Fecha de publicación: martes 25 de octubre de 2011
Históricamente, numerosos actores han debatido en torno a la “cuestión
infantil” como fenómeno social complejo: partidos políticos,
organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesia, profesionistas de
distintas áreas (médicos, educadores, trabajadores sociales, abogados,
psicólogos), burocracia estatal, judicaturas de menores, institución
policial, etcétera. Todos ellos perciben a la infancia como objeto de
múltiples prácticas y discursos profesionales e institucionales que
circulan, por ejemplo, en las escuelas, los hospitales, las normas
jurídicas sobre el menor, los hogares de huérfanos, los institutos
correccionales y demás organismos asistenciales del Estado moderno.
A través de lo que se propone para los niños se ve claramente la
perspectiva de futuro que tiene un país. Precisamente, las esperanzas
del mismo se miden por las propuestas existentes para la infancia. Por
el contrario, las situaciones de pobreza y marginalidad se presentan
como indicadores de la imposibilidad de nuestras sociedades de
garantizar a la totalidad de sus ciudadanos una vida digna y justa. Los
fenómenos sociales relacionados con las condiciones de pobreza son
expresión de múltiples factores económicos, políticos, culturales y
sociales que repercuten, tanto desde los planos macroestructurales como
desde los espacios microsociales, en la vida cotidiana de las personas.
En este sentido, la realidad de los niños en contextos sociales de
pobreza representa la punta de un iceberg que sirve como indicador y
alarma sobre las situaciones de exclusión en las que se encuentran no
solo una parte importante de la población infantil, sino también de la
población adulta de nuestras sociedades.
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