Arg- CABA-DENUNCIAN AL GOBIERNO PORTEÑO POR INCUMPLIR CON LAS POLÍTICAS HABITACIONALES

23-5-12 Punto Jus

De un total que supera los 3 millones de habitantes en la Ciudad, cerca de 500 mil se encuentran en situación de emergencia. La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires apuntó al gobierno de Mauricio Macri e inició una acción judicial para que se garanticen las necesidades básicas insatisfechas en las 15 villas porteñas

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera marcando precedente sobre el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, desde la Defensoría General porteña se suma la presentación de una acción colectiva ante la justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario para solicitar al gobierno local que cumpla con determinadas políticas habitacionales en barrios carenciados.

En este plano, patrocinados por el defensor General porteño, Mario Kestelboim y por el defensor General adjunto, Roberto Gallardo, los delegados de todas las villas reclaman el trazado de al menos una calle asfaltada, iluminación, sistema de transporte y recolección de residuos como primeros pasos para terminar con la desatención de las autoridades locales a los barrios de menores recursos, cuestión que se viene denunciando públicamente, desde hace tiempo, por parte de legisladores e integrantes de la justicia.

Gallardo advirtió que “se llegó a la justicia con esta presentación que es el puntapié inicial para lo que llamamos la caída de los muros y la integración de los barrios carenciados. Se trata de un recurso judicial novedoso dado que es la primera vez que el 90 por ciento de los barrios está regularizado en su representación política y llegan juntos a hacer un planteo judicial patrocinados por la defensa pública”.

Así, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder en sede judicial –ante el juzgado N1 a cargo del juez Juan Cataldo- respecto de su incumplimiento para garantizar las necesidades básicas de estos barrios. “Hay una clara omisión del Ejecutivo en la implementación de políticas públicas vinculadas a la vivienda, que es un derecho que en los últimos días se vio ratificado por la Corte Suprema de Justicia cuando revocó un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad y estableció el derecho a la vivienda”, sentenció Gallardo

La presentación judicial apunta a que se obligue a la Ciudad a ejecutar la apertura de una calle asfaltada con su correspondiente sistema de desagüe e iluminada en idénticas condiciones que las del resto de la Ciudad. Asimismo se reclama por la instalación de alumbrado público y se exige el ingreso de, al menos, una línea de colectivos por cada uno de los barrios y asentamientos a efectos de garantizar la integración con el resto de la Ciudad. Por último se pide a la justicia que medie para que exista el servicio de recolección de residuos y limpieza de calles.

El defensor Mario Kestelboim señaló que “las causas por vivienda digna son muy frecuentes porque no hay una política que demuestre el interés del gobierno de Mauricio Macri. A la cúpula del Ejecutivo porteño no le interesa la vivienda social, si le interesa la vivienda de lujo y la construcción como negocio inmobiliario. Para el Gobierno de la Ciudad, la existencia de paradores y hogares es respuesta a la necesidad de vivienda”.

MANDATO CONSTITUCIONAL. Lo cierto es que desde la Defensoría apuntan fuertemente contra el gobierno de Macri dado que, según se destaca, “se ve que los barrios pobres están siendo segregados y marginados del resto del territorio de la Ciudad”.

En este plano cabe destacar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires promueve, a través de su artículo 17, el desarrollo de “políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos… asistiendo a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promoviendo el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”.

Este artículo dejaría en jaque al gobierno local de turno que viene siendo apuntado por distintos sectores a causa de la falta de políticas concretas y el destino de presupuesto para atender las necesidades habitacionales de la Ciudad.

“La omisión en el actuar del Gobierno de la Ciudad al no prestar los servicios públicos esenciales que se traduce en una violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Derechos que no pueden de ninguna manera estar supeditados a la discrecionalidad en el obrar de la demanda”, puede leerse en la presentación judicial. En este contexto cabe destacar que la Constitución local en su artículo 31 reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado.

Así es que el gobierno de la Ciudad se encuentra en una situación de incumplimiento que es reclamada no sólo por legisladores de la oposición, sino que esto llevó a que ante la falta de respuestas medie una acción judicial donde, según explicaron desde la Defensoría, se espera que la justicia se expida en el corto plazo para dar solución a una situación que viola los derechos constitucionales de los habitantes de los barrios carenciados.

CRISIS HABITACIONAL. Lo cierto es que según datos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de un total que supera los 3 millones de habitantes, cerca de 500 mil se encuentran en situación de emergencia, siendo 210 mil la población estimada que habita las 15 villas de la Ciudad y 30 mil la población en asentamientos.

“Vemos con preocupación que no haya una política de vivienda a través del IVC, ni de urbanización en las villas, no hay política para sostener y contener las expulsiones que realiza cotidianamente la justicia en el marco de los desalojos civiles o penales por usurpación”, coinciden en este concepto Kestelboim y Gallardo y en este marco ubican la situación de las 100 personas que fueron desalojadas en la última semana de un hotel ubicado en la Avenida Brasil “que quedaron en la calle porque no hay ninguna política del gobierno para salvaguardar esta situación, dado que entienden que se agota su obligación con paradores nocturnos, que son sólo paliativos de emergencia”.

Cabe destacar que en diciembre de 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al Estado argentino a adoptar políticas que garanticen el acceso equitativo a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia y que luche eficazmente contra la especulación en los mercados inmobiliario, de la tierra y de la construcción. También en diciembre de 2011, la Relatora Especial sobre vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, recomendó al Estado argentino a diversificar y flexibilizar los programas, adecuando el uso de los fondos a las necesidades existentes, a una mayor coordinación y articulación de los programas y fondos nacionales y provinciales y a una política de regulación y subsidio a los alquileres.

“La vía ordinaria sería la respuesta política, pero frente al claro incumplimiento del mandato constitucional será la justicia la que deberá resolver y creemos que obligará al jefe de Gobierno a cumplir con estas cuatro premisas fundamentales para estos ciudadanos”, concluye Gallardo.

Los alcances del fallo de la Corte Suprema sobre el derecho a la vivienda
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió días atrás una importante sentencia en la que se analiza el alcance de las obligaciones y el cumplimiento del derecho a la vivienda por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la causa Quisberth Castro, en la cual una mujer, que vive con su hijo menor de edad con una severa discapacidad, debió recurrir a la justicia por la falta de respuesta del gobierno porteño ante su imposibilidad de procurarse un lugar digno, salubre, adecuado y seguro donde vivir. Ante este planteamiento, la Corte ordenó al gobierno que garantice un alojamiento adecuado a la familia y le brinde asesoramiento para la solución de su problema habitacional.

“El pronunciamiento de la Corte resulta trascendente en un contexto de aumento progresivo de la población de villas y asentamientos que ya duplica los datos de 2001”,explican desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y remarcan que“a diferencia del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, el máximo tribunal descartó que los paradores y la política de subsidios habitacionales implementados por el gobierno porteño constituyan una respuesta adecuada para resolver el problema de vivienda que padecen las familias en situación de calle y extrema vulnerabilidad, como es el caso de la demandante” .

En este contexto, el fallo deja en evidencia “las falencias estructurales de las políticas públicas de la ciudad en materia de vivienda y la necesidad de una política social integral, planificada y debidamente coordinada que permita dar respuesta definitiva a la emergencia habitacional que sufren los grupos más vulnerables”, sostienen desde el organismo.

Sabrina Santopinto

Directora PuntoJus.com

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