La mano dura agrava el delito”
En los informes Seguridad Ciudadana y Justicia
Juvenil, la CIDH afirma que las políticas de mano dura en lugar de
solucionar agravaron el delito en toda América. Sostiene que los costos
del punitivismo, además, alcanzan al 15 por ciento del PBI.
Las
políticas de “mano dura” aplicadas en algunos países de América latina,
en lugar de aportar soluciones “agravaron la violencia” porque para
poder aplicar esos planes “se restó apoyo a las medidas de prevención
del delito”, expresaron en forma coincidente dos informes presentados
por la ONU y la OEA en Tegucigalpa, Honduras. “La falta de una adecuada
respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha
conducido a (...) la estigmatización de personas o grupos”, favoreciendo
“la aparición de grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la
muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”, dijo la ONU en un
documento titulado “Seguridad ciudadana y derechos humanos”. En ese
marco de violencia institucional, en América latina y el Caribe “siete
de cada diez víctimas de homicidio son jóvenes”, dijo la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su documento “Justicia
Juvenil y DD.HH.”.
En el encuentro se puso de manifiesto que en los últimos años, para
enfrentar la delincuencia y el crimen organizado –sobre todo el
narcotráfico–, se aplicaron “políticas represivas”, como la baja de la
edad de punibilidad o la militarización de las grandes ciudades.
La paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre derechos de la niñez
de la CIDH, lamentó que países de América latina, en especial los del
triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala)
hayan registrado “los índices de criminalidad más altos en el mundo”.
Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de
unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en algunos países de
América latina las tasas promedio oscilan entre 20 y 30 por cada
100.000.
El asesor de DD.HH. de la ONU en Honduras, Antonio Maldonado,
comentó que las medidas de “mano dura” no llevaron a la reducción de la
criminalidad, sino al “agravamiento de los problemas”, por el aumento de
la intolerancia y “la limitación de libertades”. Por esas razones, los
informes señalaron “la necesidad urgente de priorizar la prevención de
la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva
represión”.
Según Ortiz, la violencia en América latina “puede y debe ser
revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que
requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante
la violencia y el delito, como son los niños y adolescentes”. Además
del costo en vidas humanas, la violencia impacta significativamente
sobre la economía, al punto que se ha estimado que el gasto de la
aplicación de políticas represivas fluctúa entre el 2 y el 15 por ciento
del PBI.
Ortiz resaltó que un “ejemplo palpable” de violencia y desigualdad
es que “la población joven” en la región “muere en cantidad de 40 por
cada 100.000, cuando la tasa mundial es de ocho por cada 100.000
habitantes”. Agregó que a pesar del avance que significó la Convención
sobre los Derechos del Niño, “hay muchas debilidades (...) por la
distancia entre el discurso normativo y la realidad que enfrentan los
niños”.
Los informes denuncian que la policía “trata a menudo de forma
discriminatoria a la infancia y adolescencia”, arrestando de manera
selectiva “a quienes son más pobres, pertenecen a minorías, o a quienes
por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos” asociados
al delito. Recomiendan a los Estados miembros de la CIDH disponer
medidas administrativas o legislativas para garantizar la seguridad de
los niños y jóvenes que “no son responsables de la violencia que algunos
sectores pretenden atribuirles, sino que más bien son víctimas”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-199496-2012-07-25.html
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