Las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC avanzan.
Pero muy lentamente. Demasiado. A punto tal, que difícilmente puedan completarse antes de que venza el mandato del presidente Juan Manuel Santos.
Después de 15 “rondas” de intensas conversaciones en la ciudad de La Habana y más de un año transcurrido de su inicio, hay acuerdo sólo sobre un punto, el que tiene que ver con el sector rural. Un capítulo de naturaleza periférica, obviamente.
Ocurre que las FARC procuran, hasta ahora sin éxito, expandir el temario de las conversaciones más allá de lo que fue acordado en su momento, al iniciarse las negociaciones. Pretenden discutir, además, el modelo económico colombiano; el futuro del sector minero; la estructura del Estado y hasta la “doctrina militar” de Colombia. Sin legitimidad alguna para ello que no sea la violencia, evidentemente. Esto no ayuda, para nada. Y sugiere una clara voluntad dilatoria.
Tampoco hay acuerdo entre las partes acerca de qué hacer en la eventualidad de cerrar un acuerdo. El gobierno quiere que lo convenido sea entonces acordado ad referéndum del resultado que arroje un llamado especial a ser convocado al efecto. La guerrilla marxista, en cambio, pretende hacerlo mediante una asamblea constituyente. Tampoco sobre esto hay consenso alguno.
Entre los temas de envergadura que aún están abiertos aparece –como cabía esperar– el de la responsabilidad por la multitud de aberrantes crímenes de guerra (delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno) de la guerrilla.
Es obvio que sus líderes pretenden eludir sus responsabilidades sobre lo antedicho y quedar absolutamente impunes. Pero es evidente que ése no puede, jamás, ser un final sensato.
Los delitos de lesa humanidad de todo tipo que se cometieron por parte de la guerrilla (como todos los demás) deben ser penados y los responsables de los mismos hacerse cargo individualmente de los delitos por ellos cometidos voluntariamente. Particularmente cuando las víctimas de sus tropelías fueron civiles inocentes, como sucedió en la enorme mayoría de los casos. Veremos en qué termina esta delicada pulseada.
Uno de los temas abominables a resolver dentro de las conversaciones en curso tiene que ver con el uso, por parte de las FARC, de niños y niñas como combatientes, que fueron obligados a delinquir. La guerrilla se refiere a ello con un eufemismo que claramente ya no engaña a nadie. Ni a ellos mismos. El de llamarlos, para disimular, “Clubes Infantiles Bolivarianos”. Una vergüenza más y una fea “cortina de humo”, por cierto. Sus miembros se llamaban “pioneros”, como en la Unión Soviética o en Cuba. Hablamos de niños y niñas de 5 a 12 años obligados a delinquir. De “pioneros”, nada.
Según las computadoras incautadas en su momento al “Mono Jojoy”, hace tres años entonces, así se reclutaba a menores, obligándolos a combatir, asesinar, secuestrar y delinquir de muy distintas maneras. Sólo en el “bloque” que estaba a cargo del ya fallecido guerrillero antes nombrado había unos 1.364 reclutas menores de edad. A lo que cabe agregar que, en los últimos 26 años, se recuperaron más de 5.075 niños y niñas que estaban actuando a la manera de sanguinarios soldados. Ellos confirman la multitud de delitos de lesa humanidad cometidos, según queda visto. A la cabeza de ellos estaba una mujer temible por sanguinaria, que se hacía llamar “Karina”.
A los menores se les inculcaba el “pensamiento único” de las FARC y se los instruía en las técnicas de la violencia armada. Se los “maduraba” en la acción, esto es de cara a la muerte, los secuestros, torturas y el vandalismo en general.
También se los entrenaba en el espionaje y las tareas de inteligencia. Se les enseñaba asimismo a armar, manipular y usar explosivos. Además de tener que realizar tareas menores, de servicio, que se les imponían.
Con frecuencia se los instruía, además, en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y sus distintas técnicas y mecanismos. Incluyendo trabajar en los cultivos ilícitos y en las fábricas de “pasta”. De horror.
Esto, por su enorme gravedad, no puede ni debe quedar impune. No puede tampoco repetirse. Ni –menos aún– perdonarse alegremente. Como si lo sucedido a esos niños y niñas –una verdadera tragedia para ellos y para sus respectivas familias– no tuviera importancia alguna.
Esta página de la historia no puede quedar vacía. Ni darse vuelta, como si no hubiera existido. Por esto hablamos seguramente de uno de los obstáculos más grandes en el difícil proceso de alcanzar una paz duradera en Colombia y –con ella– poder dejar atrás años de reiterada comisión de delitos de lesa humanidad para los que no hubo, ni habrá, justificativo alguno, de ninguna naturaleza.
(*) Exembajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.
http://www.rionegro.com.ar/diario/las-farc-y-el-reclutamiento-de-ninos-1341579-9539-nota.aspx
http://alianzaportusderechos.org/article/colombia-las-farc-y-el-reclutamiento-de-ninos/
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