ESPAÑA- MANIFIESTO EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PUBLICOS

viernes, febrero 24, 2012 Publicado por GSIA 

GSIA recoge y se suma a este Manifiesto porque considera de más de 25% de la humanidad, 

que representan las personas menores, niños y adolescentes, se ven muy y gravemente afectados por la destrucción del Estado de Bienestar,también en España.
Las decisiones que están  adoptando  la mayoría de los gobiernos de recortar  el  gasto social, a través del deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen  en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de  todos.  Es deber  de  la ciudadanía defenderlo  y propugnar  unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan  con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad.
Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una  reducción del gasto  social, una  minoración de  los sistemas  fiscales y, en definitiva, una  menor presencia de la actuación de los poderes  públicos en la vida económica y social. Quienes suscribimos este Manifiesto no compartimos esa visión y la realidad está confirmando que estas políticas no solo no han contribuido a ir superando  la crisis, sino que la están  manteniendo y agudizando; además de aumentar   las  desigualdades  entre   poblaciones  y  países,  conduciendo   al  fracaso  los  Objetivos  de Desarrollo del Milenio y la lucha contra el hambre y la pobreza, compromisos contraídos por España y exigencia ética de toda la sociedad.
La crisis ha incrementado  las desigualdades sociales. En España, a la desigual distribución de la renta  se ha  unido  un  injusto  sistema  tributario,  carac terizado  por  su  regresividad,  la  descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto público, y en particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción supone además un injustificado derroche de recursos de la sociedad.
La crisis económica no ha afectado  a todos por igual, ni a todas  las fuentes  de renta  con la misma intensidad,  ni toda  la ciudadanía,  ni todas  las empresas  contribuyen  al sos tenimiento  de  los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica. Sin recursos suficientes, los poderes  públicos no pueden desarrollar una  asignación equitativa de los recursos  públicos que  redunde  en el progreso  social y económico y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.
La protección  integral y la universalización de la cobertura,  parte  indispensable del Estado Social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato  a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de  igualdad, libertad y participación. Por ello nos preocupa  que  la  crisis sirva también de  excusa para  un retroceso  en  los derechos  civiles ya alcanzados o en el avance  en  los derechos  constitucionales  que  todavía no han sido aplicados a todos  los colectivos de los empleados públicos por igual. También queremos  destacar  los riesgos de  aumento  de  la discriminación  de  las mujeres o las consecuencias de la reducción de los servicios de prevención y atención en violencia de género.
La convergencia de las políticas de bienestar soci al y las propuestas  relacionadas con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea que, ahora, está siendo un  escenario  de  confrontación ideológica  entre  quienes  defendemos   la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social, y quienes reducen  su papel a la mínima expresión y reclaman más mercado. La ausencia, relajación e irresponsabilidad   de   los   instrumentos  de   control   público   de   los  mercados   y  de   las   propias administraciones han contribuido a la gravedad de la crisis.
La  nueva  estrategia  europea   se  orienta  hacia  el  saneamiento   de  las  variables  macroeconómicas y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en detrimento  de los derechos sociales y los servicios públicos. Las propuestas  de carácter neoliberal están sirviendo a los poderes  públicos como pretexto  para renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura  de necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales.
Nosotros  no  compartimos esas  propuestas.  Consideramos que  los servicios de  interés general  son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello exigimos a los Gobier nos   que   recti fi que n   en   la   or ientació n   de   las   pol ític as   so ciale s,   recuperando    el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes  fundamentales  de nuestro modelo social.
Defendemos la gestión pública directa, como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos,  de  favorecer  la  equidad  y calidad  de  los  mismos,  incluyendo  su  acceso  en  las  mismas condiciones  en  el  ámbito  rural,  de  garantizar  y  tutelar  el  ejercicio  efectivo  de  los  derechos subjetivos a la salud, la educación y la atención social y de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.
Exigimos la reorientación de la política económica, retomando  el objetivo de su reconversión hacia criterios  de sostenibilidad  y equidad  como eje de la recuperación,  y no basada  exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto, pues así no se asegura el desarrollo con criterios de justicia social, ni la creación de empleo.
Apostamos por otra salida de la crisis: solidaria, redistributiva, que en ningún caso puede suponer la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e ineficaces, que mantenga las políticas sociales públicas, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de  la democracia a través de la negociación, la concertación y la participación social.
El   mantenimiento   de  las  políticas  sociales  y  de   igual dad   es  un  principio  y  un  derecho irrenunciable. La evolución de los estados  democráticos en Europa ha estado  vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el Modelo Social Europeo. Un modelo basado  en  la redistribución de la riqueza como elemento  corrector de las insuficiencias de la economía de mercado y de solidaridad entre la ciudadanía, llevado a cabo a través de sistemas fiscales progresivos y justos y del gasto  social equitativo  y eficaz, contrapuesto a los modelos  liberales que  afrontan  las necesidades sociales con acciones de beneficencia, sin reconocimiento  de derechos subjetivos y apelando al individualismo y al mercado.
El gasto del Estado se ha venido financiando en proporción creciente con deuda, que hay que devolver con sus correspondientes intereses, en lugar de recurrir a la fiscalidad.  En los años de la crisis, las cuentas públicas de España han sufrido un grave deterioro,  pero el diferencial más relevante,  tanto  cualitativo como  cuantitativo,  de  la  economía  española  con  los  países  de  su  entorno   está  en  los  ingresos tributarios. Mientras que en la media de la UE los ingresos tributarios solo bajan 0,9 puntos de PIB, en España se desploman en 6,5 puntos debido a las rebajas  fiscales, el hundimiento  de las operaciones inmobiliarias, junto al alto volumen de economía sumergida y del fraude fiscal.
Es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal y acometer una reforma fiscal integral, con consenso social, que afecte al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados de Europa.
Es  necesario  ampliar  el  plazo  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de  déficit.  La  reciente  y precipitada reforma constitucional, a la que nos opusimos activamente  por la forma y el fondo de  la misma, introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del modelo social, proyectando un cambio de paradigma, subordinando los objetivos sociales y el papel del sector público a los objetivos económicos y los intereses de mercado.  En este  sentido, la reciente reforma  laboral introduce  nuevos mecanismos  que  facilitan el  despido  en  el  sector  público, lo cual supone  una  amenaza  para  todos  los trabajadores  y trabajadoras del sector, así como un riesgo para la calidad, la suficiencia y la continuidad de los servicios.
Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por  desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad  pública, la promoción  de  la cultura,  la cooperación  para  el desarrollo,  y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento  de una sociedad más democrática, más igualitaria y más  libre, en  pueblos y ciudades, basada  en  la justicia distributiva y la universalidad,  en  la  que  las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%. Las medidas de ajuste,  contención del gasto  público y tasas  de  reposición muy restrictivas están  provocando  un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad.
El gasto social destinado a mantener  y mejorar la red pública educativa , sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones deben  hacer para favorecer la salida de la crisis.
La  evolución  de  nuestro   gasto  social,  históricamente   deficitario,  no  se  ha  correspondido   con  el crecimiento  económico  experimentado  hasta   2007  y  su  reciente  incremento  se  ha  debido básicamente al aumento  del gasto en desempleo y a la aplicación de la ley de dependencia;  seguimos presentando un importante  déficit con respecto  a la media europea  de 4’4 puntos del PIB (6’5 puntos si excluimos  el gasto en desempleo). El Estado español debe  reducir esta  diferencia por lo que no puede  permitirse una pérdida de gasto social sin poner en riesgo la calidad, la universalidad y la equidad alcanzada en los distintos sistemas de protección social.
Las políticas de ajuste  en los servicios públicos no resuelven  los problemas  de nuestro  país sino que provocan un agravamiento  de la situación actual, por lo que la solución pasa por invertir la ecuación y centrarse   en  crear  medidas  que  impulsen  la  recuperación  económica  para  la  generación  de empleo.
Las  organizaciones  y  entidades  firmantes  de   este   Manifiesto,  en   base   a  los  principios  y contenidos del mismo, se constituyen en Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos con el objetivo de trasladar a la sociedad el modelo social basado en la justicia, los valores democráticos y los derechos sociales y laborales de toda la población.
Madrid, 20 de febrero de 2012

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