Este delito mueve US$ 6.600 M en la región. Ligado al crimen
organizado transnacional, es un desafío para los gobiernos que poseen
leyes para combatirlo pero no logran eficacia.
Sólo en México, cada año entre 16 mil y 20 mil niños y niñas son explotados sexualmente por los cárteles que los secuestran, esclavizan y extorsionan. La cifra asciende a 2 millones en toda América Latina, según la ONU.
El fenómeno no es nuevo aunque sí se ha intensificado con la presencia de redes de crimen organizado en la región. En el año 2000, los países latinoamericanos adoptaron el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (conocido como el Protocolo de Palermo).
Luego de varias advertencias de Naciones Unidas por la poca implementación del mismo, los organismos regionales y los propios Estados diseñaron nuevas políticas y leyes para asegurar el cumplimiento y fortalecer el marco de lucha contra la trata de personas destinada, principalmente, a la explotación sexual.
El año pasado, los fiscales generales de América Latina crearon una iniciativa regional para enfrentar de forma conjunta este delito. Bajo la supervisión de la Cepal, acordaron fortalecer la persecución penal, junto a la atención y protección a víctimas y testigos de este delito.
El acuerdo de cooperación permite el intercambio de antecedentes sobre posibles víctimas y sospechosos de trata así como el congelamiento, incautación y decomiso de los objetos y bienes producto del delito.
Además de México y sus países vecinos, donde el tráfico de personas incluye junto con la prostitución, el trabajo esclavo y las tareas de sicariato, el Cono Sur concentra gran parte de la problemática.
Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil constituyen un circuito donde el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual es fuerte pese a recientes legislaciones aprobadas en cada país para combatirlo.
De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mitad de las víctimas de trata en el Cono Sur son de origen paraguayo y el principal destino en la región es Argentina.
Sin embargo, los legisladores paraguayos no aprobaron aún ninguno de los varios proyectos que ingresaron al Congreso en 2011. La única legislación sobre el tema deriva del artículo 129 del Código Penal, donde se prohíbe la trata transnacional para fines de prostitución.
En Argentina, luego de que el caso de Marita Verón pusiera en discusión pública este tipo de delito, en el 2008 se sancionó la Ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas. Según el texto, es preciso probar que la victima, cuando es mayor de 18 años, no consintió su explotación sexual; un punto criticado por las organizaciones que luchan contra la misma debido a que se trata de personas con alto nivel de vulnerabilidad de sus derechos.
Uruguay, por su parte, es considerado por muchos como un país de vanguardia en cuanto a legislación contra el tráfico. Tiene dos leyes al respecto: contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (17.815, de 2004) y la ley de trata de personas (18.250, de 2007), las cuales incorporan las definiciones del Protocolo de Palermo y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En México, recién en junio de este año el Congreso aprobó una norma contra el tráfico de personas. Establece que las autoridades de todos los niveles de gobierno y de los ministerios públicos, además de la Policía deben de actuar de oficio contra el delito. Regula, además, la reparación del daño a las víctimas de manera integral, que será proporcional a la gravedad del daño sufrido.
Pero toda esta legislación falla en algo, en opinión de la periodista Lydia Cacho, experta en el tema luego de infiltrarse en una red de prostitución: ninguna criminaliza al cliente.
Entendiendo que la trata “se rige por las reglas del mercado”, su ecuación es lógica: sin demanda no hay oferta. La autora de “Esclavas del poder” propone que los países latinoamericanos incorporen puntos de la ley sueca donde el consumo es penalizado.
“Hay casos puntuales que nos demuestran que a las mujeres cuando se les dan las oportunidades, eligen una vida distinta en la que no se vincule la violencia hacia ellas y sus cuerpos”, reflexiona.
http://america.infobae.com/
http://alianzaportusderechos.org/article/america-latina-la-politica-contra-la-trata-de-pers/
Sólo en México, cada año entre 16 mil y 20 mil niños y niñas son explotados sexualmente por los cárteles que los secuestran, esclavizan y extorsionan. La cifra asciende a 2 millones en toda América Latina, según la ONU.
El fenómeno no es nuevo aunque sí se ha intensificado con la presencia de redes de crimen organizado en la región. En el año 2000, los países latinoamericanos adoptaron el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (conocido como el Protocolo de Palermo).
Luego de varias advertencias de Naciones Unidas por la poca implementación del mismo, los organismos regionales y los propios Estados diseñaron nuevas políticas y leyes para asegurar el cumplimiento y fortalecer el marco de lucha contra la trata de personas destinada, principalmente, a la explotación sexual.
El año pasado, los fiscales generales de América Latina crearon una iniciativa regional para enfrentar de forma conjunta este delito. Bajo la supervisión de la Cepal, acordaron fortalecer la persecución penal, junto a la atención y protección a víctimas y testigos de este delito.
El acuerdo de cooperación permite el intercambio de antecedentes sobre posibles víctimas y sospechosos de trata así como el congelamiento, incautación y decomiso de los objetos y bienes producto del delito.
Además de México y sus países vecinos, donde el tráfico de personas incluye junto con la prostitución, el trabajo esclavo y las tareas de sicariato, el Cono Sur concentra gran parte de la problemática.
Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil constituyen un circuito donde el tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual es fuerte pese a recientes legislaciones aprobadas en cada país para combatirlo.
De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mitad de las víctimas de trata en el Cono Sur son de origen paraguayo y el principal destino en la región es Argentina.
Sin embargo, los legisladores paraguayos no aprobaron aún ninguno de los varios proyectos que ingresaron al Congreso en 2011. La única legislación sobre el tema deriva del artículo 129 del Código Penal, donde se prohíbe la trata transnacional para fines de prostitución.
En Argentina, luego de que el caso de Marita Verón pusiera en discusión pública este tipo de delito, en el 2008 se sancionó la Ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas. Según el texto, es preciso probar que la victima, cuando es mayor de 18 años, no consintió su explotación sexual; un punto criticado por las organizaciones que luchan contra la misma debido a que se trata de personas con alto nivel de vulnerabilidad de sus derechos.
Uruguay, por su parte, es considerado por muchos como un país de vanguardia en cuanto a legislación contra el tráfico. Tiene dos leyes al respecto: contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (17.815, de 2004) y la ley de trata de personas (18.250, de 2007), las cuales incorporan las definiciones del Protocolo de Palermo y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En México, recién en junio de este año el Congreso aprobó una norma contra el tráfico de personas. Establece que las autoridades de todos los niveles de gobierno y de los ministerios públicos, además de la Policía deben de actuar de oficio contra el delito. Regula, además, la reparación del daño a las víctimas de manera integral, que será proporcional a la gravedad del daño sufrido.
Pero toda esta legislación falla en algo, en opinión de la periodista Lydia Cacho, experta en el tema luego de infiltrarse en una red de prostitución: ninguna criminaliza al cliente.
Entendiendo que la trata “se rige por las reglas del mercado”, su ecuación es lógica: sin demanda no hay oferta. La autora de “Esclavas del poder” propone que los países latinoamericanos incorporen puntos de la ley sueca donde el consumo es penalizado.
“Hay casos puntuales que nos demuestran que a las mujeres cuando se les dan las oportunidades, eligen una vida distinta en la que no se vincule la violencia hacia ellas y sus cuerpos”, reflexiona.
http://america.infobae.com/
http://alianzaportusderechos.org/article/america-latina-la-politica-contra-la-trata-de-pers/
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