Barbara Ehrenreich es autora de varios libros, recientemente ha publicado Bright-Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America. Acaba de publicarse la edición del décimo aniversario de su éxito de ventas Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America por Picador Books. Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón· · · ·
Uno por uno, los pobres no
resultan demasiada tentadores para los ladrones por razones obvias. Si asaltas
a un banquero, puedes encontrarte con una cartera que contenga el equivalente
de un mes de alquiler. Si asaltas a un portero, tendrás suerte si te llega para
salir en autobús de la escena del delito. Pero tal como señalaba
instructivamente el semanario Businessweek en 2007, los pobres en
conjunto proporcionan un jugoso objetivo para cualquiera lo bastante depravado
como para hacer negocio robándoles.
El truco consiste en robarles
con formas que sean sistemáticas, impersonales y casi imposibles de localizar
en lo que respecta a sus responsables individuales. Los patronos, por ejemplo,
no tienen más que programar sus ordenadores para rebanarles unos cuantos
dólares de cada cheque, o pueden pedirles a los trabajadores que vayan a
trabajar treinta minutos o más antes de que empiece a contar el reloj.
Los prestamistas, contando a
las principales empresas crediticias, así como a los prestamistas del día de
paga, han adoptado el papel del tradicional usurero de la esquina, cobrando
tasas de interés de locura. Cuando se complementan con intereses de demora
(sujetos a su vez a intereses), la tasa de interés efectivo resultante puede
llegar a ser tan elevada como de un 600% anual, lo que es perfectamente legal
en muchos estados.
No sólo el sector privado se
dedica a explotar a los pobres. Las administraciones locales están descubriendo
que pueden compensar sus ingresos fiscales en declive gracias a multas, tasas y
otros costes impuestos a acusados indigentes, a menudo por delitos cuya ruindad
no va más allá de conducir con un carné caducado. Y si eso parece una forma
ineficaz de sacar dinero, dado el elevado coste de lo que supone encerrar a la
gente, un número creciente de jurisdicciones han empezado a cobrar a los
acusados el coste de los tribunales y hasta el precio de ocupar una celda.
Un caso ejemplar de
persecución administrativa de la gente en la calle sería el de Edwina Nowlin,
un mujer de Michigan sin techo que fue encarcelada en 2009 por no poder pagar
104 dólares mensuales para cubrir los costes de alojamiento y hospedaje del
encarcelamiento de su hijo de 16 años. Al recibir un cheque atrasado, pensó que
le permitiría pagar la estancia de su hijo en prisión. Por el contrario, se le
confiscó para cubrir el coste de su propio encarcelamiento.
Las administraciones se suman a los saqueadores de los pobres
Se podría pensar que los
responsables políticos se tomarían mucho interés en las cantidades que se les
roba, coacciona o extorsiona a los pobres, pero no constan esfuerzos oficiales
por rastrear esas figuras. Por el contrario, tenemos que fijarnos en
investigadores independientes, como Kim Bobo, autor de Wage Theft in
America [El robo salarial en Norteamérica], que estima que el robo
de salarios les rinde a los patronos como mínimo 100.000 millones de dólares al
año y posiblemente el doble de esa cifra. Por lo que se refiere a los
beneficios que saca la industria de préstamos, Gary Rivlin, que escribió Broke
USA: From Pawnshops to Poverty, Inc – How the Working Poor Became Big Business,
[Los Estados Unidos en bancarrota: de las casas de empeño a Pobreza S. A:
cómo se han convertido los pobres en un gran negocio] afirma que los pobres
pagan un recargo efectivo de cerca de 30.000 millones de dólares anuales por
los productos financieros que consumen, y más del doble si se incluyen tarjetas
de crédito de segunda categoría, préstamos de segunda categoría para comprar
coches e hipotecas de segunda categoría.
No se trata, por supuesto de
cantidades triviales. Entran en el mismo orden de magnitud de los principales
programas públicos para pobres. La administración distribuye cerca de
55.000 millones anuales de dólares, por ejemplo, a través del mayor programa de
transferencia de efectivo a los pobres, el Crédito Tributario sobre
Ingresos Percibidos [Earned Income Tax Credit]; al mismo tiempo, los patronos
están malversando el doble de esa cantidad, si es que no es más, por
medio del robo salarial.
Y mientras que la
administración cierra por lo general los ojos a los decenas de miles de
millones de dólares en intereses exorbitantes que el sector de negocios cobra a
los pobres, es llamativamente reacia con las prestaciones públicas a los
pobres. La Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance to
Needy Families), por ejemplo, el único programa de bienestar que nos queda a
escala nacional, sólo recibe 26.000 millones de dólares anuales en fondos de
los estados y federales. Queda la impresión de un sector público totalmente en
contradicción consigo mismo: por un lado, ofrece programas que son una red de
seguridad para los pobres; por el otro, permite el robo a gran escala por parte
del sector privado contra la misma gente a la que supuestamente trata de
proteger.
A escala local, sin embargo,
la administración opta cada vez más por unirse al saqueo. En 2009, con un año
ya de Gran Recesión, empecé a oír quejas de activistas comunitarios sobre umbrales
cada vez más agresivos a la hora de hacer cumplir la ley en zonas de bajos
ingresos. Tira una colilla y te detendrán por ensuciar; vacíate los bolsillos a
petición de un agente de policía en cualquier control de parar y cachear y
acabarás esposado por unos restos de marihuana. Cada una de estas infracciones
puede tener como resultado una multa, como mínimo, de tres cifras.
Y la cifra de posibles
infracciones que suponen cárcel y/o a multas se ha ido multiplicando
temerariamente. Por todo el país – de California y Tejas a Pensilvania –
condados y municipalidades han ido endureciendo las leyes contra el absentismo
escolar y ampliando el cumplimiento de la ley, llegando a veces incluso hasta a
esposar niños encontrados en las calles en horario escolar. En la ciudad de
Nueva York es ahora delito poner los pies encima de un asiento del metro,
aunque el resto del vagón esté vacío, y una mujer de Carolina del Sur pasó seis
días en la cárcel cuando no pudo pagar una multa de 480 dólares por el delito
de tener el "patio en desorden". Algunas ciudades, – muy
recientemente, Houston y Filadelfia – han convertido en delito compartir comida
con indigentes en lugares públicos.
Ser pobre no es en sí mismo un
delito de momento, pero al menos en un tercio de los estados, tener deudas
puede acabar contigo en la cárcel. Si un acreedor como un casero o una empresa
de tarjetas de crédito consigue una citación judicial dirigida a ti y no
compareces en la fecha prevista en el juzgado, se emite una orden judicial de
detención. Y es fácil pasar por alto una citación judicial, que puede haberse
enviado a una dirección errónea o, en el caso de un repartidor negligente, que
se tire simplemente a la basura – una práctica tan común que el sector tiene
incluso una denominación para ello: "servicio de alcantarilla”. Siguiendo
una secuencia que, según informa la National Public Radio,
resulta "cada vez más común", se detiene a una persona por
cualquier infracción menor de tráfico – tener un silenciador que hace
ruido, digamos, o un piloto del freno roto –, momento en el cual el agente
descubre la orden judicial y el involuntario infractor acaba en la cárcel en un
abrir y cerrar de ojos.
Las administraciones locales, predadoras
Cada uno de estos delitos,
neo-delitos y pseudo-delitos conlleva penas financieras, así como la amenaza de
un periodo de cárcel, pero la cantidad de dinero que así se les saca a los
pobres resulta endemoniadamente difícil de determinar. Ninguna agencia central
rastrea la aplicación de la Ley a escala local, y los registros municipales
pueden ser casi deliberadamente superficiales.
De acuerdo con una de las
pocas estimaciones recientes a escala nacional, la de la Asociación Nacional de
Abogados Criminalistas (National Association of Criminal Defense Lawyers), se
cometieron 10,5 millones de faltas en 2006. Nadie se arriesgaría a llevar a
cabo una estimación de la pena financiera media de una falta, aunque los
expertos a los que he entrevistado afirmaron todos que la cantidad suele estar
generalmente en "cientos de dólares". Si tiramos extremadamente por
lo bajo, unos 200 dólares por falta, y tenemos en cuenta que el 80-90% de los
delitos los cometen personas que son oficialmente indigentes, entonces loas
administraciones locales están utilizando el cumplimiento de la Ley para
sacarles o intentar sacarles anualmente a los pobres al menos 2.000 millones de
dólares anuales.
Y eso no es más que una
pequeña fracción de lo que a las administraciones les gustaría recaudar de los
pobres. Katherine Beckett, socióloga de la Universidad de Washington, estima
que los "padres aprovechados" (y madres) deben 105.000 millones de
dólares en pagos atrasados para manutención de los hijos, la mitad de los
cuales se adeudan a la administración de los estados como reembolso de pagos anteriores
de asistencia social a los niños. Sí, los padres tienen una obligación moral
con sus hijos, pero la gran mayoría de quienes deben la manutención de sus
hijos son indigentes.
Los intentos de recaudar entre
los que ya son pobres pueden ser despiadados y a menudo, se podría pensar,
contraproducentes. La mayoría de los estados confiscan los permiso de conducir
de la gente que adeuda la manutención de los hijos, con lo que prácticamente
garantizan que no podrán trabajar. Michigan acaba de empezar a suspender los
permisos de conducir de quienes deben dinero de tickets de aparcamiento. En Las
Cruces, Nuevo México, acaba de aprobarse una ley que castiga a la gente que
tiene sin pagar multas de tráfico vencidas cortándoles el agua, gas y
alcantarillado.
Una vez cae una persona en las
garras del sistema de justicia criminal, encontramos el tipo sadismo de
payasada familiar a los espectadores de Wipeout [programa televisivo en
el que los participantes se someten a pruebas hilarantes e humillantes que suelen
acabar con ellos en el barro o en el agua]. Muchos tribunales imponen costas
sin determinar si el acusado puede pagarlas o no, y el privilegio de disponer
de un plan de pagos también cuesta en si mismo dinero.
En un estudio de de quince
estados, el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York
descubrió que catorce de ellos tenían jurisdicciones que imponen "penas de
pobreza" de hasta 300 dólares para aquellos que no pueden pagar sus tasas
y multas, más las tasas de demora y "tasas de recaudación" para
quienes precisan plazos de pago. Si se impone alguna pena que conlleve un
periodo de prisión, también eso cuesta dinero, tal como descubrió la
desventurada Edwina Nowlin, y los coste de la libertad bajo palabra y libertad
condicional se trasladan cada vez más al infractor..
Las actividades depredadoras
de las administraciones municipales le dan un nuevo sentido a esa frase cansina
de "el ciclo de la pobreza". La gente pobre tiene bastantes más
probabilidades de meterse en líos con la Ley, ya sea porque no paga las multas
o porque in
curra en la ira de un acreedor
del sector privado como un casero o un hospital..
Una vez se te considera
delincuente, ya puedes ir diciéndole adiós a lo que te quede de recursos. No
solo te enfrentarás al coste de los tribunales antes mencionado sino que te
será difícil volver a conseguir un empleo una vez tengas historial delictivo. Y
luego, por supuesto, cuanto más pobre te vuelves, más probabilidades tienes de
meterte otra vez en líos con la Ley, haciendo de esto menos un
"ciclo" y más un tobogán al infierno. Cuanto más desciendes, más
rápido caes, hasta que acabas por último en las calles y te trincan por una
falta como orinar en público o dormir en la acera.
Podría proponer toda clase de
medidas políticas para frenar la depredación de los pobres. Deberían
restablecer los límites a la usura. Habría que tomarse en serio el robo también
cuando lo cometen patronos millonarios. No debería meterse a nadie en la cárcel
por deudas o sangrarle un dinero al que no tiene posibilidad de acceder. Esto
no tiene mucha discusión y debería tener preferencia sobre cualquier cosa que
se diga a largo plazo acerca de generar empleo o fortalecer las redes de
seguridad.
Antes de que podamos
"hacer algo" por los pobres, hay ciertas cosas que tenemos que dejar
de hacerles.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4996
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