de sistemas políticos opresivos. Pero su labor ha sido seriamente afectada por los problemas políticos y contradicciones enraizados en su relación con las fundaciones, su interacción con los poderosos centros imperiales del mundo, y por su propia política liberal.
En cuanto a los sectores hegemónicos de izquierda, éstos han sido parte y no la solución a los problemas involucrados en defender derechos humanos. Si bien prácticamente la izquierda entera reconoce la importancia de los derechos socio-económicos usualmente incluidos en la categoría conceptual de derechos humanos, en lo que se refiere a los derechos civiles y libertades y derechos politicos, ha estado muy dividida y ha desempeñado un papel vacilante debido a su ambivalencia respecto a los derechos politicos y libertades civiles individuales. Mientras que ha participado en formaciones de frente unido contra la política imperialista – un proceso que se ha hecho aún más difícil por la tendencia liberal y social demócrata de apoyar a las “intervenciones humanitarias” y el problema que ésto presenta para una política antiimperialista principista – ese no ha sido el caso con respecto a la defensa de las libertades civiles y políticas en el exterior, debido a que frecuentemente está en desacuerdo sobre la cuestión fundamental de que lado tomar en el conflicto en cuestión (9). Son muchas las justificaciones y racionalizaciones que las secciones más importantes de la izquierda han dado con respecto a las violaciones de derechos civíles y politicos cometidas por gobiernos “progresistas”. Generalmente derivan de una postura anti-imperialista combinada con la noción que el enemigo de mi enemigo (el imperio estadounidense) es mi amigo; o que las acciones antidemocráticas de esos gobiernos antiimperialistas son completamente el resultado exclusivo de las presiones imperialistas, como si esos gobernantes no tuvieran sus propias ideas hostiles a las libertades políticas y civiles; o de un falso relativismo político y cultural. No es una casualidad que estas personas no recurren al relativismo cultural y político para justificar o disculpar a gobiernos como el de Arabia Saudita. Bien entendido, el relativismo politico y cultural es un intento de comprender el significado de prácticas sociales dentro de sus propios contextos culturales y sociales. Pero las secciones hegemónicas de la izquierda lo utilizan como una manera encubierta de aceptar tácitamente la opresión.
Sin embargo, el desarrollo de un movimiento fuerte de izquierda cambiaría el clima político general y pondría presión sobre las organizaciones de derechos humanos para alejarse de Washington y otras capitales imperiales: tendrían que lidiar y preocuparse no solamente con fuerzas a su derecha, sino también con fuerzas a su izquierda.
El concepto y práctica de aconsejar e interaccionar con el gobierno norteamericano está relacionado con el medio ambiente en el que se desenvuelven estas organizaciones de derechos humanos. Ese medio es el mundo de las ONG’s, con sus estrechas relaciones con las fundaciones que les proporcionan los fondos para sus operaciones, y que de varias maneras forjan sus puntos de vista. Es un mundo con sus propias carreras y oportunidades, y sus propias presunciones ideológicas sobre lo que se considera aceptable y legítimo. No son un mundo aislado: están conectados con Washington con el que han establecido un tráfico de ida y vuelta estimulado por las previamente mencionadas “interacciones”, especialmente cuando el Partido Demócrata está en el poder. Como parte de este ir y venir, los integrantes de estas organizaciones de derechos humanos y fundaciones obtienen empleos gubernamentales relacionados con la política exterior, como en el Departamento de Estado, y después regresan al mundo organizacional de los derechos humanos o vice versa. Un buen ejemplo es el nombramiento de Suzanne Nossel como Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional USA en enero del 2012. Ella había trabajado previamente para Hillary Clinton como Secretaria Asistente de Estado para Organizaciones Internacionales en el 2009; antes había sido Oficial Principal Encargada de Operaciones (Chief Operating Officer) de Human Rights Watch. Nossel formuló el término “Smart Power” (“Poder Inteligente”) para describir la política que ella apoyaba que proponía que los funcionarios politicos progresistas se “orientaran hacia la base principal de la política extranjera norteamericana del siglo veinte: el internacionalismo liberal, el cual propone que un sistema global de democracias estables tienden menos a emprender guerras”. Es así como, según Nossel, Washington pudiera ofrecer “un liderazgo afirmativo – diplomático, económico y ciertamente militar – para avanzar una amplia gama de metas: auto-determinación, derechos humanos, libre comercio, el imperio de la ley, desarrollo económico, y la cuarentena y eliminación de las armas de destrucción masiva” (1).
Basada en esta idea, al asumir el mando en Amnistía Internacional USA, Nossel patrocinó una campaña de apoyo a la intervención militar de los Estados Unidos en Afganistán para según ella, tratar de proteger los derechos de las mujeres en ese país (2). La intervención de los Estados Unidos no funcionó así en la práctica: las mujeres afganas siguen, por regla general, siendo oprimidas bajo el yugo de las fuerzas opuestas al Taliban apoyadas por los Estados Unidos. El punto importante aquí, es sin embargo, que Nossel introdujo en Amnistía Internacional la noción de los Estados Unidos como el policía del mundo con el derecho de intervenir donde y cuando quiere.
El mundo de las organizaciones de derechos humanos comparte una ideología liberal implícita. Por lo tanto, tiene una “afinidad electiva” con los liberales, los que se han convertido en la fuente principal de su membresía y apoyo financiero (Amnistía Internacional) y equipo administrativo (Amnistía Internacional y Human Rights Watch). Estos liberales son personas con principios, o sea se adhieren a ciertas normas morales y políticas – lo que incluye tomar la cuestión de derechos en serio – en vez de operar sobre la base de consideraciones políticas puramente coyunturales para oportunísticamente avanzar una agenda política. Es por ésto, que como regla general, los reportes publicados por las organizaciones de derechos humanos respetan los hechos y no mienten deliberadamente. Sin embargo, su visión del mundo los ciega con respecto al contexto político y socio-económico de los países sobre los cuales reportan, y con respecto a la relación que estos países tienen con las potencias imperialistas, con consecuencias muy serias para derechos tales como la auto-determinación nacional.
Imperialismo y Derechos Humanos
Las organizaciones de derechos humanos tratan de evitar la política partidista – en el sentido de no favorecer explícitamente, ni a los Demócratas ni a los Republicanos, por ejemplo – y como parte de su política liberal implícita, tienden a ver a los gobiernos capitalistas democráticos y sus respectivos estados como entidades neutrales que pueden ser influenciadas hacia una política benigna de derechos humanos. Por lo tanto, evitan cualquier tipo de consideración sobre los intereses que estructuran al Estado y el poder que ese Estado esgrime a favor de esos intereses, hacia el interior o en relación a otras capitales imperiales y países del Tercer Mundo. Esto no significa que las organizaciones principales de derechos humanos sean apologistas conscientes de la política imperialista. Pero al tratar de influenciar a “sus” gobiernos en Washington (o Londres, Paris o la Unión Europea) para que adopten políticas “benignas”, su omisión o negación del fenómeno del imperialismo los lleva a apoyar políticas que, como mínimo, tácitámente aceptan, si no es que toleran, su existencia. Por ejemplo, Human Rights Watch ha apoyado lo que, para el propósito de este ensayo llamaremos el enfoque de “intercambio” con respecto al bloqueo económico de Cuba por parte de los Estados Unidos: Washington suaviza las condiciones de su bloqueo económico de la isla a cambio de que el gobierno cubano implemente cambios liberalizadores y democratizadores. En su informe sobre Cuba del 2009, Human Rigths Watch no sólo reiteró este enfoque sino que tomó un paso adicional y demandó que “antes de cambiar su política, los Estados Unidos deben esforzarse para obtener el compromiso de sus aliados de la Unión Europea, Canada y América Latina para que se unan y conjuntamente presionen a Cuba para que responda positivamente a una sola demanda concreta: la liberación immediata de todos los presos politicos (3)”. Diez años antes, cuando la situación de los derechos humanos en Cuba era peor que en 2009, Human Rights Watch publicó otro reporte proponiendo el mismo enfoque de “intercambio”. Pero a diferencia del 2009, en aquella ocasión puso mucho más énfasis en el daño causado a Cuba por el embargo económico de los EE.UU., y no recomendó que los Estados Unidos obtuvieran compromisos de otros países antes de hacer cambios en su política del embargo a Cuba (4). En todo caso, en ambos reportes, HRW apoyó una política que violaba el principio de la auto-determinación de naciones y usó al imperialismo – el poder económico del imperio – para “hacer el bien”, en este caso liberar a los presos políticos cubanos (5). Con estos reportes, HRW también le dió credibilidad, quizás sin darse cuenta, a la noción de que de la misma manera en que la modificación, y hasta la eliminación, del bloqueo económico debe depender, en última instancia, de las medidas que el gobierno cubano tome para liberalizar y democratizar la sociedad cubana, el gobierno cubano puede, por su lado, arguir que la eliminación de la represión interna en Cuba debe depender de la abolición del bloqueo económico. Lo que queda fuera de esta doble lógica es la idea de que el bloqueo y la represión política interna en Cuba deben ser abolidas cada una en sus propios términos, y por sus propias razones, independientemente de las acciones del adversario (6).
Para Neier, el derecho de las naciones a la auto-determinación no parece jugar papel alguno en este tipo de consideraciones, sea conceptualmente (66-67) o, lo que es aún más importante, en términos de sus consideraciones prácticas. Y es así, cuando discute la muerte de Osama Bin Laden, que argumenta que presentar a Bin Laden antes los tribunales no era la única solución apropiada, y que “dadas las acciones en las cuales él estuvo involucrado, el uso de la fuerza militar para matarlo a él y a otros que han cometido crímenes similares, es sin duda alguna, legítimo”. Para Neier el asesinato de Bin Laden fue parte de un conflicto militar, y por lo tanto, no violó ningún derecho humano. Lo que para él es objetable desde el punto de vista de los derechos humanos, “es la extensión del poder bélico más allá de lo que se requiere para participar en el conflicto militar”. (322) En un pie de nota, Neier explica que si Bin Laden se hubiera rendido, no hubiera sido legítimo matarlo, pero el hecho de que estaba desarmado cuando lo mataron no implica que lo mataron ilegítimamente, porque sus acciones previas justificaban atacarlo como combatiente enemigo” (356) Dejando aparte las cuestiones éticas y legales que surgen de este argumento, Neier ni siquiera reconoce que la muerte de Bin Laden tuvo lugar en Pakistán, un país soberano, cuyos líderes no fueron consultados, ni siquiera notificados, del ataque norteamericano. Para Neier, ni siquiera las muy serias consecuencias prácticas que el asesinato tuvo para la política interna pakistana, y para la alianza de ese país con los Estados Unidos, meritan su atención.
El mismo problema afecta también su enfoque sobre el racismo anti-musulmán. Neier claramente aboga por la integración e inclusión de las minorías musulmanas en las sociedades de Europa occidental como un fin en sí mismo y porque puede simultáneamente ayudar a prevenir el terrorismo (327). Pero también argumenta que si bien durante la Guerra Fría, la política de las organizaciones de derechos humanos de denunciar los abusos cometidos por ambos bandos tuvo el doble efecto de socavar la legitimidad de los régimenes comunistas por un lado, y, por el otro, de poner en aprietos a los Estados Unidos y sus aliados por su apoyo a las dictaduras anticomunistas, “después de septiembre 11, no había manera de proseguir efectivamente con ese tipo de estrategia balanceada”. (286) Este razonamiento proviene de su rechazo de la validez del principio de la auto-determinación nacional así como de la realidad del imperialismo y sus consecuencias. De hecho, las organizaciones de derechos humanos pudieran implementar con éxito una estrategia “balanceada” en lugares como el Medio Oriente, Afganistán y Pakistán. Las acciones del imperialismo de los Estados Unidos en esas áreas han jugado un papel muy importante en ayudar a las organizaciones terroristas a reclutar partidarios. Después de todo, fue la presencia de las tropas norteamericanas en Arabia Saudita, y no las fantasias dementes de reestablecer el Califato, lo que determinó la fundación de al-Qaeda. Por lo tanto, es razonable presumir que una condena vigorosa de las aventuras imperialistas norteamericanas de parte de las organizaciones de derechos humanos y otras fuerzas progresistas en los Estados Unidos socavaría el apoyo al terrorismo en el extranjero.
Un punto adicional con respecto a la discusión de Neier sobre el racismo anti-musulmán: Neier rechaza la censura como medio de combatir expresiones islamofóbicas como las caricaturas danesas del Profeta Mahoma, la película sobre el Islam del holandés Theo Van Gogh, y otras. Ignora sin embargo, sin siquiera considerarlo, la posibilidad de una alternativa política a la censura: una denuncia vigorosa de carácter político y moral por los funcionarios de los gobiernos occidentales, los medios principales de comunicación, y la opinión pública de ese comportamiento racista, que es exactamente lo que sucedería si ataques similares hubieran sido dirigidos contra cristianos y/o judíos. Eso contrarestaría el clima existente en el que tanto los políticos como los medios principales de comunicación temen defender a los musulmanes del abuso racista para evitar ser acusados de “disculparse con los Musulmanes”, como cuando Romney acusó a Obama por haberse supuestamente “disculpadó” por la película anti-musulmana que se exhibió durante el período de la campaña presidencial del 2012.
La violencia y las organizaciones de derechos humanos
Cuando Amnistía Internacional fue fundada en 1961, en vez de defender a los presos políticos, decidió proteger a los “presos de conciencia”, ésto es, a personas “encarceladas con motivo de las ideas que concientemente sostienen, sean estas de índole política o religiosa, o por su orígen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, estatus económico, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra condición, provisto que no hayan abogado ni recurrido a la violencia” (7). Aunque Amnistía ha expandido la categoría de “prisioneros de conciencia”, sigue excluyendo a ciertas víctimas de la opresión del Estado aún cuando no recurren a la violencia. Este ha sido el caso, por ejemplo, de los miles de cubanos que por décadas fueron encarcelados por tratar de salir del país ilegalmente, o sea sin permiso del gobierno, porque éste no reconoce, aún después de las reformas aprobadas en el 2012, el derecho ciudadano al libre movimiento (8). Estas personas pudieran ser consideradas como presos políticos, pero Amnistía no los considera “presos de conciencia.” La exclusion por parte de Amnistía Internacional de víctimas que abogan o apoyan el uso de la violencia o que promueven activamente el derrocamiento violento de sus gobiernos, ha significado, por ejemplo, que Nelson Mandela, designado como “preso de conciencia” en 1962, por haber sido acusado de encabezar una huelga obrera, perdió esa designación cuando justificó el uso de la violencia contra el Apartheid en un discurso ante los tribunales en 1964, aún cuando fue condenado por sabotage, por cuyo motivo estuvo preso por 27 años. Todo esto pone en relieve que la categoría de “preso de conciencia” de Amnistía Internacional no es adecuada y frecuentemente ignora la situación que confrontan las víctimas del Estado a través del mundo.
La categoría de “preso político”que ha sido rechazada por Amnistía Internacional, y que aquí contraponemos a la de “preso de conciencia’, se refiere a las víctimas del Estado y definida en un sentido amplio, incluye a todos los perseguidos o discriminados por el gobierno por una variedad de razones como religión, raza y orientación sexual. En contraste con “preso de conciencia’, la noción de “preso politico” requiere considerar el contexto social y político en el que estos individuos viven, y especialmente evaluar las credenciales democráticas y la trayectoria de derechos humanos del gobierno en cuestión, y un análisis sobre si la oposición y resistencia al gobierno, incluyendo la resistencia armada, puede justificarse política y moralmente.
La atención al contexto y a la moralidad política conlleva a la conclusión que no se puede equiparar la violencia del opresor con la del oprimido, aún cuando algunas de las formas que la violencia de los oprimidos tomen sean inaceptables, como los ataques terroristas deliberadamente dirigidos a civiles. Las organizaciones principales organizaciones de derechos humanos rehusan considerar este tipo de cuestiones y condenan con la misma fuerza moral al opresor y oprimido, como en los reportes que simétricamente condenan al ejército israelí y a los activistas Palestinos en Gaza y Cisjordania.
La discusión de Neier sobre Amnistía Internacional (capítulo 8) sugiere que la postura de dicha organización sobre la violencia no proviene necesariamente del compromiso que tiene, desde su fundación, con los principios morales y apolíticos del pacifismo, sino de su evaluación política liberal sobre la viabilidad y aceptabilidad de sus campañas ante su amplia base liberal, y ante su aún más amplia y menos liberal audiencia. De hecho, los líderes de Amnistía son más políticos que lo que las apariencias superficiales sugieren, como lo indica, por ejemplo, la declaración de Joshua Rubenstein, uno de sus viejos funcionarios, que Amnistía no era una organización pacifista, y no juzgaba a los revolucionarios que usaban métodos violentos, sino simplemente que Amnistía no podia adoptarlos como “presos de conciencia”. Puede que, añadió Rubenstein, los Surafricanos no tenían otra opción que involucrarse en actividades revolucionarias violentas, pero si eran capturados, Amnistía no los podia definir como “presos de conciencia”; estos eran, el dijo, otra cosa. (194). Es evidente también que Amnistía claramente se involucró en emitir juicios politicos como cuando decidió que sus grupos locales se aseguraran de incluir entre los casos de los presos de conciencia a favor de los cuales estaban haciendo campaña, un preso de un país comunista, otro de un país anticomunista, y un tercero de un país no-alineado. (189)
Sería mejor si Amnistía admitiera abiertamente el carácter político de su enfoque, pero esto pondría en entredicho la gran postura moral, si no moralizante, que esta y otras organizaciones de derechos humanos frecuentemente asumen.
Conclusión
Es indudable que las organizaciones de derechos humanos han hecho una gran labor; como mínimo, han facilitado el trabajo de los disidentes y opositores de sistemas políticos opresivos. Pero su labor ha sido seriamente afectada por los problemas políticos y contradicciones enraizados en su relación con las fundaciones, su interacción con los poderosos centros imperiales del mundo, y por su propia política liberal.
En cuanto a los sectores hegemónicos de izquierda, éstos han sido parte y no la solución a los problemas involucrados en defender derechos humanos. Si bien prácticamente la izquierda entera reconoce la importancia de los derechos socio-económicos usualmente incluidos en la categoría conceptual de derechos humanos, en lo que se refiere a los derechos civiles y libertades y derechos politicos, ha estado muy dividida y ha desempeñado un papel vacilante debido a su ambivalencia respecto a los derechos politicos y libertades civiles individuales. Mientras que ha participado en formaciones de frente unido contra la política imperialista – un proceso que se ha hecho aún más difícil por la tendencia liberal y social demócrata de apoyar a las “intervenciones humanitarias” y el problema que ésto presenta para una política antiimperialista principista – ese no ha sido el caso con respecto a la defensa de las libertades civiles y políticas en el exterior, debido a que frecuentemente está en desacuerdo sobre la cuestión fundamental de que lado tomar en el conflicto en cuestión (9). Son muchas las justificaciones y racionalizaciones que las secciones más importantes de la izquierda han dado con respecto a las violaciones de derechos civíles y politicos cometidas por gobiernos “progresistas”. Generalmente derivan de una postura anti-imperialista combinada con la noción que el enemigo de mi enemigo (el imperio estadounidense) es mi amigo; o que las acciones antidemocráticas de esos gobiernos antiimperialistas son completamente el resultado exclusivo de las presiones imperialistas, como si esos gobernantes no tuvieran sus propias ideas hostiles a las libertades políticas y civiles; o de un falso relativismo político y cultural. No es una casualidad que estas personas no recurren al relativismo cultural y político para justificar o disculpar a gobiernos como el de Arabia Saudita. Bien entendido, el relativismo politico y cultural es un intento de comprender el significado de prácticas sociales dentro de sus propios contextos culturales y sociales. Pero las secciones hegemónicas de la izquierda lo utilizan como una manera encubierta de aceptar tácitamente la opresión.
Sin embargo, el desarrollo de un movimiento fuerte de izquierda cambiaría el clima político general y pondría presión sobre las organizaciones de derechos humanos para alejarse de Washington y otras capitales imperiales: tendrían que lidiar y preocuparse no solamente con fuerzas a su derecha, sino también con fuerzas a su izquierda.
Más allá de encabezar la defensa de los derechos individuales, las organizaciones de derechos humanos han jugado un papel vital en promover las condiciones para la sobrevivencia de minorías sociales y políticas y en la defensa de personas que no tienen acceso a ninguna otra forma de asistencia legal y humanitaria. Más de 150 individuos corren el riesgo de permanecer en la cárcel por el resto de sus vidas en la Base Naval de Guantánamo bajo el control imperial norteamericano. Organizaciones como la “American Civil Liberties Union”, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y especialmente el “Center for Constitutional Rights” – apenas mencionado en el libro de Neier – están desempeñando un papel indispensable en su defensa.
Sin embargo, es evidente que una defensa verdaderamente independiente y efectiva de los derechos humanos requiere una actitud de oposición abierta y decidida a cualquier gobierno. La Comisión Dewey de 1937 (oficialmente “Comisión de Investigación de las Acusaciones Hechas contra León Trotsky en los Procesos de Moscú”) pudiera, en este contexto, proporcionar algunas lecciones útiles. Claramente, no se le puede considerar como una organización de derechos humanos en el sentido contemporáneo de la palabra. Fue creada para defender y limpiar el honor y reputación de Trotsky contra las calumnias lanzadas en su contra en los Procesos de Moscú, y no para proteger sus derechos o su vida. Su tarea consistió en exponer, denunciar y divulgar la verdad detrás de esas calumnias como una manera de contrarrestar la “opinion pública” formada por Moscú y probablemente apoyada, o por lo menos con el acuerdo tácito de la mayoría de la gente política “progresista” a través del mundo. Para los propósitos de esta reseña, vale la pena notar la composición política relativamente amplia de la Comisión. Su presidente, John Dewey, era un prominente filósofo y educador norteamericano cuya política progresista no impidió que apoyara la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y que explícitamente rechazó los puntos de vista de Trotsky con respecto a la moral, entre otras cosas. Los otros miembros de la Comisión incluyeron a liberales, anarquistas y marxistas. Si bien tenía una composición relativamente amplia – ciertamente no era marxista ni de izquierda dura - la Comisión se caracterizó por su actitud oposicionista: funcionó “interaccionando” con la opinion pública internacional para influirla “desde afuera” sin tratar de permear las jerarquías gubernamentales.
Notas:
1. Suzanne Nossel, Resumen del artículo “Smart Power,” Foreign Affairs, March-April 2004. http://www.foreignaffairs.com/articles/59716/suzanne-nossel/smart-power
2. Ashley Smith, “Amnesty for Occupation?” Socialist Worker, August 8, 2012.
3. Human Rights Watch, Cuba: New Castro, Same Cuba: Political Prisoners in the Post-Fidel Era (New York: Human Rights Watch, 2009) 8-9.
4. Human Rights Watch, Cuba’s Repressive Machinery: Human Rights Forty Years after the Revolution, (New York: Human Rights Watch), 1999, 204-213.
5. La mayoría de los presos políticos cubanos cumpliendo condenas largas fueron liberados en 2010 y 2011 no como resultado de la intervención norteamericana, sino a través de negociaciones entre la Iglesia Católica y los gobiernos de Cuba y España. Para una discusión más detallada de este proceso, ver mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2011, 37-38.
6. Para una discusión más detallada de este asunto ver Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, 231-233.
7. http:///.amnestyusa.org/our-work/issues/prisoners-and-people-at-risk/prisoners-of-conscience Según Neier, la categoría de “presos de conciencia” de Amnistía fue expandida para incluir a las victimas de tortura, desapariciones y muertes extrajudiciales, presos politicos a los cuales se les ha negado juicios justos, y a aquellos condenados a muerte a la espera de su ejecución. (194).
8. Samuel Farber, “Flexibilización Si, Movimiento Libre de Ciudadanos, No”, HavanaTimes.com 22 de octubre de 2012.
Sin embargo, es evidente que una defensa verdaderamente independiente y efectiva de los derechos humanos requiere una actitud de oposición abierta y decidida a cualquier gobierno. La Comisión Dewey de 1937 (oficialmente “Comisión de Investigación de las Acusaciones Hechas contra León Trotsky en los Procesos de Moscú”) pudiera, en este contexto, proporcionar algunas lecciones útiles. Claramente, no se le puede considerar como una organización de derechos humanos en el sentido contemporáneo de la palabra. Fue creada para defender y limpiar el honor y reputación de Trotsky contra las calumnias lanzadas en su contra en los Procesos de Moscú, y no para proteger sus derechos o su vida. Su tarea consistió en exponer, denunciar y divulgar la verdad detrás de esas calumnias como una manera de contrarrestar la “opinion pública” formada por Moscú y probablemente apoyada, o por lo menos con el acuerdo tácito de la mayoría de la gente política “progresista” a través del mundo. Para los propósitos de esta reseña, vale la pena notar la composición política relativamente amplia de la Comisión. Su presidente, John Dewey, era un prominente filósofo y educador norteamericano cuya política progresista no impidió que apoyara la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y que explícitamente rechazó los puntos de vista de Trotsky con respecto a la moral, entre otras cosas. Los otros miembros de la Comisión incluyeron a liberales, anarquistas y marxistas. Si bien tenía una composición relativamente amplia – ciertamente no era marxista ni de izquierda dura - la Comisión se caracterizó por su actitud oposicionista: funcionó “interaccionando” con la opinion pública internacional para influirla “desde afuera” sin tratar de permear las jerarquías gubernamentales.
Notas:
1. Suzanne Nossel, Resumen del artículo “Smart Power,” Foreign Affairs, March-April 2004. http://www.foreignaffairs.com/articles/59716/suzanne-nossel/smart-power
2. Ashley Smith, “Amnesty for Occupation?” Socialist Worker, August 8, 2012.
3. Human Rights Watch, Cuba: New Castro, Same Cuba: Political Prisoners in the Post-Fidel Era (New York: Human Rights Watch, 2009) 8-9.
4. Human Rights Watch, Cuba’s Repressive Machinery: Human Rights Forty Years after the Revolution, (New York: Human Rights Watch), 1999, 204-213.
5. La mayoría de los presos políticos cubanos cumpliendo condenas largas fueron liberados en 2010 y 2011 no como resultado de la intervención norteamericana, sino a través de negociaciones entre la Iglesia Católica y los gobiernos de Cuba y España. Para una discusión más detallada de este proceso, ver mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, Chicago, Illinois: Haymarket Books, 2011, 37-38.
6. Para una discusión más detallada de este asunto ver Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, 231-233.
7. http:///.amnestyusa.org/our-work/issues/prisoners-and-people-at-risk/prisoners-of-conscience Según Neier, la categoría de “presos de conciencia” de Amnistía fue expandida para incluir a las victimas de tortura, desapariciones y muertes extrajudiciales, presos politicos a los cuales se les ha negado juicios justos, y a aquellos condenados a muerte a la espera de su ejecución. (194).
8. Samuel Farber, “Flexibilización Si, Movimiento Libre de Ciudadanos, No”, HavanaTimes.com 22 de octubre de 2012.
9. Es verdaderamente trágico que individuos y organizaciones de izquierda que han hecho grandes y hasta heroicos esfuerzos por las libertades políticas y civíles en sus propios países, ignoran o hasta justifican la supresión de esos derechos en países “socialistas” como Cuba. Estos incluyen el argentino Adolfo Pérez Esquivel y la guatemalteca Rigoberta Menchú que recibieron el Premio Nobel de la Paz en los años 1980 y 1992 respectivamente. Ambos han manifestado de varias maneras su apoyo al sistema político imperante en la isla sin expresar la menor preocupación por la violación de los derechos civiles y políticos allá. En los Estados Unidos, personalidades de izquierda, como Michael Moore y Oliver Stone, han sido particularmente insensibles a estas cuestiones. Los abogados izquierdistas del “National Lawyers Guild”, quienes se suponen deberían estar especialmente alerta a las violaciones de las libertades civíles y políticas en cualquier país, han en muchas ocasiones activamente defendido las prácticas legales del sistema judicial cubano, especialmente cuando los dirigió Debra Evenson que terminó trabajando como representante legal del gobierno cubano en Nueva York.
Traducción para www.sinpermiso.info: Selma Marks.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5940
Traducción para www.sinpermiso.info: Selma Marks.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5940
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