La denuncia publicada ayer por Página/12 fue ratificada ante
distintos medios por la hija del ex agente de la SIDE. La organización regentea
prostíbulos en Buenos Aires y en Cancún. La Justicia empezó a investigar.
La denuncia de Lorena Martins contra su padre, Raúl
Martins, por trata de personas y cohecho respecto de jefes policiales y jefes
del área de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recayó en la
fiscalía que está a cargo de Gerardo Pollicita. El fiscal le debe requerir al
juez Norberto Oyarbide la investigación de todos los nombres y montos de dinero
que se pagaron como coimas, datos que Lorena pudo recabar en los últimos seis
meses, en que tomó contacto con la organización de prostíbulos en Buenos Aires
y Cancún, propiedad de su padre. Martins fue oficial de la SIDE durante 13 años
y su hija ya declaró ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros
Extorsivos (Ufase), especializada en trata de personas, que conduce Marcelo
Colombo. Allí reveló cómo se llevaban a las chicas argentinas a México: “La
mayoría de las chicas que estaban en The One, el único prostíbulo de la zona
turística de Cancún, eran argentinas. Las llevaban allá y las quebraban.
Algunas, muy pocas, eran brasileñas. La mayoría, argentinas”, contó ayer Lorena
en Radio Del Plata.
No
bien el fiscal requiera la instrucción del expediente, se presentará a declarar
una mujer que trabajó con Martins, fue llevada a México y vivió todo el proceso
que el ex agente de la SIDE denomina “quebrar a las chicas”. Les pagan el
pasaje, les aseguran que serán modelos o recepcionistas, les prometen mucho
dinero y cuando llegan a Cancún empiezan por quitarles el pasaporte, luego las
dejan sin vivienda, las endeudan y de esa manera se hace la presión para que
vayan ejerciendo distintos grados de prostitución. Al principio sólo en bailes,
luego bailes con erotismo, el siguiente escalón es el sexo oral y finalmente
“el pase” a la habitación. Impresiona ver las planillas en las que se habla de
cada uno de esos servicios realizados por cada chica. Lorena las aportará a la
causa judicial. También otras planillas en que se les deduce plata a las
mujeres por multas: una de las fallas más graves es darle el teléfono a un
cliente.
Raúl
Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió
expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró
a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un
temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel
país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo
cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas
apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas
apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo
no podría reingresar.
La
hija del dueño de los prostíbulos resolvió denunciarlo a raíz de que Martins
abandonó a su familia –su esposa y tres hijos–, por lo cual Lorena decidió
acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó
datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su
abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz,
entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante
varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la
Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de
Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años. Habrá que ver si el
magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Por de
pronto, Colombo ordenó que Lorena sea custodiada ya que, además, fue víctima de
una tentativa de homicidio a fines de octubre.
En
su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los
arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos
comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra
en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que
Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los
que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso
que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego.
No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se
presentará con esos datos y pruebas escritas.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-185123-2012-01-10.html
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