3-2-12 Por Iskra Pavez Soto
Desde hace meses que la creciente y sostenida participación de niñas,
niños y jóvenes en el actual movimiento estudiantil en Chile refresca,
sorprende y gusta a la propia sociedad que le vio nacer. Gracias a
esto, se ha generado un debate público sobre la educación de las
actuales y futuras generaciones como uno de los principales tema-país. Y
es que la educación no solo es el capital humano –base de la riqueza y
el desarrollo de un país en la actual sociedad del conocimiento–; sino
que además, la educación y las credenciales educativas son vistas como
la principal llave que abrirá las puertas de la movilidad social, ya
que promete la superación de la exclusión.
Según Qvortrup (1992), Gaitán (2006) y Liebel (2007), existen una serie de asuntos de interés público que afectan directa e indirectamente a la infancia y la juventud. Cuando, las niñas, los niños y jóvenes opinan, participan y se organizan para intentar incidir en algunos de estos aspectos que afectan sus vidas –como la educación– están demostrando su capacidad de ser “actores sociales”, es decir, protagonistas del mundo social. En el actual movimiento estudiantil, particularmente el sector secundario, podemos comprobar cómo se re-construye el concepto mismo de infancia y juventud que había imperado en la sociedad chilena, superando los viejos estereotipos del “no estar ni ahí” y perfilándose como una generación ciudadana comprometida de manera protagónica con los cambios políticos, sociales y culturales de la sociedad chilena.
Recordemos que la llamada “revolución pingüina” de mayo 2006, no solo hizo tambalear la popularidad de Michelle Bachelet, también logró la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) –uno de los íconos de la herencia de la dictadura militar de Pinochet–. Tras la salida del entonces Ministro de Educación, Martín Zilic, se creó un Consejo de Educación integrado por diversos actores que elaboró una Ley General de Educación (LGE), aprobada sin respaldo ciudadano. No obstante, los hechos actuales demuestran que no fue una verdadera solución al problema de la educación y la desigualdad que aún persisten en Chile.
Actualmente, el movimiento estudiantil pide al Estado –nada más, ni nada menos– que una nueva Constitución y la desmunicipalización de la Educación obligatoria (primaria y secundaria). En otras palabras, solicitan una reforma educacional en base a una política pública integral y sostenible, donde el Estado asuma su rol de garante del derecho a la Educación para todas las capas sociales. El Plan propuesto por Sebastián Piñera (GANE) hace apenas alusión a estas cuestiones, pero el reciente cambio del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, ciertamente denota la presión e influencia del movimiento estudiantil sobre la agenda del gobierno.
En teoría política se dice que si los “policy makers” tuvieran a sus hijas e hijos estudiando en escuelas públicas realmente diseñarían políticas educativas eficientes y de calidad que apuntaran hacia el desarrollo humano integral. Sin embargo, en Chile la mayoría de la clase política opta por la educación privada, ya que, sin duda, es de superior calidad y obtiene mejores resultados académicos que la educación pública, salvo contadas excepciones. Hoy en día, gran parte de la educación privatizada es un negocio y justamente uno de los principales aciertos del movimiento estudiantil ha sido cuestionar la pertinencia ética del lucro en las instituciones educativas.
El lucro en la educación fue una cuestión que la Concertación no tuvo la valentía ni la convicción ideológica de asumir y, por lo tanto, no se optó por una verdadera educación pública de calidad. La Concertación lo que hizo fue optar por un modelo mixto entre lo público y lo privado, lo que dio un verdadero auge de la educación particular subvencionada, cuyos resultados académicos son extremadamente variables y quedan sujetos a una serie de factores externos a la propia política educativa (capital humano y capital cultural familiar; dirección del centro escolar, etc.). Mientras, la educación pública sigue cargando con los históricos problemas sociales de nuestro país y es la que acoge a las capas más pobres de la sociedad.
Durante estos 20 años, pese al aumento del financiamiento, la brecha entre la educación pública y la privada solo ha ido acrecentándose sin haber sido capaces –como país– de ofrecer una educación de calidad sin importar la posición económica de la familia. Nuestro actual sistema educativo reproduce las desigualdades estructurales de la sociedad chilena, en vez de transformarlas; el acceso a la educación universitaria imita las propias jerarquías socioeconómicas y étnico-nacionales del país. Por lo tanto, es en el nivel primario y secundario donde el Estado debe focalizar políticas educativas inclusivas y de calidad si quiere efectivamente lograr el salto al desarrollo.
A pesar que la educación competitiva y de mercado ha primado por sobre la educación para la ciudadanía, la participación y la democracia, esta generación de estudiantes, través de su opinión, su organización y su exigencia ética, nos enseña que la educación no es solo conocimientos y competencias, sino mucha audacia, esperanza y tesón.
(1). En otras cosas, se pide que se revisen los incisos 10 y 11 del artículo 19 de la actual Constitución Política de la República de Chile, que establece el derecho a la educación y el derecho a la enseñanza; se pide la desmunicipalización de la Educación Obligatoria, es decir, que la educación vuelva al Estado y que se termine con la agenda privatizadora; así como también se solicita elaborar políticas de coordinación con el Transporte Público nacional (no sólo en la Región Metropolitana con el Transantiago), por ejemplo, que la Tarjeta Nacional Estudiantil sea válida los 365 días del año y las 24 horas del día; entre otras peticiones
(Fuente: www.reformaeducacional.cl).
Según Qvortrup (1992), Gaitán (2006) y Liebel (2007), existen una serie de asuntos de interés público que afectan directa e indirectamente a la infancia y la juventud. Cuando, las niñas, los niños y jóvenes opinan, participan y se organizan para intentar incidir en algunos de estos aspectos que afectan sus vidas –como la educación– están demostrando su capacidad de ser “actores sociales”, es decir, protagonistas del mundo social. En el actual movimiento estudiantil, particularmente el sector secundario, podemos comprobar cómo se re-construye el concepto mismo de infancia y juventud que había imperado en la sociedad chilena, superando los viejos estereotipos del “no estar ni ahí” y perfilándose como una generación ciudadana comprometida de manera protagónica con los cambios políticos, sociales y culturales de la sociedad chilena.
Recordemos que la llamada “revolución pingüina” de mayo 2006, no solo hizo tambalear la popularidad de Michelle Bachelet, también logró la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) –uno de los íconos de la herencia de la dictadura militar de Pinochet–. Tras la salida del entonces Ministro de Educación, Martín Zilic, se creó un Consejo de Educación integrado por diversos actores que elaboró una Ley General de Educación (LGE), aprobada sin respaldo ciudadano. No obstante, los hechos actuales demuestran que no fue una verdadera solución al problema de la educación y la desigualdad que aún persisten en Chile.
Actualmente, el movimiento estudiantil pide al Estado –nada más, ni nada menos– que una nueva Constitución y la desmunicipalización de la Educación obligatoria (primaria y secundaria). En otras palabras, solicitan una reforma educacional en base a una política pública integral y sostenible, donde el Estado asuma su rol de garante del derecho a la Educación para todas las capas sociales. El Plan propuesto por Sebastián Piñera (GANE) hace apenas alusión a estas cuestiones, pero el reciente cambio del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, ciertamente denota la presión e influencia del movimiento estudiantil sobre la agenda del gobierno.
En teoría política se dice que si los “policy makers” tuvieran a sus hijas e hijos estudiando en escuelas públicas realmente diseñarían políticas educativas eficientes y de calidad que apuntaran hacia el desarrollo humano integral. Sin embargo, en Chile la mayoría de la clase política opta por la educación privada, ya que, sin duda, es de superior calidad y obtiene mejores resultados académicos que la educación pública, salvo contadas excepciones. Hoy en día, gran parte de la educación privatizada es un negocio y justamente uno de los principales aciertos del movimiento estudiantil ha sido cuestionar la pertinencia ética del lucro en las instituciones educativas.
El lucro en la educación fue una cuestión que la Concertación no tuvo la valentía ni la convicción ideológica de asumir y, por lo tanto, no se optó por una verdadera educación pública de calidad. La Concertación lo que hizo fue optar por un modelo mixto entre lo público y lo privado, lo que dio un verdadero auge de la educación particular subvencionada, cuyos resultados académicos son extremadamente variables y quedan sujetos a una serie de factores externos a la propia política educativa (capital humano y capital cultural familiar; dirección del centro escolar, etc.). Mientras, la educación pública sigue cargando con los históricos problemas sociales de nuestro país y es la que acoge a las capas más pobres de la sociedad.
Durante estos 20 años, pese al aumento del financiamiento, la brecha entre la educación pública y la privada solo ha ido acrecentándose sin haber sido capaces –como país– de ofrecer una educación de calidad sin importar la posición económica de la familia. Nuestro actual sistema educativo reproduce las desigualdades estructurales de la sociedad chilena, en vez de transformarlas; el acceso a la educación universitaria imita las propias jerarquías socioeconómicas y étnico-nacionales del país. Por lo tanto, es en el nivel primario y secundario donde el Estado debe focalizar políticas educativas inclusivas y de calidad si quiere efectivamente lograr el salto al desarrollo.
A pesar que la educación competitiva y de mercado ha primado por sobre la educación para la ciudadanía, la participación y la democracia, esta generación de estudiantes, través de su opinión, su organización y su exigencia ética, nos enseña que la educación no es solo conocimientos y competencias, sino mucha audacia, esperanza y tesón.
(1). En otras cosas, se pide que se revisen los incisos 10 y 11 del artículo 19 de la actual Constitución Política de la República de Chile, que establece el derecho a la educación y el derecho a la enseñanza; se pide la desmunicipalización de la Educación Obligatoria, es decir, que la educación vuelva al Estado y que se termine con la agenda privatizadora; así como también se solicita elaborar políticas de coordinación con el Transporte Público nacional (no sólo en la Región Metropolitana con el Transantiago), por ejemplo, que la Tarjeta Nacional Estudiantil sea válida los 365 días del año y las 24 horas del día; entre otras peticiones
(Fuente: www.reformaeducacional.cl).
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http://sociologiadelainfanciaenchile.blogspot.com/2012/01/el-movimiento-estudiantil-una.html#more
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