México - puntotvla.com - 3 de enero de 2012
La organización Internacional del Trabajo calcula que una menor de edad inducida y obligada a explotación sexual deja ganancias por 130 mil dólares al año a la organización que la somete a este tipo de esclavitud.
Unas 250 mil personas
explotadas sexualmente en América Latina y la zona del Caribe dejarían
dividendos superiores al millón y medio de dólares al año. Sin duda, un delito
internacional.
La Convención de las
Naciones Unidas creó un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, en particular, la de mujeres y menores de edad
Este documento sostiene que
se entenderá por “trata de personas” la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de
poder o de una situación de vulnerabilidad de poder o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.
Esa explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos.
En Oaxaca la trata de
personas se comete con fines de explotación sexual, principalmente, seguida de
la intención de explotación laboral.
La comandante del grupo de
Delitos Sexuales de la Agencia Estatal de Investigaciones, Raquel Cortés Ramírez
explica la forma en que se presenta este fenómeno delictivo en Oaxaca, incluso,
los casos se han extendido hasta la Sierra Mixe.
La especialista en tareas de
investigación de delitos sexuales detalla la forma en que son enganchadas
mujeres adultas y menores de edad y como la pobreza y marginación, llegan a ser
factores que orillan a mujeres a sumarse a redes de trata de
personas.
En el estado de Oaxaca están
documentados tres casos concretos en los que existió trata de personas, sostiene
la comandante del grupo de delitos sexuales de la AEI..
El 8 de Julio del 2011, la
Fiscalía Para Atención de Delitos Contra la Violencia de Género y Contra la
Mujer, y el grupo de Delitos Sexuales de la Agencia Estatal de Investigaciones
asestó un golpe contundente a una red de delincuentes que operaban desde Ocotlán
de Morelos, sometiendo a mujeres adultas y menores de edad a explotación sexual,
lo que además deriva en el delito de corrupción de menores.
El inmueble marcado con el
número 241 de la calle 16 de Septiembre, en el centro de Ocotlán, era un gran
centro de prostitución, disfrazado de sastrería, con la razón social “Sastrería
Tony”.
Por increíble que parezca,
las autoridades de ese municipio no tenían conocimiento del reclutamiento y
operación de la red de prostitución.
Un trabajo encubierto del
grupo de Delitos Sexuales de la Agencia Estatal de Investigaciones permitió
rescatar a diez mujeres obligadas a ejercer trabajos sexuales, además de
asegurar a ocho varones se encontraban en el lugar en calidad de
clientes.
Ahí fue detenido Maximino
Antonio Muñoz Hernández, de 75 años de edad alias “Don Toño”, propietario del
centro de prostitución, y Raymundo Noel Jiménez Vázquez, de 58 años de edad,
ambos enfrentan cargos por trata de personas.
La Comandante del grupo de
delitos sexuales de la Agencia Estatal de Investigaciones Raquel Cortés Ramírez
explica como esta red de explotación sexual no solamente obtenía ganancias a
través de las mujeres a quienes obligaba al sexoservicio; también
comercializaban papel sanitario, cobraban por la renta de cuartos y la venta de
condones del Sector Salud
Las condiciones en que
operaba el centro de prostitución disfrazado de sastrería eran por demás
insalubres.
La comandante Raquel Cortés
Ramírez dijo que las menores de edad rescatadas fueron remitidas al
DIF
Los tratantes de personas:
Maximino Antonio Muñoz Hernández, de 75 años de edad alias “Don Toño” y Raymundo
Noel Jiménez Vázquez siguen internados en prisión, esperando la conclusión de un
proceso que podría llevarlos a recibir una sanción de hasta 18 años de
prisión.
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