miércoles, 4 de julio de 2012
Por Salim Lamrani (OPERA MUNDI)-Salim
Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la
Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado
de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad
Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège.
Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones
Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul
Estrade.
Ninguna
nación europea se salva del problema de la deuda pública, aunque la
gravedad de la crisis difiere de un país a otro. A un lado se encuentran
los “buenos alumnos” tales como Bulgaria, Rumania, República Checa,
Polonia, Eslovaquia, acompañados de los países bálticos y escandinavos,
con un endeudamiento inferior al 60% del PIB. Al otro lado están los
cuatro “malos alumnos”, cuya deuda pública supera el 100% del PIB:
Irlanda (108%), Portugal (108%), Italia (120%) y Grecia (180%). Entre
estos dos extremos se hallan el resto de los países de la Unión Europea,
tales como Francia (86%), cuya deuda oscila entre el 60% y el 100% del
PIB.
Los
gobiernos europeos de filosofía liberal, simbolizados por la Alemania
de Ángela Merkel, son unánimes en cuanto a la importancia que conviene
dedicar al “desendeudamiento” público, aplicando políticas de
austeridad. Del mismo modo, Pierre Moscovici, a pesar de que es el
ministro de Economía francés del gobierno socialista de François
Hollande, ha fijado como objetivo prioritario “reducir los déficit”, y
se ha comprometido a limitarlos a un 3% del PIB por año, entre otras
cosas a través de la reducción de los gastos públicos.
No
obstante, es de notoriedad pública que las políticas de austeridad que
promueven la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional y que se aplican en el Viejo Continente, son
económicamente ineficaces. Incluso tienen el efecto contrario, ya que
lejos de estimular el crecimiento, la reducción de los gastos, la
disminución de los salarios y de las pensiones de retiro –además de las
consecuencias sociales y humanas catastróficas que ocasionan– conducen
inevitablemente a una contracción del consumo. De hecho las empresas se
ven obligadas a reducir la producción y los salarios e incluso a
prescindir de sus empleados. Consecuencia lógica, los recursos
tributarios del Estado disminuyen mientras que sus gastos –para atenuar
los efectos del desempleo– estallan, creando así un interminable círculo
vicioso, cuyo símbolo es la crisis griega. Así, varios países europeos
se encuentran en recesión.
Cómo nació la deuda pública de Francia
En
1973, Francia no tenía problema de deuda y el presupuesto nacional se
encontraba equilibrado. En efecto, el Tesoro Público podía financiarse
directamente con el Banco de Francia para construir escuelas,
infraestructuras viarias, portuarias y aéreas, hospitales y centros
culturales, sin tener que pagar una tasa de interés exorbitante, y
entonces apenas tenía déficit. No obstante, el 3 de enero de 1973, el
gobierno del Presidente Georges Pompidou, él mismo antiguo director
general del Banco Rothschild, influenciado por el mundo financiero,
adoptó la Ley n°73/7 sobre el Banco de Francia, apodada la “Ley
Rothschild” por el cabildeo del sector bancario a favor de su adopción.
Elaborada por Olivier Wormser, gobernador del Banco de Francia, y Valéry
Giscard d’Estaing, entonces ministro de Economía y Finanzas, la ley
estipula en su artículo 25 que “el Tesoro Público no puede ser
presentador de sus propios efectos a descuento del Banco de Francia”.
En
otras palabras, el Estado francés ya no puede financiar el Tesoro
Público contratando préstamos sin interés con el Banco de Francia, sino
que tiene que abastecerse en los mercados financieros. Así, el Estado se
encuentra obligado a contratar préstamos y pagar intereses a las
instituciones financieras privadas, mientras que hasta 1973 podía crear
moneda para equilibrar su presupuesto mediante el Banco Central. Los
bancos comerciales disponen ahora del poder de creación monetaria
mediante el crédito, mientras que antes era una prerrogativa exclusiva
del Banco Central, es decir del Estado, y se enriquecen a costa de los
contribuyentes, con un estatus de casi monopolio.
Así,
los bancos privados pueden prestar, gracias a los sistemas de reservas
fraccionarias, más de seis veces la suma que tienen en moneda central.
En otras palabras, por cada euro de que disponen pueden prestar hasta 6
euros gracias a la creación monetaria mediante el crédito. Si no es
suficiente, pueden contratar con el Banco Central todos los fondos que
necesiten con una tasa a menudo del 0%, con el fin de prestarlo luego… a
los Estados con una tasa del 3% al 18%, como es el caso de Grecia. Así,
la creación monetaria mediante el crédito representa el 90% de la masa
monetaria en circulación en la zona euro.
Maurice
Allais, Premio Nobel de Economía francés, denunció esta situación y
afirmó que la creación monetaria debía ser una prerrogativa del Estado y
del Banco Central. Según él,
“Toda
creación monetaria debe ser del Estado y sólo del Estado: toda creación
monetaria distinta de la moneda de base del Banco Central debe ser
imposible, de modo que desaparezcan los ‘falsos derechos’ que resultan
actualmente de la creación monetaria bancaria […]. Por esencia, la
creación monetaria ex nihilo que practican los bancos se parece a –no
vacilo en decirlo para que la gente entienda bien lo que está en juego–
la fabricación de dinero por falsificadores, tan justamente sancionados
por la ley. Concretamente, lleva a los mismos resultados. La única
diferencia es que los que se benefician de ello son distintos”.
En
la actualidad la deuda de Francia se eleva a más de 1,7 billones de
euros. Ahora bien, entre 1980 y 2010, el contribuyente francés rembolsó
más de 1,4 billones de euros a los bancos privados sólo a título de
intereses de la deuda. Así, sin la ley de 1973, el Tratado de Maastricht
y el Tratado de Lisboa, la deuda francesa sería apenas de 300.000
millones de euros.
Francia
paga cada año 50.000 millones de euros de intereses, lo que pone dicho
pago en el primer puesto del presupuesto, antes de la educación. Con
semejante suma, el gobierno podría construir 500.000 viviendas de
100.000€ o crear 1,5 millones de empleos en la función pública
(educación, salud, cultura, ocio) con un salario mensual neto de 1.500€.
El contribuyente se ve despojado de más de 1.000 millones de euros cada
semana en provecho de los bancos privados. Así, la categoría más rica
de la población ha recibido del Estado el fabuloso privilegio de
enriquecerse a costa del contribuyente sin ninguna contrapartida y sin
el menor esfuerzo.
Por
otra parte, este sistema permite al mundo financiero someter a la clase
política a sus intereses y dictar la política económica mediante las
agencias de calificación, ellas mismas financiadas por los bancos
privados. En efecto, si un gobierno adopta una política contraria a los
intereses del mercado financiero, esas agencias bajan la nota de los
Estados, lo que tiene como efecto inmediato el alza de las tasas de
interés.
Al
mismo tiempo, cuando el Estado y el Banco Central Europeo reflotan los
bancos privados en dificultad –es decir, que proceden a su
nacionalización de facto sin beneficiarse de ninguna ventaja, como por
ejemplo un poder de decisión en el Consejo de Administración-, lo hacen
con tasas de intereses menos elevadas que las que esas mismas entidades
financieras aplican al Estado.
El
sistema de crédito que se ha establecido en Francia desde 1973 y que se
ha ratificado en los tratados de Maastricht y de Lisboa sólo tiene un
objetivo: enriquecer a los bancos privados a costa de los
contribuyentes. Es una lástima que no se abra un debate sobre los
orígenes de la deuda pública en Francia en los medios informativos ni en
el Parlamento. No obstante, bastaría con devolver la exclusividad de la
creación monetaria al Banco Central para resolver el problema de la
deuda.
http://www.argenpress.info/2012/07/la-deuda-publica-en-francia-y-en-europa.html
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