"Una situación de desprotección”
Diferentes entidades dedicadas a la atención de
niños y adolescentes denuncian un “vaciamiento” de las políticas
destinadas a la infancia y aseguran que desde octubre del año pasado no
reciben los recursos convenidos con el gobierno bonaerense.
Por Ailín Bullentini
La
Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires es
independiente de la cartera de Desarrollo Social desde diciembre de
2011, cuando adquirió rango ministerial. El cambio es la razón que los
funcionarios del área interpusieron cada una de las veces que las
organizaciones sociales que trabajan con chicos y chicas en situación de
vulnerabilidad social se acercaron para reclamar los fondos que
necesitan para seguir funcionando. Algunas de ellas, desde hogares hasta
centros de día y espacios en los que se ofrece comida y apoyo escolar,
no cobran desde octubre del año pasado los recursos que, por convenio,
les otorga el gobierno provincial. “La falta de dinero es el síntoma de
lo poco que a Scioli le interesan los pibes”, dijo Estela Rojas,
referente de Chicos del Sur, una de las entidades afectadas por la deuda
y que están denunciando el “vaciamiento” de las políticas de niñez y
adolescencia en la provincia. Las autoridades de la secretaría se
negaron a realizar declaraciones.
Hasta diciembre pasado eran unas 680 las organizaciones no
gubernamentales cuyo trabajo se insertaba en el Sistema de Promoción y
Protección Integral de Derechos del Niño, para cumplir un rol compartido
con otras 160 instituciones y programas que dependen del gobierno
provincial. Todas esas organizaciones son el brazo de aplicación del
objetivo de ese sistema, creado por ley en 2005: “Promover, prevenir,
asistir, proteger, resguardar y restablecer” los derechos de los niños y
adolescentes. Para eso, necesitan recursos que, por convenio, el
Ejecutivo provincial se comprometió a brindarles.
Según la Red de Hogares y Centros de Día de Buenos Aires (Redba),
que nuclea a setenta de esas organizaciones, eran 15 mil los pibes y
pibas conectados con esos espacios, pero “entre diciembre y ahora cerró
una veintena, así que calculamos que unos 500 chicos están nuevamente en
la calle”, reveló uno de los coordinadores de la red, Gustavo García.
“Nos faltan los recursos. Hay espacios que no cobran sus becas desde
octubre de 2011; otros no vieron un peso correspondiente a 2012 y a
algunos otros se les adeudan las becas del tercer bimestre actual.
Reclamamos que paguen lo que les corresponde a los chicos”, explicó
García, que además es referente del Hogar Don Bosco de La Plata.
Chicos del Sur no integra la Redba, pero su situación es la misma;
para mayo recién recibió el pago correspondiente al primer bimestre de
2011: “La situación es de desprotección absoluta debido a la
inexistencia del Estado”, sentenció Rojas. Pablo González, trabajador
del Centro de Tratamiento y Atención Integral Ambulatorio (Cetai), uno
de los programas que dependen de la secretaría, definió la situación
como “gravísima”.
A través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la administración
de Daniel Scioli debería pagar una beca de 1300 pesos por chico y por
bimestre a cada hogar convivencial –sitios en los que los chicos,
literalmente, viven– y una beca de 700 pesos a cada centro de día –los
que contienen a niños y adolescentes durante algunas horas–. En
promedio, esas organizaciones deben alimentar, vestir, cuidar la salud
de los chicos y mantener las condiciones de habitabilidad de sus
espacios con 21 pesos por día en el caso de los hogares y 11 en el de
los centros. En cuanto a las instituciones que dependen directamente del
Estado, así como los espacios generados a partir de programas que nacen
desde la secretaría misma –como el Cetai–, deberían recibir una caja
chica mensual.
En mayo pasado, organizaciones sociales, gubernamentales y
trabajadores y trabajadoras de los programas de la secretaría realizaron
movilizaciones masivas en La Plata en reclamo de los recursos
adeudados. Resumieron en una frase la protesta, que sigue vigente: “No
al vaciamiento de políticas de Niñez y Adolescencia”. Para la referente
de Chicos del Sur, el atraso en el pago de las becas no es el punto más
importante, sino el “síntoma de la actitud de (el gobernador Daniel)
Scioli frente a las políticas relativas a la infancia. No es ‘no hay
plata’, es ‘los pibes no me importan’”. En ese marco, las organizaciones
y los trabajadores dedicados al área señalaron que el incumplimiento
relativo al Sistema de Promoción y Protección no es el único de la ley
13.298: “El desmantelamiento ha venido de la mano de medidas que
refuerzan la función represiva del Estado, con lo cual aumenta la
judicialización de la niñez pobre y su persecución”, denunciaron.
La movilización de mayo, no obstante, logró poco. “Están cancelando
deudas de a puchitos y muy lento”, informó García. El Hogar Don Bosco,
en donde trabaja, alberga a 19 chicos. “El más chiquito tiene cuatro
años y le tiene miedo a la oscuridad. ¿Qué hago si me quedo sin luz? No
podemos ser nosotros los espacios que reiteren la vulneración de los
derechos de esos chicos que vienen a nosotros para estar mejor. El
Estado no cuida a los pibes”, remarcó.
Tras los reclamos, Chicos del Sur cobró las becas de los 80 niños
con los que trabaja, correspondientes al primer bimestre de este año.
“Dijeron que el atraso se debió al cambio de rango, al traspaso de
presupuesto entre Desarrollo Social y la secretaría, pero a esta altura
esa excusa es inadmisible”, apuntó Rojas. Este diario intentó consultar
por el atraso al secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, pero
no tuvo éxito. “Por el momento, el funcionario no dará explicaciones al
respecto”, dijo una vocera.
“Los gastos para los niños en situación de emergencia social
deberían ser una prioridad para el gobierno”, evaluó González,
tallerista del Cetai, un programa que, a través de talleres de arte y
juegos, intenta ayudar a cerca de 30 pibes y pibas. Deben recibir una
caja chica mensual de cuatro mil pesos; en septiembre fue la última vez
que cobraron durante 2011. En lo que va de 2012 recibieron los fondos
una sola vez. “Hasta donde podíamos les dábamos de comer, pero a
principios de año tuvimos que suspender el almuerzo y nos redujimos a
tratar de garantizar el desayuno o la merienda con un sandwich”,
destacó, aunque mencionó que el problema más grande aparece a la hora de
solventar los materiales que requieren para los talleres.
Ante el atraso de los recursos estatales, principal y en la mayoría
de las ocasiones único medio de subsistencia de estas organizaciones,
mantenerlas en actividad es muy difícil, cuando no imposible. “Los
hogares estatales cerraron 2011 con deudas muy graves con proveedores
alimentarios; algunas llegan a los 70 mil pesos”, dijo González. “La
deuda siempre la termina aguantando la organización –agregó Rojas–, pero
los chicos no pueden perder estos espacios.”
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-199326-2012-07-23.htmlSeis meses para ponerse al día
Por Carlos Rodríguez- Pag 12- 23-7-12
En el
marco del amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos
de la Niñez ante el juez Luis Arias, la Municipalidad de La Plata
admitió la presencia de al menos “120 casos de niños, adolescentes y
madres con niños menores de 18 años en situación de calle” sólo en la
capital bonaerense. La comuna dice que atiende 90 de esos casos. Al
analizar el problema, se recuerda que datos del año 2002 señalaban que
los hogares pobres en el Gran La Plata llegaban al 41 por ciento.
En el fallo de Arias que sanciona a las autoridades provinciales y
municipales, se señala que no se cumplen las normas vigentes de
protección de los menores. En ese sentido se señala la situación de la
niña A. M. y de los chicos G. S. y J. G. A., quienes primero fueron
detenidos “por conductas delictivas menores” y luego liberados “sin que
se hubiera elaborado (...), en ninguno de los casos, una estrategia de
abordaje integral con miras a la restitución de los derechos
vulnerados”, más allá de derivarlos a su hogar o a un espacio de
tránsito.
En el caso del niño C. G., no se hizo nada para buscar una salida a
“la violencia que había entre el padre y la madre” y que provocó que el
chico se fuera de su casa. Una madre adolescente, B. M., tuvo que
abandonar el tratamiento de su bebé, en el Hospital Reencuentro, porque
no tenía para viajar y porque no se le prestó ayuda alguna. Por
problemas de dinero que le impedían viajar, otro niño, R. S., no pudo
tramitar su D.N.I.
La trabajadora social Lucía Belaunzarán denunció el caso de Marcelo,
un chico que vivía en la calle, en la esquina de 7 y 50. Al chico le
dieron una puñalada, lo operaron y después volvió al mismo lugar, sin
atención médica. Cuando la asistente lo volvió a ver, tuvo que atenderlo
ella, porque se le había abierto e infectado la herida.
En un fallo de cien páginas, el juez Arias condenó a la provincia y a
la municipalidad platense a que “dentro de un plazo de seis meses
(vence el 22 de noviembre) procedan a realizar todas las acciones
necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Protección
Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata”.
La orden judicial dispone la creación de “uno o más paradores” con
“suficiente infraestructura y personal idóneo para cubrir las
necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y
contención” de los niños durante las 24 horas de cada día. Ordena la
creación de un Servicio Hospitalario Especializado para la atención de
la salud de niños con problemas de adicciones; disponer de la cantidad
de automotores necesaria para evitar el uso de patrulleros; crear un
servicio de atención telefónica para recepcionar denuncias sobre la
situación de chicos en la calle; disponer de operadores de calle en
cantidad suficiente; difundir ampliamente en los medios de comunicación
los principios, derechos y garantías de los niños y poner en
conocimiento de lo dispuesto a la Legislatura y al Concejo Deliberante.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-59839-2012-07-23.htmlUN PROGRAMA PARA FORMAR ABOGADOS COMPROMETIDOS CON LA REALIDAD DE LOS NIñOS POSTERGADOS
“Hay que hacer algo para rescatarlos”
El Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas
Públicas impulsa desde hace un año y medio el compromiso de abogados con
la realidad social de los niños postergados. También promueve la
inserción de la universidad platense en el medio social.
Por Carlos Rodríguez
En
julio de 2008, los medios de prensa de La Plata instalaron la idea de
que un grupo de veinte chicos que dormían en la glorieta de la Plaza San
Martín, en pleno centro de la ciudad, eran responsables de por lo menos
“150 asaltos” a personas que transitaban por los alrededores. Los
llamaron La Banda de la Frazada, porque supuestamente utilizaban una de
esas prendas de cama para “inmovilizar” a sus víctimas y robarles. “En
ese momento, como integrantes de distintas organizaciones sociales,
empezamos a tratar de ayudar y contener a esos chicos, para terminar con
la estigmatización que había caído sobre ellos.” Carola Bianco, hoy
directora del Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas,
creado hace un año y medio en el ámbito de la Facultad de Derecho
platense, señala que todavía siguen trabajando para “poner en crisis esa
visión de la ‘seguridad’ que sigue señalando como victimarios a los
chicos de la calle, cuando ellos son las víctimas”. Bianco, en diálogo
con Página/12, sostiene que “no es tan difícil ver a un niño como un
niño, si pensamos en las historias de violencia que han sufrido y sufre
cada uno de esos pibes”.
El programa fue creado, recalca Bianco, para jugar un papel
“impostergable y doble”. Hacia adentro de la universidad, sobre todo en
Ciencias Jurídicas y Sociales, se busca “formar a los futuros
profesionales promoviendo un perfil de graduado comprometido con su
realidad social y con el bienestar de los sectores más postergados”. Y
hacia afuera, “asumiendo el desafío de insertar a la universidad en el
medio social, como actor relevante y activo del acontecer cotidiano” de
la comunidad. Junto con Bianco trabaja un equipo integrado por Damián
Lambusta, Paula Talamonti, María Isabel Busso, María Belén Niconi
Salinas, Fernanda Anaya, Martín Menestrina y Lucía Battistuzzi, con la
supervisión del secretario de Extensión Universitaria, Adolfo Brook.
La tarea se hace en forma conjunta con un grupo de organizaciones
sociales y de DD.HH. que conforman, desde 2008, la Asamblea Permanente
por los Derechos de la Niñez. Desde ese ámbito presentaron, a partir de
ese año, planteos judiciales que, en mayo pasado, tuvieron como
resultado un fallo que condena al Ejecutivo bonaerense y a la
Municipalidad de La Plata a cumplir con las normas vigentes en materia
de niñez y adolescencia. El juez Luis Arias les dio a las autoridades
seis meses de plazo –vence el 22 de noviembre– para que lleven a la
práctica “las acciones necesarias para la implementación efectiva del
Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño” en
el ámbito provincial (ver aparte).
La situación de la niñez en La Plata se instaló en los medios el mes
pasado, con la denuncia que hizo el defensor oficial Julián Axat acerca
de la situación de A. D., un niño de 13 años con problemas de
adicciones, que fue internado por decisión judicial y del Ejecutivo
bonaerense en una clínica psiquiátrica de Junín, donde lo tuvieron
encerrado en una celda de aislamiento, como en una cárcel. “En los
medios salen estos temas como noticias, pero no se analiza el problema
de fondo y a eso apuntamos, a que se trabaje con un nuevo concepto de la
seguridad, para que los chicos que siguen viviendo en la calle no sean
considerados ‘peligrosos’, sino que se tome conciencia de que son ellos
los que están en peligro y que tenemos que hacer algo para rescatarlos.”
“Desde que existe el fuero de responsabilidad penal juvenil, los
chicos no deben ser judicializados, pero siguen siendo detenidos por la
policía. Entre los chicos de la calle y la policía hay una lucha
territorial permanente. Los policías les quitan sus cosas, los golpean,
los suben a un patrullero, pero nosotros no queremos quedarnos sólo con
la crítica a la policía. El problema lo tienen que resolver las
autoridades políticas del Estado, en colaboración con nosotros, con los
organismos de derechos humanos y con las organizaciones sociales, que
son las que trabajan en los barrios y las que tienen conocimiento de las
situaciones familiares que viven estos chicos”, subraya Bianco.
Los responsables del programa subrayan que desde que las
organizaciones sociales trabajan en los barrios “ya no es tan fácil
criminalizar a los niños de la calle”, pero de todos modos los problemas
subsisten. Bianco pone como ejemplo el caso de un chico que hoy tiene
11 años y cuya situación “venimos siguiendo desde que tenía cuatro años.
A pesar de nuestras intervenciones, este chico ha tenido que pasar por
todos los males de la calle, desde las detenciones, el maltrato y la
indefensión, hasta la condena de tener hoy una enfermedad incurable con
la que tiene que lidiar en las peores condiciones”.
Desde el programa, aunque ven como una buena iniciativa la
Asignación Universal por Hijo, advierten que “en muchos casos esa
asignación la reciben algunas madres cuyos hijos ya no viven con ellas,
de manera que no reciben nada y siguen tan desvalidos como antes”. Para
sacar a los chicos de la calle y de la adicción a las drogas, propician
“una tarea conjunta, entre el Estado, las organizaciones sociales y de
derechos humanos, para hacer un trabajo colectivo que fortalezca o
establezca el vínculo con la familia y lograr que el propio pibe quiera
curarse”.
La clave radica, aseguran, en “no dejar a los pibes solos y que el
Estado se ocupe, por ejemplo, de acompañar también a la madre de A. D.,
el chico que habían internado en Junín, porque ella tiene otros tres
hijos a cargo y está sola en esa lucha. Es el mismo problema que
afrontan otras familias. El Estado tiene que intervenir y prestar ayuda
concreta, pero después seguir de cerca el caso y ver si se cumple lo que
se había decidido. Hubo casos en los cuales, para ayudar al chico, se
le dio una casilla (prefabricada) a la madre, pero ella después vendió
esa casilla y de nuevo el chico quedó en la calle”.
Por lo expuesto sostienen desde el programa que “la génesis de las
nuevas prácticas” en relación con los niños, niñas y jóvenes debe pasar
por “concepciones garantistas, democráticas y de participación de toda
la sociedad en la toma de decisiones y el control de las políticas
públicas”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-199302-2012-07-23.html
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