24 de noviembre de 2012
Pronunciamiento ante expresiones xenófobas delvice-intendente de Santa Rosa, La Pampa (1).
Ante las expresiones vertidas por Ángel Baraybar,
vice-intendente de Santa Rosa, en mi carácter de werken de la Confederación
Mapuche de Neuquén y como funcionario del Gobierno Nacional, a cargo de la
Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación), lugar al que fui designado por mi
organización en el marco de la construcción de un Estado Plurinacional, me
encuentro en la obligación de denunciar esas declaraciones lesivas y justificatorias de graves violaciones de
derechos humanos.
En su intervención durante la sesión ordinaria del Consejo
Deliberante del día 16 de noviembre de 2012, en el marco del debate generado
por un proyecto que propone cambiar la denominación de la avenida “Julio
Argentino Roca”, Baraybar asumió la defensa del genocidio llevado adelante
contra el Pueblo Mapuche en la denominada "campaña del desierto",
basándose en un discurso xenófobo y racista que degrada y agravia tanto a la
sociedad chilena como también al Pueblo-Nación Mapuche, afectando directamente
su derecho colectivo y atentando contra el reconocimiento de su identidad y
cultura preexistente.
Más allá de las opiniones personales, el Derecho Indígena
está reconocido y no queda sujeto a la libre interpretación. Baraybar forma
parte de la estructura del Estado y sus palabras son emitidas desde su función
pública, por lo tanto como funcionario público debe respetar las normas de
derecho, sancionadas constitucionalmente. Sus dichos van en contra de la
Constitución Nacional, como así también de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y del Derecho Indígena y una amplia jurisprudencia nacional e
internacional.
En su intervención, Baraybar plantea que “los que estaban
allí (en la Patagonia), que se llaman originarios, no eran tan originarios,
eran indios chilenos, araucanos en su mayoría”.
Al respecto, cabe aclarar que los Pueblos Originarios somos
“preexistentes” y tenemos derecho a la autodeterminación, tal como lo
establecen la Constitución Nacional Art.75 Inc.17 y el Convenio Nº 169 de la
OIT, respectivamente.
Esto quiere decir que nuestras identidades territoriales y
culturales están ligadas a los territorios que, como pueblos-naciones,
habitamos desde tiempos inmemoriales y anteriores a los límites políticos
establecidos –o impuestos por la fuerza- ya sea en la época de la conquista, en
el período colonial o más tarde -hace tan sólo 200 años- en el marco de la
conformación de los Estados-Nación modernos.
El Pueblo Mapuche se autodetermina como tal y es anacrónico
encasillarlo en identidades como la “chilena” o “argentina”. El término
“araucano” que Barybar emplea es una denominación impuesta desde una
categorización externa para denominar al Pueblo Mapuche.
Por otro lado, el funcionario expresó “Estamos hablando de
una ‘Conquista del Desierto’, podríamos hablar de recuperación territorial (…)
gracias a esa recuperación de esos territorios hoy tal vez la Patagonia no sea
chilena".
En primer lugar, nos preguntamos ¿cómo es posible recuperar
algo que nunca fue propio? La concepción de "desierto" fue una
construcción falaz acuñada por los intelectuales de la época para justificar el
avance del nuevo Estado sobre territorios que estaban previamente habitados por
los pueblos originarios.
La genealogía geopolítica y militar de las fronteras de los
Estados “modernos” en América Latina se constituyó en un contexto de
conflictividad social y política e implicó a una gran diversidad de actores con
intereses contrapuestos.
En Argentina, con el fin de las guerras civiles hacia 1880 y
el triunfo en manos de la burguesía y la oligarquía porteña y santafesina, se
consagró el proyecto unitario-liberal-eurocentrado, el cual consistía en la
incorporación del país al nuevo orden capitalista mundial como productor y
exportador de materias primas, de acuerdo a las demandas provenientes del
proceso de industrialización europeo.
Este proyecto demandaba la incorporación de nuevas tierras
productivas, lo que implicaba el control estricto sobre la población y los
límites del nuevo Estado. Para ello, se construyó sobre los Pueblos Originarios
la imagen de un enemigo interno en base a postulados evolucionistas y
positivistas que construyeron un discurso estigmatizante y racista, situándolos
como contraparte de la civilización y el progreso, en el lugar de la barbarie,
exacerbando su belicosidad y elaborando así prejuicios útiles. Del mismo modo,
se elaboró la noción de “desierto”, en tanto “vacío de civilización”.
Por lo tanto, a la luz de los procesos históricos que
condujeron a la conformación de las fronteras políticas y socio-culturales del
Estado Argentino, no es posible hablar de “recuperación territorial”, ya que en
los hechos fácticos, fue una usurpación por parte de ambos estados –argentino y
chileno- del territorio de los diferentes Pueblos Originarios que allí
convivían.
Del mismo modo, respecto a su afirmación: "Todavía hay
indios, no fueron exterminados”, su argumentación para negar el genocidio,
evidencia su ignorancia al respecto. Dado que un genocidio no implica la
matanza total de un Pueblo sino que constituye la ejecución de un plan
sistemático de exterminio de una determinada población. Pero más allá del
“desconocimiento” del funcionario público, no cabe argumentación alguna que
pueda justificar el genocidio físico y cultural de un Pueblo, como pretende
hacer el vice-intendente ya sea por el origen territorial del mismo, por la
jerarquía política del genocida o por los supuestos logros obtenidos.
En nombre del “progreso”, se legitimó la avanzada militar y
el uso de la fuerza como herramienta de gobierno sobre nuestros pueblos. Este
plan, que posibilitó la incorporación del territorio indígena (Patagonia) y la
consolidación de fronteras en zonas pretendidas por Chile, tuvo como
consecuencia la apropiación de esas tierras y sus bienes naturales por parte de
las élites dominantes, y el desarrollo del sistema capitalista mediante la
imposición sistemas de hacienda y arrendamiento en nuestros propios
territorios, la reducción a la servidumbre, esclavitud y el aniquilamiento de
gran parte de la población indígena que ofreció resistencia al proceso de
despojo.
Es importante, entonces, tener presente que cuando se habla
de Julio Argentino Roca y de su legado, no podemos olvidar que se está hablando
del ejecutor político y militar de este plan de exterminio.
Por último, en relación al comentario en el que esboza que
"hoy está de moda el decir, digamos, defender a la gente que tuvo su lugar
acá originariamente", es alarmante que un funcionario público hable de
"modas" al referirse a la aplicación de derechos fundamentales de un
Pueblo. El ejercicio pleno y efectivo del Derecho Indígena es una obligación
que el Estado y sus gobernantes deben aplicar, no una moda. Desconoce además la
reforma constitucional de 1994, en la cual se reconoce la preexistencia de los
Pueblos Originarios, como así también las políticas de derechos humanos y de
justicia social, emprendidas por el actual Gobierno Nacional.
Por lo tanto, como planteamos anteriormente, lo que se
debate aquí es el modelo de Estado y de Nación, como parte de la construcción
de sociedad más justa y equitativa que de cuenta de su riqueza pluricultural.
Muchos gobiernos de la región han asumido esta realidad y han tomado un nuevo rumbo
político, generado un escenario favorable para avanzar en la restitución de
nuestros derechos como Pueblos Originarios.
Es de esperar que con los cambios políticos y culturales que
se vienen dando en la región de Sudamérica, con pueblos que caminan a paso
firme hacia un nuevo proyecto con mayor igualdad social, entren en ebullición
las discusiones con aquellos sectores hegemónicos como las élites criollas
terratenientes y sus aliados como la Iglesia, las ONGs y las empresas
multinacionales, que desde fines del siglo XIX se han enquistado en el poder
lucrando a costa del saqueo a nuestros pueblos, territorios y bienes naturales.
No obstante, nos encontramos ante un momento histórico en el
que los Pueblos somos cada vez más protagonistas. Los Pueblos Originarios a
través de nuestras propias Organizaciones Territoriales hemos ganado mayor
presencia y participación en la política indígena y asumimos el desafío de
elevar el debate político, histórico y cultural en relación a la realidad
indígena en Argentina, para construir junto a toda la sociedad, un Estado
Plurinacional, representativo de sus propias raíces y de su riqueza
socio-cultural. Hay una sociedad que empieza a revisar la historia, que vuelve
a buscar su origen y su propia identidad. En este contexto, es necesario que el
Sr. Baraybar, como así también todos aquellos que acompañan su discurso, puedan
aceptar que el modelo colonialista y
euro-centrista del siglo XIX se ha derrumbando ante el surgimiento de un nuevo
paradigma cultural y político.
Sobre todo, es fundamental que aquellos que ocupan cargos en
el Estado y que han asumido responsabilidades políticas, respeten y cumplan con
el orden democrático y la normativa vigente tanto nacional como internacional.
Convocamos al vice-intendente de Santa Rosa a que asuma su responsabilidad como
parte de un gobierno cuya jurisdicción abarca un territorio plurinacional y
pluricultural, habitado por diferentes Pueblos como el Mapuche, el Rankel y el
Tehuelche. Como funcionarios públicos tenemos la obligación de gobernar para
toda la sociedad, respetando y haciendo respetar los derechos establecidos en
la Constitución Nacional, entre los cuales están los derechos de los Pueblos
Originarios.
Roberto Ñancucheo
Werken - Confederación Mapuche de Neuquén
Director - Dirección de Pueblos Originarios y Recursos
Naturales- SAYDS
(1) http://www.diariotextual.com/politicaa/item/1442-el-audio-de-baraybar-sobre-roca.html
http://enotpo.blogspot.com.ar/
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