UE- Trata de personas: víctima y testigo

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La Eurocámara vota en Estrasburgo recomendaciones para atajar la delincuencia organizada, la trata de personas incluida. La invisibilidad de las víctimas es uno de los mayores problemas a atacar, opina especialista.  

 880.000 personas viven en los países de la Unión Europea sometidas a trabajos forzados. De ellas, el 30% son objeto de explotación sexual; el 68% mujeres. El 4% de las víctimas detectadas proviene de países de América Latina y el Caribe, el 9% del Asia, el 34% del África. 3600 organizaciones delictivas operan en la UE, el 70% de ellas tiene una composición transnacional.
La trata de seres humanos se encuentra imbricada en redes delictivas de narcotráfico, tráfico de armas, inmigración ilegal y blanqueo de dinero. A 25.000 millones de euros ascienden los beneficios anuales del tráfico con seres humanos; unos 670.000 millones de dólares de pérdida anual reportan los negocios ilícitos a la economía global.
El fenómeno ha sido objeto de recientes estudios de la Organización Mundial de Trabajo (ILO), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.
Datos alarmantes y llamada a actuar
En esta situación, la Eurocámara subraya la necesidad de un enfoque común a escala europea, un marco legislativo homogéneo, el mayor desarrollo de mecanismos de control para luchar contra la ciberdelincuencia transfronteriza y mayor cooperación con terceros países.
En cuanto a las políticas antitráfico de personas, se pone el acento en una mayor presión por que los países europeos pongan en marcha las directivas comunitarias. E insiste en la protección de testigos, informantes y colaboradores con la justicia.
Directiva previa

En la Jornada contra el Tráfico de Personas (18.10.2013), la comisaria europea de Asuntos Interiores, Cecilia Malström, volvió a recordar que su erradicación está en la mira de los esfuerzos de Bruselas desde el 2010. Una directiva aprobada hace tres años considera sobre todo los derechos de las víctimas sin condicionarlo a una colaboración con la justicia.
 Alojamiento apropiado y seguro, asistencia material y médica, representación legal, asesoramiento jurídico, no penalización, garantías de acceso a programas de protección de testigos y regímenes de compensación, entre cinco y diez años de prisión para los criminales: así la directiva europea de 2011 que, hasta el momento, han adoptado sólo 18 de los 28 países miembros de la UE. Ni España ni Alemania se encuentran entre ellos.
Desde la visión de las víctimas
“Querríamos que la resolución del Parlamento Europeo se centrara más en las víctimas y menos en los millones que genera la trata de seres humanos”, comenta a DW Helga Flamtermesky, coordinadora de “Mujer Frontera-Border Woman”.
Esta organización forma parte de la plataforma europea de la sociedad civil en contra del tráfico de seres humanos, lanzada en mayo de este año. Y aunque ve con buenos ojos los avances que en el tema se ha hecho a nivel europeo, la práctica aún no es lo que debería.
“Cada vez que piden ayuda a un gobierno, a la policía, al consulado, existe la presión para que pongan, antes que nada, una denuncia”, cuenta Flamtermesky, sicóloga social de la Universidad de Barcelona.

De Colombia, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador, México, Argentina provienen las latinoamericanas que colaboran en la organización, la mayoría inmigrantes en España y Estados Unidos, la mayoría sobrevivientes de la trata de personas.
 Según la especialista de “Mujer Frontera”, las cifras que se manejan en los informes no reflejan la realidad. “Se calculan las 880.000 víctimas en Europa, por unas 300.000 que han sido rescatadas oficialmente. Pero hay muchas que escapan y buscan espacios donde protegerse sin tener que acudir a la policía. No quedan reflejadas en las estadísticas. Además no es muy realista la idea que cuando se acogen a la denuncia queden protegidas”.
La denuncia sigue siendo un acto de valentía: “ponen a mucha gente en peligro. A su entorno, su familia y, si han estado siendo prostituidas, ponen en riesgo a las otras que están en situación de trata. Muchas empiezan procesos de los que retiran cuando no se sienten seguras”, añade. El proceso debe ser inverso: primero la protección de las víctimas, luego la desarticulación de la red, concluye Flamtermesky.
Esclavas invisibles
Efectivamente, el combate a las redes delictivas está en el foco de las acciones europeas desde ya algunos años. A este respecto, la especialista detecta otro problema: “el fenómeno se ha vuelto más complejo. La red se define con un mínimo de tres personas. En la actualidad, aunque las víctimas siguen llegando a Europa, es sólo una persona la que trafica. Así, al momento de la denuncia, al no haber más que un traficante identificable, esto no cuenta como red ni como trata de personas. Y el caso no se sostiene”.
“Mujer Frontera” subraya la necesidad de visibilizar también otro tipo de trata: el matrimonio servil. “Se trata de mujeres latinoamericanas de clase media que llegan a Europa, casadas, de manera legal. Una vez aquí son obligadas a la prostitución. Aunque, por ejemplo, en España esto se trata bajo el aspecto de violencia de género, cuando van a denunciar, no les creen. Además la figura no entra en las estadísticas porque las víctimas del matrimonio servil no generan lucro”, afirma Flamtermesky.
Víctimas y testigos
Como fuere, en las recomendaciones de la Eurocámara, sometidas a voto en Estrasburgo esta semana, se enfoca el problema desde la perspectiva de la delincuencia organizada y aboga por atajarla detectando los flujos de capitales delictivos “para asegurar que “el delito no resulte provechoso”.

No obstante, desde la sociedad civil se recalca la necesidad de poner más el acento en las personas que son objeto del crimen organizado subrayando su calidad de víctimas y menos en su calidad de testigos.

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